Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74709
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 298 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68, 289 y 298 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.709, "Hidalgo, Norma Marcela c/Municipalidad Tandil y ot. s/Pretensión indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Nulidad e Inapl. de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan, Torres, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y dispuso la anulación de la sentencia de primera instancia, rechazando íntegramente la demanda (v. fs. 419/432).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 435/440), los que fueron concedidos a fs. 441/442.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 707), oído el señor Procurador General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Azul hizo lugar parcialmente a la pretensión esgrimida por Norma Marcela Hidalgo, rechazando -por un lado- los daños y perjuicios derivados del decreto 2.533 que dispuso el cese del agente, por no haber sido impugnado judicialmente por la actora y -por el otro- condenando a la Municipalidad de Tandil a abonar un monto indemnizatorio por los daños y perjuicios generados por la actuación irregular de la administración al disponer la baja de la actora del plan PROMET sin investigación o sumario interno afectando su derecho de defensa. Por su parte, rechazó la demanda respecto de Oscar Rubén Dieguez.
Dicho fallo fue apelado por el actor y la comuna demandada.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata resolvió anular dicha sentencia, y rechazó en su totalidad la demanda interpuesta por la actora. De esta forma declaró abstracto el tratamiento del recurso de apelación articulado por la demandante.
III. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia que el Tribunal de Alzada no cumplió con las formas establecidas en el art. 168 de la Constitución provincial.
Entiende que, de proceder la Corte a acoger el recurso de inaplicabilidad de ley intentado, el planteo extraordinario de nulidad devendría abstracto por el tratamiento por este Tribunal de la cuestión omitida por el Tribunal de Alzada.
Acusa que incurrió en la violación prevista en el primer párrafo del art. 168 de la Constitución provincial, al omitir el tratamiento del reclamo consistente en el resarcimiento del período de seis años y medio (entre el 30 de junio de 2005 al 10 de enero de 2012, fecha en que adquirió firmeza el decreto 2.533/11) durante el cual la actora estuvo suspendida del plan PROMET sin ningún fundamento jurídico, por cuanto el decreto 2.533/11 no explicó la situación de ese período ni dispuso la retroactividad de la baja al 30 de junio de 2005. Agrega que la sentencia recurrida no brindó respuesta al reclamo respecto de la omisión de la comuna demandada de hacer referencia y explicar la ausencia de responsabilidad estatal por la separación del programa hasta el momento en que dicha decisión fue resuelta definitivamente en el año 2011.
IV. El recurso no prospera.
Conforme a lo dictaminado por el señor Procurador General de esta Suprema Corte, la omisión de cuestión esencial denunciada no se evidencia en autos, por cuanto el Tribunal de Alzada, al hacer lugar al recurso intentado por la demandada, señaló el conjunto de razones en virtud de las cuales arribó a su decisión, sintetizadas en los argumentos de la falta de impugnación en sede judicial del decreto 2.533/11, y en el posterior reconocimiento por parte de la actora y demandados de la firmeza de la citada actuación.
Así, la Cámara consideró que los daños y perjuicios reclamados por el período comprendido entre el año 2005 y la baja dispuesta por el decreto 2.533/11, tal y como fueran peticionados en la demanda, no podían constituir una fase autónoma de la pretensión, desvinculada del acto de cese en el plan de empleo mencionado (v. esp. punto "2" de fs. 425 vta.). A partir de allí, concluyó en la imposibilidad de reclamar una indemnización sobre la base de un acto administrativo que se encuentra firme por no haber sido materia de impugnación oportuna.
Este modo de razonar, a todo evento, debió ser denunciado como absurdo en la apreciación de los escritos constitutivos del proceso en virtud de que, reitero, técnicamente, no ha existido la omisión del tratamiento de una cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, sino una apreciación distinta de las parcelas que componen la pretensión, lo que debió ser canalizado a través de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Los tópicos mencionados son extraños al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (conf. causas L. 78.135, sent. de 9-VI-2004; L. 76.879, sent. de 12-XI-2003; L. 82.076, sent. de 4-X-2006 y L. 90.494, sent. de 5-III-2008).
Ha dicho este Tribunal que tampoco pueden tener favorable recepción los cuestionamientos dirigidos a impugnar la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, la conformación de la traba de la litis, la denuncia de configuración de absurdo y la imputación de presuntos errores de juzgamiento, pues tales cuestiones también son extrañas al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (conf. causas citadas L. 78.135; L. 76.879; L. 82.076; L. 90.494 y L. 92.657, sent. de 4-II-2009).
V. Por las razones brindadas, no habiéndose verificado en la decisión impugnada la alegada infracción al art. 168 de la Constitución de la Provincia, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto.
Voto por la negativa . Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 298 in fine , CPCC).
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria y doy el mío también por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Soria, doy mi voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto los fundamentos y la decisión que propone el señor Juez doctor Soria.
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia, anuló la sentencia de primera instancia, rechazando íntegramente la demanda interpuesta.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada entendió patente el defecto lógico en el modo en que el magistrado de grado estructuró el examen de la pretensión deducida por la parte actora en los términos del art. 12. inc. 3 del Código Contencioso Administrativo.
En tal sentido comenzó por plantear como primera cuestión a resolver si correspondía anular la sentencia de primera instancia, ello pues interpuesto el recurso de apelación por parte de la demandada, este siempre llevaínsito el de nulidad por defectos de la sentencia, a lo cual respondió de forma afirmativa.
De este modo estimó contradictorio el razonamiento desplegado por el juez de primera instancia, quien por un lado entendió que el acto administrativo que dispuso la baja de la agente Hidalgo (decreto municipal 2.533/11) se encontraba firme y consentido por la actora, pero por el otro, acogió la pretensión indemnizatoria articulada, al considerar como irregular la actuación de la comuna de disponer la baja del agente del programa de empleo municipal transitorio.
Evaluó que habiendo el sentenciante declarado la firmeza del decreto municipal 2.533/11, reconociendo -en consecuencia- la ajenidad de la denuncia penal como motivo de la baja de la actora en el PROMET, tal declaración resultó un obstáculo insalvable para fundar cualquier reclamo de la beneficiaria con base en la extinción del vínculo con una causa diversa a la exteriorizada por la comuna en el acto consentido.
Consideró evidente el quiebre en la estructura lógica del razonamiento del a quo al construir un reproche indemnizatorio contra la comuna partiendo de una premisa falsa, al postular como causal de baja del plan PROMET la denuncia penal contra la actora, cuando esta no fue la esgrimida ni ponderada por la comuna para disponer el cese, sino que este se adoptó en virtud del bajo rendimiento de la parte actora (cfr. carta documento de fecha 20 de julio de 2005 y decreto municipal 2.533/11).
Y concluyó "Si la baja del agente lo fue -tal como surge de las razones blandidas por la autoridad en la Carta documento de fecha 20-07-2005 y en el decreto municipal n° 2533/2011- con total prescindencia de la denuncia penal efectuada por el agente Dieguez (codemandado en autos), mal pudo luego el inferior hilvanar un reproche a la Administración partiendo de una premisa de que la baja en el programa de empleo transitorio lo fue como consecuencia de esa denuncia penal y, a partir de allí, advertir un supuesto menoscabo del derecho de la Sra. Hidalgo...si ha sido el propio sentenciante quien ha declarado la firmeza del decreto municipal n° 2533/2011...".
Entendió de ese modo quebrantados los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, declarando la nulidad del pronunciamiento apelado.
I.2. Declarada la nulidad del pronunciamiento, pasó a expedirse respecto a la pretensión de fondo intentada en la demanda.
Comenzó por señalar los puntos en los cuales no existe controversia entre las partes: en primer lugar, destacó que la actora procura una indemnización como consecuencia de los daños y perjuicios que habría sufrido a raíz de la decisión de la municipalidad de Tandil de darla de baja en el plan de empleo del cual era parte, con apoyatura en una denuncia que entiende calumniosa realizada por el agente municipal Dieguez.
En segundo lugar, también puntualizó la inexistencia de disenso respecto a que el decreto 2.533/11 -que diera de baja a la actora en el plan en razón del bajo rendimiento- no fue materia de impugnación en autos; incluso, destacó, fue la propia actora quien postuló la firmeza de esta.
En tales condiciones consideró que la pretensión indemnizatoria derivada de la ilicitud de actos administrativos deviene improcedente si tales actos adquirieron firmeza al no ser impugnados por los cauces pertinentes.
Así concluyó "...los actos administrativos no atacados dentro del plazo de caducidad que establece el orden ritual, devienen firmes e irrevisables, razón por la que no será ya admisible el reclamo de los daños y perjuicios basados en el presunto accionar ilegítimo de la Administración". Y agregó "Dicha conclusión no es sino una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria -en el ámbito del derecho administrativo- de este tipo de pretensiones respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que, por regla, es dable predicar respecto a los actos de la autoridad...".
Y culminó "...La descalificación del acto administrativo generador del daño, ya sea en el marco recursivo propio del procedimiento administrativo o en la instancia judicial, se erige como presupuesto ineludible para abordar una pretensión resarcitoria de los daños ocasionados al administrado por aquella actuación, directa o indirectamente reputada ilegítima...".
En virtud de ello rechazó en su totalidad la demanda articulada con costas en el orden causado.
II. Contra dicho fallo, se alza la actora mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 435/440, denunciando la violación de los arts. 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1.066, 1.067, 1.068, 1.069, 1.072 y 1.090 del Código Civil. Alega la existencia de absurdo material y formal. Expone los siguientes agravios:
Sostiene que la sentencia confundió el hecho dañoso invocado en la demanda, desplazando arbitrariamente la acusación calumniosa por el decreto 2.533/11.
Afirma que el fundamento de su acción resarcitoria es la denuncia penal efectuada por el agente Dieguez que dio lugar a la baja provisoria del programa de empleo del que participaba, por lo que el razonamiento de la Cámara, quien rechazó la demanda por entender que este era la ilegitimidad del decreto 2.533/11, resulta una interpretación absurda.
Interpreta que dicho decreto fue sólo aquel que extinguió el vínculo produciendo la baja definitiva de la actora pero que su acción resarcitoria tiene pie en la denuncia penal que dio fundamento a la baja provisoria dispuesta el 30 de junio de 2005, "hasta tanto se aclare la situación".
Resalta que el razonamiento de la Cámara se construyó en base a una errónea valoración de los hechos invocados y relatados en la demanda, partiendo de una premisa falsa e incurriendo en absurdo.
Entiende que el error palmario, grave y manifiesto se produjo al confundir el hecho dañoso que la actora invocó en su demanda, que condujo a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa.
Así, continúa, los hechos sobre los que se construyó la demanda y que generaron los perjuicios reclamados se desarrollaron a partir de la denuncia efectuada por el funcionario codemandado y la concomitante baja dispuesta en fecha 30 de junio de 2005, más allá de la posterior confirmación por decreto 2.533/11.
Alega que; "interpretar entonces que por consentir el decreto 2533/11 la actora no puede reclamar los daños causados por el delito cometido en su contra el 30-VI-2005, conduce a desentenderse de la realidad de los hechos esgrimidos y articulados en la demanda en flagrante violación de lo dispuesto en el art. 163 inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial.".
III. El recurso no prospera.
A pesar de la frondosa exposición de argumentos de la recurrente, su agravio queda circunscripto -básicamente- en el absurdo que, a su entender, padece la sentencia del Tribunal de Alzada, en cuanto malinterpreta el fundamento de su demanda de daños y perjuicios, la que entiende nunca fue el decreto de cese sino la denuncia penal que se hiciera en su contra y diera lugar a la suspensión del plan de empleo transitorio del cual formaba parte.
En la especie la Cámara consideró que los daños y perjuicios solicitados, tal y como fueran peticionados en la demanda, no podían constituir un planteo autónomo, desvinculado del acto de cese en el plan de empleo. A partir de allí, concluyó en la imposibilidad de reclamar una indemnización sobre la base de un acto administrativo que se encuentra firme por no haber sido materia de impugnación oportuna.
Esta Corte tiene dicho que la interpretación del contenido y alcance de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos liminares del proceso constituye una facultad de los jueces de las instancias ordinarias, sólo revisable en casación en caso de absurdo, el que no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente ya que, como se hubiera anticipado, se requiere un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (doctr. causas C. 117.190, "Boscobel", sent. de 12-XI-2014 y C. 119.875, "Consorcio de Propietarios Avenida Maipú", sent. de 23-XI-2016).
Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la cámara dio cuenta con suficiencia del argumento que imposibilitaba el ingreso al estudio de los daños que se pudieron haber derivado del cese en el plan de empleo del que formaba parte la actora, cuando no se encuentra impugnado el acto administrativo que precisamente le diera la baja en razón de su escaso rendimiento.
Lo expuesto impide considerar configurado el absurdo denunciado pues el recurso no se hace cargo del razonamiento que constituyó el sustento del pronunciamiento. Ello implica la insuficiencia del recurso extraordinario interpuesto (causa A. 71.293 y sus citas).
En el recurso se omite refutar que la firmeza del decreto 2.533/11 que dispuso el cese de la actora por cuestiones funcionales deja sin causa un reclamo indemnizatorio.
Así, el recurrente no logra acreditar de modo fehaciente que la sentencia incurra en una errada apreciación de la pretensión deducida. Y es que este vicio lógico solo se configura cuando media una cabal demostración de su existencia, lo que implica acreditar un error de la entidad antes referida (conf. doctr. A. 72.442, sent. de 6-XI-2008; A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; C. 116.844, sent. de 26-III-2014; C. 117.952, sent. de 7-V-2014; e. o.).
En ese sentido, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito. El absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los jueces pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a las mentadas conclusiones incompatibles con los extremos que surgen del caso (conf. Ac. 77.310, sent. de 2-X-2002; C. 97.577, sent. de 28-V-2008; C. 100.565, sent. de 12-XI-2008; C. 97.830, sent. de 11-II-2009; C. 107.181, sent. de 9-XII-2010 y C. 100.803, sent. de 22-XII-2010).
Y tal situación extrema está lejos de configurarse en autos, toda vez que de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente, aunque contrario a los intereses de quien impugna.
Así la recurrente no ha podido indicar los fundamentos que obligarían al Tribunal de Alzada a efectuar tal abordaje independiente de la suerte del decreto municipal 2.533/11. Circunstancia que impone el rechazo de la impugnación intentada y la confirmación del fallo recurrido.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria y doy el mío también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Soria, doy mi voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a las consideraciones que formula el señor Juez doctor Soria y doy mi opinión en igual sentido.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechazan los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 298 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68, 289 y 298 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 08/06/2021 16:44:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 17:42:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.