Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 76324
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278,296, 292 y 299 del CPCC; 60 CCA y Acordada 1790).
Costas al recurrente (art. 31, ley 14.967)
Q.76.324 “IORI BRAULIO ALBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE TIGRE S/ PRETESNION INDEMNIZATORIA. --RECURSO DE QUEJA POR DENEGACION DE REC. EXTR. (INAPL. DE LEY)—“
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial San Isidro, rechazó la demanda promovida por el señor Braulio Alberto Iori contra el Municipio de Tigre por la que reclamó el pago de pesos 95.744 en concepto de indemnización por los daños sufridos como consecuencia de la colisión del rodado en el que circulaba por el Paseo Victoria con una cadena que atravesaba la acera de lado a lado (v. fs. 23/25 vta.).
A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en San Martín confirmó la sentencia de grado (v. fs. 12/13 vta.).
Frente a lo así decidido, el accionante articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, nulidad e inconstitucionalidad (v. fs. 3/11 vta.), los que denegados (v. fs. 2 y vta.) dieron lugar a la presente queja (v. fs. 26/39 vta.).
II. En punto al recurso extraordinario de nulidad, cabe recordar que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 ap. "b" de la Constitución de la Provincia, sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. pcial.; conf. doctr. A. 73.032, "Hernández", resol. de 16-VII-2014; A. 73.842, "Arenas", resol. de 14-X-2015; A. 74.096, "Magliano", resol. de 30-III-2016; Q. 75.279, "Odisa", resol. de 27-VI-2018; A. 75.809, "Perez", resol. de 11-XII-2019).
Mediante la referida vía el actor alega que la sentencia es nula pues no resuelve todas las cuestiones planteadas por su parte, expresando que el fallo debió resolver si un decreto comunal se encuentra por encima de una ley o de la Constitución misma (art. 168, Const. pcial.) y carece de fundamentación legal suficiente (art. 171 Const. cit.). Sostiene que la Cámara omitió resolver si un decreto tiene primacía ante una ley o la propia constitución provincial o nacional.
Los agravios expuestos por el recurrente, en rigor de verdad, se vinculan con supuestos errores de juzgamiento, en tanto se controvierte la forma como ha sido resuelta la cuestión y el acierto de la decisión -en tanto se denuncia la supuesta colisión entre las disposiciones del decreto 1392/94 dictado por el ejecutivo comunal frente a la ley nacional de tránsito 24.449, así como a las disposiciones de la Constitución nacional y el Código Civil y Comercial que se invocan-, lo que constituye un tema ajeno al medio revisor en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (doctr. causas A. 72.551, "Di Santo", resol. de 22-V-2013; A. 73.024, "Minellono", resol. de 16-VII-2014; A. 74.096 cit., Q. 75.150, "Ecocarne", resol. de 19-IX-2018; Q. 75.764, "Cooperativa De Obras Y Servivios Publicos Union De Vecinos Ltda.", resol. de 6-XI-2019).
Asimismo, cabe destacar que el quebrantamiento de las garantías consagradas por el art. 171 de la Carta Magna local sólo se produce cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de los preceptos legales pertinentes. Por ello se ha dicho que cumple con la exigencia que impone tal norma constitucional el fallo que, como en el caso, está fundado en expresas disposiciones legales, siendo -como ya se expresara- ajeno al ámbito de dicha vía los agravios dirigidos a cuestionar el acierto en la fundamentación de la decisión impugnada (doctr. causas A. 70.838, "Carrefour", sent. de 22-V-2013; A. 73.910, "Icaro", resol. de 22-XII-2015; A. 74.728, "Bruno", resol. de 14-VI-2017; Q. 75.764, cit.).
III. En relación al recurso de inaplicabilidad de ley, corresponde destacar que el valor de lo cuestionado, representado por el monto reclamado en la demanda, que asciende a la suma de $95.744, no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en el art. 60 del Código Contencioso Administrativo (Confr. Acuerdo 3953/2019; doctr. causas Q. 75.096, "Fisco c/Prato", resol. de 11-IV-2018; A. 75.124, "Fisco c/Di Leva", resol. de 11-VII-2018; Q. 75.143 "Somosa", resol. de 29-VIII-2018; A. 75.809, "Perez", resol. de 11-XII-2019).
En punto a la pretensión del impugnante consistente en que se aplique en autos una excepción como la prevista en el art. 55 de la ley 11.653 -en cuanto establece que en el ámbito del procedimiento laboral no rige el límite pecuniario del recurso en el caso de violación de la doctrina legal-, corresponde recordar que este Tribunal ha resuelto en diversas ocasiones que dicha norma no resulta de aplicación en el proceso civil y comercial (conf. doct. Ac. 88.060, 14-V-2003; Ac. 88.690, 2-VII-2003; Ac. 93.581, 19-X-2005; Ac. 99.931, 16-IV-2008; A. 72.798, 28-V-2014), solución que corresponde aplicar también a los casos en los que el proceso se rige por las disposiciones de la ley 12.008, en tanto el artículo 60 de este cuerpo normativo consagra expresamente la aplicación de las normas del Código Procesal Civil y Comercial y sólo exceptúa del requisito vinculado al valor del litigio a los supuestos en los que las sentencias cuestionadas hayan sido dictadas en materia de impugnaciones a resoluciones del Tribunal de Cuentas o el Tribunal Fiscal de Apelación (art. 60 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101; doctr. causas A. 72.798, "Ruiz", resol. de 28-V-2014; A. 73.793, "Stransky", resol. de 23-IX-2015; Q. 75.344, "Macchia", resol. de 22-VIII-2018; A. 75.293, "Silvestre", resol. de 26-XII-2018).
En torno a la alegación alusiva a la inexigibilidad del requisito establecido en el referido art. 278, respecto del valor del litigio con cita de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos 308:490), no se observa en el sub lite motivo alguno que autorice a hacer excepción a la postura aludida, sobre la base de la referida doctrina, por la que se condiciona la validez de las restricciones de los recursos extraordinarios locales a la circunstancia de que en la causa no se encuentre en juego una cuestión federal que pudiera ulteriormente ser materia de la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (doctr. causas A. 70.721, "Fisco c/ Petit Four", resol. de 5-III-2014; Q. 73.625, "Cablevisión S.A.", resol. de 20-V-2015; A. 75.124, cits.).
En efecto, el embate se vincula a cuestiones de derecho común y local, que denotan que en el caso no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal.
IV. Por último, en cuanto atañe al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, es oportuno recordar que ese remedio se abre en el único supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y resuelto la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales confrontados con normas de la Constitución provincial (doctr. causas Q. 73.183, "Ecocarnes SA", resol. de 8-VII-2014; Q. 73.894, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires, resol. de 16-III-2016; Q. 74.614, "Fisco c/ El Nuevo Halcón SA y ot", resol. de 7-III-2018; A. 75.658, "Congelados", resol. de 14-VIII-2019).
Ello no acontece en autos; conforme surge de lo reseñado precedentemente y se advierte de su lectura, en el fallo en embate no se resolvió caso constitucional alguno en los términos señalados (art. 299 cit., doctr. causas Q. 73.689, "Silva", resol. de 21-X-2015; Q. 74.425, "López", resol. de 26-X-2016; A. 75.286, "Haro", resol. de 11-VII-2018; A. 75.919, "Muñoz", resol. de 25-IX-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278,296, 292 y 299 del CPCC; 60 CCA y Acordada 1790).
Costas al recurrente (art. 31, ley 14.967)
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/07/2020 10:59:52 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 20/07/2020 11:53:29 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 20/07/2020 14:00:46 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 20/07/2020 16:13:40 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 22/07/2020 13:03:48 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia