Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71821 B
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar, por improcedente, el recurso de reconsideración presentado el 2-VII-2024.
II. Conceder, por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recurso extraordinario federal incoado por la parte actora (arts. 14 inc. 3, ley 48; 256 y 257, CPCCN).
III. Remitir a la instancia de origen las copias pertinentes (de la sentencia dictada por este Tribunal, del recurso federal interpuesto y del escrito bajo análisis junto con el presente resolutorio), a fin de que se proceda a la formación del incidente que permita abordar el tratamiento de lo peticionado con fecha 29-XI-2024.
A.71.821-B "LUNA LILIANA MARCELA Y OTROS C/ PODER EJECUTIVO Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA -RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I. Esta Suprema Corte hizo lugar parcialmente a los recursos de inaplicabilidad de ley deducidos, tanto por la parte actora como por la Municipalidad demandada, modificando la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones con asiento en esta ciudad que -a su turno- confirmara el pronunciamiento de primera instancia.
Respecto del primero de ellos, se reformularon los montos indemnizatorios con relación a los rubros incapacidad sobreviniente y daño moral. Respecto de la impugnación promovida por la demandada, se corrigieron los rubros de gastos futuros de prestaciones médicas, rehabilitaciones y tratamientos, gastos futuros de prestación ortopédica y de prótesis, gastos de asistencia personal, gastos de traslado, pérdida de chance y gastos futuros por educación especial, todos ellos comprensivos de la condena de daños y perjuicios reclamada por los actores como consecuencia de la deficiente atención médica brindada a la coactora M. M. L. por los demandados Eliseo Reategui y la Municipalidad de Berazategui, el 25 de marzo de 2003 (v. sentencia de fecha 3-IV-2024).
II.1. Frente a lo así decidido, la coactora M. M. L. articula la vía federal, agraviándose del modo en que se ha estimado el rubro "Gastos futuros de prestación ortopédica y de prótesis", al haberse hecho lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la demandada (v. presentación de fecha 18-IV-2024).
II.2. Posteriormente y hallándose los autos en estudio de la admisibilidad del recurso extraordinario federal, las demandantes formulan una nueva presentación titulada: "SOLICITAN PRONTO DESPACHO. SOLICITA SE ADOPTEN MEDIDAS PARA EVITAR LA REVICTIMIZACION. RECURSO DE RECONSIDERACION. RECURSO DE AVOCACION" (v. presentación de fecha 2-VII-2024).
II.3. Seguidamente, con fecha 29-XI-2024, realizan otra petición en la cual solicitan la formación de un incidente y el dictado de una medida cautelar innovativa dada la necesidad urgente que posee de reponer el equipamiento de prótesis, puntualizando que "todas esas sumas se imputarán a cuenta de pago del rubro: DAÑO FUTURO: gastos de prestación ortopédica y de prótesis" (v. presentación de fecha 29-XI-2024).
III.1.a. Con relación al recurso de reconsideración y avocación presentado el 2-VII-2024 se observa que, luego de reiterarse planteos que fueron oportunamente atendidos en la sentencia de esta Corte del 3-IV-2024, solicitan la modificación del fallo dictado.
En ese sentido, peticionan se retome la jurisdicción y se resuelvan a su favor los rubros de los que se agravian, los que -vale señalar- ya fueron impugnados a través de la vía federal. Fundan su pretensión en los arts. 18, 43, 75 inc. 22 y 121 de la Constitución nacional; 7.4, 7.5, 7.6, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la ley 26.378 (v. presentación de fecha 2-VII-2024).
III.1.b. Al respecto y sin perjuicio del título que la peticionante le asignara, es dable advertir que en esta etapa del proceso no puede ser atendida una pretensión como la intentada, toda vez que no se encuentra contemplada en el ordenamiento ritual para el supuesto pretendido (art. 290, CPCC).
En efecto, el art. 290 del Código Procesal Civil y Comercial sólo admite la reposición contra las providencias de trámite y las resoluciones interlocutorias dictadas por la Suprema Corte durante la sustanciación de los recursos extraordinarios, por lo que resulta manifiestamente inadmisible la que se formula contra una sentencia definitiva (doctr. causas Q. 76.065, "Tolosa Paz", resol. de 11-XII-2019; A. 75.786, "Liverotti", resol. de 29-XII-2020; A. 75.806, "Radusso", resol. de 30-III-2021; Q. 78.402, "Barrios", resol. de 31-VII-2023).
En consecuencia, el fallo atacado no es susceptible del recurso articulado y, en el caso, no se advierten motivos para apartarse de tal principio (conf. doctr. causas Q. 76.065 y A. 75.806, citadas, e.o.).
III.2.a. Con relación a la vía federal articulada, la recurrente alega violación de la garantía jurisdiccional, vulneración del derecho de defensa en juicio, a la tutela judicial efectiva, al proceso justo, a la libertad, a la igualdad y a la propiedad; así como de los derechos y garantías previstos en los arts. 16, 17, 18, 19, 43, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 4, 5 inc. 1, 8, 11 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica; 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 5.1, 10, 17 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Denuncia, también, arbitrariedad de la sentencia (v. presentación de fecha 18-IV-24).
Manifiesta que, a consecuencia del fallo, deberá requerir a la demandada periódicamente la provisión de las prótesis y ortopedias necesarias para su normal desenvolvimiento, lo cual posterga indefinidamente el alcance de la sentencia, impidiéndole ejercer libremente el goce pleno de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones, además de poner en riesgo su salud física y configurar un agravio a su integridad personal si dicha provisión no se lleva a cabo en un tiempo oportuno, obstaculizando el acceso a la reparación plena del daño, además de la incertidumbre que conlleva tal condicionamiento a futuro.
Expone que a raíz de esa decisión se halla sometida a una serie de restricciones irrazonables por cuanto el cumplimiento efectivo de la obligación a cargo de la demandada no sólo dependerá del valor económico y la capacidad de afrontarlas oportunamente, sino también se habilita la posibilidad de instaurar un debate médico-científico a su respecto en cuanto a la calidad y características de las prótesis necesarias. Alega que ello convierte en irrazonable el cumplimiento de la sentencia en desmedro de su integridad física y desarrollo personal.
En apoyo de su postura, cita los precedentes de Fallos: 327:2413; 331:1449, entre otros.
Solicita se establezca como obligación de la parte demandada el cumplimiento del rubro cuestionado en entrega de moneda extranjera (dólares estadounidenses) a fin de poder adquirir directamente el equipamiento, paliando así las dificultades que conlleva la tramitación frecuente de la provisión de las prótesis que su organismo requiera, a efectos de alcanzar -de ese modo- la reparación integral del daño causado.
III.2.b. Oportunamente, en virtud de lo normado por el art. 257 del CPCCN, se confirió traslado a la Municipalidad de Berazategui, quien contestó por intermedio de su apoderada (v. presentación de fecha 6-V-2024).
III.2.c. Si bien los agravios relacionados con la atribución de responsabilidad por daños y perjuicios remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho común y procesal, cuya materia resulta ajena -por regla y naturaleza- a la instancia del art. 14 de la ley 48, tal circunstancia no resulta óbice para admitir el andamiaje del recurso a tenor de las particularidades de esta causa y por hallarse en juego la inteligencia y aplicación de normas de la Constitución nacional y de los tratados internacionales que resguardan la vida y la salud que, además, se hallan vinculados con la asistencia y cuidados especiales que deben asegurarse a las personas con necesidades específicas (art. 14 inc. 3, ley 48; conf. art. 75 inc. 22 de la Const. nac.; art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 25, inc. 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 4, inc. 1° y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; arts. 8, 24, inc. 1°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 10, inc. 3°, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
En tales condiciones, es que corresponde declarar la admisibilidad de la vía intentada, pues existe relación directa e inmediata entre lo resuelto y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de la ley 48; Fallos: 327:5210; 344:1291).
III.3.a. Por último, corresponde abordar la presentación de fecha 29-XI-2024.
En su postulación, las demandantes expresan que atento el estado de la causa y a fin de no entorpecer el curso del proceso principal, es que promueven un incidente para que -por separado- se otorgue una medida cautelar innovativa, con carácter de urgente, por la que se ordene a las demandadas hacer frente al pago anticipado de las sumas que resulten necesarias para cubrir los actuales requerimientos de prótesis y ortopedia de M. M. L. (v. p. I.2 escrito antes cit.).
Fundamentan su petición en los arts. 33, 75 incs. 19 y 22 de la Constitución nacional; 5.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 5.1 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 24 de la Convención sobre Derechos del Niño.
Como así también, en los fallos de la Corte federal registrados en 316:1833; 320:1633; 321:695; 325:3542, entre otros.
Aducen que desde su postración, M. L. sufre la imposibilidad de realizar un proyecto de vida, porque no puede valerse por sus propios medios; circunstancias estas que permiten tener por cumplido el requisito de peligro en la demora; y ponen de manifiesto la necesidad de obtener una tutela jurisdiccional efectiva para modificar la situación en que se encuentra hoy y así evitar mayores perjuicios.
III.3.b. Se advierte que lo solicitado podría coincidir con lo decidido en la sentencia de esta Corte -respecto de lo cual se agravió la actora a través del recurso extraordinario federal-, como así también, que la sentencia de este tribunal solo fue recurrida por ella, lo que deja firme respecto de la parte demandada la condena ordenada, la cual solo podrá agravarse a su respecto por la vía federal -pero nunca en su favor- por aplicación del principio de " reformatio in peius ".
Por ello, en consideración a las particularísimas circunstancias del caso y a fin de no demorar la asistencia que reclama la demandante, es que corresponde enviar las piezas pertinentes a la instancia a fin de que se proceda a la formación del incidente cautelar solicitado.
En consecuencia, se ordena la remisión a la instancia de origen de las copias pertinentes para proceder a la formación del incidente y el tratamiento de las cuestiones requeridas, sin perjuicio de la decisión que eventualmente adopte la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el punto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Desestimar, por improcedente, el recurso de reconsideración presentado el 2-VII-2024.
II. Conceder, por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recurso extraordinario federal incoado por la parte actora (arts. 14 inc. 3, ley 48; 256 y 257, CPCCN).
III. Remitir a la instancia de origen las copias pertinentes (de la sentencia dictada por este Tribunal, del recurso federal interpuesto y del escrito bajo análisis junto con el presente resolutorio), a fin de que se proceda a la formación del incidente que permita abordar el tratamiento de lo peticionado con fecha 29-XI-2024.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/05/2025 19:23:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2025 12:17:36 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2025 13:22:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/05/2025 12:55:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 13:11:13 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2025 13:17:14 hs. bajo el número RR-249-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia