Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77346
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.346, "Rojas Salinas Miguel Guzmán y otra c/ Municipalidad de San Pedro s/ Pretensión Indemnizatoria. RIL", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño, Maidana.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad demandada, revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la pretensión indemnizatoria deducida por la señora María Regina Rojas Salinas por sí y en representación de su hijo Miguel Guzmán Rojas Salinas (v. sent. de 13-VII-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento, los letrados apoderados de la demandante dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 13-VIII-2021), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante decisorio de fecha 2 de septiembre de 2021.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 16-IX-2022), agregadas las memorias presentadas por la parte actora —ver presentaciones electrónicas de similar contenido de fecha 28-IX-2022— y, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora María Regina Rojas Salinas, por sí y en representación de su hijo, Miguel Guzmán Rojas Salinas, inició una pretensión indemnizatoria contra la Municipalidad de San Pedro, con motivo del accidente padecido por este último, en la madrugada del 28 de enero de 2008, quien tras atravesar unas barandas de madera y descender por un barranco, cayó desde una altura de aproximadamente cinco metros, lo que le produjo severas afecciones en la salud, ocasionándole secuelas permanentes (v. demanda, fs. 146/171 vta.).
Atribuyó la responsabilidad a la mencionada Municipalidad con fundamento en los arts. 1.112 y 1.113 del Código Civil, entonces vigente y 25, 26 y 27 del decreto ley 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) y, asimismo, invocó la culpa o negligencia de los funcionarios municipales.
II. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la pretensión deducida y condenó a la demandada al pago de los diferentes rubros peticionados con más sus intereses (sent. de 27-XI-2020).
Consideró que de las pruebas colectadas se desprendía la responsabilidad de la comuna; por un lado, por incumplir con el deber de información que le corresponde en su carácter de proveedor turístico (cfr. arts. 42, Const. nac.; 38, Const. prov.; 1 y 4, ley 24.240) y, por el otro, al incurrir en una falta de servicio por omitir resguardar en debida forma la barranca y advertido de su peligrosidad. Circunstancias que —sostuvo— demostraron la omisión de la Municipalidad de San Pedro en cumplir con sus deberes de velar por la seguridad y salubridad de las personas que se encontraban a su cuidado. Ello con sustento en los arts. 192 inc. 4 de la citada carta provincial y 25, 26, 27 inc. 2, 28 y 59 inc. "b" del decreto ley 6.769/58.
III. Apelado el mentado pronunciamiento por las partes actora y demandada, la Cámara interviniente hizo lugar al recurso interpuesto por la Municipalidad de San Pedro, revocó la sentencia de primera instancia, y en consecuencia, rechazó la pretensión indemnizatoria promovida (v. sent. de 13-VII-2021).
Decidió de ese modo en base a los siguientes fundamentos:
III.1. Entendió que los aspectos fácticos aludidos en el escrito de demanda debían ser examinados atendiendo a las circunstancias previas al evento dañoso ocurrido en la noche del día domingo y visualizando el entorno "desde debajo de la barranca", y no "desde arriba de la barranca" tal como lo hiciera la magistrada de primera instancia.
Inicialmente indicó que no se encontraba controvertido que Miguel Guzmán Rojas Salinas de —por entonces— diecisiete años de edad, había viajado a la ciudad de San Pedro con un grupo de amigos coetáneos y se alojó en el camping municipal "Actur" permaneciendo los días viernes 25 de enero, sábado 26 de enero y domingo 27 de enero de 2008.
Ponderó el mapa de la ciudad, el folleto turístico como también las fotografías acompañadas con el escrito de inicio y señaló que de allí se desprendían la ubicación, los linderos y el entorno del mencionado alojamiento, precisando que este se localiza a la altura del riacho, sobre su costa, y al pie de la barranca, lindando con el Paseo Público, con dirección en Av. Juan de Garay y 11 de septiembre.
Indicó que, en particular del croquis anexado, se indicaban en varias ocasiones las barrancas, las escaleras, como el citado Paseo y, finalmente consideró que Miguel y sus amigos desde el alojamiento en que se encontraban con solo mirar hacia la ciudad tuvieron ante su vista un prolongado sector de barrancas.
Asimismo, de las referidas constancias refirió que visualizaba: a) el camping separado de la zona de los barrancos; b) en el sector plano había algunas instalaciones para juegos de niños y un mástil; c) el pie de la barranca hasta su borde superior; d) la iluminación al pie de barranca enfocada hacia la costa y; e) las columnas de alumbrado público poseían reflectores dirigidos hacia la barranca.
Apreciados los elementos probatorios mencionados sostuvo que Miguel y sus amigos conocían el sitio en el que estaban albergados y su entorno, toda vez que habían pasado los días viernes, sábado y domingo alojados en el mismo lugar tanto de día como de noche.
III.2. La Cámara también valoró otras medidas probatorias producidas en autos. En efecto, reseñó íntegramente los testimonios de los amigos de Miguel presentes el día del hecho brindados en la IPP 16-01-000559-08 y en esta causa, que relataron el accidente y describieron el lugar en el cual aconteció y el contexto, como así también el acta de inspección ocular de fecha 28 de enero de 2008 y la parte final del dictamen del ingeniero mecánico, constancias que también aludieron a la descripción de las características de la zona involucrada en el evento dañoso.
De todo lo expuesto concluyó que el accidente se produjo por la conducta de la propia víctima y de su grupo de amigos, todos mayores de catorce años de edad, que poseían discernimiento para apreciar el riesgo que implicaba atravesar la baranda y descender por un sitio que no estaba señalado para ese fin (a propuesta de uno de ellos), pese a que —según consideró el Tribunal de Alzada— habían adquirido algún grado de conocimiento del entorno del lugar donde se hospedaron.
III.3. Seguidamente definió el término "baranda".
Señaló que dicho término remite a barandilla que significa "Del dim. de baranda es el antepecho compuesto de balaustres de madera, hierro, bronce u otra materia, y de los barandales que los sujetan, utilizando comúnmente para los balcones, pasamanos de escaleras y división de piezas".
Precisó que al ser una barrera o tabique, su cometido es el de dividir espacios, delimitarlos y vedar su acceso y, en base a ello, estimó que la decisión de traspasar las barandas era atribuible solo al grupo de amigos.
En adición hizo constar que la valoración efectuada sobre el entorno solo era para el caso sub examine, y no para otros en los que la baranda no cumpliría esa función como podría ser para el análisis de situaciones en los cuales intervinieran niños o niñas de corta edad o escasa estatura o, ante el supuesto de falta del barandal.
III.4. Finalmente, en atención al lugar y al modo en que se produjo el evento dañoso concluyó que: a) no se había configurado una relación de consumo derivada de la condición de turista de Miguel y sus amigos, en tanto que no correspondía imponer un deber de informar genérico al municipio; b) que el municipio no había publicitado una actividad peligrosa; y c) que el daño no se produjo en un predio abandonado.
En consecuencia, juzgó que no correspondía abordar el recurso impetrado por la demandante.
IV. Contra la mentada decisión la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual denuncia que la Cámara al resolver como lo hizo se apartó de los arts. 192 inc. 4 de la Constitución provincial; 1.112 y 1.113 del Código Civil (ley 340) entonces vigente; 25, 26 y 27 del decreto ley 6.769/58; 40 de la ley 24.240 y vulneró la doctrina de esta Corte que individualiza (v. escrito electrónico de fecha 13-VIII-2021).
Asimismo, alega absurdo.
Adjunta el certificado de discapacidad de Miguel Guzmán Rojas Salinas a fin de acreditar la elevada incapacidad que posee, como consecuencia del evento padecido.
IV.1. En primer orden señala que el Tribunal de Alzada interpretó absurdamente la prueba, toda vez que efectúa, por un lado, afirmaciones dogmáticas y por el otro, prescinde de medidas relevantes para la solución del caso.
A la vez refiere que el fallo impugnado valoró de modo parcial y fragmentado las declaraciones de los testigos presenciales del hecho, descartando lo decisivo para examinar las circunstancias fácticas de la causa.
Expresa que de las fotografías, del acta de constatación y del reconocimiento pericial se desprende que las barandas solo cumplen una función ornamental, no impidiendo el acceso a la zona donde ocurrió el infortunio, el cual se concretó por la falta de señalización de la peligrosidad del barranco por el municipio demandado.
Asimismo, destaca que el fallo impugnado, erróneamente, señala que las fotos fueron tomadas el 25 de septiembre de 2019 al realizarse la intervención notarial cuando esa diligencia se efectúo con fecha 25 de septiembre de 2009.
También arguye que el Tribunal de Alzada comparó confusamente lo ocurrido, y que nada tiene que ver con los hechos del caso cómo funcionarían las barandas para niños o niñas de corta edad o escasa estatura y apuntó, de modo incongruente, que no se evidenciaba una relación de consumo, pese a que el área donde ocurrió el evento dañoso y el camping que albergara a Miguel y sus amigos, conforme los folletos adjuntados, pertenecían al dominio público municipal y eran promocionados por la comuna para fines turísticos.
Sostiene que la Cámara ignoró que la decisión de descender a la que apuntara quedó interrumpida involuntariamente debido a la abrupta pendiente imprevisible que quebró el normal desenlace de una bajada.
IV.2. En otro punto, alega que el Tribunal de Alzada soslayó examinar como factor de atribución de responsabilidad del municipio el vicio y riesgo de las cosas conforme el art. 1.113 del Código Civil, entonces vigente, actual 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación, dado que conforme fuera demostrado con la prueba incorporada en el proceso, el evento se produjo en un área peligrosa. Cita en ese sentido el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que emerge del caso "Rea".
Manifiesta que el uso de las barrancas no produce tampoco la ruptura del nexo causal en virtud de acreditarse que; a) eran habitualmente utilizadas por el público para descender incluso para esparcimiento por los niños; b) por la existencia de senderos y; c) conforme las publicaciones periodísticas no era la primera vez que se producían accidentes del mismo tipo que el de autos.
Asimismo, precisa que la sentencia impugnada no ponderó la mala iluminación en el sector en donde aconteció el hecho, reconocida por los testigos, entre ellos por el Secretario de Obras y Servicios Públicos municipal.
Invoca la doctrina legal de esta Suprema Corte sentada en la causa C. 122.768, "García", sentencia de 2-X-2020, referida a la responsabilidad estatal por omisión.
IV.3. Por otra parte, considera que la omisión del deber de señalizar endilgada al municipio no fue evaluada por el Tribunal de Alzada como una falta objetiva de servicio, pese a lo dispuesto en los arts. 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 192 inc. 4 de la Constitución provincial.
A su vez, aduce que tampoco apreció la Cámara si las barandas colocadas constituían medidas proporcionales y adecuadas al peligro de la zona aledaña al camping, aún cuando al declarar el funcionario municipal Molina manifestó que desconocía que el barranco se cortaba de golpe.
IV.4. Finalmente, menciona que el fallo impugnado desconoció, por un lado, que al sufrir el accidente Miguel era un adolescente de tan solo diecisiete años de edad al que debió otorgarse una protección especial al encontrarse en situación de hipervulnerabilidad por cuanto era menor de edad, turista y consumidor y, por el otro, los deberes de seguridad e información exigibles a la Municipalidad de San Pedro en su rol de proveedor turístico conforme a lo estatuido por el art. 42 de la Constitución nacional.
En virtud de ello considera que la comuna al incumplir con la debida colocación de carteles indicativos en torno a la peligrosidad de los alrededores del camping "Actur", ha incurrido en la responsabilidad objetiva prevista en el art. 40 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
V. Preliminarmente he de dejar asentado que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró el hecho que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.944).
El recurso prospera parcialmente.
V.1. Tal como he reseñado, la Cámara, para desestimar la demanda, consideró la decisión grupal de traspasar la medida de delimitación del espacio público y el conocimiento previo que Miguel y su grupo de amigos habrían o deberían haber tenido, tanto del lugar en donde se alojaron como de sus alrededores.
Para ello, luego de evaluar las declaraciones testimoniales, las fotografías y el folleto turístico anexados al escrito de demanda, la inspección ocular realizada por personal policial como la experticia practicada sobre aquel sector, entendió que la comuna no era responsable de las lesiones sufridas por Miguel tras considerar que su caída se produjo en un sitio público cuyo acceso estaba vedado por la existencia de barandas.
La recurrente, sin desconocer la decisión acordada de atravesar esa medida delimitativa existente en el lugar, hace hincapié en la deficiente implementación de las medidas de seguridad instaladas en la zona donde ocurrió el evento dañoso. En ese sentido apunta a la falta de señalización e iluminación adecuada por la Municipalidad de San Pedro, incurriéndose de ese modo en una omisión antijurídica, toda vez que observa que las barandas existentes en el lugar del hecho dañoso solo han de cumplir una función ornamental y no de protección para la salud y la vida de las personas.
V.2. Respecto al cuestionamiento sobre la atribución de responsabilidad basada en los deberes estatales omitidos, es pertinente recordar la adhesión que en su oportunidad hice al voto del doctor Genoud en la causa C. 111.115, "Brandam", sentenciada el 3 de diciembre de 2014.
Se hizo mención en dicha causa que ante la falta de un texto específico que regule la responsabilidad estatal por las consecuencias de sus omisiones o abstenciones, se puede recurrir al art. 1.074 del Código Civil, entonces vigente (art. 16, Cód. Civ.), según lo señala Miguel S. Marienhoff en su obra sobre responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público (pág. 9). Esta disposición establece que toda omisión que genere perjuicio será responsabilidad del Estado si existe una obligación normativa de cumplir con la acción omitida, y basta con que la omisión sea contraria a derecho.
También se señaló que para demostrar la omisión antijurídica y el deber jurídico razonable del Estado de haber cumplido con la acción omitida, es necesario acreditar la existencia de intereses cuantitativamente superiores, es decir, la proporción entre el sacrificio general que implica la actuación estatal y la utilidad obtenida con dicha acción.
En el citado precedente recordando el voto del doctor de Lázzari en la causa Ac. 73.526 (sent. de 23-II-2000), se consignó que en un caso fallado por la Corte nacional ("Lanatti, Marta N.", en Fallos: 314:661) se señaló como omisiva la falta de advertir sobre un peligroso zanjón en una ruta, haciendo hincapié en el principio de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las circunstancias, especialmente cuando la Administración Pública tiene el deber de promover la seguridad y el bienestar general (doctr. causas Ac. 73.526, "Vargas, Pablo contra Club Náutico Hacoaj. Daños y perjuicios", sent. de 23-II-2000, D.J.B.A., t. 158-100; Ac. 81.917, sent. de 30-IV-2003).
A su vez, se refirió a que el doctor Miguel S. Marienhoff también enseñó que la obligación legal de cumplir con la acción omitida puede estar implícita o explícita, dependiendo de las circunstancias del caso, y para determinar una falta de servicio por omisión, se debe realizar una evaluación con arreglo al principio de razonabilidad, considerando diversos factores como los medios disponibles y la previsibilidad del daño.
Por todo lo expuesto, resulta evidente que la inacción estatal puede ser considerada arbitraria y comprometer la responsabilidad cuando es razonablemente esperable que el Estado actuara para prevenir el daño, y es fundamental verificar si la actividad omitida era materialmente posible para determinar la responsabilidad del Estado en la producción del daño.
V.3. Sentado ello, considero que los elementos de prueba seleccionados por el Tribunal de Alzada han sido inadecuadamente ponderados.
Fundamentalmente al desentenderse de las características del área donde ocurrió el evento, de cuya evaluación y consideración mal pudo concluir del modo en que lo hizo.
Inicialmente reparó en una decisión grupal de traspasar las barandas, tras expresiones vertidas como "se pusieron de acuerdo para bajar sentados", con el fin de "acortar distancias" atento a la hora, para ingresar al camping por un alambre que poseía un tejido roto, más cercano al acceso oficial que se realizaba por la escalera Vía Crucis, tomándolo "como una travesía", "costumbre que era habitual en ellos", puesto que "de forma grupal todos refieren de ser más emocionante bajar por allí".
Para continuar haciendo hincapié al conocimiento que Miguel y sus amigos habrían tenido del lugar del accidente, de su entorno, como que el camping municipal tenía dos entradas, una frente al Vía Crucis y otra en "el tejido roto por donde se puede pasar, que está cerca de la barranca", "que había una pareja allí que también bajó por la barranca y que ellos los vieron hacerlo" y que "...usaban la escalera del Vía Crucis y si no usaban la calle como camino alternativo", como así también al folleto turístico en el cual se visualizaban las condiciones topográficas del camping y de su entorno.
Ahora bien, de autos surge que las declaraciones testimoniales producidas se refirieron a la peligrosidad de la zona en donde ocurrió el evento dañoso: "...que mirando hacia su derecha observa que Miguel comienza a correr por la barranca, pero por el mismo peso del cuerpo y porque la barranca se encontraba muy inclinada no dejando que el recientemente mencionado logre frenarse con alguna planta"; "Que al llegar al límite de la barranca observa el dicente junto al resto de sus amigos que el mismo cae desde una altura aproximada de cinco metros..."; "Que finaliza de descender lentamente ya que la bajada era peligrosa..."; y, "Que desde arriba se notaba que la barranca cortaba en un precipicio. Que desde arriba se veía liso, con pasto. Que al fondo, donde terminaba la barranca, había unos árboles, juegos, como una especie de plaza rodeada por una calle, pero remarca que ello no se veía desde arriba".
Tal com
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.