Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74214
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, de Lazzari , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.214, "Pavka Marco Nicolás c/ Dirección General de Cultura y Educación s/ Pretensión Indemnizatoria".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento de Mar del Plata confirmó el pronunciamiento de origen que había hecho lugar a la demanda promovida (v. fs. 152/165).
Se interpuso, por Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/187 vta.).
Dictada la providencia de autos a fs. 195 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Se ventila en autos un reclamo indemnizatorio contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires por la suma de $208.687,60 con más intereses y costas. Fundado en un juicio anterior, cuyos autos se caratularon "Pavka Marco Nicolás y ot. c/ Otero Juan José y ot. s/ Daños y Perjuicios", (Expte. 109.466), a raíz de un serio accidente sufrido el 9 de septiembre de 1999, por el coactor entonces menor de edad y alumno de la escuela privada Donald Winicott, EGB 5.488, durante una clase de gimnasia deportiva, que le provocó la pérdida total de visión en su ojo izquierdo.
La sentencia recaída en el juicio mencionado condenó al propietario de la escuela, señor Otero y desestimó la demanda contra el Estado provincial -Dirección General de Cultura y Educación-, por entender que el daño que se le endilgaba no era presente o actual, sino eventual, y que contra el mismo sólo podría invocarse la existencia de daño por la falta de control sobre el establecimiento que funcionaba sin el seguro que la ley impone, una vez demostrada la insolvencia del demandado principal.
Esta sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial con fecha 26-IV-2012.
Luego, tras iniciar la ejecución de dicho fallo y verificarse la insolvencia del señor Otero para afrontar el pago de lo debido, se configuró el daño originado por la falta de control sobre el establecimiento, imputable al Estado provincial.
II. En tal contexto, los actores iniciaron demanda contenciosa administrativa contra el Estado provincial con el objeto de obtener la indemnización por daños y perjuicios que les generó la omisión de la demandada en controlar la contratación del seguro obligatorio que les hubiere garantizado el cobro de la indemnización reconocida en el juicio civil.
Mediante sentencia del 12-VI-2015 el juez de primera instancia, ponderó que con el incidente de ejecución de sentencia adjuntado por los actores se acreditaba el resultado infructuoso de satisfacer el capital de condena de parte del señor Otero. Que, en consecuencia, se verificaba el daño imputable a la Dirección General de Cultura y Educación, al permitir que la Institución Educativa a la que concurría el coactor, funcionara sin contar con la póliza de seguro obligatoria en los términos del art. 1.117 del entonces vigente Código Civil y que hubiera posibilitado el cobro de lo adeudado.
Puntualizó, a fin de extender el reclamo de los actores contra el Fisco provincial, que la sentencia dictada en sede civil había rechazado la demanda a su respecto por considerar que hasta que se acreditase la insolvencia del demandado Otero, el daño era sólo eventual. Así, una vez iniciado el incidente de ejecución se volvió cierto, cuando mediante oficio agregado y puesto a la vista el 31 de agosto de 2011 se informó que sólo se había podido embargar al propietario la ínfima suma de $244,65 por mes, con lo que no llegaba a cubrirse ni el pago de los intereses debidos.
Estimó, luego de enmarcar el reclamo en el ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado, que el plazo de prescripción aplicable es el establecido en el art. 4.037 del Código Civil aplicable al momento de los hechos y que debía computarse a partir del 31 de agosto de 2011, por ser la fecha en que los actores adquirieron certeza sobre la imposibilidad de cobrar su crédito.
Por último, añadió que la configuración del daño, estaba determinado por el capital de condena con sus intereses precisado en la sentencia del juicio civil.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo departamental, confirmó la decisión de la instancia anterior (v. fs. 152/165).
Para así resolver y, en lo que interesa aquí destacar, sostuvo que la contienda de autos se enmarcaba en el ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado, por sus comportamientos de abstención, donde el plazo de prescripción de la acción es de dos años, (art. 4.037 del entonces vigente Cód. Civ.). En cuanto al momento a partir del cual dicho plazo debía computarse, el tribunal consideró que, si bien no era posible fijar con exactitud el momento preciso en que la imposibilidad de pago de las acreencias se tornó operativa, no es menos cierto que, en las peculiares circunstancias del caso, resultaba razonable establecer dicho hito en la fecha apuntada por el sentenciante de grado, es decir el 31 de agosto de 2011, puesto que fue la fecha en que los actores tomaron conocimiento respecto a la imposibilidad de percibir el crédito de mano del propietario del establecimiento educativo (v. fs. 154 vta.).
Consideró que lo resuelto en esta causa, en torno a la responsabilidad del Estado por falta de servicio al mediar una conducta omisiva frente a un mandato normativo exigible, no fue objeto de tratamiento en los pronunciamientos dictados en el fuero civil, por lo que mal puede invocarse la " res iudicata ".
Sostuvo que lo determinante para comprender el alcance de cada pretensión, es el tipo de daño cuya reparación se reclamó en una y otra demanda. Que si bien en los dos procesos se demandó al Estado provincial por haber omitido cumplir las obligaciones que legalmente le habían sido impuestas (cfr. art. 1.117, del Cód. Civ. aplicable al momento de los hechos), lo cierto es que, en el deducido primigeniamente, se pretendió responsabilizar a la Provincia por los daños derivados como consecuencia directa e inmediata del accidente. En cambio, en el presente litigio, la responsabilidad que se atribuye al Estado, es por los daños que tuvieron como causa la ausencia de cobertura frente a la insolvencia del deudor principal, constatada que fue la omisión del organismo educativo provincial de controlar la obligatoria suscripción por parte del titular del establecimiento privado, del seguro de responsabilidad civil exigido por la Disposición n° 288/98 de la Dirección de Educación de Gestión Privada Provincial (v. fs. 163 vta./164).
Agregó que lo dicho era suficiente para evidenciar con claridad meridiana que, al contrario de lo predicado por el recurrente, la cuestión ventilada en autos no resultaba sustancialmente idéntica a la que fuera objeto del pronunciamiento dictado en el fuero civil y comercial.
Asimismo, puso de relieve que ésta y no otra era la correcta interpretación que correspondía predicar respecto del derrotero seguido en aquella causa. Y que, en consecuencia, el razonamiento del fisco recurrente, resultaba falaz, forzado e inexacto con el fin de enrostrarle al sentenciante de grado haberse apartado de las reglas de la sana crítica y violentado el alcance de la cosa juzgada.
Concluyó que, sin perjuicio de que la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y que su vigencia responde a una consideración esencial de orden público, lo cierto es que, en el caso la pretensión articulada en autos resulta diferente de la tramitada en sede civil, ello básicamente, por el distinto factor de atribución de responsabilidad de una y otra causa.
III. Contra esta decisión se alza Fiscalía de Estado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/187), en el que denuncia infracción de los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la errónea aplicación de la doctrina legal que emana de este Tribunal.
Asimismo, aduce que el fallo atacado ha apreciado absurdamente los hechos y vulnerado las reglas de la sana crítica en los términos del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, al soslayar la existencia de identidad entre lo resuelto por el fuero civil y comercial, y lo ventilado en este proceso, configurándose las condiciones para que sea procedente la defensa de cosa juzgada.
Entiende que la Cámara, ha incurrido en absurdo al considerar que lo resuelto en torno a la responsabilidad del Estado por su conducta omisiva frente al mandato normativo expreso, no fue tratado en los pronunciamientos civiles. Agrega que, para constatar tal extremo, alcanza con leer los términos en que fue planteada la demanda en el fuero civil, donde la responsabilidad imputada al Estado es por la omisión en controlar la efectiva contratación del seguro, además de demandarlo en forma directa por la causación de los daños al coactor, entonces, menor.
Sostiene que la interpretación que propugna el Tribunal de Alzada, para sostener la falta de identidad entre lo resuelto por el fuero civil y lo ventilado en este proceso, es forzada, subjetiva y alejada de las constancias de la causa y de los antecedentes judiciales.
Afirma que se configura el absurdo habilitante del recurso extraordinario intentado.
Agrega que el fallo deja de lado la ley y especialmente la doctrina legal de esta Corte, que requiere la triple identidad para la verificación de la cosa juzgada, en la inteligencia de que la cuestión sometida en el actual proceso ya fue resuelta definitivamente en el juicio precedente.
Cuestiona que en estas actuaciones el a quo no haya tenido en cuenta que el fallo de la Alzada civil basó el rechazo de la acción contra el Fisco en la falta de acreditación del daño provocado por la falta de contratación del seguro, sin quedar supeditado, a ningún tipo de declaración de insolvencia en la persona de Otero y que, si bien se cita el fallo "Romairone" de esta Corte, la Cámara Civil no aplicó tal doctrina.
En conclusión, afirma que es equivocado el razonamiento del Tribunal de Alzada, al considerar que la cosa juzgada recaída en el juicio precedente no alcanza al juzgamiento sobre la existencia de una omisión estatal en la policía de control.
Finalmente alega violación de la doctrina de la Corte sobre el cómputo del plazo de la prescripción liberatoria, pues sostiene que el actor tuvo conocimiento de la insolvencia del demandado en fecha anterior a la considerada por el a quo , esto es, como mínimo al momento de pedir la inhibición general de bienes, pues ello importa la carencia de bienes, debiendo en consecuencia declararse la prescripción de la acción (v. fs. 171/187).
IV. El recurso no prospera debido a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
Inicialmente cabe aclarar que el recurrente no cuestiona la configuración de la relación causal que tuvieron por acreditada los jueces de la causa con fundamento en el incumplimiento del mandato que dimana del art. 1.117 del Código Civil (conf. ley 340, entonces vigente). Su embate se limita a la desestimación de la defensa de prescripción y el planteo de configuración de cosa juzgada. Comenzaré por el primero de ellos, pues de prosperar resultaría insustancial el análisis ulterior.
IV.1 En punto a ello insiste en que el comienzo del plazo prescriptivo en los términos del art. 4.037 del Código Civil, entonces vigente, debe computarse a partir del auto que ordena la inhibición general de bienes de fecha 11 de junio de 2010. Sostiene para ello que tal pedido supone el conocimiento previo de los actores de la inexistencia de bienes en cabeza del deudor. Consecuentemente afirma que, desde el 11 de junio de 2010, hasta la fecha en que inició la presente acción, el 1 de noviembre de 2012, transcurrió el plazo de dos años, con que contaban los accionantes para demandar al Fisco de la Provincia.
Con estos argumentos el fisco recurrente pretende rebatir las consideraciones de hecho efectuadas por los tribunales inferiores respecto al inicio del cómputo de la prescripción de la acción resarcitoria; planteo que desde ya adelanto resulta insuficiente a tales fines.
Cabe recordar que esta Corte ha señalado que la determinación de los hechos y las pruebas referidas a los plazos de prescripción, así como su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones reservadas a la apreciación de los jueces de grado y exentas de revisión por parte de esta Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. doctr. causas A. 72.710, "Alveolite", sent. de 16-VIII-2017; L. 98.724, "Gutiérrez", sent. de 21-IV-2010; L. 96.953, "Gamarra", sent. de 3-III-2010, e.o.).
La configuración del mentado vicio -con virtualidad invalidante de la motivación de la sentencia- requiere acreditar la existencia de un error grave, grosero y fundamental, que conduzca a una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas de la causa (conf. causas L. 94.977, "Balbis", sent. de 6-V-2009 y L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008), lo que no se ha denunciado, ni mucho menos demostrado en la especie, circunstancia que sella el resultado adverso del recurso en esta parcela.
IV.2 Descartado el primero de los agravios, corresponde abocarse a los restantes.
IV.2.a. Tal como surge de la reseña realizada en el acápite anterior, el recurso intentado básicamente plantea absurdo en la resolución de la Alzada, por haber considerado que no se configuró en la especie la cosa juzgada.
Con referencia a ello, cabe comenzar por recordar que esta Corte tiene dicho que determinar la concurrencia de cosa juzgada y conocer acerca de las circunstancias que configurarían la violación de dicho instituto es una cuestión de hecho que sólo puede ser revisada si se demuestra fehacientemente que la conclusión impugnada es el resultado de una absurda valoración de las constancias del presente proceso y del anteriormente tramitado, y de la consecuente comparación entre lo pretendido y juzgado en él y lo que se ofrece como pretensión en éste (conf. causas C. 102.011, "Battistin", sent. de 15-VII-2009; A. 74.007, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-IV-2018; e.o.).
Cuando se plantea la revisión de cuestiones de hecho -como es la interpretación de las constancias de la causa y los efectos de la cosa juzgada-, debe alegarse y probarse el vicio lógico del absurdo; único supuesto que habilita el conocimiento de esta índole de temas en sede extraordinaria, siendo vana la mera discrepancia de criterio realizada al efecto o la sola indicación de normas legales que resultarían aplicables (cfr. causa C.117.581, "Bolsa de Comercio", sent. de 29-VIII-2017).
IV.2.b. Desde esa acotada plataforma cognitiva, en este caso, en que expresamente se plantea la vulneración de los efectos de la cosa juzgada, y absurdo en la ponderación de las constancias del juicio precedente, no advierto que el recurso haya logrado evidenciar la presencia del error palmario que habilite la vía intentada (art. 289 y su doctrina, CPCC).
En efecto, la Cámara, en orden a descartar igual agravio llevado ante sus estrados, señaló equivocado el planteo del recurrente vinculado con la violación del principio de la cosa juzgada, en tanto, soslaya que en esta causa lo resuelto se basó en una conducta omisiva frente a un mandato normativo exigible, circunstancia que no fue objeto de tratamiento en los pronunciamientos dictados en el fuero civil, donde la responsabilidad que se le endilgó a la accionada fue por la causación directa e inmediata del daño.
Agregó que en la demanda civil los actores únicamente vincularon la omisión en el ejercicio del poder de policía con la lesión sufrida por el entonces menor, omitiendo enfocar la cuestión desde el aspecto del daño eventual, esto es, desde la consecuencia dañosa que la falta de seguro ocasionó, al impedir hacer efectivo el resarcimiento reconocido en la sentencia.
En esta línea, el a quo precisó que fue recién en la presente acción que los acreedores le enrostraron responsabilidad al Estado provincial por los perjuicios, ahora ciertos, que la omisión en el ejercicio de la función administrativa de control les ocasionara. Luego, se ocupó de precisar que el alcance de cada pretensión depende del tipo de daño que se reclama y que, no obstante, que en ambos procesos se demandó a la Provincia por omisión de las obligaciones legalmente impuestas, en el primer juicio se le imputó responsabilidad por los daños derivados como consecuencia directa e inmediata del accidente, por cuanto de haberse constatado, la falta de seguro civil obligatorio, el colegio no hubiere obtenido la autorización para funcionar.
Por su parte, en el presente proceso la responsabilidad atribuida al Estado tuvo su causa en la ausencia de cobertura frente a la insolvencia del deudor principal, luego de constatado que el organismo educativo incumplió su deber de controlar la obligatoria suscripción por parte del titular del establecimiento privado del seguro de responsabilidad civil exigido por la Disposición n° 289/98 de la Dirección de Educación de Gestión Privada Provincial. (v. fs. 164).
Frente a ello, la recurrente se limita a reeditar argumentos, sin lograr acreditar el apartamiento de las reglas de la sana crítica, pues los embates que trae el recurso para cuestionar el razonamiento desplegado por la Cámara no permiten avizorar la vulneración del principio de la cosa juzgada. Es que no se ha logrado demostrar la existencia de un yerro grave y patente en la valoración de las constancias objetivas de la causa y, consecuentemente, la configuración del vicio lógico denunciado, máxime cuando se trata de un remedio excepcional para casos extremos (arts. 279 y 384, CPCC; cfr. doctr. causas Ac. 74.220, "Damato", sent. de 4-XII-2002; Ac. 81.003, "Demucho", sent. de 23-IV-2003; C. 112.609, "Tortora", sent. de 26-II-2013; e.o.).
IV.3. En cuanto a la invocada violación de la doctrina legal que postula en su recurso, corresponde descartarla, desde que la pieza en estudio carece de la identificación de los supuestos precedentes y del desarrollo conceptual apto para apuntalar tal protesta.
En efecto, soslaya la impugnante que en los casos de denuncia de vulneración de doctrina legal es necesario que primeramente se la individualice. Y luego se exponga su similitud con el caso bajo análisis, para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas A. 72.102, "Borio", sent. de 19-X-2016; A. 71.237, "Rodríguez", sent. de 3-IX-2014; A. 70.553, "Ginnetty", sent. de 18-IV-2012 y C. 118.466, "Trotta", sent. de 04-III-2015).
Nótese que más allá del ritual anuncio de la infracción (v. fs. 176/176 vta. y 185/187), no obra en el escrito recursivo mención de antecedentes de este Tribunal, y menos aún cotejo alguno de las respectivas plataformas fácticas ni explicación concreta sobre cómo el contenido de tales antecedentes habría sido quebrantado en la especie. Este tramo de la impugnación resulta, en consecuencia, insuficiente (conf. doctr. art. 279, CPCC).
IV.4 Finalmente, la denuncia formulada en relación a la violación de los preceptos constitucionales citados también evidencia insuficiencia. Este Tribunal tiene decidido que la denuncia de violación de normas constitucionales, cuando queda subordinada a una no probada violación de normas de derecho común, no resulta suficiente para fundamentar el recurso extraordinario, en tanto no basta decir que se cercena una garantía para dar base a un reclamo aten
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