Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72193
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, Natiello , se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.193, "El Hage Daoud, Fátima Susana y otro c/ OSSE - Obra Social Sanitaria Sociedad del Estado de Mar del Plata s/ pretensión indemnizatoria".
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del señor juez de primera instancia, por la cual se rechazó la pretensión indemnizatoria promovida (fs. 465/468). Para resolver de ese modo, reparó en que la apelante había ejercido defectuosamente el mecanismo recursivo previsto en el art. 56 del Código procesal que rige en la especie.
Disconforme con ese pronunciamiento, los accionantes dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 341/348).
Declarado mal concedido el remedio en relación al actor Manuel Eduardo Nehmi, dictada la providencia de autos en lo que respecta al intento recursivo de la actora Fátima Susana El Hage Daoud (fs. 482/483) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. A fs. 378/383 el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda promovida por Manuel Eduardo Nehmi y Fátima Susana El Hage Daoud contra Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado (OSSE), tendiente a la obtención de un resarcimiento económico por los daños y perjuicios que alegan haber padecido tras que la segunda supuestamente tropezara en la vía pública a causa de un charco formado por agua que brotaba de una cañería rota, fracturándose un brazo (v. sent. a fs. 378/383).
Agraviada por ese pronunciamiento, la parte actora lo apeló. No obstante, en el escrito obrante a fs. 390, se limitó a la interposición del recurso, mas no a su fundamentación. Ello recién ocurrió luego, mediante la presentación de fs. 397/410 titulada "Solicita se tenga por fundado - Expresa agravios", estado en el cual el juez de grado procedió a efectuar un análisis de admisibilidad del remedio, cuyo resultado favorable derivó en su sustanciación con la demandada (fs. 416/418), luciendo agregada la contestación de la expresión de agravios a fs. 423/428.
Elevados los autos para su tratamiento a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, ésta tuvo en consideración las objeciones preliminares expuestas por la apoderada de OSSE en lo tocante a que la pieza del recurso no habría observado los recaudos a los que alude el art. 56 inc. 2 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-. Y así, haciendo eco de sus argumentos, puso de resalto que a fs. 390 la actora apeló la sentencia omitiendo fundar su impugnación, lo que solo tuvo lugar posteriormente, a fs. 397/410.
Atenta a esa circunstancia, señaló que dicho dispositivo establece que el recurso de apelación dirigido contra las sentencias definitivas -tal como ocurría en el caso- debe interponerse dentro del plazo de diez días, por escrito fundado y conteniendo una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, entre otros recaudos. A modo de comparación, explicó que el Código Contencioso Administrativo, a diferencia del Código Procesal Civil y Comercial para algunos supuestos, pone en cabeza del recurrente una doble carga formal: interponer la pieza dentro del mencionado término y fundarla en idéntica ocasión, todo lo cual no se verificaba en la especie.
Precisando lo anterior, los señores camaristas concluyeron que "...el recurrente debe cumplir con todos los requisitos legales en el momento en que ejercita su derecho, lo que importa presentar su apelación en tiempo y forma. Y ello es así por fuera de la falta del agotamiento del plazo legal, desde que éste es puesto en beneficio del recurrente para que pueda realizar las tareas que estime conducentes a fin de cumplir con todas las cargas procesales que pesan sobre él para instar la intervención de la Alzada. Consecuentemente, queda a criterio del recurrente la utilización de todo el plazo legal o solo una parte de él para interponer su apelación; empero, cuando ejerce tal derecho debe hacerlo conforme las prescripciones legales, esto es, tempestivamente y -además- por escrito fundado" (fs. 466 vta./467).
De este modo, se declaró la inadmisibilidad formal del recurso por invocación del principio de preclusión procesal, entendido no solo como la falta de ejecución de un determinado acto dentro del tiempo en el cual éste debe llevarse a cabo, sino también, como el despliegue de una actividad incompatible con el estado de la causa o ejercida incorrectamente (fs. 465/468).
II. Contra este decisorio la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 60, CCA y 278, CPCC).
En su escrito denuncia la errónea aplicación del art. 56 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo, añadiendo que la interpretación efectuada por la Cámara de Apelaciones resulta absurda e incurre en excesivo rigor formal, vulnerando a fin de cuenta su derecho de defensa. Para llegar a esta conclusión, sostiene que si la fundamentación del recurso es presentada por separado y dentro del plazo de diez días de notificada la sentencia de primera instancia no corresponde declararlo inadmisible puesto que la presentación de dicho complemento no puede razonablemente considerarse extemporánea. En este sentido, dice que la integración de los dos elementos "constituye un requisito de eficacia del acto procedimental pero no de validez del mismo" (fs. 471).
En refuerzo de su postura, se apoya en las sucesivas suspensiones de términos procesales decretadas a lo largo de los meses de abril y mayo de 2011, de modo tal que la fundamentación posterior representaría un "orden de continuidad" de lo actuado previamente -esto es, del escrito titulado "Apela" de fs. 390-, por no haber existido espacios temporales entre medio, como si se hubiese tratado de un "otrosí" del cual mal podría haberse prescindido sin incurrir al mismo tiempo en absurdo.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1.a. Tal como ha quedado expuesto en el relato de los antecedentes, como primer agravio la recurrente denuncia la errónea aplicación del precepto contenido en el art. 56 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo, que establece que "La apelación se interpondrá por escrito fundado, ante el juez cuya sentencia es impugnada".
Esta Suprema Corte ha dicho con reiteración que cuando se omite cumplimentar la carga establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, que consiste no sólo en indicar la violación o errónea aplicación de las normas que se consideran infringidas, sino también en explicar claramente cómo se configuran dichas infracciones, se verifica una insuficiencia recursiva que deja incólume la sentencia controvertida, déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas Ac. 60.348, "Martínez", sent. de 31-III-1998; A. 70.325, "Labarthe", sent. de 26-X-2011; A. 70.134, "Lafforgue", sent. de 11-IV-2011; A. 69.602, "O., G. E.", sent. de 4-XII-2013 y A. 69.072, "Peralta", sent. de 31-VIII-2016).
III.1.b. Bajo esa premisa, se puede advertir que en esta parcela del embate se omite explicar de qué manera el a quo , frente a la incontrovertida existencia de dos piezas separadas -aun cuando vinculadas y presentadas dentro del plazo al que alude el art. 56 inc. 1-, habría inaplicado la norma mentada más arriba. Antes bien, el confronte de su texto con lo actuado por la Cámara permitiría inducir lo opuesto.
Siendo así, esta porción del recurso luce insuficientemente fundada, razón por la cual cabe propiciar su rechazo.
Lo expuesto, no sin señalar que nos encontramos frente a un típico caso de preclusión de la potestad impugnativa por consumación; esto es, que interpuesto el recurso antes del vencimiento del plazo éste precluye no pudiendo luego ampliarse la pieza recursiva.
III.1.c. Por lo demás, no es ocioso añadir que la invocación de decisiones judiciales de otros tribunales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley, por no constituir la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas C. 101.401, "Banco Integrado Departamental Cooperativo Departamental Coop. Ltda.", sent. de 4-V-2011; C. 113.208, "T., M. E.", sent. de 27-VI-2012 y A. 71.982, "Loveli S.A.", sent. de 28-XII-2016; entre otras).
III.2. De otro lado, ingresando ya en el terreno del alegado absurdo, la coactora ofrece una interpretación de la realidad en la que se sucedieron los distintos hitos procesales que entiende favorable para su posición. No obstante, tal apreciación -como de seguido explicaré- es distorsionada.
III.2.a. La recurrente insiste con que la mera apelación que tuvo lugar el 19 de abril de 2011 (v. cargo de fs. 390) y la fundamentación que le siguió el 18 de mayo del mismo año (v. cargo de fs. 410 vta.) trata de un continuum producto de las diversas suspensiones de términos dispuestas entre los meses de abril y mayo de 2011, de modo tal que a propósito de las resoluciones de esta Corte 230/11, 241/11, 257/11, 266/11, 267/11 y 268/11 no habrían existido intersticios temporales entre ambas actuaciones judiciales, debiendo ser consideradas una sola.
En semejante esquema, intenta dejar en evidencia la supuesta arbitrariedad con la que se habría conducido la Alzada, comparando la situación aquí descrita con la hipótesis de la fundamentación del recurso agregada a modo de "otrosí" en la misma hoja. Una inteligencia que conspire contra esta última posibilidad, a criterio de la parte, configuraría absurdo.
Aclarado el planteo, adelanto desde ahora mis reparos a que el caso bajo análisis pueda ser parangonado con tal conjetural situación y, con ello, la suerte adversa que habrá de afrontar la recurrente en lo que a este remedio importa.
III.2.b. Para llegar a ese punto me permito recordar que el concepto de absurdo, tal como ha ido elaborándose por este Tribunal, hace referencia a la existencia en la sentencia o resolución atacada de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado o -como en la especie- de los escritos constitutivos de la litis .
Inversamente, no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, etcétera, alcanzan para configurar tal absurdo, requiriéndose la demostración de un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado. En otras palabras, al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la interpretación de los informes de los expertos, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, etcétera, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; en cambio, le resulta indispensable demostrar que de la forma en que se lo hace en la sentencia no puede ser (doctr. causas C. 97.885, "Cáceres", sent. de 12-VIII-2009; C. 105.234, "Villegas", sent. de 17-II-2010; C. 104.616, "Pronar S.A.M.A.I. y C.", sent. de 27-VI-2012 y A. 71.890, "Lanusse", sent. de 28-XII-2016).
III.2.c. A través de las distintas resoluciones a las que hice referencia más arriba, la Presidencia de esta Corte ordenó la suspensión de términos procesales en todo el ámbito del Poder Judicial -en el año 2011- para los días 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de abril (resol. 230/11); 18, 19 y 20 de abril (resol. 241/11); 25, 26 y 27 de abril (resol. 257/11); 28 y 29 de abril (resol. 266/11); 2, 3 y 4 de mayo (resol. 267/11) y 5 y 6 de mayo (resol. 268/11).
En ese calendario, la actora fue notificada de la sentencia del señor juez de primera instancia que rechazó su demanda el 13 de abril de 2011 (v. cédula a fs. 387), a lo cual -como ya se dijo- presentó un escrito el 19 de abril que se limitó a apelar tal pronunciamiento (fs. 390), para finalmente el 18 de mayo del mismo año proceder a ampliarlo con el complemento de su fundamentación (fs. 397/410).
Es claro entonces que no puede predicarse el absurdo en los términos propuestos en tanto que, evidentemente, en autos no ha mediado la aducida inmediatez entre los últimos dos escritos. En efecto, descontinuada que fuere la serie de suspensiones procesales a nivel provincial con la última prevista para el 6 de mayo de 2011, la actora se tomó ocho días hábiles adicionales -contando el de la presentación- para agregar la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que consideraba equivocadas.
Frente a esa evidencia, si mis colegas han de compartir mis apreciaciones, entiendo que en la especie la recurrente no ha logrado acreditar el absurdo tal como lo ha denunciado.
IV. Por fin, tampoco advierto que la Cámara, al declarar inadmisible el recurso de apelación por aparentes defectos formales, haya violentado la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, como así tampoco, que haya actuado en desmedro de la verdad jurídica objetiva que debe primar en todo proceso.
Lo que antecede, en tanto que la doctrina del exceso ritual manifiesto invocada sin desarrollo alguno por la recurrente -quien focaliza su crítica en denunciar un absurdo que no existe-, da cuenta de la insuficiencia de tal argumento, lo que obsta a que en el presente caso ella pueda ser empleada de tal manera que permita sustituir principios de orden procesal que tienen su razón de ser al fijar pautas de orden y seguridad recíprocas a fin de evitar la anarquía en el desarrollo del juicio (doctr. causas Ac. 44.127, "Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.", sent. de 14-VIII-1990; Ac. 46.285, "Bettros", sent. de 2-VII-1991; Ac. 46.440, "Amigo de Seronero", sent. de 15-IX-1992; Ac. 56.306, "Correa", sent. de 12-IX-1995; Ac. 56.923, "González", sent. de 10-VI-1997; Ac. 88.371, "O., M. E.", sent. de 22-III-2006; C. 93.415, "Rasso", sent. de 13-XII-2006; C. 97.778, "BBVA Banco Francés S.A.", sent. de 25-II-2009 y C. 99.281, "S.A. Organización Coordinadora Argentina", sent. de 28-V-2010). De allí que se tenga dicho que la garantía de defensa, el debido proceso legal y el acceso irrestricto a la justicia no cubren ni amparan la negligencia (doctr. causas Ac. 79.758, "Cira S.R.L.", sent. de 11-VII-2001; Ac. 91.549, "HSBC Bank", sent. de 14-XII-2005; C. 97.778, "BBVA Banco Francés S.A.", sent. de 25-II-2009; C. 106.718, "L., R. A.", sent. de 21-IX-2011; A. 70.832, "Sosa", sent. de 14-VIII-2013 y A. 71.719, "Bugarini", sent. de 5-X-2016).
V. Por las razones dadas, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser desestimado (art. 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En las presentes actuaciones se encuentra cuestionada la aplicación del art. 56 inc. 2 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- alegando la recurrente que la interpretación efectuada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata resulta absurda e incurre en excesivo rigor formal, vulnerando su derecho de defensa. Denuncia que se han desconocido disposiciones constitucionales y soslayado principios procesales al otorgar prevalencia a las formas por sobre el derecho sustancial.
Sostiene que si la fundamentación del recurso de apelación es presentada por separado y dentro del plazo de diez días de notificada la sentencia de primera instancia, no corresponde declararlo inadmisible puesto que la presentación de dicho complemento no puede razonablemente considerarse extemporánea. Agrega que al haber sustentado el recurso dentro del plazo mencionado corresponde darle al mismo un orden de continuidad con el escrito de apelación.
II. Sostuve en reiteradas oportunidades que a la luz de lo dispuesto en el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, corresponde considerar válidamente interpuesto el escrito de ampliación del recurso extraordinario si su presentación ha sido formalizada dentro del plazo previsto por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas Ac. 82.908, "Balda", resol. de 29-IX-2003; L. 89.444, "Camerlingo", sent. de 27-VI-2012 y L. 104.696, "Vilamani Vela", sent. de 20-III-2013; entre muchas otras).
El art. 56 en sus incs. 1 y 2 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- establece: "1. El recurso de apelación contra las sentencias definitivas deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días contados a partir del día siguiente al de su notificación. En los demás supuestos, el plazo para apelar será de cinco (5) días. 2. La apelación se interpondrá por escrito fundado, ante el juez cuya sentencia es impugnada".
De la redacción transcripta no se advierte la exigencia de la consumación del acto en una única presentación, sino que refiere a la formalidad apelación-fundamentación dentro del plazo de 10 (diez) días.
III. La actora fue notificada de la sentencia del señor juez de primera instancia que rechazó su demanda el 13 de abril de 2011 (v. cédula a fs. 387), frente a lo cual presentó un escrito el 19 de abril apelando tal pronunciamiento (fs. 390) y fundando aquel el 18 de mayo del mismo año (fs. 397/410).
Considerando las distintas resoluciones en las que la Presidencia de esta Corte ordenó la suspensión de términos procesales en todo el ámbito del Poder Judicial -año 2011- resulta válidamente interpuesto el recurso a fs. 390; 397/410 (doctr. causas Ac. 82.908 y L. 104.696, cits.).
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tratamiento, revocar la decisión recurrida en cuanto declaró inadmisible el recurso de apelación oportunamente interpuesto, y devolver las actuaciones a la instancia de grado a fin de que, debidamente integrada, se pronuncie respecto a los agravios planteados en dicha impugnación (art. 289, CPCC).
Costas por su orden, atento al modo en que se resuelve (arts. 60 inc. 1, CCA; 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La plataforma a partir de la cual se proyecta el pronunciamiento en crisis luce incontrovertida por las partes. "A fs. 390 la actora apeló la sentencia dictada en autos omitiendo fundar su impugnación. Luego a fs. 397/410 acompañó la fundamentación del mencionado recurso" (v. fs. 466 vta.). Todo ello ocurrió dentro del plazo de 10 días hábiles de notificada la aludida decisión.
I.1.a. En la especie, y atento el modo en que se materializaron los sucesivos actos procesales obrados en el expediente -prolijamente reseñado por el ponente-, la alzada juzgó que la actividad impugnativa desplegada por el actor no se adecuó a lo normado por el art. 56 del Código Contencioso Administrativo. Declaró en consecuencia la inadmisibilidad formal del recurso de apelación llevado a esa instancia (v. fs. 465/468).
El argumento basilar del fallo radica en el alcance que cabe atribuir al menta
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.