Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73808
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.808 "Alanis, Silvia Iris c/ Municipalidad de Coronel Suarez s/ pretensión indemnizatoria".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó la demanda deducida por la señora Silvia Iris Alanis contra los doctores Daniel Vilarino, Daniel Muschong, Facundo Bello, Juan Carlos Notti y la Municipalidad de Coronel Suárez, tendiente a obtener la reparación de los daños y perjuicios a raíz del fallecimiento de su hijo Alberto Fabián Barragán que considera derivados de la deficiente o negligente atención médica recibida en el hospital municipal (v. fs. 770/783 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 791/802), el que fue concedido a fs. 803/804.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 814), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó la demanda promovida por la señora Silvia Iris Alanis contra los doctores Daniel Vilariño, Daniel Muschong, Facundo Bello, Juan Carlos Notti y la Municipalidad de Coronel Suárez, tendiente a obtener una indemnización por los daños y perjuicios a raíz del fallecimiento de su hijo Alberto Fabián Barragán que considera causada por la supuesta mala praxis médica de los citados galenos que lo asistieron, con motivo del accidente sufrido en la vía pública mientras conducía con su motocicleta (v. fs. 770/783 vta.).
Para así decidir, en primer orden precisó que la accionante consideró en su reclamo indemnizatorio que el procedimiento que debió llevarse a cabo por los galenos fueron efectuar una evaluación básica (lavado peritoneal y punción, palpación, auscultación y signos vitales), abrir el abdomen y ligar los vasos sangrantes del hígado.
Luego de ello, tras relatar la sentencia de primera instancia, sostuvo que dicho pronunciamiento efectúo un prolijo análisis de la prueba existente -constancias de la historia clínica y pericial médica- a fin de descartar la culpa de los médicos codemandados.
Expresó que, si bien no desconocía que las irregularidades en la confección de la historia clínica constituían circunstancias que por regla operaban como una presunción en contra de los profesionales intervinientes -con cita de precedentes de esta Corte-, la accionante no logró plasmar en su apelación la gravitación que según la situación y evolución posterior del paciente, pudieron haber tenido las deficiencias denunciadas para influir en el luctuoso final.
Puntualizó que la parte actora no demostró de qué modo la diferencia de -casi- dos horas en la realización de la tomografía axial computada podía incidir en el estado de salud -de por sí crítico- que presentara su hijo desde su ingreso al hospital y que, la demora que imputara en la elaboración de aquel documento es de apenas tres horas después del arribo del paciente al establecimiento sanitario, máxime cuando razones de lógica y sentido común dan cuenta de la importancia de poner el esfuerzo de los recursos humanos y profesionales a disposición para mantenerlo con vida, antes que abocarse a la realización de tareas administrativas, de índole secundarias.
Expresó que las anomalías que pudieron haberse cometido en la elaboración de la historia clínica, aun miradas con el viso negativo que tal falencia conlleva, no tienen en el sub lite repercusión alguna en orden a la dilucidación de la mala praxis imputada, en tanto no conducían -aun por vía de esa presunción en contra- a un resultado distinto respecto del procedimiento médico llevado a cabo por los profesionales intervinientes.
También descartó el argumento de la accionante con relación al proceder desplegado por el Oficial de Justicia en ocasión de secuestrar la citada documental, pues la ampliación de dicho instrumento denunciada en el memorial constituía un agravio meramente conjetural, no avalada por la prueba aportada.
Entendió que el embate que ensayara la parte actora respecto a la valoración del informe pericial reflejaba un análisis parcial y aislado del mismo y soslayó la totalidad del material probatorio existente en la causa -como es la historia clínica y la experticia- que fuera apreciado a la luz de la sana crítica.
Puntualizó que de la citada prueba instrumental se acreditó que el día 7 de diciembre de 2003, en horas de la madrugada, a raíz del accidente sufrido por el señor Alberto Fabián Barragán en la vía pública mientras conducía su motocicleta, fue trasladado al Hospital Municipal de Coronel Suárez, arribando en estado crítico, previo realizársele masaje cardíaco en el trayecto.
Especificó que también se desprendía que en el establecimiento sanitario se constató traumatismo de cráneo con escoriación extensa en zona temporofacial, midriasis paralítica y desviación de la mirada a la derecha y se le colocó vía para hidratación y se le practicaron medidas anti shock .
Expresó que se evaluó la realización de una tomografía axial computada pero, por la gravedad del cuadro, no se lo podría derivar a otro centro asistencial, que sufrió dos paros cardiorespiratorios y se lo trasladó a UCI indicando traumatismo grave de cráneo y abdomen.
Precisó que el perito en su dictamen reseñó que los médicos de guardia recibieron al paciente en estado de shock , con una volemia muy comprometida y tuvieron sospechas fundadas para creer que había una pérdida sanguínea importante no visible externamente por ser un trauma cerrado cráneo encefalítico y toraco abdominal y con un dato discordante que es un abdomen blando y depresible.
Agregó que los profesionales intervinientes se inclinaron por tratar el trauma cráneo encefálico grave y priorizaron la atención en tal sentido, aunque no descartaron la realización de otros estudios, entre ellos, una laparotomía exploradora, dejando en claro que el estado hemodinámico del paciente impedía hacerlo en ese momento.
Puntualizó que el experto coligió que los galenos que asistieron a Barragán no obraron con negligencia porque aplicaron todos los elementos de diagnóstico que tenían a mano inmediatamente y siguieron dentro de lo posible un algoritmo de diagnóstico basado en la evidencia, ni tampoco con imprudencia porque no entraron al paciente en la Tríada Fatal, por un método invasivo frente al cuadro tan grave, terminal, que conduciría a una muerte en quirófano casi segura.
Consideró -tras definir la responsabilidad médica y señalar la forma de apreciar la culpa de los galenos, ello con cita de precedentes de esta Suprema Corte- que las manifestaciones de la accionante en su recurso, no lograron desvirtuar las conclusiones vertidas por el pronunciamiento de primera instancia, con sustento en la historia clínica y dictamen pericial, y que concluyera que la actuación de los galenos había sido acorde con un desempeño diligente y prudente que el caso requería.
Respecto a la responsabilidad del hospital municipal, sostuvo que el fundamento de la pretensión invocada es inadmisible en la medida que la parte actora introdujo en su memorial un nuevo factor de atribución, esto es no haber contado el establecimiento asistencial con elementos y equipos de diagnóstico, toda vez que al exponer los hechos en su escrito inicial imputó al principal el hecho del dependiente, ello a partir de la mala praxis de los profesionales -quienes se desempeñan a las órdenes de la comuna- para trasladarla al empleador, con sustento en los arts. 1.113 primera parte y 1.122 del Código Civil, básicamente el primero de ellos -entonces vigente-.
Señaló que mal puede la accionante pretender en la instancia recursiva alterar la plataforma fáctica, no solo porque ello constituía el fruto de una reflexión tardía, sino que al mismo tiempo evidenciaba un obrar reñido con el deber de lealtad procesal que es dable exigir a los litigantes en el curso del litigio.
II. Contra dicho pronunciamiento la accionante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 512, 902, 909, 1.074, 1.109, 1.112, 1.113 y 1.137 del Código Civil -entonces vigente- y 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y doctrina legal de esta Corte. Asimismo, alega absurdo en la valoración de la prueba realizada en autos (v. fs. 791/802).
En primer término, se agravia en cuanto la Cámara no trató su agravio efectuado al pronunciamiento de primera instancia referido a que incumbía a la parte actora la prueba de la culpa médica y sólo se limitó a señalar la incidencia de la irregularidad de la historia clínica en el luctuoso desenlace.
Con motivo de ello, alega que la sentencia impugnada no aplica la doctrina de este Tribunal concerniente que la historia clínica posee relevancia en las disputas sobre responsabilidad médica y que sus irregularidades en su confección opera como una presunción en contra de los profesionales intervinientes, con cita de las causas Ac. 82.488, "V. W. J. y o." (sent. de 3-VIII-2005); C. 94.117, "M., D. H." (sent. de 5-XII-2007); C. 101.032, "Sandoval", (sent. de 18-II-2009), entre otras y, la relativa a la carga dinámica de la prueba conforme los arts. 512, 901, 902, 1.068 y 1.109 del Código Civil, entonces vigente y doctrina de las causas C. 82.684, "Abdelnur de Molina" (sent. de 31-III-2004) y C. 98.767, "Manzano" (sent. de 21-V-2008).
Expresa que el Tribunal de Alzada se aparta de tales precedentes al desmerecer las graves contradicciones u omisiones que detenta la historia clínica, específicamente en cuanto a la falta de registro de la realización de la tomografía axial computada y del supuesto traslado del paciente a Tomocom S.A. para efectuar tal estudio.
Aduce que la Cámara interviniente incurre en absurdo al pretender imponer al actor que acreditara la causa del daño, cuando por el solo hecho de las irregularidades detectadas correspondía -por la teoría de la carga dinámica de la prueba- a los profesionales y al establecimiento asistencial aportar elementos suficientes para neutralizar la grave presunción en su contra que les pesara.
Señala que aun cuando se confeccione la historia clínica con posterioridad al ingreso al hospital, ella debe contener y reseñar todos y cada una de las conductas médicas y estudios realmente efectuados al paciente, situación que no se da en autos, al existir una falta de concordancia entre los horarios, la supuesta realización de la TAC y el traslado fuera del establecimiento sanitario, circunstancias que no figuran en la historia clínica.
Alega que si la citada documental no es regular mal puede la Cámara decidir sobre la correcta aptitud del procedimiento médico.
Expresa que el Tribunal de Alzada incurre en absurdo al omitir considerar elementos de prueba decisivos para el análisis del caso, que se desprenden de la pericial médica, de la historia clínica, de la tomografía axial computada y de la absolución de posiciones.
Así puntualiza que el perito en su dictamen, señaló que faltaron elementos y equipos de diagnóstico para optimizar la información -respuesta punto 6-, y en otro orden, estableció que el lavado peritoneal es un método de alto valor de diagnóstico y que ha venido a llenar los vacíos que deja el examen físico y la radiografía simple de abdomen y se convierte en un estar de manejo en las salas de urgencia de los hospitales modernos -respuesta punto 1-.
Precisa que en la historia clínica no existe indicio de haberse realizado la punción o lavado peritoneal y la experticia indicó que era la conducta médica más adecuada.
Aduce que el Tribunal de Alzada no tuvo en cuenta que la pericia expresó que al privarlo al paciente de la evaluación ecográfica se expuso a errores lógicos por no tener el auxilio de las herramientas indispensables para una actuación efectiva, teniendo que recurrir a técnicas más primitivas que tienden a una imprecisión mayor y margen de error muy considerable.
Considera que la Cámara actuante soslayo que hubo un error de diagnóstico y negligencia médica y si los profesionales hubieran contado con un tomógrafo o con un ecógrafo, podría haber diagnosticado con certeza el lavado peritoneal, evitando la muerte de Fabián Barragán, sin necesidad de traslado.
Alega que el pronunciamiento atacado deja de lado ciertos datos: ello es que a las 11:05 ingresa el paciente para TAC en Tocomom S.A. y 11.30 fallece en el hospital, por lo que tal cuestión ha sido falseada por los galenos. Asimismo, infiere que cuando los médicos utilizan dicho estudio para diagnosticar, aún no había sido realizado ni ordenado y además estaba contraindicado por los mismos profesionales su traslado.
Añade que en la historia clínica tampoco existía informes de tomografías y sí aparecen cuando la demandada Municipalidad de Coronel Suárez contesta la demanda y con horarios distintos.
Enfatiza que el Tribunal de Alzada, a pesar de ser materia de agravios, no valoró las contradicciones en la absolución de posiciones de los demandados. Así detalla que el doctor Vilarino, en su respuesta a la sexta posición, refiere que el estado de salud de Barragán imposibilitaba su traslado y en la quinta expresa que no existía tomógrafo en el hospital. Indica que en cambio en su contestación de demanda dice que se realizó tomografía de abdomen, 6:15 hs. del 7 de diciembre de 2003, y Tocomom SA informa que ingresó a las 11:05 hs.
Manifiesta que la Cámara actuante, no obstante tales datos, consideró la inexistencia de mala praxis al excluir la realización de la tomografía axial computada, por la posibilidad de no sortear con éxito el traslado.
Asevera que el pronunciamiento impugnado incurre en una contradicción entre lo resuelto y las constancias de la causa, en virtud de que por un lado no se podía realizar el desplazamiento para una TAC porque era riesgoso y por el otro tal hecho se efectivizó y los profesionales Muschong y Villariño diagnosticaron teniendo a la vista el citado estudio.
Señala que el voto del doctor Riccitelli esbozó que si se hubiera efectuado el traslado para efectuar los estudios y la vida del joven se hubiera apagado, el juicio de responsabilidad de los galenos sería posible de ser acogido.
Agrega que el Tribunal de Alzada no apreció la declaración del codemandado Muschong, al responder a las posiciones cuarta, quinta y séptima que señaló que diagnosticó al paciente teniendo a la vista una TAC y según contestación de demanda fue convocado a las 9:30 hs. donde evaluó la imposibilidad de realizar una cirugía, conforme la tomografía que tenía a la vista.
Destaca que existe otra contradicción respecto a que la última evaluación del citado profesional se realiza a las 11:30 hs. cuando el paciente había fallecido según informe del doctor Cortalezzi y respuesta sexta posición del médico Bello.
Finalmente se agravia en cuanto la Cámara consideró que en cuanto a la responsabilidad que se le endilgara al establecimiento hospitalario la recurrente introdujo en el recurso de apelación un nuevo factor de atribución de aquella.
Alega que ello no es así en tanto en el escrito inicial se formuló su pretensión sobre la base de que si se hubiera realizado un diagnóstico correcto -centrando la atención médica a las lesiones en la región abdominal- sea mediante elementos y estudios necesarios, no se hubiera producido la muerte del señor Barragán, invocando a tal fin el art. 1.113 del Código Civil -entonces vigente-.
Sostiene que se debió aplicar en este caso el principio iuria curia novit , que implica que le corresponde al actor exponer los hechos y al juez calificar jurídicamente la pretensión, enmendando el derecho mal invocado, con cita de la doctrina de este Tribunal emergente de la causa C. 118.128, "Rearte", sentencia de 8-IV-2015, entre otras.
Concluye -a contrario de lo expresado en la sentencia impugnada- que en el escrito de demanda al definir la responsabilidad del director del hospital o nosocomio se aludió a un factor de atribución objetivo con base en la obligación de seguridad hacia los pacientes y que tal fundamento no ha sido expuesto únicamente en la oportunidad de interponer la apelación.
III. Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró la ilicitud -endilgada a los demandados- que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (conf. doctr. art. 7 del Código Civil y Comercial, ley 26.944).
Sentado ello, considero que el recurso no prospera.
III.1. En principio, es dable mencionar que esta Corte ha señalado reiteradamente que la responsabilidad profesional es aquélla en la que incurre el facultativo al faltar a los deberes especiales que la actividad le impone y, por lo tanto, para su configuración juegan los elementos comunes a la responsabilidad civil en general. Ello quiere decir que cuando el médico incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia; falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (art. 512, Código Civil, entonces vigente; Ac. 69.059, "G. C. H. y o.", sent. de 29-X-2003; Ac. 87.859, "Caroli", sent. de 20-IV-2005; C. 98.936, "C., O. A." sent. de 10-IX-2008; C. 111.814, "M. J., R", sent. de 27-VI-2012; e.o.).
En ese orden de ideas, determinar la existencia de relación de causalidad entre el obrar y el daño, que en el caso equivale a establecer tal relación causal respecto a la mala praxis médica atribuida a los profesionales demandados y el daño producido al paciente, constituye una cuestión de hecho irrevisable en casación salvo absurdo (cfr. Ac. 92.913, "S., M. A.", sent. de 6-IX-2006; C. 94.325, "Romero", sent. de 13-II-2008), conclusión que resulta extensible -por resultar asimismo una cuestión de hecho- a la valoración de los escritos del proceso y de la prueba documental -historia clínica- acompañada (Ac. 68.516, "Reinoso", sent. de 25-III-1998; e.o.).
El citado vicio, tal como ha ido diseñándose por esta Suprema Corte, hace referencia a la existencia, en el pronunciamiento que se impugna, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida (cfr. causas Ac. 75.789, "Ruiz Díaz", sent. de 23-V-2001; Ac. 78.318, "Fernández", sent. de 19-II-2002, e.o.). No cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, etcétera, alcanzan para configurar tal absurdo (cfr. causas Ac. 71.765, "Saffer", sent. de 23-II-2000, e.o.), siendo menester que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en el proceso de raciocinio, y que se ponga así en evidencia la extravangancia de la conclusión a que se ha arribado (causa L. 70.295, "Patierno", sent. de 12-III-2000). Todo ello, reitero, no sólo debe ser denunciado sino que también requiere eficaz demostración por parte de quien lo invoca (causa L. 67.515, "Lagos", sent. de 4-V-1999).
III.1.a. Ahora bien, respecto a las omisiones y falencias señaladas de la historia clíni
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.