Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74756
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.74.756 “ARRIAGA RICARDO HUGO C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ PRETENSIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHO. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
La Plata, 12 de diciembre de 2018.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno hizo lugar a la pretensión de reconocimiento de derechos deducida por el señor Ricardo Hugo Arriaga contra la Municipalidad de La Plata, con el objeto de obtener la anulación del decreto 338 del 24 de marzo de 2004, dictado por el Intendente municipal, y el reconocimiento de las diferencias salariales que considera generadas por aplicación de los decretos 1630/98 y 1294/96 a su situación de revista interina como Jefe de División del Agrupamiento Jerárquico categoría 8 (Medicina del Trabajo).
Para así decidir, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada recibió con acierto los fundamentos de la apelación del municipio demandado al sostener que a través del decreto 1630/98 se había designado al actor en un cargo interino fuera de su agrupamiento profesional de revista y en cambio comprendido en otro reservado a los cuadros jerárquicos con funciones directivas. Por tal motivo, aclaró que el agente quedaba excluido de lo previsto en el decreto 1294/96 dirigido a los profesionales con desempeño en el agrupamiento de reserva (profesional), pero sin comprender a otros, como el jerárquico en el que fuera promovido el agente.
Luego, con apoyo en los informes periciales, explicó que la distinta plataforma de revista del demandante, después del decreto 1630 citado, quedó constituida por la transferencia de agrupamiento así dispuesta y por lo tanto por una base salarial diversa a las categorías de revista profesionales previstas en el decreto 1294/96, sino con la correspondiente a la función jerárquica asignada, esto era en la categoría 8 Agrupamiento Jerárquico de acuerdo a lo que surgía del art. 10 decreto 224/96.
Remarcó que las citadas circunstancias no habían sido correctamente valoradas por el magistrado de primera instancia.
Destacó que el cargo que ostentaba el actor sólo se ubicaba en el agrupamiento jerárquico y no en el profesional y concluyó que el decreto 1294/96 limitó sus alcances al cargo de reserva del dependiente (categoría 5 Profesional al tiempo del decreto 1630/98), pero sin extenderlo al de Jefe de División del Agrupamiento Jerárquico en el que fuera reubicado.
En tal sentido, frente a la ausencia de actividad probatoria que exigía del actor la demostración de menoscabo salarial proveniente de su nueva situación de revista, siendo quien tenía a su cargo tal demostración el a quo entendió que no existía plataforma que habilitara la invalidez del cuestionado decreto 338/04 y por ende decidió la improcedencia de la demanda anulatoria a su respecto.
Revocó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 402/405).
II. Frente a ello, la parte actora vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrime que el fallo atacado incurre en un evidente error de juzgamiento al efectuar sus conclusiones en forma diversa a lo que surge de la documentación aportada a la causa.
Continúa por agraviarse de la incorrecta interpretación que endilga al órgano a quo respecto a lo establecido en el decreto 1630/98 (v. fs. 410/415).
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, A. 73.960, cit., entre otras).
En tal sentido se evidencia que los argumentos traídos por el accionante no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto a si se encontraba configurada la modificación de su situación de revista, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
El impugnante se agravia de lo resuelto por la Cámara en cuanto disiente de la interpretación otorgada por la Cámara interviniente a lo que surge del decreto 1630/98 arguyendo que no se había producido una transferencia de agrupamiento y por ende debía aplicarse a su situación lo dispuesto en el decreto 1294/96 y no en el 224/96 tal como interpretó el a quo .
El argumento traído no logra rebatir el fundamento central en el cual se apoya el fallo atacado consistente en que en que el cargo del accionante sólo se encontraba previsto en el agrupamiento jerárquico y por ello el decreto 1630/98 sólo podría referirse a las categorías previstas en el decreto 224/96.
Por ello es claro que el remedio en tratamiento no implica más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por el a quo , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos.
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, en el caso en relación a la modalidad de la prestación de tareas médicas por parte del dependiente, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
IV. 3. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 681
Fin de la sentencia