Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74554
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.554, "Acosta, Olga Alicia c/ IPS s/ Pretensión de Reconocimiento o Restablecimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres, Soria, Violini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación deducido por la actora y confirmó la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravio. Impuso las costas en el orden causado -conforme arts. 12 inc. 2, 51 inc. 2, 55, 56, 58, 77 y concordantes de la ley 12.008, según leyes 13.101 y 14.437- (v. fs. 222/230).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 234/242), el que fue concedido a fs. 244/245.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 252) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora Olga Alicia Acosta promovió demanda contra el Instituto de Previsión Social (IPS), con el objeto de obtener el reajuste de su haber previsional con base en el reconocimiento y pago de la totalidad de los conceptos que integran la remuneración del cargo con arreglo al cual se le concedió el beneficio de pensión por fallecimiento de su esposo, en virtud del principio de movilidad previsional consagrado en el art. 50 del decreto ley 9.650/80; todo con arreglo al art. 40 y concordantes del mismo cuerpo legal y, en particular, al art. 5 de la resolución de la propia demandada que le otorgó el beneficio (v. fs. 57/61 vta.).
Indicó como evidente la desproporción entre el salario del cargo con el cual obtuvo el beneficio y el que le abona el IPS, aduciendo que en el mejor de los casos llega al 28% del haber del cargo de referencia y no al 53% que se dispuso en la resolución emanada del propio organismo.
Posteriormente, recibidas las actuaciones administrativas la actora amplió los términos de su demanda -ver fs. 95/98 vta.- poniendo de relieve el dictado de la resolución 712.615/11, mediante la cual se reconocieron como integrantes del haber de los empleados del Astillero Río Santiago, ciertos conceptos tales como "asignación permanente", "asignación remunerativa", "suma fija remunerativa bonificable" y "bonificación efectiva trabajada", entre otras.
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata delimitó la controversia entendiendo que quedaba circunscripta a las bonificaciones no reconocidas por el organismo previsional en las resoluciones 690.240/10 y 712.615/11, esto es únicamente a la bonificación remunerativa bonificable y la bonificación remunerativa no bonificable.
En consecuencia, reconoció el derecho al reajuste sobre la base de la consideración de estos dos suplementos y ordenó el pago de la liquidación que resulte de dicho reconocimiento, junto a los intereses a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días en los diferentes momentos (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561 y 622, Cód. Civ. y Com.).
Las costas fueron aplicadas a la demandada vencida de acuerdo a lo dispuesto en el art. 51 del Código Contencioso Administrativo, ley 12.008, según ley 14.437.
III. Apelado el fallo por la actora, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso y confirmó el pronunciamiento impugnado. Impuso las costas en el orden causado (v. fs. 222/230 vta.).
En primer lugar, el Tribunal de Alzada señaló la imprecisión del objeto de la demanda, en tanto considera que la actora reclamó el reconocimiento y pago de ciertos conceptos sin especificar los emolumentos que el IPS no liquida mensualmente en sus haberes previsionales.
Sentado ello, estimó acertada la resolución de la jueza de limitar la decisión a la procedencia de la bonificación remunerativa bonificable y de la bonificación remunerativa no bonificable, toda vez que, en su criterio, la resolución 712.615/11 incorporó al haber el resto de los suplementos pretendidos.
Consideró que, frente a la situación reseñada, resultaba inoficioso expedirse sobre los demás agravios, máxime teniendo en cuenta que la demandada no había impugnado la decisión.
Aclaró que teniendo en cuenta que la apelación se limitó a denunciar genéricamente un error en la liquidación de los haberes sin ofrecer en la instancia ordinaria la producción de una prueba pericial contable tendiente a acreditar el monto que le correspondería percibir, o cuales serían los errores cometidos en la liquidación del IPS, no cabía otra solución que su rechazo.
Asimismo, aclaró que ello no implicaba abrir juicio sobre el acierto o error de la liquidación efectuada por el IPS, cuestión que, en las condiciones mencionadas, no podía ser revisada.
IV. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrinal legal, obrante a fs. 234/242, la actora denuncia que la sentencia que impugna incurre en absurdo en la valoración de la prueba vulnerando los arts. 15 de la Constitución provincial y 16 y 18 de la Constitución nacional; aplica erróneamente la doctrina legal de esta Corte establecida en la causa B. 59.349, "Domínguez Arregui", sentencia de 19-II-2002; entre otras; e infringe lo dispuesto en los arts. 7 y 555 del Código Civil y Comercial, en cuanto a la tasa de interés fijada y se aparta de los términos del art. 51 del Código Contencioso Administrativo al imponer las costas.
En efecto, con relación al absurdo en la valoración de las pruebas obrantes en la causa, sostiene que el pronunciamiento impugnado considera en forma errónea que el reconocimiento del derecho al reajuste de la pensión abasteció su pretensión, omitiendo ponderar que la demandada nunca realizó el ajuste indicado.
Alega que del simple cotejo de las constancias adunadas a la causa se desprende que los judicantes no han realizado una acertada lectura de la documental agregada. De esta, según entiende, surge claro que no percibe el porcentaje establecido en el acto que le acordara el beneficio.
Expresa que lo resuelto por el Tribunal la coloca en estado de indefensión, le niega la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 15 de la Constitución provincial y las garantías previstas en los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional.
Insiste en que lo alegado en orden a la falta de consideración de la prueba documental no pudo ser valorado como una mera discrepancia, sino que da cuenta cabal del error burdo y evidente que, a su juicio, constituye el vicio de absurdo.
En segundo lugar, sostiene que el pronunciamiento de la Cámara vulnera la doctrinal legal establecida en las causas "Domínguez Arregui", "Albina", "González", "Zonaro" y "Mostajo" que, según entiende, es aplicable al caso en virtud de que se establecen las características que, de conformidad al art. 40 del decreto ley 9.650/80 deben tener los conceptos que componen la remuneración, criterio bajo el cual, la decisión debió ordenar que todos los reclamados en la demanda sean incluidos en la liquidación.
Por otra parte, se agravia de los intereses fijados, alegando que debió ordenarse, por analogía, que se calculen conforme la tasa contemplada en los arts. 7 y 555 del Código Civil y Comercial.
Finalmente, cuestiona que la Cámara haya impuesto las costas en el orden causado, infringiendo el art. 51 del Código Contencioso Administrativo conforme leyes 13.101 y 14.437 en tanto que ante el supuesto de que el planteo se declare abstracto por el dictado posterior del reconocimiento administrativo, debe considerarse que la actora de todos modos resultó vencedora, pues le asistía el derecho al inicio de la acción, por lo que entiende deben imponerse a la demandada vencida.
V. El recurso debe prosperar.
V.1. De los antecedentes reseñados se advierte que asiste razón a la recurrente en cuanto denuncia absurdo en la valoración de la prueba y, en consecuencia, la vulneración de la tutela judicial efectiva (art. 15 de la Const. prov.), el derecho de defensa (art. 18 de la Const. nac.) y el debido proceso (art. 16 de la Const. nac.), pues la conclusión plasmada en la sentencia no constituye una derivación razonada de las constancias de la causa.
La recurrente denuncia que al omitir la Cámara ponderar las constancias documentales agregadas en el expediente, ésta ha incurrido en el vicio de absurdo pues de una simple lectura surge patente que el monto liquidado y abonado por el IPS no tiene relación con el 53% oportunamente otorgado por el organismo demandado.
V.2. Si bien esta Corte tiene dicho que la fijación de los hechos litigiosos y la valoración de las pruebas rendidas, constituye una labor privativa de los jueces de la causa; y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, dicha regla cede ante supuestos en que se advierta la vulneración de las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas, extremo que considero logra ser acreditado en el caso ante la denuncia efectuada por la recurrente en esta instancia extraordinaria.
Del cotejo de la prueba documental agregada (v. fs. 5/7 y 132/145 donde se encuentran las certificaciones de sueldo emanadas del Astillero y recibos de haberes del IPS) y de las constancias obrantes en el expediente administrativo 021557-041221-06-00, se evidencia claramente que el haber pensionario que percibe la actora no representa de ningún modo el 53% del haber del activo, ello aun considerando las bonificaciones reconocidas por la jueza de primera instancia y que fueran consentidas por la demandada.
Se advierte, entonces, patente, la desproporción que existe entre el salario percibido en actividad y el haber pensionario que recibe la actora, lo cual constituyó siempre, y desde el inicio, el objeto de su pretensión.
Sentado ello, considero que hubo por parte de la Cámara una desvinculación de la materia de debate y prueba, al limitarse a expresar, de manera abstracta, que los conceptos reclamados se encontraban incorporados al haber previsional y que la actora no demostró cuales serían los errores incurridos en la liquidación efectuada por el IPS; cuando del cotejo de las constancias documentales aportadas por la demandante surge el desfase en los montos abonados por el organismo previsional y el haber sujeto a aportes certificado por el Astillero Río Santiago.
Fácil es entonces concluir que el fallo impugnado presenta errores graves y fundamentales que caracterizan al vicio de absurdo y que permiten revocar la sentencia apelada.
V.3. Ahora bien, en relación al planteo vinculado con la tasa de interés, juzgo corresponde en el caso, calcular los intereses exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (conf. doctrina de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016). Ello da, a mi criterio, suficiente respuesta al cuestionamiento relacionado con dicho tópico.
VI. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia del Tribunal de Alzada y reconocerle a la actora el derecho al reajuste de su haber, considerando la totalidad de las bonificaciones y/o suplementos sujetos a aportes previsionales, de modo tal que la suma represente el 53% del haber activo, todo ello desde el fallecimiento del causante hasta el efectivo pago. A ello deberá adicionarse la tasa de interés más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (conf. doctrina causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Las costas de esta instancia y del Tribunal de Alzada se imponen a la demandada vencida (arts. 51, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; arg. arts. 274, 68 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Entiendo que la pretensión actora ha sido deducida con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de la totalidad de los conceptos que debieron integrar el haber pensionario. Ello derivado del fallecimiento del señor Talone, que se desempeñaba -a esa época- como operario (técnico clase B) del Astillero Río Santiago.
Asimismo, la pensionada denuncia que la liquidación de referencia arriba al 28% del monto que le hubiese correspondido al afiliado y no del 53% como correspondería.
II. Antes de todo análisis he de destacar que la actora accede al beneficio de modo directo. Ello implica que no ha sido determinado el monto jubilatorio del señor Talone previamente, para luego calcular -sobre esa base- el de pensión. Tal suceso ha conducido a discutir en esta instancia los rubros remuneratorios percibidos por el otrora trabajador y que deben integrar el haber de pensión.
III. De las actuaciones administrativas surge que al realizar la estimación al 13 de marzo de 2006 (v. fs. 31) el IPS seleccionó ciertas bonificaciones y desplazó de su consideración algunas otras. Por ello arribó a una suma a partir de la cual estimó el 53% (v. fs. 32).
Seguidamente la demandante se desconformó con ello y solicitó la inclusión de los rubros omitidos.
El empleador elaboró (v. fs. 79) la certificación de sueldo del causante. Si bien indicó que la fecha de baja había ocurrido el 13 de marzo de 2006, liquidó el salario de la categoría en la que revistaba el señor Talone al 1 de marzo de 2008. Asimismo (v. fs. 79) señaló que a partir de esa fecha los suplementos salariales habían cambiado de denominación.
El IPS con tal información realizó un nuevo cálculo del haber -al 28 de febrero de 2008- que arrojó una suma mayor a su anterior (v. fs. 89). Así calculó, además, la diferencias -por aumento de salario- a favor de la señora Acosta desde marzo de 2006 (v. fs. 90).
Con la incorporación de un nuevo certificado de haberes estimado al 1 de marzo de 2010 (v. fs. 103), se calculó una nueva diferencia (v. fs. 108 y 109).
Sin embargo, la señora Acosta insistió en su pretensión, razón por la que el ente previsional requirió informes (v. fs. 138). Asimismo, el 12 de octubre de 2011, el Directorio de la demandada reconoció como integrantes del haber los adicionales salariales que integraban la remuneración del causante y que serían computados a los fines de la determinación del haber (v. fs. 143).
IV. La magistrada de primera instancia, con esos detalles, limitó la controversia a la incorporación de los suplementos denominados "bonificación remunerativa bonificable" y "bonificación remunerativa no bonificable" (fs. 194 vta. y 195) y ordenó que sean tenidas en cuenta para el cálculo del haber.
Tal decisión no fue controvertida por la accionada.
V. La señora Acosta apeló el decisorio señalando que al determinarse la viabilidad de los suplementos mencionados se omitió la consideración de los demás que percibió el causante y que el IPS no los abonaba. Añadió que sus haberes, de tal manera, eran inferiores al 53% que le correspondía.
VI. La Cámara actuante, por mayoría, rechazó el recurso de apelación.
Así, el voto de la minoría concluyó en la existencia de un error de cálculo que arrojaría un haber pensionario menor al 53%. De tal modo criticó la decisión de la instancia anterior debido a que no realizó un análisis integral de la cuestión, teniendo en cuenta la totalidad de los adicionales, permitiendo concluir si el haber era correctamente estimado en el porcentaje señalado.
La opinión mayoritaria determinó que los rubros reclamados ya habían sido reconocidos por el IPS, con lo que un pronunciamiento al respecto resultaba inoficioso.
Por lo tanto, estimó que la protesta se vinculaba al efectivo cumplimiento o no del ente previsional, y que en el escrito recursivo no se demostraba el perjuicio de tal determinación. A ello añadió que no se demostraba -de manera fehaciente- que existiese una liquidación que, practicada bajo esas pautas, arrojara un porcentaje inferior al 53% reclamado. Con dichos fundamentos rechazó el recurso.
VII. En su recurso de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia error de juzgamiento en tanto la autoridad previsional no habría ajustado en ninguna oportunidad sus haberes conforme todos los rubros reconocidos a partir de 2011, y menos aún a los reconocidos en la instancia judicial, y de allí su desproporción.
VIII. A partir de la reseña efectuada, entiendo que el recurso de la actora no puede prosperar.
Me explico.
No encuentro una denegatoria del ente previsional a la consideración en el haber de pensión de los suplementos salariales que percibiera el causante.
Al extremo que no ha controvertido la decisión de primera instancia.
Por otro lado, no hay evidencias sensatas en cuanto a que la liquidación a practicarse -conforme se reconoce- pudiera arrojar un porcentaje inferior al reclamado.
Se trata entonces, en mi pensamiento, de un agravio de la eventual estimación que pudiera efectuar el IPS.
Los valores alegados como base del argumento actoral, han sido determinados con anterioridad a las resoluciones del año 2011.
Desde este mirador, el conflicto solo se vincula a una temática de ejecución de sentencia.
Es por tal motivo que entiendo, que el recurso resulta de insuficiente fundamentación en cuanto no ha logrado desvirtuar el pensamiento decisorio dado por el voto mayoritario de la Cámara actuante.
IX. Por lo brevemente expuesto, el recurso de inaplicabilidad de ley no puede prosperar.
Voto por la negativa .
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. A fin de comprender la cuestión, es dable recordar que -como se relata en el voto inaugural- el a quo indicó, a efectos de rechazar la apelación de la actora, que en virtud del acogimiento de la demanda en primera instancia -así como por derivación de la resolución 712.615/11 del Instituto de Previsión Social, que oportunamente fuera admitida como nueva documentación (v. fs. 130 y sigs.)- han sido reconocidos como parte integrante del haber pensionario de la actora diversos conceptos abonados a los agentes en actividad, por lo cual la quejosa no había demostrado, en concreto, cuál era el perjuicio que le causaba el decisorio apelado.
En el recurso extraordinario de fs. 234/242 la accionante esencialmente señala que dicha conclusión es absurda, alegando que la Cámara omitió considerar que de la documental agregada con la demanda, así como la incorporada a fs. 131/145 surgiría patente que su pretensión no se encuentra completamente satisfecha.
Sin embargo, en ese tránsito ha omitido precisar la verdadera dimensión de su pedido: i) ya sea cuantificando la diferencia entre la suma que considera debiera percibir en comparación a la que resultará del cumplimiento de la sentencia; ii) ya sea indicando cuáles rubros restarían ser incorporados a su haber o, en su caso, cuáles de los efectivamente considerados por el Instituto de Previsión Social se estarían liquidando defectuosamente.
Obsérvese que la impugnante se contenta con apuntar en forma muy genérica que aspira a que se ordene "el pago de todas aquellas bonificaciones reclamadas, en tanto reúnen los requisitos de habitualidad, regularidad y permanencia" (v., por ej., fs. 240 vta.).
Tal defecto sella adversament
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.