Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78311
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.311, "Lusardi, Santiago Andrés contra Caja de jubilaciones subsidios y pensiones del personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos. RIL", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que desestimó la pretensión deducida por el señor Santiago Andrés Lusardi (v. sent. de 15-VI-2021).
Disconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 1-VII-2021, 19:04:03), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 18-VIII-2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 28-II-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso deducido por la parte actora y, consecuentemente, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimó la pretensión incoada por el señor Santiago Andrés Lusardi, por la cual persiguiera que se declare que su beneficio jubilatorio concedido en los términos de la ley 11.761 se viera beneficiado por las previsiones más favorables de la ley 13.364 -texto según ley 13.873- y se le paguen las diferencias correspondientes, con más los aumentos paritarios reconocidos a los empleados activos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como así también, la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 39 y 41 de la ley 15.008 a su situación de pasividad (v. sent. de 15-VI-2021).
I.1. Para así resolver, se basó en el criterio que había seguido en precedentes análogos que cita.
A partir de ellos, consideró que correspondía confirmar la sentencia de primera instancia en tanto había observado el principio general que informa la materia previsional en casos como el presente. Este es, que el marco jurídico aplicable resulta ser aquel vigente a la fecha en que se produce el cese con fines jubilatorios, atendiendo al carácter contributivo del sistema en función del cual deben interpretarse los alcances de las prestaciones reconocidas, sin que puedan sufrir variación en lo sucesivo.
Expresó que el demandante había obtenido su jubilación bajo el régimen de la ley 11.761, aplicable para determinar la base de cálculo del haber y su porcentaje respectivo, mas no la movilidad, la cual quedaba abierta a modificaciones futuras.
En esa inteligencia, dijo que la diferencia de criterio legislativo para la determinación del haber sustitutivo y sus incidencias según las distintas normas sancionadas en el tiempo no suponía un impermisible trato inequitativo, en tanto los parámetros para la estimación de aquel se hallaban atados a los componentes remunerativos y la correspondiente carga de aportar.
I.2. Adicionalmente, rechazó la inconstitucionalidad planteada por el actor en el escrito de ampliación de demanda respecto de los arts. 39 y 41 de la ley 15.008, con motivo de no haber realizado una crítica concreta y razonada al fallo de primera instancia.
Lo anterior, al tildar de generalizada la impugnación formulada por el demandante respecto del régimen previsional instaurado por la ley 15.008, sin abordar lo dicho por la magistrada de grado respecto a que al haberse realizado el planteo constitucional en confronte con la ley 13.364 y no con la ley 11.761 -que es la que la sentencia decide aplicar- no correspondía expedirse sobre ese punto, en virtud de que al desestimarse la demanda en ese aspecto lo argumentado había quedado vacío de contenido. A lo que añadió que una declaración como la pretendida era siempre de ultima ratio e incluso podía violentar el debido proceso para el propio interesado.
II. Contra el pronunciamiento, el demandante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 19-VI-2018, 4:21:50 p.m.).
Denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 28 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 y 40 de su par provincial; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Especialmente, en cuanto consagran los principios de progresividad, prohibición de retroceso y justicia social en materia laboral y/o previsional. Alega absurdo.
II.1. Puntualmente, se agravia porque la Cámara hace aplicable a su beneficio jubilatorio la ley 11.761 y -al rechazar la impugnación- la ley 15.008 también, que en comparación con los términos de la ley 13.364 inciden de modo negativo tanto en la estimación de la prestación inicial como en la fórmula para la movilidad.
Aduce que la primera ley vulnera los principios de progresividad, igualdad y no discriminación al compararla con el sistema implementado por aquella que la vino a reemplazar. En cuanto a la segunda, dice que destruye el "derecho a la movilidad" que se hallaba garantizado por las fórmulas de las leyes anteriores, pues ellas calcaban la variación salarial de los trabajadores activos del Banco Provincia.
II.2. En lo tocante al mantenimiento en el tiempo de la ley 11.761 para el cálculo de su haber de base, dice que la Cámara rechazó su pretensión mediante un argumento dogmático y estricto, fundado en una aparente regla general según la cual el derecho a la jubilación se rige por la ley vigente a la fecha de la cesación de servicios.
En su lugar, entiende que su caso debe resolverse siguiendo la doctrina emergente de las causas "Gaspes" y "Martin" falladas por esta Corte, en las cuales se declaró la inconstitucionalidad de la ley 11.761 y se reivindicó el principio de la razonable proporcionalidad que debe mantenerse entre la jubilación y el salario en actividad atendiendo a su carácter sustitutivo.
Subraya que tales postulados han sido elaborados por el Máximo Tribunal nacional en los casos "Bercaitz" (Fallos: 289:430), "Sánchez" (Fallos: 328:1602) y "Badaro", y receptados por este Tribunal Superior provincial en el voto mayoritario de la causa "Macchi", al examinar el art. 41 de la ley 15.008, en el marco de la medida cautelar peticionada con el objeto de obtener la suspensión de ese precepto legal.
Insiste con que la continuada aplicación de la ley 11.761 a su situación de pasividad, con exclusión de la ley 13.364, es inconstitucional. Ello, al haberse desvinculado el monto del haber de sustitución de los últimos salarios normales y habituales previos a la jubilación. Recalca que la prolongada ignorancia del método de estimación que trajo esa ley posterior -más beneficioso- viola los principios de progresividad y prohibición de regresividad receptados por los arts. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de su par provincial, además de lo sostenido en el caso "Aquino" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asegura que esto causa una discriminación entre iguales, beneficiarios de la misma Caja, quienes a pesar de haber ejercido el mismo cargo y función cobran hoy diferentes jubilaciones.
Hace notar que la ley 13.364 admitió en su explicación de motivos que los derechos de los jubilados y pensionados se vieron alterados en forma sustancial por el dictado de la ley 11.761 y, no obstante, la Caja mantiene la aplicación de esta última normativa.
Por ende, en esta parcela reclama que se liquide su haber en forma equivalente al 82% de la remuneración mensual asignada al cargo del que era titular a la fecha de cesación en el servicio, o en el cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado (conf. art. 54, ley 13.364 -texto según ley 13.873-).
II.3. En lo que atañe más precisamente a la movilidad, acusa que la Cámara incurrió en absurdo al fundar el rechazo de la inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008 en la falta de cuestionamiento idóneo al fundamento de "impedir correr el riesgo de violentar el debido proceso", brindado por la jueza de primera instancia para rechazar tal planteo. Entiende que, con este argumento, por el contrario, se vulnera ese derecho suyo.
Al respecto, sostiene que se ignoró el principio pro homine , la aplicación de la norma más favorable en materia previsional y lo dicho por la Corte federal en la causa "Arcuri Rojas", sentencia de 3-XI-2009, en torno a los cambios legislativos con incidencia sobre los derechos sociales.
Recuerda que cesó en sus servicios el 30 de setiembre de 2007, adquiriendo el beneficio conforme lo previsto en la ley 11.761 y que, a partir del 24 de octubre de 2008, rigió la ley 13.364, derogada y reemplazada luego por la ley 15.008. Reitera que esta última modificó de manera perjudicial el sistema de cálculo para la movilidad de la que venía gozando, al remitir a un mecanismo extraño al sistema (i.e., en un primer momento la fórmula IPC-RIPTE, a la postre reemplazada por otra), vulnerando así los principios de progresividad y prohibición de retroceso.
II.4. Superado lo anterior, avanza ya directamente con el planteo de inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008 referente a la movilidad, cuya aplicación -entiende- la Cámara tácitamente convalidó. A todo evento, impugna también el art. 39 de la misma ley, que regula el cálculo del haber de sustitución.
Asevera que el cotejo formulado con la ley 13.364, vigente al momento de interponer la demanda, no impide abordar el pedido de inconstitucionalidad de los arts. 39 y 41 de la ley 15.008, en tanto que produce un grave menoscabo en su prestación al alterar la movilidad que se calculara conforme el art. 57 de la ley 13.364.
Dice que hizo una crítica efectiva al régimen previsional instaurado por la ley 15.008 y, en concreto, de los arts. 39 y 41, preceptos que vulnerarían derechos y garantías constitucionales; entre ellos: la inviolabilidad del derecho de propiedad, la movilidad de las jubilaciones, la igualdad y no discriminación, la razonabilidad, la obligación de los poderes públicos de promover medidas de acción positiva que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, de los ancianos y de las personas con discapacidad y la prohibición de regresividad en el campo de los derechos sociales (conf. arts. 14 bis, 16, 17, 28, 43, 75 incs. 22 y 23, Const. nac. y 11, 31, 36 inc. 6, 39 inc. 3 y 40, Const. prov.).
Asegura que en la causa I. 75.132, caratulada "Asociación Bancaria c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad de la ley 15.008", en trámite por ante esta Suprema Corte, la demandada admitió los vicios que aquí se traen al frente, impulsándose la derogación de dicha ley a los fines de restablecer los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados del Banco conculcados por la ley 15.008. En particular, el sistema de movilidad histórico y la tasa de sustitución del 82% prevista en la ley 13.364.
Aprovecha además a reseñar el voto mayoritario en la causa I. 75.111, "Macchi", resolución de 17-IV-2019, donde a la hora de conceder la medida cautelar en el marco de una acción de inconstitucionalidad promovida contra la ley 15.008, se señaló que el art. 41 de dicha norma - prima facie analizado- contenía indicadores ajenos al cargo regulatorio del haber, provocando la pérdida del carácter sustitutivo de la prestación.
Finalmente, aduce que desde el mes de enero de 2018 el impacto de ese precepto en su jubilación representa una quita superior al 33%, y, por ende, concluye que no existe ningún obstáculo para abordar la institucionalidad manifiesta del art. 41 de la ley 15.008.
III. El recurso prospera, parcialmente.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el Tribunal de Alzada abordó la cuestión atingente al régimen legal aplicable al actor, atendiendo a la fecha en que este se acogió al beneficio previsional. Desde ese mirador, determinó que la ley 11.761 era aplicable a un "bloque" integrado por la base de cálculo del haber inicial, como así también, por el porcentual correspondiente. Aclaró que ello era sin perjuicio de la fórmula para la movilidad, que no quedaba consolidada sino sujeta a fluctuaciones por leyes futuras.
Debo decir que en este tramo el actor no logra desbaratar el razonamiento de la Cámara, en cuanto a que la ley aplicable a su situación es aquella que regía al momento de retirarse, ni tampoco, como era su carga, acredita violación a las normas en cuestión. Dicho déficit exhibe la pieza recursiva en la cual se denuncia violación de diversos preceptos jurídicos, pero limitándose a reiterar consideraciones anteriormente formuladas acerca de sus alcances, sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por el a quo con sustento inclusive en el art. 25 de la ley 13.364, sumado a otras ponderaciones en torno al carácter contributivo del sistema.
Como se sabe, es requisito de ineludible cumplimiento en la vía extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria deja incólume la decisión que se controvierte, al margen de su acierto o error (doctr. causas Ac. 81.965, "Farías", sent. de 19-III-2003; Ac. 90.421, "CICOP", sent. de 27-VI-2007; e.o.). Aquí el impugnante argumenta en paralelo e insiste en propugnar su propio criterio interpretativo basado fundamentalmente en los principios de progresividad, prohibición de regresividad y justicia social, no constituyendo tal proceder un embate idóneo a los fines recursivos (doctr. causas A. 69.344, "Brisa Serrana", sent. de 4-VI-2008; A. 70.950, "Puntieri", sent. de 6-IV-2016; A. 74.262, "Capomaggi", sent. de 13-III-2019; e.o.).
Por otra parte, el argumento basado en el quebrantamiento de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas de rango legal, no acreditada en el caso (doctr. causas A 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 72.788, "Plata", sent. de 18-X-2017; A. 73.515, "Katz", sent. de 13-IX-2017; A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019; e.o.).
III.2. Los restantes agravios esgrimidos resultan sustancialmente análogos a los resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta" (sent. de 16-VIII-2017); A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde" (sents. de 11-IV-2018) y los precedentes en ellas citados. En particular, se observa que los argumentos desplegados en el punto IV.8. de la pieza recursiva, vinculados con la violación del principio de igualdad y no discriminación, han sido expresamente abordados en la citada causa "Actis Goretta".
Siendo ello así, el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte, con su sola invocación, a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando se plantean agravios ya desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
Por ende, este segmento de la impugnación también debe desestimarse (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
III.3. Similar suerte adversa corre el reproche formulado en torno al tratamiento dispensado al planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 15.008.
Tal como reseñé, la Cámara al inicio de su fallo concluyó que el régimen aplicable para la determinación del haber inicial del señor Santiago Andrés Lusardi era la ley 11.761, por ser ella la vigente a la fecha del cese de servicios. Siendo así, no es abiertamente criticable que se haya evadido el examen de constitucionalidad de una norma que, en virtud del propio contenido del decisorio, jamás podía tener gravitación en la situación de pasividad del actor, por ser uno de los elementos que se reputaron consolidados y no abiertos a modificaciones futuras.
Es decir que, en este aspecto y siguiendo el razonamiento del pronunciamiento atacado, el art. 39 de la ley 15.008 no ha de proyectar efectos sobre el actor dada la injerencia permanente del art. 54 de la ley 11.761. Mal o bien, siendo que por lo indicado supra III.1. y III.2. esa parte del decisorio ha de quedar firme, la falta de agravio concreto es evidente y el rechazo del planteo se impone (conf. doctr. causa A. 77.261, "Frade", sent. de 20-IX-2022).
IV. Sin embargo, en lo tocante al tratamiento dispensado por la Cámara al planteo de inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008, cabe concluir que este no fue adecuado a las circunstancias del caso.
IV.1. El reclamante al ampliar la demanda (v. fs. 47/53 vta.) denunció la sanción de la ley 15.008, vigente desde el 17 de enero de 2018.
Al peticionar por la inconstitucionalidad del señalado artículo, advirtió que este desvinculó completamente el régimen de movilidad de factores propios del sistema (i.e., el aumento de los salarios del personal activo) y remitió a elementos extraños contenidos en las fórmulas y montos previstos en las leyes nacionales 26.417 y 27.426.
Expresó que ese mecanismo vulnera derechos y garantías constitucionales (conf. arts. 14 bis, 16, 17, 28, 43, 75 incs. 22 y 23, Const. nac. y 11, 31, 36 inc. 6, 39 inc. 3 y 40, Const. prov.), como así también, doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se invocan.
Luego, en el recurso de apelación, se agravió del rechazo de su planteo de inconstitucionalidad, por cuanto la magistrada de primera instancia entendió que "el mismo fue realizado en confronte con la ley 13.364, cuya aplicación pretendía, y no con la que aquí se decide aplicar".
Frente a ello, el apelante reconoce que en su hora reclamó por el sistema de cálculo para su haber inicial y movilidad plasmado en los arts. 54 y 57 de la ley 13.364, mas nada de eso impedía ahora el abordaje acerca de la incidencia de los arts. 39 y 41 de la ley 15.008, máxime cuando este último altera el mecanismo de movilidad vigente.
IV.2. Por asistirle la razón al impugnante, considero que la sentencia de la Cámara, al resolver como lo hizo -fundando el rechazo al planteo de inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008 en una insuficiencia recursiva que no es tal-, fue desacertada.
En atención a la reseña realizada, el tópico fue adecuadamente traído a conocimiento judicial desde que el recurrente amplió su demanda. El mismo gozaba de entidad suficiente y remitía a un abanico de agravios que, por su naturaleza, no estaba necesariamente ligado a un confronte con las expresas previsiones de la ley 13.364. Ello, por cuanto el art. 41 de la ley 15.008 dispuso que el régimen de movilidad allí establecido se aplicaría a los actuales beneficiarios a partir de la vigencia de dicha ley (conf. art. 59).
IV.3. Este Tribunal ha tenido ocasión de advertir que los pronunciamientos que soslayan el tratamiento de puntos seriamente planteados por las partes en sus postulaciones y se sustentan únicamente en afirmaciones dogmáticas para rechazarlos, incurren en el vicio de absurdo (conf. doctr. causas A. 74.764, "Valot S.A.", sent. de 12-XII-2020; A. 76.396, "Asociación Vecinal Puertos del Lago S.A", sent. de 1-IX-2022; A. 78.084, "Robotti", sent. de 4-VIII-2023; e.o.). A la par que la Corte federal ha reconocido que tales decisiones, que exhiben fundamentos solo aparentes, constituyen sentencias arbitrarias expuestas a descalificación como actos jurisdiccionales válidos (CSJN Fallos: 339:372; 340:1136; 341:150; e.o.).
En atención a l
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