Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 80029
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 y 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 80.029, "Alarcón, José Alberto c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos - RIL", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso deducido por la demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la demanda.
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 22-IV-2025, 11:52:29 hs.), que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 8-V-2025).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 12-VIII-2025) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor José Alberto Alarcón, anulando la resolución 11.321 n° 292 de fecha 26 de octubre de 2010, dictada por el Instituto de Previsión Social, y ordenó al citado organismo otorgar el beneficio previsional denominado "Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del Conflicto Bélico Islas Malvinas", en los términos de la ley 12.006.
Para así decidir, primero declaró inconstitucional el inc. "b" del art. 2 de la ley 12.006 (texto según ley 13.324), toda vez que imponía el requisito de tener domicilio en la Provincia de Buenos Aires al momento de la sanción de la norma citada configurando una violación del principio constitucional de igualdad (art. 16, Const. nac.). Luego, se ciñó a analizar exclusivamente el cumplimiento del requisito del art. 2 inc. "a" de acuerdo a lo establecido en el art. 1 de la ley 10.428, es decir haber tenido domicilio real en la Provincia de Buenos Aires antes del 2 de abril de 1982, concluyendo que tal extremo se encontraba acreditado en el expediente administrativo por lo que correspondía hacer lugar a la demanda, declarando la nulidad de los actos administrativos impugnados.
Precisó su alcance temporal, reconociendo el beneficio pensionario desde un año antes de la fecha del reclamo realizado en sede administrativa y ordenó que, en función de precedentes de este Tribunal, sea abonado a valores actuales (conf. causas A. 74.138, "Gelvez" , sent. de 27-XI-2019 y sus citas; C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018). Impuso las costas a la vencida.
I.2.a. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado.
Para así decidir, la doctora Milanta —a quien adhirieron los otros integrantes de ese tribunal— señaló que no se hallaba controvertido ante el Tribunal de Alzada la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "b" de la ley 12.006 (texto según ley 13.324), que fuera declarada por la magistrada de grado, ya que no había merecido embate por parte de la apelante; criterio que, además —dijo— resultaba acorde a la postura seguida en distintos precedentes de esta Corte (v. causas A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017 y A. 72.789, "Masiriz", sent. de 29-VI-2017), sino que la cuestión a dilucidar se circunscribía a determinar si el señor Alarcón cumplía con el requisito establecido en el art. 2 inc. "a" de la ley 12.006, esto es, si contaba con domicilio real en la Provincia de Buenos Aires con anterioridad al 2 de abril de 1982, de acuerdo a lo establecido en el art. 1 de la ley 10.428.
Desde esa óptica, puntualizó que la única crítica esbozada por la demandada para señalar que el actor no cumplía con el mentado requisito consistía en desconocer —con alegaciones genéricas que en modo alguno permitirían desvirtuar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento de grado— la prueba de que había residido desde el 2 de diciembre de 1981 hasta el 8 de febrero de 1984 en la localidad de Punta Alta —Coronel Rosales—, Provincia de Buenos Aires (v. ficha electoral del Registro Nacional de las Personas obrante en la página 9 del expediente administrativo 21.557-764446/07, adjunto a la presentación electrónica de fecha 22-VII-2021), dato que lucía corroborado en la constancia emitida por la Cámara Nacional Electoral (v. fs. 50 del expte. adm. citado).
En virtud de las consideraciones precedentes, advirtió que los embates de la recurrente, alegando sin más que el certificado de destino acompañado no bastaba para tener por acreditado que el domicilio del actor durante el conflicto bélico hubiera sido en la Provincia de Buenos Aires, no aportaba ningún elemento de juicio que permitiera demostrar el error de juzgamiento en el pronunciamiento atacado.
II.2.b. Finalmente, consideró que, respecto de los cuestionamientos efectuados por la demandada referidos a la base de cálculo del beneficio previsional, el criterio adoptado por la magistrada de grado se correspondía con la doctrina legal de esta Corte y resultaba aplicable a los actos administrativos ilegítimos en materia de empleo público (conf. causas B. 60.558, "González", sent. de 6-XI-2019 y A. 74.138, "Gelvez", sent. de 27-XI-2019), como también en el ámbito previsional pues, más allá de la naturaleza jurídica de la obligación, lo determinante a los efectos de la aplicación del criterio de cálculo al valor actual de los haberes del beneficio pensionario que se ordenaba era que se trataba del pago de mensualidades no percibidas oportunamente en virtud del acto administrativo que había desestimado el beneficio de pensión solicitado —cuya nulidad había sido declarada—, y que ello justificaba la subsunción del caso en los términos de la doctrina legal citada, en tanto suponía una reparación más cabal del detrimento sufrido por el actor.
II. Frente a lo así resuelto, la parte demandada articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal donde —en lo que interesa por ser materia de decisión ante este Tribunal— reitera dilatadamente los agravios expuestos y rechazados oportunamente por la Cámara actuante.
Se agravia de la errónea interpretación dada al art. 2 inc. "a" de la ley 12.006, refiriendo a que tal norma intentó compensar a los jóvenes que participaron en el conflicto en representación de la Provincia, resultando, a su entender, excesivo el alcance dado por las instancias anteriores, que permite incluir a un excombatiente que en forma circunstancial o temporal hubiere residido en la Provincia sin intención de desarrollar allí su centro de vida.
Agrega que, tratándose de un beneficio previsional de excepción, también se viola la doctrina legal relativa a la interpretación restrictiva de los beneficios previsionales extraordinarios y cita varias causas de esta Corte.
De modo subsidiario, plantea que la condena de pago actualizado es arbitraria y viola la prohibición de actualización monetaria consagrada en las leyes 23.928 y 25.561, así como el art. 17 de la Constitución nacional.
Por último, alega errónea invocación como doctrina legal de las sentencias recaídas en las causas A. 60.558 "González", sentencia de 6-XI-2019 y A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019, sosteniendo que no resultan asimilables al caso por tratarse de casos donde están en juego indemnizaciones por daños y perjuicios.
III. Adelanto que el recurso no prospera.
III.1. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso, y en particular la reseña del apartado anterior, el recurso contiene los siguientes agravios: i. errónea interpretación de la ley 12.006 ("V.2"), ii. violación de la doctrina legal restrictiva de los haberes previsionales ("V.3"), iii. violación de la prohibición de indexar, y iv. emparentado con lo anterior, violación de la doctrina legal, pero relacionada con el alcance del reconocimiento. No hay pues hechos controvertidos (ver al respecto la aclaración efectuada por la recurrente en el apdo. "V.1" de su escrito), ni tampoco llega a esta instancia de excepción la discusión acerca de la constitucionalidad de la normativa aplicable abordada en la sentencia de origen.
III.2. La primera cuestión referenciada se ciñe a dilucidar si resulta ajustada a derecho la interpretación efectuada por el Tribunal de Alzada respecto al requisito previsto en el art. 2 inc. "a" de la ley 12.006 que exige, para obtener la "Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del Conflicto Bélico de las Islas Malvinas", tener domicilio real en la Provincia de Buenos Aires con anterioridad al 2 de abril de 1982, de acuerdo a lo establecido en el art. 1 de la ley 10.428.
En el caso, la Cámara, con base en las pruebas colectadas y analizadas por la justicia de grado —las que no fueron controvertidas por la recurrente—estimó que el señor Alarcón había residido desde el 2 de diciembre de 1981 hasta el 8 de febrero de 1984 en la localidad de Punta Alta —Coronel Rosales—, Provincia de Buenos Aires. Con ello concluyó que tuvo su domicilio en la Provincia, antes del conflicto bélico de Malvinas (ver apdo. "II.3" de la sentencia, en particular el segundo párr.).
En tal contexto, la interpretación y aplicación que se ha realizado de la disposición legal en cuestión (art. 2 inc. "a", ley 12.006 y sus modif.), apoyada claro está sobre circunstancias fácticas de la causa, se corresponde con lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite (causas A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 72.789, "Masiriz", sent. de 29-VIII-2017; e.o.); cuestión que resulta suficiente para dar respuesta al presente y confirmar que no se presenta en el caso una errónea interpretación como la pretendida (conf. causa A. 74.386, "Farinella", sent. de 18-IV-2018).
El recurrente, apelando a una interpretación distinta, entiende que el requisito de domicilio en la Provincia, debe ser al momento de iniciado el conflicto de Atlántico Sur, puesto que la ley busca otorgar un beneficio al personal castrense que actuó en representación de la Provincia (ver en particular apdo. "V.2" y apdos. "a" y "d" de la pieza en análisis).
La mera discrepancia con lo resuelto, no resulta suficiente para alterar el criterio de este Tribunal, y revocar la sentencia. Además, tales argumentos ya fueron desestimados en las instancias de grado.
Al respecto, esta Suprema Corte ha dicho que la mera discrepancia con las decisiones de la Cámara no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve el error palmario y fundamental que autoriza la apertura de la instancia extraordinaria (conf. causas A. 73.503, "Industrias Isaco", sent. de 20-XI-2024; A. 76.818, "Burgos", sent. de 18-VIII-2025, entre muchas otras).
III.3 En punto al agravio vinculado a la violación de la doctrina legal emanada de esta Suprema Corte respecto a la interpretación restrictiva de los beneficios previsionales de excepción (causas B. 53.529, "Soler", sent. de 27-IV-1993; B. 48.934, "Sciutto", sent. de 13-IV-1983 y B. 49.438, "Kenar", sent. de 10-II-1987), cabe señalar que en los citados precedentes "Ruiz" y "Masiriz", este Tribunal sostuvo que en materia previsional la interpretación no puede ser hecha en un sentido que frustre el derecho en juego (ver en particular apdos. "III.3" y "III.4", adonde remito por cuestiones de brevedad).
Con ello se da suficiente respuesta a este tramo de la impugnación, que en consecuencia cabe desestimar.
III.4. Tampoco prosperan los últimos aspectos de la queja referidos a la condena calculada a valores actuales, una vez más en razón de la insuficiencia técnica del recurso.
En efecto, contra el pronunciamiento de la Cámara, el Fisco reitera argumentos que fueran oportunamente tratados y descartados por el Tribunal de Alzada. Menciona la prohibición de indexación de las deudas dinerarias, pero omite informar cómo la normativa y doctrina que cita resultan aplicables en la especie, donde la Cámara condenó al pago de haberes a valores actuales.
Al respecto esta Suprema Corte ha dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados —con suerte adversa— ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (conf. doctr. causas A. 78.503, "Traut", sent. de 15-XI-2023; A. 78.737, "Castro", sent. de 19-XII-2024; A. 78.409, "Gómez", sent. de 27-II-2025; A. 78.895, "Rivas" y A. 78.938, "Tonil", sents. de 25-IV-2025).
Así, no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (conf. causa A. 78.055, "Telez", sent. de 24-X-2023); toda vez que, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que —al margen de su acierto o error— se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. causa A. 76.048, "ESPN SUR SRL y ot.", sent. de 4-X-2023).
Tampoco sirve la mera individualización de precedentes y su transcripción para sustentar un planteo de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos centrales del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; e.o.).
Si bien lo anterior es suficiente para el rechazo del agravio, no está demás señalar que en fallos posteriores esta Corte fijó la indemnización debida a valores actuales, dando cabales argumentos de que ello no configuraba una indexación (v. por ej., causas B. 65.203, "Pérez", sent. de 31-VIII-2021; B. 76.049, "Gardinetti", sent. de 9-X-2023; B. 57.667, "Roqueiro", sent. de 23-VI-2023; B. 67.498, "A., J.", sent. de 31-X-2023; entre muchas otras).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 y 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 y 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2026 12:27:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/06/2026 14:40:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 17:52:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 09:03:21 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 10/06/2026 12:37:59 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/06/2026 12:42:25 hs. bajo el número RS-67-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia