Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76804
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de aplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68, 279 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.804, "Leone, Julio c/ Municipalidad de Morón. Pretensión resarcitoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la demandada y, consecuentemente, revocó la sentencia de grado en los siguientes términos: a) redujo la indemnización por daño material al monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de los salarios caídos; b) disminuyó la indemnización otorgada en concepto de tratamiento psicológico a la suma de veintitrés mil cuatrocientos pesos ($23.400) y c) dejó establecido que los intereses correspondientes al rubro tratamiento psicológico corren desde la notificación del fallo. Confirmó en lo restante la sentencia e impuso las costas a la demandada en su calidad de sustancialmente vencida (art. 51 inc. 1, CCA; v. sent. digital de 16-X-2020).
Disconforme, la Municipalidad de Morón dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de 3-XI-2020), el que fue concedido el día 24 de noviembre de 2020.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Con fecha 22 de octubre de 2019, el señor juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza dictó sentencia en las presentes actuaciones haciendo lugar a la demanda interpuesta por el señor Julio Pedro Leone contra la Municipalidad de Morón.
En consecuencia, declaró la nulidad de los decretos 1.467/01, 1.296/05 y 299/06 y ordenó a) la reincorporación del actor a la planta permanente de personal del municipio de Morón, en la categoría de Jefe de Departamento o jerarquía equivalente, dentro del término de sesenta días de quedar firme la sentencia; b) el pago en igual término de la totalidad de las remuneraciones correspondientes al cargo de Jefe de Departamento dejadas de percibir desde la fecha del cese (4-V-1999), hasta su efectivo pago, con más intereses y c) el pago de la suma de ciento treinta y siete mil novecientos ocho pesos ($137.908), con más intereses desde la fecha del cese (4-V-1999) hasta la fecha del efectivo pago. Impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de honorarios.
Para así decidir, sostuvo que el Ejecutivo no respetó las garantías de debido proceso, observándose distintas irregularidades en el procedimiento administrativo. En ese sentido señaló que omitió tratar la cuestión de fondo articulada por el actor, amparándose en la falta de suficiencia de la pieza recursiva y luego en la firmeza del acto cuya impugnación se pretendía, dándole el trato de denuncia de ilegitimidad, poniendo en grave riesgo la garantía del art. 15 de la Constitución provincial.
En concreto, afirmó que el decreto 1.467/01 (que dispuso el rechazo del planteo del actor por resultar el recurso insuficiente), resultaba de un rigorismo formal excesivo, violatorio del debido proceso adjetivo y contrario a la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no debiendo la Administración -como lo hizo- desestimar el recurso temporáneamente interpuesto por el solo hecho de no resultar autosuficiente, máxime cuando el administrado era lego y no contaba con patrocinio letrado.
Agregó que lo mismo se aplicaba al decreto 1.467/01 en cuanto vedó el tratamiento de las cuestiones de fondo por restarle todo valor al recurso y entender que la "ampliación del recurso" efectuada era en puridad el recurso de revocatoria, al que consideró extemporáneo. Destacó que tal rigurosidad, además, no se condecía con la propia conducta desplegada por el municipio en su carácter de impulsor e instructor del expediente administrativo, no solamente dejando vencer todos los plazos para resolver, sino también al omitir desplegar las actividades impulsoras propias.
Por último, concluyó que dada la inexistencia de renuncia al cargo permanente que poseía con anterioridad a sus designaciones en cargos superiores sin estabilidad, éste debía ser reincorporado al último desempeñado en dicha planta, esto es Jefe de Departamento.
Por su parte con referencia a las pretensiones indemnizatorias accesorias, y pese a que en los considerandos había argumentado respecto a la posibilidad de abonar el equivalente al setenta por ciento de los haberes dejados de percibir, luego en la parte dispositiva dispuso el pago del cien por ciento.
Respecto a los rubros daño psicológico y daño moral los consideró acreditados condenando al pago de una suma total de ciento treinta y siete mil novecientos ocho pesos ($137.908) con más los intereses que habrán de calcularse desde la fecha del cese y hasta el efectivo pago. Con costas a la demandada vencida.
II. Contra dicho pronunciamiento se alzó la Municipalidad de Morón interponiendo recurso de apelación mediante presentación electrónica del día 7 de noviembre de 2019.
Cuestionó que en el decisorio de primera instancia no se tuviera en consideración que al notificarse el acto en el año 2001 el actor no volvió a presentarse en el municipio, sino que lo hizo recién en el año 2003, lo que atentaba contra las garantías del debido proceso y de la seguridad jurídica.
En segundo lugar, afirmó que el magistrado, para tachar de nulidad al decreto 1.296/05, le achacó la culpa a la Administración, pero nada le reprochó al actor por sus extemporáneas presentaciones y su falta de puesta a disposición al trabajo.
Explicó que el actor solicitó se ordene al municipio de Morón que se lo reincorpore a su anterior situación de revista -que reconoció era en el cargo de Director de Arquitectura o la categoría equivalente o análoga al momento de hacerse efectiva la sentencia a dictarse en autos-, pero que de ninguna manera la categoría análoga o equivalente resultaba la de Jefe de Departamento como se resolvió en la sentencia.
Insistió en que el actor solicitó en todo momento volver al cargo de Director, circunstancia que resultaba imposible pues éste carece de estabilidad, a lo que agregó que tampoco existió reserva del anterior en planta permanente.
Alegó que en la sentencia de grado se afirma que no se encontró acreditada la renuncia voluntaria a ninguno de los cargos de planta permanente o personal mayor sin estabilidad, olvidando -según sostuvo- que el empleo público es de naturaleza estatutaria y se rige por normas y estatutos no equiparables a los que regulan el empleo privado.
Por último, se agravió respecto del monto de los salarios caídos, así como de la indemnización reconocida a favor del señor Leone en concepto de daño psicológico y moral.
III. En su sentencia del día 16 de octubre de 2020, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín decidió, en lo sustancial, confirmar el pronunciamiento de primera instancia, excepto en la extensión de la condena.
Para así decidir, el a quo entendió que, en lo referente a la nulidad de los decretos impugnados, lo resuelto por el señor juez de grado resultaba ajustado a derecho. Asimismo, descartó la viabilidad del agravio relativo a la falta de reserva del cargo.
Por último, sostuvo que correspondía reducir el monto de condena en concepto de indemnización al veinticinco por ciento de los sueldos dejados de percibir y rechazó el agravio relativo a la tasa de interés aplicable conforme la doctrina de esta Suprema Corte en materia de indemnizaciones derivadas de la relación de empleo público. Finalmente, estimó necesario modificar la condena impuesta en concepto de daño psicológico, ajustando el monto por tal rubro a la suma veintitrés mil cuatrocientos pesos ($23.400), dejando en cambio vigente lo estipulado en materia de daño moral.
IV. Contra dicha sentencia se alza la demandada, interponiendo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación o errónea interpretación de los arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, así como lo dispuesto por las leyes nacionales 22.341, 23.462 y 24.013 y provinciales 10.592 y 13.865, sin agraviarse -sin embargo- de la condena accesoria.
Alega violación de las normas elementales de bilateralidad, el debido proceso e inviolabilidad de la defensa en juicio, por entender que la sentencia no coincide con lo expresamente peticionado por el actor, quien solicitó el cargo de Director, en el cual no poseía estabilidad.
Por ello sostiene que se ha incurrido en un grave y manifiesto error (absurdo) en la apreciación de las pruebas producidas en autos, con un quebrantamiento de las reglas que gobiernan la materia.
Insiste la recurrente en la imposibilidad de retornar al actor en un cargo de planta política y sin estabilidad al que había accedido oportunamente y al que solicitó volver en el planteo de su demanda.
Argumenta, asimismo, que el actor recién se presentó en el municipio con una nota el día 7 de noviembre de 2000, es decir casi un año después de la designación en su último cargo, conforme surge de la reseña del expediente 4079-19855/00 en el punto 4 "i". Agrega que no existe constancia de que en ese tiempo hubiera concurrido a su lugar de trabajo a cumplir sus tareas o remitido una carta documento a la Dirección de Recursos Humanos a ese efecto. De este modo aduce que no existió causa aparente alguna (como atribuye el señor juez a quo a la inactividad del actor), la que surge de las propias presentaciones del demandante.
Asegura que el señor Leone "...aceptó la renuncia formalizada a través del decreto pertinente y consintió siempre la designación en un cargo sin estabilidad". Por lo que, al salir de la planta permanente sin reserva alguna de su cargo, ya no tenía un cargo donde retornar, motivo por el cual el municipio rechazó su pretensión de volver al cargo de Director.
Por ello solicita la revocación del fallo impugnado con el consecuente rechazo de la demanda.
V. El recurso no prospera en virtud de la manifiesta insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
V.1. En primer lugar y con referencia a la alegación de la violación o errónea aplicación de ciertas normas constitucionales y legales, debo recordar que conforme lo tiene dicho este Tribunal, quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos, no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, circunstancia que no ha acontecido en la especie y que resulta suficiente para su rechazo (conf. causas A. 74.837, "Bentancur", sent. de 20-III-2019; A. 74.737, "Balaguer", sent. de 17-IV-2019; A. 74.818, "Magnanego", sent. de 17-IV-2019; e.o.).
En efecto, si bien en el caso se denuncia la violación de diversas leyes nacionales y provinciales, luego no existe un desarrollo al respecto y, me permito agregar, mal podría haber existido ni bien se advierte que ninguna de ellas tiene vinculación con la cuestión que aquí se debate (repárese en que se trata de normas vinculadas con la protección para las personas con discapacidad).
Por su parte y en punto a la invocación genérica de la supuesta violación de normas constitucionales también corresponde desestimarla, ello en la medida en que el impugnante no indica de qué manera se produjeron las transgresiones que predica, dado que sus agravios no pasan del mero enunciado (doctr. causas C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-III-2014; C. 119.524, "Micucci", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
V.2. La misma suerte adversa debe correr la denuncia de absurdo deslizada en el recurso interpuesto.
Sabido es que la demostración del mentado vicio exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (conf. doctr. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 71.351, "Latorre", sent. de 25-II-2015 y A. 71.450, "Mullner", sent. de 26-III-2015), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (conf. doctr. causas C. 116.205, "P., R.", sent. de 11-IX-2013 y A. 72.442, cit.).
En el caso, aun soslayando la omisión de invocar idóneamente la existencia del alegado vicio, la crítica de la impugnante no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse los escritos constitutivos de la litis, la documental agregada a la causa, lo cual -conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (conf. doctr. causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014; L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015; entre varias).
Para más, cabe recordar que es doctrina de este Tribunal que cuando la recurrente se desentiende de los fundamentos desarrollados por el Tribunal de Alzada, limitándose a exteriorizar su propio razonamiento y enarbola su discurso desconociendo la estructura jurídica del fallo, apartándose -de ese modo- de su idea rectora y de sus bases esenciales, parcializando con ello su ataque, el mismo deviene ineficaz a los fines de rever la suerte de lo decidido (conf. doctr. causas Ac. 71.820, "Saliva", sent. de 31-VIII-2016 y C. 110.303, "Font", sent. de 28-X-2015).
Así, el cuestionamiento de la demandada al fallo en crisis no logra conmover el razonamiento elaborado por la Cámara en cuanto al alcance de la normativa en que se hallan subsumidos los hechos. Tampoco logra demostrar que haya existido un error de juzgamiento con relación a los datos derivados del legajo personal del actor, y de los informes obrantes en el expediente administrativo -corroborados por el informe pericial- de los que surgía que la situación de revista de quien acciona era la de personal de planta permanente, ni así tampoco respecto de la falta de demostración de la existencia de una efectiva renuncia de su parte (conf. causas L. 83.217, "Morales", sent. de 14-XII-2005 y A. 72.398, "Sánchez", sent. de 7-IX-2016; v. pto. 7, sentencia de Cámara).
Siendo así, se tiene dicho que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarla con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. causas A. 70.484, "Leiva Heli", sent. de 28-VIII-2013; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 73.197, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Meranol", sent. de 22-VIII-2018; e.o.).
De modo tal que, en las condiciones descriptas, los agravios traídos no son de recibo y corresponde su desestimación.
VI. Por todo lo desarrollado, corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto, con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr., 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de aplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68, 279 y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/04/2024 15:11:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/04/2024 20:30:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:12:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2024 19:59:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:51:20 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 08:56:43 hs. bajo el número RS-18-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia