Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73655
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (arts. 299, 300 y concs., CPCC). Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 7 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.655, "Fernandez, Edgardo c/ Caja de Jub. Subs. Y Pens. Del personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión Rest. O Reconocim. de derechos".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 414/427) y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derecho promovida por el señor Edgardo Ángel Fernandez (v. fs. 463/467 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, el accionante interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 473/490), los que fueron concedidos a fs. 494/495 vta.
Oída la señora Procuradora General (v. fs. 529/531), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 532) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 473/490?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal a fs. 473/490?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho promovida por el señor Edgardo Ángel Fernandez (v. fs. 463/467 vta.).
Señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por ese Tribunal de Alzada -causas n° 14.131, "Actis Goretta" y n° 15.301, "Conde"-.
Reprodujo los fundamentos consignados en tales precedentes y puntualizó que la parte actora se desentendió del principio general referido a que el régimen legal aplicable al beneficio correspondía al vigente a la fecha de cese (conf. arts. 53, dec. 9.650/80 y 25, ley 13.364, entonces vigente) y del carácter contributivo del sistema, en función del cual deben entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas, determinadas al momento de su otorgamiento y que carecían de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guarda relación directa con los requisitos de acceso a ellos.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluye la base de cálculo del haber y así el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
Estimó que no se demostró que la diferencia de texto -en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (cfr. arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364, entonces vigente)- suponía un trato diferente, para una exigencia contributiva que siempre se reportaba a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
Concluyó que el pronunciamiento de primera instancia no padecía error de juzgamiento, en la medida que receptaba la aplicación de principios generales sobre los cuales se vertebran, no sólo el derecho a las prestaciones sino también el sistema contributivo en su totalidad, impidiendo que las situaciones consumadas al amparo de un régimen puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modificaren la concepción integral, para un mecanismo que debe comprenderse como totalidad.
II. Contra tal pronunciamiento el accionante interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 473/490).
Se agravia porque el a quo al resolver omitió la aplicación de los casos "Badaro" y "Sanchez" fallados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por ende, no interpretó la ley 11.761 conforme a la doctrina federal constitucional de índole previsional.
Alega que impugna el cuerpo legal mencionado en orden a la forma de liquidar su haber jubilatorio y no respecto a la vigencia de la ley al tiempo del cese, y tal planteo debió ser analizado por la Cámara a tenor de lo previsto en los códigos de fondo, Constitución nacional, leyes del mismo orden y la normativa local.
III. El recurso interpuesto no puede prosperar.
III.1. Este Tribunal tiene dicho que por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo cabe cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a disposiciones de la Constitución de la Provincia (cfr. arts. 161 inc. 1, Const. local y 299, CPCC; doctr. causas Q. 71.994, "Zara Argentina S.A."., resol. de 4-VII-2012; Q. 71.952, "Lardelli", resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-2013; A. 71.833, "Papi", sent. de 12-III-2014; mi voto causa en A. 71.563, "Ferro", sent. de 28-XII-2016; A. 71.776, "Cementos Avellaneda S.A.", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Ello no acontece en autos.
Si bien la magistrada de primera instancia abordó la validez constitucional de la ley 11.761 (v. fs. 393/405), el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre tal tópico. Ello con motivo de que se expidió en el marco de la argumentación que estructuró la crítica del recurrente afincada exclusivamente a la sanción, vigencia y aplicación al caso de la ley 13.364, alegando para ello las previsiones del art. 3 del Código Civil, entonces vigente (v. fs. 463/467 vta.).
En tales condiciones, falta un requisito indispensable para su admisibilidad, cual es que exista decisión del juzgador de última instancia relativa a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad en un confronte con las normas de la Constitución provincial (cfr. doctr. Ac. 81.951, "Cejas", sent. de 19-IX-2001; Ac. 96.164, "Fiscalia de Estado de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 8-II-2006; Q. 72.011 y A. 71.563, cits.).
III.2. Por otra parte, no resultan audibles por este remedio los cuestionamientos vinculados con la invalidez de la sentencia misma en cuanto a criterio del recurrente la interpretación de la ley 11.761 debió efectuarse conforme a la Constitución nacional, códigos de fondo, normativa provincial, cuestión por cierto ajena a este canal.
Sobre tal aspecto, esta Corte ha señalado reiteradamente, tanto frente a recursos de nulidad como en el caso de recursos de inconstitucionalidad, que los agravios vinculados con supuestos errores de juzgamiento resultan ajenos a la vía intentada y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (cfr. causas A. 71.403, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Leroux", sent. de 29-III-2017; Q. 70.953, sent. de 14-X-2015; Ac. 88.091, resol. de 2-VII-2003; Ac. 88.282, resol. de 4-II-2004; Ac. 98.014, resol. de 28-II-2007; Ac. 100.108, resol. de 9-V-2007; e.o.).
IV. Por lo expuesto -oída la señora Procuradora General- y ante el incumplimiento de las cargas técnicas exigidas por el ordenamiento procesal aplicable (arts. 299, 300 y concs., CPCC), juzgo que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto debe ser rechazado.
Voto por la negativa .
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 473/490 la parte actora denuncia la violación de los arts. 14, 16, 28 y 33 de la Constitución nacional y su preámbulo; 11 y 39 inc. 3 de su par provincial; 3 del Código Civil -entonces vigente, hoy art. 7- y doctrina legal de esta Corte emergente de las causas B. 68.331, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resolución de 12-XI-2008; B. 57.842, "Antonetti", sentencia de 23-V-2001 -punto V del voto del doctor Pettigiani, párrafos 4 y 5-; B. 52.061, "Marchesi", sentencia de 4-VIII-1992; B. 56.205, "García", sentencia de 22-IV-1997; Ac. 77.944, "Corredato", sentencia de 1-IV-2004; I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2006 y el precedente de la Corte Suprema de la Nación "Arcuri Rojas, Elsa c/Anses", sentencia de 3-XI-2009.
Indica que el a quo al resolver la cuestión declaró aplicable la ley 11.761 para la determinación de su haber jubilatorio y no las leyes que la derogaron 13.364 (cfr. art. 79) y su modificatoria 13.873, ello por imperio del art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Destaca que las dos últimas normas legales mencionadas deben ser aplicadas en virtud de la doctrina sentada por esta Suprema Corte en las causas B. 68.331, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resolución de 12-XI-2008 -en la cual el Tribunal dirimió un conflicto de poderes y puso en vigencia el régimen jubilatorio allí previsto inclusive la liquidación previsional de los haberes- y B. 57.842, "Antonetti", sentencia de 23-V-2001.
Aduce que la Cámara desconoce el principio de progresividad contemplado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y de razonabilidad, ambos plasmados por este Tribunal en la causa B. 63.442, "Larroque", considerando VIII, relacionados con la regla de no lesividad de derechos previsionales. Cita la causa "Sanchez", sentencia de 17-V-2005, resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Considera que el fallo impugnado al aplicar la ley 11.761, produjo un perjuicio patrimonial al actor, violando el principio de igualdad consagrado en los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial. Ello, en tanto los afiliados jubilados por la ley citada sufren una merma sustancial en relación a otros pasivos que alcanzaron la misma categoría pero con una fecha de cese distinta que lo eximen de la aplicación de la mencionada norma legal. Alega que la ley mencionada lesiona el principio de razonabilidad establecido en el art. 28 de la Carta Magna nacional, en virtud de sus disposiciones no pueden alterar los derechos y garantías constitucionales.
Señala que en materia previsional la ley vigente al cese sólo se refiere a los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho, pero no para la determinación del régimen jurídico que rige la subsistencia de la prestación previsional, por lo que entiende que las nuevas leyes deben aplicarse a las situaciones jurídicas existentes conforme al art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Aduce que la Cámara al mantener la aplicación de la ley 11.761 convalidó su ultraactividad y especialmente su art. 54 del que surge que el haber previsional solo representa un 65% de lo que percibe un activo. Añade que por los principios de justicia social contemplado en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de su par provincial y progresividad establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -art. 26- no puede confirmarse el sistema de liquidación de haberes al que alude aquella normativa, ello conforme la doctrina de la causa "Arcuri Rojas", resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entiende que a la luz de los preceptos citados resultan ineficaces los argumentos dados por el Tribunal de Alzada respecto a la fecha de cese de la actividad y el carácter contributivo del sistema previsional, en tanto que no puede exigirse a un grupo de jubilados afectados por la ley 11.761 a realizar un mayor esfuerzo que el resto de los pasivos.
Se agravia porque la Cámara omite analizar el concepto de movilidad de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte nacional y yerra en la interpretación de la ley de cese según el criterio sentado por este Supremo Tribunal, limitando el marco cognoscitivo del recurso. Ante ello, entiende que el fallo carece de motivación.
Puntualiza que el pronunciamiento impugnado no comprobó los hechos controvertidos y la decisión adoptada no ha efectuado una correcta interpretación de la ley 11.761.
II. El recurso no prospera.
El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando en ellos se plantean agravios que hubieran sido desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
En esas condiciones, advierto que los reproches esgrimidos por el accionante resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en la causa A. 72.826, "Actis Goretta", sentencia de 16-VIII-2017.
Por tal tazón y en virtud de los argumentos brindados en el precedente citado, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC; 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la señora Procuradora General, se rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (arts. 299, 300 y concs., CPCC). Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia