Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76335
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.335, "Martínez, Mónica F. c/Ministerio Seguridad s/Pretensión restabl. o reconoc. de derechos. Recurso Extraordinario de Inapl. de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan, Torres, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hizo lugar a la pretensión entablada por la demandante.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el mencionado tribunal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Mónica Fabiana Martínez, declaró la nulidad de la resolución 290/14 y ordenó a la demandada a liquidar y a abonar a la actora y a sus hijos menores de edad nacidos con el causante señor Ricardo Ortiz, el subsidio previsto en el art. 2 de la ley 13.985 con intereses de acuerdo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días (tasa pasiva o tasa pasiva digital) durante los distintos períodos de aplicación y hasta el efectivo pago. Asimismo, desestimó el rubro de daños y perjuicios. Por último, impuso las costas a la demandada vencida (art. 51 inc. 1, CCA -texto según ley 14.437-).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la demandada y confirmó la sentencia cuestionada, con costas del Tribunal de Alzada a la recurrente vencida (art. 51, CCA).
Para así resolver, en lo que aquí interesa, hizo mérito de la actual doctrina de esta Suprema Corte en punto a que la percepción de una indemnización laboral no resulta incompatible con el cobro del subsidio mensual a cargo del Estado para auxiliar los infortunios padecidos en ejercicio de la función de policía de seguridad que disponen los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10 (causa B. 60.833, "Noriega", sent. de 8-IV-2015 y doctr. allí cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10, apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente.
Asimismo, alega que la Cámara incurrió en absurdo y violación de doctrina legal, afectando garantías constitucionales. Acusa que existe un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y el principio non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.). Cita fallos de la Corte nacional.
Entiende que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocer el derecho a percibir un mal llamado subsidio policial (el de la ley 13.985), el que afirma, resulta incompatible con el reclamo de reparación integral efectuado por el actor por el mismo accidente laboral a través de la vía judicial.
Para fundar sus manifestaciones, aduce que el subsidio policial tiene una finalidad compensatoria, tal como surge de los fundamentos de la ley 13.985. Asimismo, plantea que la normativa citada establece que dicho subsidio resulta incompatible con cualquier otro beneficio de la misma naturaleza que se otorgue por la misma causa (art. 1, ley 13.985), lo cual es reafirmado por el art. 10 del decreto reglamentario 149/10. Insiste en que el único supuesto en que puede reclamarse el subsidio policial, es cuando no se haya percibido una indemnización laboral por el accidente.
Expresa que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre el término "incompatibilidad". Cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde se entendió que la finalidad de este mal llamado subsidio, es indemnizar el accidente laboral sufrido por el agente en un acto de servicio y que, bajo sus fines, tal objetivo resarcitorio, resulta coincidente con el cobro de la indemnización integral que pudiera haberse recibido por la vía civil o laboral.
Insiste en que la Cámara se ha apartado de lo resuelto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -la que entiende vigente en la materia- por la que se estimó que el subsidio responde a una medida resarcitoria y no meramente asistencial, la cual es -por tal motivo- incompatible con la indemnización integral. Cita las causas "Rudaz", "Delgado", "Leston" y "Goyenechea", entre otras.
Agrega que el tribunal ha aplicado una doctrina legal desajustada y refutada por la Corte nacional, con absurda imposición de doble indemnización, acumulación de beneficios, pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa.
Por último, solicita que esta Suprema Corte revise y ajuste su doctrina legal en tanto -a su parecer- resulta contraria a lo que emerge del art. 1 de la ley 13.985 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. Considero, tal como lo dictaminó el señor Procurador General, que el recurso extraordinario no prospera.
Cabe señalar que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodríguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019 y L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019. Y, más recientemente, en las causas L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020; A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020; A. 75.998, "Rodriguez", sentencia de 19-VIII-2021 y A. 75.840, "Peralta", sentencia de 2-XII-2021; esta Suprema Corte propició la procedencia de la acumulación de ambos beneficios.
En las últimas causas señaladas se reseñó, asimismo, que si bien el art. 10 del decreto 149/10 (reglamentario de la ley provincial 13.985) establece que la percepción del subsidio previsto en dicha norma es "incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente". La mentada previsión -ausente en el antiguo régimen del decreto ley 9.550/80- pone en crisis los argumentos del recurrente, quien, por otro lado, tampoco aquí ha desplegado ninguna reflexión sobre el pasaje antes transcripto del precepto en cuestión.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Sin perjuicio de no haber participado en el debate que condujo a sentenciar las causas L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009; B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodríguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019; L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019; L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020 y A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020, dejando a salvo mi opinión, he de acompañar -conforme lo dispuesto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias- la propuesta decisoria formulada por el señor Juez doctor Soria, en tanto refleja el actual criterio de la Suprema Corte de Justicia.
En esas condiciones, voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2022 22:26:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/05/2022 11:26:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2022 17:44:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2022 11:13:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2022 11:52:18 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/05/2022 12:00:23 hs. bajo el número RS-31-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia