Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 17598
CAUSA Nº 17598-P CCALP “TRIACA JULIO ABEL C/ CAJA DE JUB SUBS Y PENS DEL PERSONAL DE LA PCIA DE BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION”
En la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de Marzo del 2022 reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, integrada por los Dres. Jaime Oscar López Muro, Ricardo Daniel Sosa Aubone y Agustín Hankovits, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “TRIACA JULIO ABEL C/ CAJA DE JUB SUBS Y PENS DEL PERSONAL DE LA PCIA DE BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION”, en trámite ante el Juzgado De Primer Instancia En Lo Contencioso Administrativo N° 3 del Departamento Judicial De La Plata (expte. Nº -12587-), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Ricardo Daniel Sosa Aubone, Jaime Oscar López Muro y Agustín Hankovits.
El Tribunal resolvió plantear las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de apelación?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N:
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo :
I. Antecedentes.
1.1. El Sr. Julio Abel Triaca promovió demanda contencioso administrativa contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires a fin de que se reajuste su haber jubilatorio, equiparándose en la cuantía del haber con los beneficiarios de la ley 13.364 -que modificó el régimen de movilidad- y se reduzca el aporte que efectúa sobre su jubilación. Asimismo, denuncia la falta de proporcionalidad entre el importe del haber jubilatorio y el que le correspondería de haber continuado en actividad.
La caja demandada solicitó el rechazo de la demanda, con base -en lo sustancial- en que el haber jubilatorio se determinó conforme la ley 11.761, y que no corresponde aplicar la ley 5678 ni la 13.364 a fin de calcular el haber inicial. Con relación al régimen de movilidad, manifiesta que se le han otorgado todos los aumentos que percibieran los empleados en actividad, con un porcentaje acumulado -desde abril de 2004 hasta abril de 2010- del 384% de acuerdo al detalle de fs. 50 vta.
1.2. El juez de primera instancia consideró que: a) la cuestión litigiosa se circunscribe a determinar si corresponde reajustar el haber previsional del actor conforme lo dispuesto por la ley 13.364 y su modificatoria, como así la reducción del aporte a cargo del beneficiario, o, si por el contrario, la determinación y liquidación practicada por la demandada deviene ajustada a derecho; b) la jubilación ha sido acordada al actor bajo la vigencia de la ley 11.761, computando el 81,36% sobre los haberes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el 18,64% por los servicios computados en el ANSES; c) el haber jubilatorio se determinó por los servicios prestados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (81,36%) sobre el 82% móvil al haber con aportes, conforme lo dispuesto por el art. 54 de la ley 11.761 -norma vigente al momento del cese-; d) la movilidad de los haberes está determinada por lo prescripto por la ley vigente a la fecha de aplicación del incremento salarial (a la fecha de la sentencia el art. 57 de la ley 13.364); e) a fs. 282/284 vta. obra informe pericial en el cual se detallan, mes a mes, los montos y porcentajes de haberes percibidos respecto de los que hubieren correspondido percibir en caso de continuar en actividad en el banco, en el cargo vigente al momento de cesar en la actividad; f) el derecho a las prestaciones se rige por la ley vigente a la fecha del cese, esto es la ley 11.761, que determina que el haber mensual inicial de las prestaciones será el equivalente al 82% por ciento del monto que resulte de calcular el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones efectuadas a la Caja y percibidas por el afiliado durante los últimos 10 años trabajados en el Banco Provincia de Buenos Aires; g) rige el régimen de movilidad establecido en el art. 57 de la ley 13.364, que establece que las prestaciones deberán ser actualizadas de oficio por la Caja dentro de los 60 días, de acuerdo a la variación porcentual de los salarios de los empleados del Banco; y h) no es inconstitucional la norma que determina el aporte a cargo del beneficiario, cuya reducción peticionó el actor.
Por último, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 54 y 57 de las leyes 11.761 y 13.364.
En función de ello, desestimó la demanda promovida e impuso las costas en el orden causado.
1.3. La sentencia de primera instancia fue apelada por el actor, quien lo fundamentó a fs. 322/332 vta., del que se corrió traslado a la caja demandada a fs. 333, el que no fue contestado pese a la notificación efectuada por medio de la cédula de fs. 336/337.
1.4. Esta Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo -tal como lo destaca la SCBA a fs. 393-, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por el señor Julio Abel Triaca contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener el reajuste de su haber previsional, la equiparación del importe de la prestación con la de los beneficiarios de la ley 13.364 y modificatorias y la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 54 y 57 de las leyes 11.761 y 13.364. Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (fs. 356/369 vta.).
1.5. La Suprema Corte consideró que el fallo de esta Cámara no trató los planteos atinentes al reajuste del haber jubilatorio del accionante por la pérdida de proporción razonable con el haber del agente en actividad y el consecuente quebrantamiento de la movilidad y la supresión del prorrateo establecido en el art. 62 de la ley 11.761, tópicos que no han sido desplazados por lo resuelto. Aun cuando los planteos fueron introducidos de un modo confuso desde el inicio de la litis, surge con nitidez que el actor pretende de un lado que su beneficio sea regido por la ley 13.364 -lo cual ha sido rechazado- y, en caso de no prosperar ello, que en el marco de su jubilación a tenor de la ley 11.761 se respete el principio de movilidad previsional. En relación a este tópico, destacó que el informe pericial de fs. 282/284 muestra una divergencia porcentual entre el haber efectivamente percibido por el Sr. Triaca y el que según el experto debería percibir un jubilado en su situación; y que el argumento de la violación al principio de movilidad jubilatoria no tuvo abordaje por parte de la Cámara, por lo que se ha infringido el art. 168 de la Constitución provincial y el pronunciamiento es parcialmente nulo, esto es solamente por la omisión incurrida, por lo que declaró la nulidad de la sentencia y dispuso la remisión de la causa a la Cámara de origen para que -debidamente integrada- se pronuncie sobre los agravios omitidos.
II. Tratamiento de los agravios.
2.1. Introducción. Corresponde considerar el recurso, que cuenta con sustanciación y fue declarado admisible (fs. 341 y vta.), a fin de emitir pronunciamiento sobre los agravios omitidos en su oportunidad, esto es la pertinencia del prorrateo que establece el art. 62 de la ley 11.761 y la movilidad del haber jubilatorio del actor.
2.2. Prescripción. Ello impone tratar en primer lugar la excepción de prescripción planteada por la demandada a fs. 53 vta. con base en los arts. 60 de las leyes 13.364 y 11.761.
La excepción de prescripción es un medio de defensa de que se halla investido el demandado y que lo habilita para oponerse a la acción contra él promovida. Encuentra fundamento en razones de seguridad, de orden y de paz social, pues al derecho también le interesa sobremanera liquidar ciertas situaciones inestables, impidiendo que puedan ser materia de revisión después de pasado cierto tiempo; de este modo se da certeza a los derechos (conf. Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos”, t. IV-B, 1990, 2da. edición, págs. 206 y 207).
Si bien la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva y en caso de duda, ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia de la acción (SCBA, “Ac. y Sent.” 1974-II, 719; 1975, 485 y 983; Cám. Civ. y Com. 2da., Sala I, La Plata, B. 57.649, RSD. 123/85), ello no debe llevar a negar la aplicación del instituto.
Tal como lo ha expresado la SCBA, admitir una solución contraria importaría dispensar una conducta negligente de los particulares en orden a la debida persecución de sus derechos. Es al acreedor al que le corresponde poner de manifiesto a través de actos formales y auténticos, la intención de no permanecer remiso para el cobro de su crédito (conf. "Ac. y Sent.", serie 19ª, t. I, p. 463; 1996-III, 794; 1972-III, 209; 1974-I, 243; causa B. 52.875, "Palazzo", sent. del 28/5/1991, "Ac. y Sent.", 1991-I, 912).
En cuanto a la normativa especial aplicable, el art. 60 de la ley 11.761 -de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del personal del Banco Provincia de Bs. As.-, establece textualmente:
“ Prescribe al año la obligación de pagar los haberes jubilatorios y de pensión, inclusive los provenientes de reajustes devengados antes de la presentación de la solicitud del beneficio. Prescribe a los dos (2) años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio. La presentación de la solicitud ante la Caja interrumpirá el plazo de prescripción, siempre que al momento de formularse el peticionante fuera acreedor a la prestación solicitada.”
Asimismo, la ley 13.364 -cuyo art. 71 derogó la ley 11.761-, en su art. 60 dispone:
“Prescribe al año la obligación de pagar los haberes jubilatorios y de pensión, inclusive los provenientes de reajustes devengados antes de la presentación de la solicitud del beneficio. Prescribe a los dos (2) años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio. La presentación de la solicitud ante la Caja interrumpirá el plazo de prescripción, siempre que al momento de formularse, el peticionante fuera acreedor a la prestación solicitada” .
Como se ve, no hubo cambios en el régimen de la prescripción.
Cabe destacar que la ley 13.364 ha sido derogada por la ley 15.008 (B.O. 16/1/2018), que instituye un nuevo régimen para la Caja, en cuyo art. 43 regula la prescripción de la misma manera que sus antecesoras.
Sentado ello, en el caso de autos, los reajustes devengados antes de la presentación de la solicitud del beneficio, están alcanzados por el plazo de prescripción anual precitado y respecto de los posteriores a la solicitud del beneficio les es aplicable el plazo bienal prealudido (arts. 160, leyes 11.761 y 13.364; y 43, ley 15.008).
En haber inicial del actor fue determinado al aplicarse el art. 54 de la ley 11.761, que dispone que “…será el equivalente al ochenta y dos (82) por ciento del monto que resulte de calcular el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones efectuadas a esta Caja y percibidas por el afiliado durante el período de los últimos (10) años trabajados en el B.P.B.A, debidamente actualizadas conforme el método que se indica en el artículo 57°. … Para establecer el promedio de las remuneraciones no se considerarán las correspondientes a las horas extraordinarias de labor, ni los excesos de remuneración por sobre el tope fijado en el artículo 22°, con valor a cada fecha de origen.” . Asimismo, al computar servicios prestados sucesivamente en el Banco y en actividades comprendidas en otros regímenes previsionales, el haber se estableció en proporción al tiempo computado para cada clase de servicios (prorrateo), con base a lo establecido en el art. 62.
Si se considerase que la determinación del haber inicial no esta alcanzado por la defensa de prescripción, ya que el plazo anual ha sido ampliamente superado antes del reclamo administrativo realizado, debo decir que el actor no ha logrado demostrar la irrazonabilidad el mismo o del sistema utilizado. En cuanto a la aplicación de la ley 13.364 para su determinación, es una temática que ya ha sido tratada y resuelta en favor de la legislación vigente al momento del otorgamiento del beneficio, esto es la ley 11.761 (arts. 34, 35, 55, 59 y 77, ley 12.008; 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.).
Con relación al reajuste de su haber por la falta de proporcionalidad con la remuneración que le hubiera correspondido de continuar en actividad en el banco, con más retroactividades e intereses (ver presentación de fs. 5/6, del 10/3/2009), que mereció un pedido del pronto despacho (ver presentación de fs. 7 del 8/5/2009), es importante destacar que el reclamo administrativo realizado ha tenido efecto interruptivo del plazo de prescripción (conf. art. 60 de la ley 11.761 y art. 60 de la ley 13.364), y que la demanda ha sido iniciada con fecha 25/11/2009, por lo que las diferencias producidas en el período que exceda los dos años anteriores al reclamo administrativo (10/3/2009), se hallan prescriptas (arts. 34, 55, 59 y 77, ley 12.008; 163, 164, 260, 261, 344 y 384, C.P.C.C.; 3, 3949, 3962, 3986, Cód. Civil; 1, 2, 7, 2537 y 2560, C.C.C.N.; 60, ley 11.761; 60, ley 13.364).
En virtud de lo expuesto, la excepción de prescripción interpuesta por la demandada debe prosperar parcialmente declarándose prescripta la diferencia emergente de los haberes percibidos en los dos años anteriores al reclamo administrativo, el que ha sido realizado el 10/3/2009 (arts. 34, 55, 59 y 77, ley 12.008;163, 164 y 384, C.P.C.C.).
2.3. Movilidad. Haber inicial. No se discute que la categoría que revestía el actor al momento del cese era la de 2do. Jefe de Departamento de 3ra. (ver informes de fs. 258 y 261), que su haber previsional se determinó conforme la ley vigente a la fecha de la obtención del beneficio previsional (art. 54, ley 11.761), ni que el haber inicial se determinó computando el 81,36% sobre haberes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por 24 años, 4 meses y 27 días de aportes y el 18,64% por servicios computados en el ANSES, por 5 años, 7 meses y 3 días (ver lo informado por el perito a fs. 89 y 282/283 y fs. 119 y 122).
Sentada la legalidad de la determinación del haber, conforme el régimen legal vigente a la fecha de cese -que comprende la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente-, no cabe modificar la extensión del beneficio así alcanzado, por guardar relación directa con los requisitos de acceso a dicha fecha y no surgir -tal como ya se ha dicho- su irrazonabilidad.
Una interpretación coherente del ordenamiento (conf. art. 2, C.C.C.N.), o si se quiere integral, impone dicho resultado, que no logra ser revertido por la crítica del accionante, quien se desentiende de las diferencias existentes entre los regímenes determinados por las leyes 11.761 y 13.364, que contienen distintos requerimientos en materia de antigüedad y edad, y de contribuciones, lo que se proyecta en la determinación del haber establecido por la ley 11.761 y al prorrateo que emerge del art. 62 de dicho norma, por lo que no corresponde admitir la pretensión actora de suprimir tal prorrateo (conf. esta Cámara, causas A. 73.519, “Conde”, sent. del 11/4/2018; 8947, “Parma”, 30/9/2014); y ello sin perjuicio de la movilidad del haber (art. 14 bis, Const. Nac.), aspecto que será analizado en el punto siguiente.
2.4. Movilidad. Haberes posteriores. A fin de dar tratamiento a la restante cuestión omitida (movilidad del haber), es importante destacar que el derecho a la prestación jubilatoria móvil adquirido conforme a la categoría alcanzada en actividad y en base a la cual se otorgó el beneficio, queda ligado a las variaciones que experimente la remuneración del cargo otrora desempeñado (conf. SCBA, doctrina causas B. 48.886, “Baldi”, sent. del 11/12/1986; B. 50.624, "Abdala", sent. del 4/4/1989 y sus citas; B. 52.665, "Ac. y Sent.", 1994-I, 150; B. 56.081, "Panelli", sent. del 8/4/1997; B. 54.188, "Nofri", sent. del 29/4/1997; B. 60.933, “Ninet”, sent. del 22/10/2003; B. 61.221, “Von Wernich”, sent. del 5/10/2005; B. 61.678, “Palange”, sent. del 15/2/2006, entre muchas otras), ya que la garantía de la movilidad previsional (art. 14 de la Constitución nacional) debe traducirse en una razonable proporcionalidad entre la situación del jubilado y la que resultaría de continuar el afiliado en actividad, esto es en el desempeño del cargo tenido en cuenta para la determinación del haber (SCBA, doctrina causas B. 50.624, “Abdala”, sent. del 4/4/1989; B. 50.349, "Bracuto", "Ac. y Sent.", 1988-II, 398; B. 54.848, “Pássaro”, sent. del 3/3/98; B. 52.311, "Eyherabide de Rifourcat", sent. de 30/3/1993; B. 58.301, “Carpinetti”, sent. del 21/6/2000; B. 61.878, “Palange”, sent. del 15/2/2006; B. 64.374, “Marino”, 20/3/2013), proporción que dejaría de existir de no trasladarse efectivamente sobre el haber de pasividad.
Tal como lo ha recordado la SCBA, el concepto de movilidad apunta a garantizar al pasivo un nivel de vida acorde al que tendría de seguir trabajando (conf. doct. causas B. 54.116, "Ponz", sent. del 3/7/1995; B. 55.754, "Piombo", sent. del 17/10/1995; y B. 61.878, “Palange”, 15/2/2006), siendo una garantía constitucional (art. 14 bis, C.N.), que se traduce en una razonable proporcionalidad entre la situación del jubilado y la que poseería de haberse mantenido en actividad.
En dicha línea, tal como lo ha señalado la CSN, la movilidad es una previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores (CSN, 8/8/2006, "Badaro", Fallos 329:3089).
Es útil recordar que en el año 1986, en los autos “Rolón Zappa” (Fallos 308:1848), la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSN) se pronunció por la inconstitucionalidad de las normas legales y reglamentarias que -en el ámbito de las cajas nacionales de previsión- conducían a una desproporcionada reducción de las prestaciones con claro apartamiento de lo dispuesto en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional, desestimando los argumentos del Estado demandado que, con fundamento en la crisis del sistema previsional, solicitó al Tribunal se apartara de su doctrina tradicional en materia de movilidad de los haberes previsionales.
Asimismo, en los autos "Sánchez, María del Carmen c/A.N.S.E.S. s/Reajustes varios", sentencia del 17 de mayo de 2005, ha dejado de lado la doctrina sentada por mayoría de ese Tribunal en la causa "Chocobar" (Fallos 319:3241), señalando que la naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales no admite inteligencia restrictiva de la obligación impuesta al Estado de otorgar "jubilaciones y pensiones móviles" (art. 14 bis, Const. Nac.), y “Que la necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de la pasividad y la situación de los activos, es consecuencia del carácter integral que reconoce la Ley Suprema a todos los beneficiarios de la seguridad social y de la íntima vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas de naturaleza previsional, que son financiadas primordialmente con los aportes efectuados durante el servicio. Los derechos a una retribución justa y a un salario mínimo vital y móvil -dirigidos a garantizar alimentación y vivienda, educación, asistencia sanitaria y, en definitiva, una vida digna- encuentran su correlato en las jubilaciones y pensiones móviles que deben ser garantizadas a los trabajadores cuando entran en pasividad” .
Así, el máximo tribunal ha declarado la invalidez constitucional de las normas legales cuya aplicación conduce -como en el presente caso- a una desproporcionada e irrazona
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.