Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73454
En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.454, "Arguilla Maria Silvina c/ Municipalidad de Lincoln s/ pretensión de restablec. o reconoc. de derechos".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la accionante. En consecuencia, declaró ilegítimo el decreto 2.647/09 en cuanto dispuso el cese de la señora Maria Silvina Arguilla en el empleo, rechazó la solicitud de reincorporación en el cargo que ostentaba la citada agente y reconoció su derecho a cobrar una indemnización en concepto de daño material y moral (v. fs.355/368 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 373/387 vta.), el que fue concedido a fs. 388/389.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 397), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Junín rechazó la demanda deducida por la señora María Silvina Arguilla contra la Municipalidad de Lincoln, mediante la cual pretendía la nulidad del decreto 2.647/09 que dispuso su desvinculación del servicio de psicopedagogía que prestara en el hospital municipal "Rubén Miravalle" y, en consecuencia, su reincorporación a sus tareas y el pago de una indemnización.
II. Apelada la sentencia por la parte actora, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, hizo lugar parcialmente al recurso impetrado (v. fs. 355/368 vta.).
De ese modo, declaró ilegítimo el decreto 2.647/09 dictado por el señor Intendente de la Municipalidad de Lincoln que ordenara el cese de la señora Maria Silvina Arguilla en su empleo y condenó a dicho municipio a abonarle una indemnización en concepto de daño material, equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio prestado o fracción mayor a tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida, con más sus intereses y cuantificó el monto del daño moral en la suma $10.000.
En otro orden, rechazó la solicitud de reincorporación en el cargo que ostentaba.
Para así decidir, sostuvo que la diferencia de tratamiento entre diversas categorías de empleados (del régimen común y empleados públicos y dentro de estos de planta permanente y temporaria) tiene base legal y admisión jurisprudencial.
Señaló que se había acreditado que la parte actora ingresó a prestar servicios a la Municipalidad de Lincoln como personal de la planta temporaria según decreto de designación 1.528/09, de acuerdo con el Título III, art. 49 y 50 de la ley 10.471 -régimen para la Carrera Profesional Hospitalaria-, y que éste fue el modo en que se mantuvo el vínculo en los distintos nombramientos totalizando veinte decretos sucesivos en un período de poco más de cinco años.
Ponderó que de la prueba aportada la accionante no había desempeñado tareas temporarias de emergencia o estacionales sino normales y propias del aérea de salud referidas al servicio de psicopedagogía.
Consideró, en línea con las pautas dadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Ramos" (Fallos 333:311) y por esta Suprema Corte en la causa "Pace", sentencia de fecha 11 de marzo de 2013, que la Administración había utilizado indebidamente una figura jurídica autorizada legalmente para casos excepcionales con el objeto de cubrir en realidad labores que no lo eran, y con ello, eludió una designación permanente.
En otro orden, señaló que la nota enviada por el Director de Personal a la señora Arguilla por la que se le comunicó la no renovación del contrato temporario, carecía de causa en tanto la alusión al decreto 1.528/09, que en su art. 7 previera que la Municipalidad con o sin causa y unilateralmente podía rescindir la designación de ese carácter en cualquier instancia, se encontraba en contradicción con la forma en que se desenvolviera el vínculo ya que, aún en una contratación temporaria, todo acto que disponga la extinción de la relación debe tener un fundamento, ya sea por razones disciplinarias o por cuestiones organizacionales, tal como se desprende de los arts. 50 de la ley 10.471 y 102 de la ley 11.757, entonces vigente para el ámbito municipal.
Entendió que la falta de motivación del acto que dispuso la baja no puede justificarse en la mencionada disposición establecida en el decreto de designación, ya que resulta contraria al citado art. 50 y a la garantía de irrenunciabilidad consagrada en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
Por otra parte, sostuvo que cabía considerar la igualdad en el ingreso a los cargos públicos con base en la idoneidad contemplada en el art. 16 de la Constitución nacional y 103 inc. 12 de su similar provincial, sobre cuya directriz se debe organizar el sistema de incorporación y carrera administrativa, por lo que consideró que la parte actora no tenía derecho a la reinstalación en el cargo. Citó, a fin de fundar tal afirmación, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Ramos" y "Cerigliano".
Destacó que en los precedentes mencionados se señaló que si se atribuyera estabilidad a quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para el ingreso a la carrera administrativa, no sólo se estaría trastocando el régimen legal de la función pública sino que también se afectaría el principio constitucional que prevé que corresponde al Congreso autorizar anualmente el presupuesto general de gastos -entre ellos los correspondientes al personal contratado y al permanente- y que toda erogación que se apartare de estos límites resulta ilegítima.
Expresó que las características del vínculo y su duración en el tiempo pudieron generar en la accionante una legítima expectativa de permanencia laboral que merecía ser amparada conforme lo estatuido por el art. 14 bis de la Constitución nacional que otorga al trabajador protección contra el despido arbitrario, por lo que concluyó que la demandada había incurrido en una conducta ilegítima, que derivaba en su responsabilidad frente a la accionante y justificaba el reclamo indemnizatorio de acuerdo al criterio del Alto Tribunal nacional expuesto en el caso "Ramos", aunque no con los alcances peticionados en el escrito de demanda.
Puntualizó que teniendo en cuenta los lineamientos dados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de determinar los parámetros de la reparación resultaba aplicable la normativa del derecho administrativo.
En tal sentido, sostuvo que la indemnización debía ser establecida conforme a la ley 10.471, pero al carecer de una regulación específica recurrió al art. 30 de la ley 10.430 y fijó en concepto de daño material un monto dinerario equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio prestado o fracción mayor a tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por la parte actora, con más sus intereses desde la fecha del distracto y hasta su efectivo pago.
Finalmente estimó en la suma de $10.000 la reparación por la lesión moral padecida.
III. Frente a lo así decidido, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 373/387 vta.).
Denuncia que el fallo del Tribunal de Alzada es arbitrario y viola el principio de igualdad contemplado en los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional; ley 23.592; Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre "Discriminación en materia de empleo y ocupación"; opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y fallos "Alvarez", "Perez" y "Cerigliano" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros.
También acusa la inaplicabilidad de la doctrina legal de esta Suprema Corte que emerge de las causas B. 49.238, "Salanueva", sentencia de 13-XI-1984; B. 53.483, "Gómez", sentencia de 6-VIII-1996; B. 56.727, "Blasetti", sentencia de 3-XI-1998; B. 57.995 "S.M.H.", sentencia de 30-VIII-2006; L. 97.804, "Villalba", sentencia de 22-XII-2010; B. 55.127, "Roig" y B. 64.809, "Cabral", ambas sentencias de 31-VIII-2011; B. 59.575, "Pequeño", sentencia de 21-XII-2011 y L. 104. 378, "Sffaeir", sentencia de 8-VIII-2012; entre otras.
Se agravia en cuanto la sentencia impugnada tuvo por acreditada la inexistencia de un acto administrativo debidamente fundado de cese que exigía el art. 102 de la ley 11.757 -entonces vigente- y la desviación de poder por fraude legal pero no nulifica la extinción del empleo y solo ordena una indemnización menguada, efectuando una readaptación del caso "Ramos", resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entiende que la Cámara debió anular lo actuado por la demandada y ordenar su reincorporación al cargo con devolución de los salarios caídos por todo el tiempo que estuvo excluida de su labor, con sustento en el art. 14 bis de la Constitución nacional y en los Tratados Internacionales, toda vez que verificó la utilización fraudulenta de la figura legal de la contratación temporaria.
Aduce que el pronunciamiento impugnado soslaya los arts. 102 de la ley 11.757 -entonces vigente- y 50 de la ley 10.471, en cuanto requieren de un acto administrativo expreso, fundado en razones de interés público para disponer la baja, aun cuando se trate de una vinculación laboral temporaria y la acreditación de los extremos fácticos que exige la ley de Carrera Profesional Hospitalaria, ello es: a) la extinción de la causal de designación o b) la invocación de motivos de servicio razonablemente justificadas.
Expresa que la Cámara justifica y sanea el proceder de la demandada y viola la doctrina legal de esta Corte que deriva de las causas B. 49.238, "Salanueva", sentencia de 13-XI-1984; B. 48.689, "Mendoza", sentencia de 31-VII-1990; B. 56.727, "Blasetti", sentencia de 3-XI-1998 y B. 59.359, "Gutta", sentencia de 18-II-2004, en las que este Tribunal señaló que el recaudo de la debida motivación para actos extintivos de la relación de empleo, de índole discrecional, tiende a consolidar la vigencia del principio republicano, que impone a los órganos administrativos dar cuenta de sus decisiones, y al mismo tiempo evita que se afecten las posibilidades de impugnación de quiénes son alcanzados por la resolución y, con ello, se dificulte o impida la revisión judicial de la legitimidad y razonabilidad de las decisiones adoptadas.
Expresa que el Tribunal de Alzada engloba el actuar municipal en la responsabilidad estatal por accionar ilícito y aplica en forma exclusiva y excluyente la contratación temporaria, sin considerar otros hechos relevantes. Aduce que tal decisión conculca su derecho a la estabilidad en el empleo público.
Sostiene que la sentencia impugnada al sustituir la reincorporación por una indemnización viola el mencionado derecho y la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Madorrán", sentencia de 3-V-2007.
Considera que el Tribunal de Alzada efectúa una interpretación restrictiva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, soslayando los alcances del fallo "Cerigliano" y el criterio plasmado por este Tribunal en la causa A. 69.913, "Villafañe", sentencia de 13-XI-2012, en el cual se asienta el principio de primacía de la realidad.
Finalmente, alega que la metodología de cálculo de la indemnización por salario histórico actualizado a la tasa pasiva, es inconstitucional en cuanto viola el derecho de propiedad y justa remuneración del trabajador protegidos por los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional.
Entiende que la indemnización en concepto de daño material debe calcularse sobre el mejor sueldo, tomando como base el vigente al momento del efectivo pago, con más el interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ello en virtud de la laguna legal y por aplicación del principio " in dubio pro justicia socialis ".
Alega que el método propuesto se halla reconocido por la ley 14.196 que regula el premio por cese en el empleo público y por el art. 61 del decreto ley 9.650/80 para el cálculo de saldo deudor por haberes percibidos indebidamente por el Instituto de Previsión Social.
Arguye que cuando la ley le confiere a la Administración el derecho a recuperar sus acreencias sobre la base del haber vigente a la fecha de percepción, igual parámetro debería fijarse cuando resulte deudora, pues de lo contrario existiría un trato discriminatorio en infracción al principio de indemnidad que prescribe el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. Es un hecho no controvertido en la causa que la parte actora se vinculó con la Municipalidad de Lincoln mediante una relación de empleo público, como personal temporario.
IV.1.a. Conforme surge de las constancias obrantes en autos, dicho vínculo se prolongó a través de sucesivas designaciones, que se fueron prorrogando desde el 1 de setiembre de 2004 al 30 del mismo mes de 2009, fecha a partir de la cual se dispuso su cese (v. fs. 8 vta./9 de las copias certificadas del expediente 29/09 agregadas a la causa).
De ese modo, advierto que, en el caso, se ha generado una situación que resulta asimilable a la del personal de planta permanente con estabilidad.
IV.1.b. En reiteradas oportunidades he sostenido que las designaciones del personal de planta temporaria deben responder, necesariamente, a las pautas fijadas en las normas respectivas. Es decir, resulta menester consignar en tales actos cuáles son los servicios, obras o tareas a las que se destinará al agente en tanto el plantel temporario (personal mensualizado y jornalizado) se compone de aquellos empleados necesarios para la ejecución de servicios, explotaciones, obra, o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no pueden ser realizados con personal permanente de la Administración (causas B. 49.890, "Villalba", sent. de 11-VIII-1987; B. 50.547, "Zaragoza", sent. de 31-V-1998 y posteriores).
Resulta indudable que las funciones desarrolladas por la recurrente son actividades normales de un municipio, que pueden ser prestadas con personal estable del mismo. En esas condiciones, la conducta de la demandada, al designar a la accionante en forma sucesiva e ininterrumpida por el lapso referido, deviene carente de razonabilidad.
Asimismo, tal como lo indiqué en los precedentes referidos, lo actuado por la autoridad administrativa se manifiesta como un ejercicio abusivo de las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga para designar agentes de planta temporaria, que intenta frustrar, de manera ilegítima, el derecho a la estabilidad que asignan a los empleados públicos las cláusulas constitucionales en vigencia (arts. 14 bis, Constitución nacional y 103 inc. 12, Constitución provincial) y que tienen carácter operativo (doctr. causa B. 49.890, "Villalba", sent. de 11-VIII-1987 y sus citas).
IV.1.c. Y si bien no cabe duda que el derecho a la estabilidad en el empleo no posee carácter absoluto, cuando la relación laboral se ha consolidado en mérito al desempeño efectivo de tareas propias del personal permanente y de la continuidad de ellas durante el plazo señalado precedentemente, la garantía de estabilidad no puede ser desconocida mediante una conducta irrazonable y abusiva de la autoridad administrativa (conf. mi voto en las causas L. 67.396, "Faraci", sent. de 30-IX-1997; B. 54.753, "Batista", sent. de 12-V-1998; B. 57.369, "Oliva", sent. de 10-IV-2001; B. 56.138, "Moya", sent. de 29-VIII-2001; A. 68.916, "Soverón", sent. de 1-X-2008).
IV.1.d. En virtud de las razones expuestas, juzgo que la decisión del a quo en esta parcela del pronunciamiento debe ser revocada, toda vez que el asiste derecho a la recurrente a ser reincorporada a su puesto de trabajo.
IV.1.e. Ahora bien, con motivo a los fundamentos dados precedentemente, corresponde que me expida respecto al resarcimiento peticionado por la accionante.
Conforme he sostenido en causas similares (cfr. mis votos en causas B. 53.291, "Alvarez", sent. de 22-IV-1997; B. 53.466, "Chousa", sent. de 10-VI-1997; A. 69.913, "Villafañe", sent. de 13-XI-2012), el daño que provoca la separación ilegítima del agente debe presumirse in re ipsa .
Sin perjuicio de ello, considero en cambio que la magnitud del perjuicio ocasionado a un empleado que ha sido declarado cesante sin derecho no puede establecerse en forma genérica y dependerá de las características y particularidades del caso, que corresponde evaluar al juzgador.
En consecuencia y atendiendo a las especiales circunstancias de la causa, considero pertinente fijar en concepto de indemnización por daño material una suma equivalente al 70% de los sueldos dejados de percibir desde la separación de su cargo y hasta la fecha de la respectiva reincorporación.
IV.1.f. En torno al pedido tendiente a que los haberes se liquiden según el valor actual correspondiente al cargo que ocupaba la actora, con más los adicionales, no encuentro motivos para apartarme de la doctrina adoptada por la mayoría del Tribunal en orden a que la liquidación de los salarios de acuerdo con su valor histórico resulta la manera de computar la indemnización que con mayor fidelidad representa el perjuicio efectivo causado al agente por consecuencia de la actuación estatal ilegítima (doctr. causas B. 61.665, "Savarro", sent. de 5-III-2008; 59.999, "Di Lorenzo", sent. de 21-XII-2011; B. 63.247, "Clot", sent. de 19-XII-2012; e.o.).
IV.2. Con relación al planteo vinculado con la tasa de interés, juzgo corresponde, en el caso, calcular los intereses exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016). Ello da, en mi criterio, suficiente respuesta al cuestionamiento relacionado con dicho tópico.
V. En virtud de lo expuesto, propicio hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley y reconocer el derecho a la accionante a ser reincorporada a su puesto de trabajo, fijando en concepto de indemnización por el daño material derivado de la cesantía ilegítima una suma equivalente al 70% de los sueldos dejados de percibir desde la separación de su cargo y hasta la fecha de la respectiva reincorporación.
A tales montos se le adicionarán intereses, los que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables a cada caso (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561, coincidentes en ambas redacciones en su contenido; 622, Código Civil; 7, 767, 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Con dicho alcance, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Discrepo con el colega que me precede en la votación, pu
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