Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75080
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.080, "Yannuzzi, Oscar Mauricio contra Municipalidad de Vicente López. Pretensión Restablecimiento de Derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Soria, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín confirmó -por otros fundamentos- la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la demanda deducida por el señor Oscar Mauricio Yannuzzi contra la Municipalidad de Vicente López. Las costas de la alzada fueron impuestas en el orden causado –art. 51 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo- (v. fs. 300/319 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 333/340 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 342 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 345) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín confirmó -por otros fundamentos- la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la demanda promovida por el señor Oscar Mauricio Yannuzzi, mediante la cual pretendió: i) el reconocimiento de su derecho a integrar -en su condición de veterinario- el plantel de profesionales comprendidos en la Ley de Carrera Médico Hospitalaria 10.471, desde que la demandada adhiriera a su régimen; ii) las diferencias salariales devengadas; iii) el goce de los beneficios establecidos en el citado régimen y iv) una indemnización por daño moral que dijo haber padecido por la implícita negativa a su reclamo. Todo ello con más los intereses respectivos (v. fs. 300/319 vta.).
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada realizó las siguientes consideraciones.
I.1. Liminarmente, precisó que cuando se configura un supuesto de silencio de la Administración -como en el caso, por falta de pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa a la petición efectuada por el actor- la norma procesal atribuye a esa inactividad formal administrativa un efecto equivalente a la denegación del reclamo (cfr. art. 16, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Asimismo, señaló que, frente al silencio de la autoridad administrativa, la aplicabilidad de la presunción iuris tantum de legitimidad de la que goza su decisión -denegatoria ficta- debe restringirse, por cuanto tal obrar omisivo supone el quebrantamiento de la garantía del debido proceso y del correlativo derecho a una decisión administrativa fundada. Sin embargo, aseveró que tal morigeración no implica soslayar el principio general que impone, a quien controvierte la juridicidad de la conducta de la Administración, la carga de fundar la impugnación y de acreditar los extremos fácticos en que sustenta su pretensión. Agregó, que la consecuencia de su incumplimiento es la de soportar la situación adversa respecto de la cual había sostenido sus afirmaciones no acreditadas. En su aval, citó doctrina de esta Suprema Corte (v. fs. 309 vta./311 vta.).
I.2. Bajo tales premisas, reseñó las constancias relevantes de la causa y se abocó al tratamiento de las críticas esgrimidas por el recurrente.
I.2.a. En primer lugar, abordó el agravio mediante el cual el impugnante pretendía -en su condición de médico veterinario del municipio y antiguo profesional de la salud- ser incluido automáticamente en el régimen de la Carrera Médico Hospitalaria establecida por la ley 10.471, a la que adhiriera la comuna accionada.
A fin de dar respuesta al agravio bajo análisis, precisó el marco normativo aplicable, del cual extrajo las siguientes conclusiones: i) que la ley 10.471 instauró la Carrera Profesional Hospitalaria (Personal-Salud); ii) que la Municipalidad de Vicente López adhirió -por ordenanza 25.300- al régimen de la citada ley; iii) que en dicha adhesión se incluyó al sistema a los médicos veterinarios y a los arquitectos sanitaristas y iv) que la vigencia de esta última decisión fue suspendida -por ordenanza 27.262- hasta que las citadas profesiones fueran incorporadas a la mentada ley 10.471, lo cual aconteció con el dictado del decreto 1.397/10.
Asimismo, refirió que de dicha normativa se desprendía que el acceso a la carrera en cuestión tendría lugar mediante un concurso abierto de méritos, antecedentes y evaluación (cfr. art. 5), con excepción de las funciones de Director Asociado y de Director, que serían designados sin concurso (cfr. art. 8).
A partir de allí, señaló que el requisito de concurso previo resultaba un recaudo determinante e insoslayable para el ingreso al mencionado régimen y ponderó que -en la especie- el señor Yannuzzi no había acreditado su cumplimiento. Recordó, con base en la doctrina de esta Suprema Corte, que en la interpretación de las normas no debía prescindirse de las palabras de la ley, correspondiendo recurrir a ellas para encontrar la solución del caso concreto.
Tampoco encontró acreditada la existencia de una norma municipal que -tal como ocurriera a nivel provincial con, verbigracia, la ley 12.349- hubiera establecido una excepción al recaudo en cuestión, a efectos de posibilitar su incorporación automática al régimen de la ley 10.471, pues estimó que la normativa invocada por el actor en sustento de su postura, lejos estaba de respaldar el derecho pretendido.
I.2.b. En segundo orden, se expidió sobre la supuesta discriminación que acusó sufrir el recurrente, con relación a otros agentes -también médicos veterinarios- con desempeño de tareas en el mismo ámbito municipal y que fueran incorporados a la Carrera Profesional Hospitalaria de la ley 10.471.
Al respecto puntualizó, a partir de las constancias de la causa, que: i) resultaba falsa la afirmación de que el actor era el único profesional veterinario que no fuera incorporado al régimen en cuestión; ii) no se había probado el modo de ingreso de los agentes colegas que sí se encontraban revistando bajo el régimen de la ley 10.471 y iii) el caso particular del doctor Biglieri -invocado en respaldo de su pretensión- no era conducente, pues advirtió que el citado agente -al igual que la agente Moschini- había sido incorporado al régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria de manera directa y soslayando el concurso previo, circunstancia que constituía una anomalía y, con cita en la doctrina de esta Suprema Corte, puntualizó que dicha circunstancia anulaba el carácter vinculante que se le pudiera atribuir como precedente administrativo, pues no podía consentirse que el Estado se apartara de la legalidad en su obrar.
En base a lo expuesto, desestimó los argumentos enarbolados por el recurrente para dar sostén a la situación discriminatoria denunciada.
I.3. Como corolario, concluyó que no se había logrado demostrar en la especie, que la Municipalidad de Vicente López haya exhibido una conducta ilegítima al no haber incluido al señor Oscar Mauricio Yannuzzi en el régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria instaurado por la ley provincial 10.471 y adoptado localmente mediante la ordenanza 25.300.
I.4. Finalmente, y en virtud de no haberse logrado desvirtuar la presunción de legitimidad de la decisión -denegatoria ficta- de la Administración municipal, desestimó el reclamo indemnizatorio pretendido en concepto de daño moral (v. fs. 318 vta. y 319).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 333/340 vta.), en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia: a) violación del régimen de la ley 10.471 y de la ordenanza municipal 4.797/83; b) trasgresión de los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional (principio de igualdad y derecho de propiedad); 30 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo; 358, 362 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; c) arbitrariedad y absurdo valorativo; d) vulneración de la doctrina de los propios actos y e) quebrantamiento del principio de congruencia.
II.1. Denuncia que el fallo en crisis incurre en absurdo al considerar que, en el caso, se priorizó una circunstancia formal, no imputable a su parte, por sobre derechos y garantías constitucionales.
Así, sostiene que el a quo le denegó sus prerrogativas de igualdad, propiedad y trabajo por la sola circunstancia de no haberse sometido al concurso de admisión establecido en el art. 5 de la ley 10.471, sin advertir que otros veterinarios que accedieron al régimen de la Carrera Médico Hospitalaria, tampoco fueron evaluados por la comuna en ningún concurso abierto.
Señala que los sentenciantes trastocaron arbitrariamente las responsabilidades de las partes, al exigirle someterse a un concurso, cuando quien no cumplió con su obligación legal de realizar la convocatoria fue el municipio demandado. Alega que dicha exigencia es arbitraria porque se funda en afirmaciones dogmáticas.
II.2. Sostiene que el decisorio atacado también peca de arbitrario y absurdo al vulnerar la doctrina de los propios actos y omitir ponderar prueba que -entiende- resulta decisiva para la admisión de su reclamo.
En ese sentido, postula que el Tribunal de Alzada no valoró el dictamen 11.882, emitido por la Asesoría Legal del municipio -que dice acompañara-, mediante el cual la comuna admitió que le correspondía la mejora laboral por la implantación de la Carrera Médico Hospitalaria en su ámbito, como así tampoco meritó la añeja admisión municipal, en el citado régimen laboral más benigno, de todos sus colegas veterinarios.
Reprocha que los sentenciantes de ambas instancias hayan omitido hacer valer la presunción contenida en el art. 30 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo, ante el extravío del expediente municipal que contenía el original del dictamen legal citado.
II.3. Por otro lado, se agravia de que la Cámara considere como requisito ineludible, para ingresar a la Carrera Médico Hospitalaria, el someterse a un concurso abierto de mérito, antecedentes y evaluación, cuando los restantes veterinarios del municipio fueron admitidos al régimen de la ley 10.471 sin cumplir con ese recaudo. Postula que dicha conclusión viola el principio de igualdad y lo coloca en una situación de discriminación.
Sostiene que la circunstancia de que los veterinarios Biglieri y Moschini fueran ingresados al régimen en cuestión sin cumplir con el recaudo de someterse a concurso previo, no debió interpretarse como una anomalía sino como un presupuesto propicio para su reclamo, ya que dicha situación era un nítido indicador de que la comuna demandada no cumplía con su obligación de convocar a los concursos exigidos por la normativa.
En esa línea, discrepa con el Tribunal de Alzada en cuanto juzgó que los precedentes administrativos carecen de efectos vinculante si derivan de actuaciones ilegítimas o derivadas de la negligencia o del error, pues -alega- sobre ese principio de legalidad debe prevalecer su derecho constitucional a ser tratado igualitariamente (art. 16, Const. nac.).
II.4. Denuncia que la sentencia vulnera las reglas que rigen el onus probandi , al exigirle la carga de demostrar que no era un obstáculo no haberse sometido a concurso de admisión, cuando fue la municipalidad quien alegó que era necesario dicho recaudo, por lo cual -según su criterio- era a la comuna a quién le correspondía la obligación de acreditar que había convocado a concurso. Denuncia que esta circunstancia constituye un vicio del pronunciamiento, porque trastoca las normas probatorias vigentes (arts. 358, 362 y 375, CPCC).
II.5. Cuestiona que el fallo desconozca que por su antigüedad y jerarquía le correspondía ingresar en la Carrera Médico Hospitalaria con el grado de Director Asociado, lo cual -aduce- lo eximía del requisito de ser sometido a concurso de admisión (art. 8, ley 10.471).
A su vez, alega que el Tribunal de Alzada omitió considerar que su derecho a ingresar al régimen pretendido se remonta a la sanción de la ordenanza 4.797/83, por la cual se creara la Carrera Médico Hospitalaria en la comuna e integrara a la misma a los médicos veterinarios sin exigirle el requisito de concurso previo para el ingreso.
II.6. Finalmente, denuncia que el fallo en crisis vulnera la regla de congruencia procesal, por fundarse -según sostiene- en circunstancias que fueron ajenas al debate, es decir, en argumentos que nadie alegó y que fueron introducidos al proceso por la jueza preopinante.
III. Por las razones que seguidamente se exponen, en mi parecer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto no merece acogida (art. 279, CPCC).
III.1. Previo a ingresar en el desarrollo de los fundamentos que justifican tal decisión, creo oportuno, liminarmente, formular algunas consideraciones respecto de la presunción de legitimidad iuris tantum de la que gozarían las denegatorias fictas, a propósito de la configuración del silencio administrativo, sostenida por el a quo (v. fs. 310).
Sobre el tópico, resulta menester recordar que esta Corte ha puntualizado, en diversas ocasiones, que el silencio de la Administración pública constituye una figura que tiene cabida ante la falta de pronunciamiento expreso (o inactividad formal) de la autoridad obligada a pronunciarse en un procedimiento administrativo. Frente a tal circunstancia, cumplidos los presupuestos que le son aplicables, la norma legal sustituye a la voluntad estatal inexpresada, asignándole un determinado y concreto significado (doctr. causas B. 61.775, "Shadeck", sent. de 30-V-2012; B. 62.791, "Schaefer", sent. de 24-V-2016; e.o.).
El legislador recepta esta garantía con el fin de contrarrestar los supuestos de inacción formal de los órganos o entes administrativos en el procedimiento cuandoéstos, simplemente, dejan sin contestar o tramitar una petición. Y con ello evita que quien ha formulado un pedimento a la autoridad pública que permanece inactiva quede inerme frente a tal actitud omisiva, privado de toda garantía judicial (conf. mi voto en las causas B. 61.267, "Lunazzi", sent. de 2-VII-2008 y B. 58.927, "Velázquez", sent. de 8-II-2012).
Se trata de una institución contemplada en disposiciones legales a favor del interesado para franquearle el acceso a la jurisdicción (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.). Constituye un emergente dogmático del debido proceso adjetivo en sede administrativa que, entre otras manifestaciones, exige de las autoridades responsables el dictado de una resolución fundada.
Puntualmente, al dotar a la inactividad formal administrativa de un efecto equivalente a la denegación del reclamo, el orden normativo consagra una vía de solución frente a la incertidumbre que generaría, ante la falta de decisión expresa, la determinación del temperamento a seguir (conf. causa B. 61.558, "Galesio", sent. de 6-VII-2005). Pero en modo alguno transforma esa inacción en una manifestación de voluntad, porque la Administración nada hace ni dice, sino que, sencillamente, no actúa, deja transcurrir el plazo sin resolver (conf. causa B. 58.927, "Velázquez", sent. de 8-II-2012 y sus citas).
La configuración del silencio administrativo negativo no equivale, pues, a una resolución administrativa desestimatoria, sino que constituye una herramienta en virtud de la cual el interesado puede, si lo desea, acceder a la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la fictio iuris de una respuesta en tal sentido (conf. causas B. 59.316, "De Grazia", sent. de 21-V-2008 y B. 58.927, cit.). La ley cubre el vacío derivado de la pasividad de la autoridad pública otorgándole un determinado sentido, con el fin de que aquel pueda llegar a la vía jurisdiccional superando los efectos de aquella omisión.
Representa una opción legal establecida en beneficio del particular para paliar la inacción del órgano estatal, sin que configure una carga cuya inobservancia revierta en su perjuicio, agravando el daño ocasionado por el incumplimiento de la Administración (CSJN Fallos: 324:1087 y causa D.629.XL "Di Santo, Elisa Gracia c/ANSES s/reajustes varios", sent. de 8-II-2008). De allí que, habiendo sido instituido claramente a favor de aquel, mal pueda emplearse la figura en contra de sus derechos (CSJN Fallos: 316:2477; 318:1349; 324:1405 y causa B.674.XLVII "Biosystems SA c/EN –Mo. Salud- Hospital Posadas s/contrato administrativo", sent. de 11-II-2014, dictamen de la señora Procuradora Fiscal al que se remitió el Tribunal).
En tal escenario, ninguna presunción de legitimidad -siquiera iuris tantum - puede resultar de aplicación.
III.2. Efectuada dicha aclaración, ingresaré al tratamiento del recurso extraordinario interpuesto recordando que la facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causa A. 73.507, "Aued", sent. de 6-VI-2018).
En la especie, ninguno de los agravios expuestos por el recurrente conlleva una réplica eficaz a los fundamentos que estructuran la sentencia de Cámara. Ello toda vez que en su pieza recursiva insiste en reiterar planteos que viene esgrimiendo desde el inicio de la causa y que han recibido solución adversa -con fundamentos suficientes- en las distintas instancias de grado, sin que se evidencie en esta vía extraordinaria ningún vicio casatorio que justifique revertir lo fallado. Lo que se plantea como violación de la ley, doctrina legal y absurdo valorativo no pasa de ser -en rigor- una mera disconformidad del impugnante con el sentido de lo resuelto, circunstancia que no alcanza para tener por cumplidas las cargas técnicas que supone el tránsito por ante esta Suprema Corte.
III.3. En efecto, para decidir el rechazo de la pretensión, el Tribunal de Alzada recordó que, conforme lo prescripto por los arts. 5 y 8 de la ley 10.471, el acceso a la Carrera Profesional Hospitalaria tendrá lugar mediante concurso de méritos, antecedentes y evaluación, con excepción de las funciones de Director Asociado y de Director, que serán designados sin concurso.
A partir de allí, la Cámara señaló que el requisito del concurso previo resultaba un recaudo determinante e insoslayable para el ingreso al mencionado régimen y ponderó que -en la especie- el señor Yannuzzi no había acreditado su cumplimiento.
Sostuvo, con cita en la doctrina de esta Suprema Corte, que en la interpretación de las normas no debe prescindirse de las palabras de la ley, correspondiendo recurrir a ellas para encontrar la solución del caso concreto.
Asimismo, estimó inatendible el argumento por el cual el recurrente postulaba que debió haber sido encuadrado de pleno derecho en el régimen legal pretendido, por cuanto tampoco acreditó la existencia de una norma municipal que hubiera establecido una excepción al recaudo en cuestión. Por el contrario, meritó que la normativa invocada por el señor Yannuzzi en su apelación ordinaria, lejos estaba de respaldar su derecho, puntualizando que la ordenanza 4.797/83 -cuya aplicación insiste en proclamar el recurrente en esta instancia extraordinaria-, si bien había habilitado la incorporación automática de los agentes munici
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