Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 30290 2020
Expte. Nº 30290.-
Autos: LARESCA JULIO CESAR C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO.-
Mercedes, de abril de 2020.-FNB
Estos autos caratulados "LARESCA JULIO CESAR C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 30290, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 16/24 se presenta Julio Cesar Laresca, con el patrocinio letrado del Dr. Siro Damián Rebagliati, iniciando demanda contra la Municipalidad de Mercedes, solicitando la anulación del acto administrativo por el cual se puso fin a su relación de empleo con la comuna demandada.
Expone los antecedentes del caso, manifestando que ingreso a trabajar como agente jornalizado en la Municipalidad de Mercedes el día 1 de septiembre de 2012, cumpliendo tareas en el área de producción. Que luego de un año y medio, paso a desempeñarse en la Oficina de Notificaciones y Mandamientos Municipal.
Dice que durante el lapso en que desempeño ambos puestos, no recibió apercibimiento alguno y que cobro el plus por presentismo en casi todos los meses.
Menciona que en fecha 29 de septiembre de 2017, fue notificado que su nombramiento como agente jornalizado no iba a ser renovado, habiendo sido suscripta dicha resolución por la Subdirectora de Recursos Humanos de la comuna.
Cuenta que ante esa situación, se dirigió a dialogar con el Intendente Municipal, quien le explico que se vio en la obligación de no renovar su vinculo con el municipio por encontrarse imputado en una causa penal. En ese mismo momento -según continua diciendo- le manifestó que era un problema ajeno al trabajo y que el delito del que se le acusaba (desobediencias reiteradas) no había sido comprobado.
Agrega que siempre ha cumplido con sus obligaciones laborales y que lo cierto es que la no renovación de su vinculo se debe pura y exclusivamente a su problema judicial, en el cual no hay sentencia firme por lo tanto lo ampara el principio de inocencia.
Acusa de falta de motivación al acto cuestionado, afirmando que realizar contratos con carácter temporarios, impidiendo ello poder acceder a la categoría de trabajadores de planta permanente, no era la finalidad que el legislador tuvo en miras cuando permitió a la administración hacer este tipo de contratos.
Expone que hubo violencia laboral, en tanto su superior jerárquico hizo valer tal carácter afectando así su dignidad y abusando del poder que dispone, en tanto fue anoticiado que su contrato cesaba el último día de laboral.-
Asegura que la decisión de la administración es discriminatoria, en tanto nadie puede creer que es casual que luego de la denuncia en su contra, hayan decidido no renovarle el contrato a pesar de tener una foja de servicios impecable.
En su criterio, la falta de motivación del acto permite sostener esa discriminación, toda vez que al no existir elementos que vengan a establecer por que de todos los contratos que se vencían ese día, solo no renovaron el suyo. Invoca en su tutela lo previsto por el art.1° de la ley 23592, en cuanto habilita a dejar sin efecto el acto discriminatorio y autoriza a exigir una reparación del daño moral ocasionado, la que expresamente reclama (v. pto IX, fs.22vta.).
Solicita medida cautelar de no innovar, argumentando en favor del cumplimiento de los requisitos para su procedencia.
Finalmente, plantea caso federal, ofrece prueba y por ultimo, peticiona.
II. Que requerido a la autoridad accionada el informe previsto en el art.23 inc.1° del CPCA y abastecido el mismo con la presentación electrónica de fecha 05/06/18, a fs.41/45 se rechaza la cautelar solicitada.
III. Que en fecha 8 de mayo de 2019, se presenta a contestar demanda -en representación de la Municipalidad de Mercedes- el Dr. Luis Alberto Costilla, con el patrocinio del Dr. Roberto Eduardo Flores.
Principia su descargo negando en forma pormenorizada todos y cada uno de los hechos expuestos que no merecieran un expreso reconocimiento.
Relata que el actor desempeñó su labor en el Municipio desde el 1° de septiembre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2012, como agente jornalizado temporario, con sucesivas renovaciones.
Explica que la situación de revista del actor estaba contemplada expresamente en el artículo 92 -jornalizado- de la Ley 11.757 aplicable al caso, que claramente se dirige a ciertos trabajos que no se compadecen con los de la planta permanente, ciertamente normados en el capítulo II de la planta de personal (conf. artículo 12 inciso 2 apartado "a"); siendo facultad otorgada al Departamento Ejecutivo por el artículo 108 inciso 14º del Decreto-Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) y que al actor, le son aplicables las disposiciones que para el personal temporario, establece el Estatuto Municipal (artículo 92 y concordantes de la Ley 11.757) y, así, que no tenía estabilidad.-
Afirma que resulta legítima la decisión del Ejecutivo Municipal, comunicada por cédula, al exteriorizar el ejercicio de una prerrogativa legalmente reconocida a la Administración, como resulta ser la de no renovar el vínculo temporario que venía realizando meses anteriores, dentro del plazo de provisionalidad.
Dice que mediante cédula notificada al actor el 29 de Septiembre de 2017 se indicó causal de egreso la no renovación del vínculo laboral, cuya fecha de vencimiento se encontraba expresamente determinada, por lo que no cabe indemnización alguna a su extinción, toda vez que se cumplió integralmente.-
En su criterio, no puede afirmarse seriamente que la no renovación del vínculo se debe exclusivamente a una cuestión judicial que vinculara al actor. Y asimismo -sigue diciendo- particular nivel de absurdo reviste la afirmación de violencia laboral y acto discriminatorio alguno cuando se contrata personal de carácter transitorio en el marco de la legislación vigente y debidamente encuadrado en la misma, para desarrollar tareas específicas y determinadas, por tiempo limitado, teniendo desde el inicio del vínculo acabado conocimiento de la fecha de extinción del mismo, su carácter de transitorio y no ajustado a las exigencias y normas propias del personal de planta permanente.-
Entiende que la Ley 11.757 prevé en forma particular el régimen para el personal de planta temporaria, estableciendo derechos diferentes que los reconocidos para el personal de planta permanente y la forma de la finalización de la relación; así, no reconoce para este tipo de empleados (temporarios) el derecho a la estabilidad (artículos 12, 98 y cctes.), ni a la indemnización por cese de actividades (artículos 98 y 24), elementos que determinan la improcedencia de la pretensión actora.-
Citando doctrina asegura que en los casos de contratos de empleo público temporario, la conclusión de la relación se produce de forma automática y el agente tiene el deber de no concurrir más al trabajo.-
Luego de referir antecedentes jurisprudenciales que sostienen su defensa, ofrece prueba, reserva caso federal y peticiona, solicitando el rechazo de la demanda, con costas.
IV. Transitada la etapa de prueba en los términos que ilustra el acta de audiencia de fs.52/52vta. y presentado el alegato por la parte demandada en fecha 25 de septiembre de 2019, los autos se encuentran en estado de dictar sentencia; y
1. Que de los términos de la pretensión articulada es posible extraer que el actor pretende obtener un reconocimiento al derecho a la estabilidad en el empleo publico municipal, solicitando para ello la nulidad del acto de no renovación contractual y concomitantemente a ello, una indemnización en razón de que la ruptura del vínculo laboral obedeció a un comportamiento discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
Que por su parte, la comuna accionada manifiesta que la causal de egreso, está relacionada a la no renovación de la designación temporaria del agente, lo que a pesar de sucesivas renovaciones desde el 1/09/12 hasta el 30/09/17, finalizo por haber agotado su termino ya previamente determinado, razón por la cual no corresponde indemnización ni tampoco la estabilidad de los empleados de planta permanente.-
2. Que no se encuentra controvertido que el actor trabajo para el Municipio demandado en carácter de agente jornalizado, desde el día 1 de septiembre del año 2012 hasta el día 30 de septiembre de 2017.
Que del legajo oportunamente allegado -agregado sin acumular, en copia autenticada y sin foliatura- se desprende que el actor, fue designado mediante decreto N° 702/12 como agente jornalizado temporario, desde 01/09/12 al 30/09/12. Acto seguido, se lo asigna para prestar tareas en la Dirección de Producción (ver resolución de fecha 03/09/12, del Secretario de Gobierno).
A partir de allí se registran una serie de decretos similares, en que se lo designa -por periodos entre uno y tres meses- siempre como agente jornalizado temporario. En el interin, con fecha 15/12/13 se lo reasigna para prestar tareas laborales en la Oficina de Notificaciones.
Cierra el legajo, cedula de notificación -de fecha 29/09/17- en la que se comunica al actor que "su designación como agente jornalizado de esta Municipalidad de Mercedes, desde el 1° de julio al 30 de septiembre del corriente año, no será renovado".
3. Que en referencia a la normativa aplicable y en orden a la modificación normativa producida durante el lapso temporal en que se desarrollo la relación de empleo publico, esto es, derogación de la Ley 11.757 y entrada en vigencia de la Ley 14.656, publicada en fecha 06 de enero de 2015 y su entrada en vigencia 180 días después, vale decir, en julio de 2015, conforme art. 120 de esa Ley, cabe destacar que la situación del actor no se ve modificada por la misma. Ello, toda vez que no se verifica -en principio- una diferencia sustancial en el tratamiento normativo entre ambas leyes relacionado con el personal temporario.
Es por ello que la aplicación de una u otra norma resulta indistinto a los efectos resolutivos del caso bajo examen, de conformidad a los términos -fácticos y jurídicos- en que ha sido propuesto a conocimiento del suscripto.-
4. Bajo ese escenario, es que la situación de revista del actor estaba contemplada expresamente en el art. 92 -jornalizado- de la Ley 11.757 (de similar manera los arts.70 y 111 de la actual ley 14.656), que claramente se dirige a ciertos trabajos que no se compadecen con los de la planta permanente, ciertamente normados en el capítulo II de la planta de personal (conf. art. 12 inc. 2 apartado "a"); siendo facultad otorgada al Departamento Ejecutivo por el artículo 108 inc.14º del Decreto-Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades).
Tal es así que se ha dicho:"... En función de todo lo expuesto, se concluye que el personal contratado se encuentra fuera de la situación estatutaria de los agentes municipales, y sus servicios se rigen por contratos escritos y renovables, sin los beneficios del escalafón (Fiorini: "Manual de Derecho Administrativo", Bs. As., 1968, T.1 pág. 549)".
Ello permite concluir, que a la situación laboral del actor le son aplicables las disposiciones que para el personal temporario, establece el mentado Estatuto municipal (art. 92 y cctes. Ley 11.757).
Por ello, queda perfectamente claro que no tenía estabilidad.
La ley 11.757, conforme antes expusiera, clasificaba en dos grupos claramente diferenciados al personal: 1) planta permanente y 2) planta temporaria (conf. art. 12), determinando igualmente los derechos que a tal personal le asiste, y en punto al derecho a la estabilidad sólo la atribuye al empleado de planta permanente (art. 15) (concordantes con los actuales 7 y 70 de la ley 14.656).
Advierto así, que el personal de planta temporaria no goza de algunos derechos que si corresponden a los de planta permanente.
Por ello, la solución normativa respecto a la estabilidad y a la posibilidad del cese, en principio no ofrece duda, pues, el mismo Estatuto de Personal Municipal prevé esta solución; y en tal sentido resulta ajustado a ella el criterio del Máximo Tribunal Provincial, acerca de que el personal de planta temporaria, agentes mensualizados, jornalizados, reemplazantes y contratados se halla incorporado a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación (doct. de la mayoría en causas B. 49.724, "Requejo", sent. del 16VI1987; B. 49.890, "Villalba", sent. del 11VIII1987; B. 50.547, "Zaragoza", sent. del 31V1988; B. 51.827, "Palacios", sent. del 16XI1993; B. 54.512, "Pertusi", sent. del 11IV1995; B. 54.753, "Batista", sent. del 12V1998; L. 68.993, "Castro", sent. del 14VII1998; B. 57.364, "Capuano", sent. del 31VIII1999; B. 56.876, "Torres", sent. del 24XI1999; B. 56.457, "Hermosilla", sent. del 2VIII2000; B. 57.700 "Montes de Oca", sent. del 10IX2003; B. 57.741, "Iori", sent. del 18II2004).
En sentido coincidente, se ha expedido la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín (causa Nro. 2353/10, caratulada "Maidana Victor C/ Municipalidad de Tigre S/ Pretensión Indemnizatoria"; y mas recientemente en la causa nº 2937, caratulada "Palacios Jorge c/ Municipalidad de Bragado s/Pret. Indemnizatoria", sentencia del 12/04/12, de este mismo Juzgado).
Por lo tanto, conforme el panorama normativo y jurisprudencia precedentemente referenciada, la actora, no puede en su reclamo, ampararse en la garantía de estabilidad estatutaria propia.
Juzgando asimismo que la decisión de no renovación de la relación laboral del actor, no mediando prueba alguna que así lo revele, no resulta ni arbitraria ni ilegal pues la designación temporaria tenia fecha de termino el día 30 de septiembre de 2017, sin necesidad de un acto administrativo que así lo dispusiera.
En tal contexto, cabe entonces reputar legítima la decisión del Ejecutivo Municipal comunicada por cédula de fecha 29 de septiembre de 2017, al exteriorizar el ejercicio de una prerrogativa legalmente reconocida a la Administración, como resulta ser la de no renovar el contrato temporario que venía realizando meses anteriores, dentro de la provisionalidad que caracteriza ese tipo de designación.
5. Por lo demás, el accionante cuestiona el comportamiento de la autoridad demandada en tanto entiende que responde a motivos que califica de discriminatorios. Sin embargo, en la especie, nada ha probado en este sentido el accionante, pues todo ha quedado en un estadio de mera alegación, sin que exista prueba alguna que conecte la ausencia de renovación de la designación temporaria con el proceso penal al que se encontraba sometido. Y teniendo en cuenta que resulta indiscutible, que el vinculo laboral finalizo una vez cumplido el termino por el que fue designado y que no se desprenden de las constancias de la causa, circunstancias fácticas que revelen, siquiera indiciariamente, que mediara en el comportamiento de la comuna empleadora motivos discriminatorios, la tutela prevista en la ley 23.592, lejos se encuentra de poder ser activada.
Tampoco el material probatorio desplegado en la causa, da muestra de los extremos facticos concretos en que se desarrollaba la tarea del actor en la comuna, es decir elementos que revelaran la naturaleza de su tarea, si estaba destinada a abastecer necesidades transitorias o permanentes, o si se trataba de tareas generales o especificas de alguna especialidad profesional u oficio, y de allí que ello constituye un obstáculo insalvable que impide valorar si la decisión de la autoridad demandada, se ha ajustado a los limites que se imponen en materia de personal temporario trazados por la Corte Suprema Nacional en sus ya conocidos fallos "Ramos" (Fallos 333:311), "Sanchez" (Fallos 333:335) y Cerigliano (Fallos 334:398), y que habilite, en caso contrario, a una indemnización sustitutiva en los términos que la citada doctrina judicial reconoce en tales supuestos.
Y en este sentido, vale recordar que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que en el proceso contencioso administrativo el actor debe probar las circunstancias que alega en favor de su pretensión y la carga probatoria pesa sobre el particular atendiendo la presunción de legitimidad que rodea los actos administrativos (cfr. SCBA, B54572 "Maragua S.A." del 22-4-1997).
Reafirmando que: "La omisión probatoria del accionante limita el alcance de la decisión final del Tribunal, ya que teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisible todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras esta no los excluya expresamente- incumbe ineludiblemente al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su petición, no solo por el carácter de tal, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la administración" ( SCBA, b 58926 "Bintana", del 29-10-2003; SCBA, B 58170 "Alvarez Santos" del 13-9-2006; SCBA, B 60964 "Armengol" del 23-5-2007).
6. En definitiva el reclamo indemnizatorio deviene infundado, ya que si no se ha resuelto la ilegitimidad del accionar administrativo, la pretendida reparación pecuniaria queda carente de sustento legal; así al menos bajo la luz de la doctrina del Superior Tribunal Provincial, que respecto al tema ha expuesto:".no encontrando ilicitud en el acto administrativo, y siendo en principio presupuesto necesario para ello, corresponde no hacer lugar al pedido de resarcimiento del daño material y moral reclamado por el actor. (conf. doct. SCBA B. 57.576, "Otero, Rosa Noemí contra Provincia de Buenos Aires", entre otras)".
Esto también ha sido resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín, al exponer que: "Es que, la pretensión resarcitoria fundada en la ilegitimidad de un acto administrativo es accesoria y se encuentra subordinada a la previa declaración de su invalidez (conf. arg. CCASM in re "Mena Néstor Omar c. Municipalidad de San Nicolás s/ pretensión indemnizatoria", expte. nº 455 del 6-IV-06, y "Di Blasi, Juan Carlos c/ Municipalidad de Gral. San Martín s/ Despido", expte. 1005 del 20-IX-06, entre otras.)...En efecto, cuando se demanda el pago de daños y perjuicios cuyo origen se encuentra en un acto administrativo ilegítimo, es preciso que previamente se declare esa ilegitimidad, ya que si esta última constituye la causa de la obligación de reparar los daños ocasionados por aquél, cabe concluir que el carácter firme e irrevisable de dicho acto configura un obstáculo insalvable para la procedencia de la aludida pretensión (SCBA, B 58147 del 7-2-2007 "Terminales Río de La Plata c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Demanda contencioso administrativa"; arg SCBA Ac 33275 del 26-2-1985 "Oasis S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios y daño moral"; C.S.J.N., "Fallos", 319:1476 y 319:1532)...(Conf. CCASM, causa Nº 2.190/10, caratulada "Guaimas, José Manuel c/ Municipalidad de San Miguel s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos", sent. del 14/12/10)".
7. Las costas, de conformidad con las pautas del art. 51 inc.2° del C.P.C.A. deben imponerse en el orden causado.-
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1, 2 inc. 4°, 12 inc. 3°, 51, 77 y cctes. del CPCA (ley 12.008 y sus modif.); art.163, 375, 384 y cctes. CPCC; , y demás citas legales dadas;
1. Rechazar la pretensión del Sr.Julio Cesar Laresca contenida en la demanda, contra la Municipalidad de Mercedes.-
2. Imponer las costas por su orden (art. 51 inc. 2º C.P.C.A., texto según Ley
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