Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 28840 2020
Expte. Nº 28840.-
Autos: CONTARINI ADRIANA RAQUEL C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO.-
Mercedes, de Septiembre de 2020.-AC
Estos autos caratulados "CONTARINI ADRIANA RAQUEL C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS", expediente Nº 28840, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs.17/22 se presenta la Sra. Adriana Raquel Contarini, junto al patrocinio letrado de la Dra. Estela Cristina Aguerre, promoviendo demanda anulatoria y de restablecimiento o reconocimiento de derechos contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, solicitando se declare la nulidad de la resolución dictada en sede administrativa en agosto de 2017, dictada en el marco del expediente nº 05800 16181452017 y de aquella resolución dictada en las actuaciones administrativo nº 5826-0398238/10 que le deniegan la retribución especial.
Relata que con fecha 01/02/2011 luego de 25 años, 7 meses y 16 días de servicios prestados para la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, conforme surge de la certificación de servicios que acompaña, se jubila como docente.
Refiere que conforme surge de la ley 13.355 todo empleado público tiene derecho a una retribución especial sin cargo de reintegro de 6 sueldos más antigüedad sin descuentos, la que será otorgada a partir del cese del agente y conforme el decreto reglamentario, dicha retribución será liquidada dentro de los treinta das de producido el cese.
Comenta que su cese se produjo el 1º de febrero de 2011, y al no haber recibido notificación alguna sobre la retribución especial por jubilación, decide enviar una CD con fecha 27 de diciembre de 2016, realizando el respectivo reclamo, formándose a partir de ello el expediente administrativo nº 05800 161814 5 2017, donde refiere fue citada e intimada a presentar el acta de cese.
Pone de resalto que recién en esa fecha, se le notifica la existencia de un expediente bajo el nº 5826-0398238/10, y se le hace saber la última resolución y le informan que el mismo posee la certificación de servicios. Aclara, que dicho expediente había ingresado al Consejo Escolar de Nueve de Julio, el 26 de octubre de 2015 y le notifican de su existencia casi dos años después.
Luego continua y dice, que el 13 de septiembre es convocada nuevamente a notificarse de lo resuelto en el expediente nº 05800 161814 5 2017 formado a partir de su presentación, el cual, fue unido al expediente anterior al que hiciera referencia, donde originariamente se había resuelto su petición, habiéndosele denegado el derecho al cobro de la retribución por jubilación. -
Expresa que la resolución de la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones dependiente de la DGCYE, le denegó el beneficio con fundamento en que no se encontraba comprendida dentro de los términos y alcances de la ley 13.355/05.
Comenta que la actividad desempeñada por los docentes es regulada en el Estatuto del Docente, ley 10579, el cual exige 25 años de servicios para jubilarse y clasifica a los docentes conforme su situación de revista entre titulares, provisionales y suplentes.
Al respecto expresa que desarrolló su actividad docente durante 25 años, 7 meses y 16 días en la Dirección General de Cultura y Educación y de manera ininterrumpida en el Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria, jubilándose con 45 horas cátedras provisionales.
Luego de ello sostiene que el Estatuto del Docente, otorga iguales derechos y obligaciones a quienes son docentes titulares y provisionales. De este modo, transcribe el art. 3 del Estatuto del Personal Docente el cual reza: "El personal docente contrae las obligaciones y adquiere los derechos establecidos en el presente estatuto, desde el momento en que se hace cargo de la función para la que es designado en carácter de titular, titular interino, provisional o suplente, con las limitaciones que en cada caso se determinen."
Continua y cita el art.8 del Estatuto del Docente que menciona los derechos de los que se exceptúa al personal provisional y transcribe cada uno de los incisos que enumera dicha norma.
Postula que a igual trabajo corresponde igual remuneración. En tal aspecto dice, que la certificación de servicios extendida por el ISETA da muestra de todos los cargos docentes cubiertos en la educación. Al respecto dice que, tomando solamente el cargo de Ayudante de Laboratorio, el mismo fue cubierto desde el 11/06/1985 hasta el día mismo de jubilarse, es decir, que estuvo 25 años en el mismo cargo, cumpliendo la función y el mismo trabajo que cumple un profesor titular, el cual, sí tiene derecho a cobrar la retribución especial.
Sostiene que, habiendo cumplido la misma función que un docente titular, la -denegatoria de la retribución especial -por el solo hecho de ser un docente provisional- vulnera el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la CN, pues ante iguales condiciones de trabajo, tiempo y permanencia que un docente titular, le corresponden los mismos derechos y que por ello, el art.2 de la ley 13555, mal aplicado al ámbito docente, es discriminatorio.
En cuanto al fundamento legal de la retribución especial comenta, que dicho beneficio mal denominado "premio" jubilatorio para la educación, no es más que sueldos devengados. Explica que, a los docentes, se le liquida su sueldo por 30 días, pero hay meses que tienen 31 días, y que, en definitiva, la acumulación de esos 7 días al año, acumulan los 6 meses de sueldo durante los 30 años de servicio, de allí que, el art.39 del estatuto del docente que fue derogado por la ley 13154, hacia un reconocimiento gradual de dicha retribución.
Luego dicha norma -ley 13154- fue derogada por la ley 13.355, la cual restableció el régimen de retribución especial por egreso de los agentes públicos con algunas diferencias respecto de la derogada ley 13154, estableciendo 6 sueldos para el personal permanente.
Comenta que, teniendo en cuenta el fundamento de la sanción de dicha norma, y que el docente provisional trabajó de manera continua e ininterrumpida y permanente, con iguales cargas sociales y descuentos, así como con igual remuneración que el docente titular, también generó el mismo derecho de retribución, pues luego de haber laborado 25 años bajo la Dirección General de Cultura y Educación, sus sueldos también fueron liquidados por 30 días.
Alega que el legislador quiso premiar la trascendental cantidad de años que el trabajador cumplió educando, sin pretender realizar distinciones frente aquellos que son titulares o provisionales, ya que el premio no se condice con la situación de revista del docente, sino con los años laborados brindando educación.
Por último ofrece prueba y peticiona.-
II. Con fecha 11/04/2019 se resuelve declarar admisible la pretensión incoada por la actora y correr traslado de la acción a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
III. Con fecha 28/10/2019 se presenta el Dr. Juan Pablo Portesi en representación de la Provincia de Buenos Aires y sus entidades autárquicas, contestando demanda.
Comienza su responde haciendo un reconto de la demanda incoada y sus fundamentos, para luego hacer un detalle de las actuaciones administrativas allegadas.
En capítulo aparte se pronuncia acerca de la pretensión y sostiene que la misma resulta improcedente. En primer término, expresa que la actora no reúne los requisitos exigidos por la normativa para acceder al cobro de la retribución especial que pretende, pues refiere que, surge acreditado: a) que no revistó como docente titular ni formo parte de la Planta permanente de la Administración Publica Provincial, pues revisto como docente provisional, luego b) no reúne la antigüedad requerida por la legislación para el acceso al beneficio, pues sostiene que no alcanzó los 30 años de antigüedad exigidos por la ley 13.355 ni los 25 años exigidos por el estatuto docente a los fines jubilatorios.
Ante ello manifiesta que la actora para exigir el pago del premio, recurre a una crítica magra y genérica de la normativa aplicable y en razón de ello dice que la demanda en traslado resulta improcedente por infundada.
Continua y refiere en cuanto a la actuación estatal cuestionada, que conforme surge de las actuaciones administrativas allegadas, la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones, con fecha 7 de junio de 2012; le hace saber a la Sra. Contarini que no le corresponde el pago de la retribución especial, toda vez que no se encuentra comprendida dentro de los términos y alcances de la Ley 13.355/05 art. 2º.
A su vez comenta que, en el marco de dichas actuaciones, se expide la Asesoría General de Gobierno y confirma dicho criterio diciendo que: ". el beneficio previsto en la ley 13.355, reglamentado por el Decreto 1859/05, solo debe abonarse en los que cargos que revistara como personal docente titular. Ello así en virtud de que la mencionada norma establece el pago del beneficio para el personal de planta permanente, el cual, se corresponde en el Estatuto docente únicamente con el personal titular de cargos u horas cátedras."
En cuanto a los antecedentes del beneficio refiere que corresponde recordar que el origen de la retribución en cuestión para los empleados docentes fue establecida a través del artículo 39 de la ley 10.579 (texto según ley 10.614) en los siguientes términos: "El personal docente titular que al momento de su cese, acredite una antigüedad mínima de treinta (30) años de servicios y cuya baja no tenga carácter de sanción disciplinaria, tendrá derecho a una retribución especial, sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades de su última remuneración regular y permanente, sin descuento de ninguna índole, que deberá serle abonada en una única vez, dentro de los treinta (30) días de producido el cese. (...)".
Luego la Ley 13.154 derogó ese precepto, conforme surge de los términos del art.26 de dicha norma.
Finalmente comenta que la ley 13.355 en su artículo 1º dice: "Establécese para el Personal de la Administración Pública Provincial, comprendido en los regímenes de las Leyes 10328, 10384, 10430, 10579 y 12268 y sus modificatorias una retribución sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) sueldos básicos más antigüedad, sin ningún tipo de descuentos la que será otorgada a partir del cese del agente cuando éste no tenga carácter de sanción disciplinaria."
Complementariamente, el artículo 2º señala "Será acreedor al beneficio dispuesto por el artículo precedente, únicamente el personal de la planta permanente que al momento del cese cuente con treinta (30) años de servicios en la Administración Pública Provincial, o la cantidad de años que, de acuerdo a la legislación especial, sean necesarios a los efectos jubilatorios".
Conforme ello sostiene que la actora al momento del cese no revestía como titular, sino que todos los cargos detentados por ella fueron siempre de carácter suplente y/o provisional y que por ello, no resulta acreedora, así como tampoco cumplió con el requisito de la antigüedad.
En cuanto al requisito relativo a la antigüedad, pone de manifiesto que, si bien la administración denegó el beneficio en base a la situación de revista de la Agente, lo cierto es, que la Resolución 811.012 -fs. 30 expediente administrativo- le acordó la jubilación ordinaria en un 70% del sueldo y con 24 años de servicio.
En relación a dicho acto recuerda que la actora introdujo pretensión anulatoria contra el mismo, desestimándose dicha pretensión por haber sido deducida fuera del plazo previsto por el artículo 18 del CCA, resolución que luego fuera confirmada por la Cámara interviniente
De esta forma señala que la accionante tampoco cumpliría con el requisito de antigüedad para acceder a la retribución por cese, atento que la normativa reconoce como beneficiarios al personal de planta permanente que al momento del cese cuente con 30 años de servicios en la Administración Pública Provincial, o la cantidad de años que de acuerdo a la legislación especial sean necesarios a los efectos jubilatorios (La ley 10.579 exige 25 años para acceder a la jubilación).-
Finalmente sostiene que el caso planteado por la actora resulta un caso reglado, pues de la simple lectura de los artículos 1º y 2º de la ley 13.355 se desprende que, al denegar la retribución por cese, la administración subsumió, su accionar al ordenamiento jurídico vigente.
Por todo ello refiere que a la accionante no le corresponde la percepción del premio por cese, pues no alcanza la condición de revista exigida normativamente, y tal determinación no afecta ningún principio constitucional.
De ese modo, al no constatarse el presupuesto de hecho previsto por la normativa para el otorgamiento del beneficio - concedido "únicamente el personal de la planta permanente" -corresponde convalidar el acto administrativo que lo deniega.-
Por último, en cuanto al quiebre del principio de igualdad, alega que debe ser rechazado.
En tal sentido, con fundamento en los antecedentes jurisprudenciales que cita, dice que la igualdad ante la ley consagrada en los arts.16 de la Constitución Nacional y 11 de la Carta Magna provincial no supone una igualdad aritmética o absoluta, sino la igualdad de tratamiento frente a iguales situaciones o circunstancias.
Dice que, no se advierte el alegado tratamiento discriminatorio entre docentes titulares y provisionales, sino que por el contrario el reconocimiento o no de tal retribución, obedece a que las distintas situaciones jurídicas son regidas por distintas parcelas del ordenamiento jurídico.
Por último, ofrece prueba y peticiona. -
IV. Habiendo quedado fijado en la audiencia de prueba, que la única prueba a los fines de resolver el planteo se trataba de documental, la que no fue cuestionada y vencido el plazo para alegar, habiendo hecho uso de dicha facultad ambas partes (ver certificación de fecha 10/06/2020) se llama autos para sentencia con fecha 2y;
1. La pretensión de la actora se dirige a que se declare la nulidad de la resolución administrativa de agosto de 2017 (sin indicar dia) decisión recaída en el expediente administrativo nº 161814-5-2017 (fs.34) la cual vino a ratificar la decisión dictada oportunamente por la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones, de 7 junio de 2012 en el marco del expte n° 5826-0398238/10, la cual desestimo el pago de la retribución especial prevista por la ley 13.355, solicitando en razón de ello, se le reconozca su derecho a percibir el pago de la mencionada retribución especial .-
Por su parte la demandada alega que la decisión cuestionada resulta ajustada a derecho, diciendo que la normativa es clara y contundente sobre los requisitos que deben reunirse a los fines de percibir el beneficio, los cuales se relacionan con la antigüedad y con la condición de haber formado parte de la planta permanente de la Administración Publica Provincial, diciendo que la actora, no ha cumplimentado con dichos requisitos, poniendo el énfasis en particular, en su situación de revista como docente provisional.-
2. Fijadas las postulaciones de las partes, la cuestión estriba en resolver acerca de la legitimidad, o no, de la decisión de la Administración. Ese camino conduce a analizar la situación de hecho de la actora y verificar cuales son los requisitos que prevé la norma que resulta aplicable, a los fines de acceder al beneficio.-
Así, de las actuaciones administrativas allegadas en archivo digital adjunto a la presentación electrónica de fecha 01/03/2019 y en definitiva, respecto de aquello que resulta útil a la causa surge:
-En el marco del expte administrativo nº 05826-398238/2010:
a) Con fecha 19 de septiembre de 2010 la actora presento su renuncia con el fin de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria móvil a partir del 01-02-2011, aclarando que se adoptó la modalidad de jubilación automática.
b) A fs. 4/9 se adjuntan las planillas correspondientes a la actora donde surgen los cargos llevados a cabo, el carácter de revista y las fechas de prestación del servicio.
c) A fs. 11 obra la certificación docente efectuada por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica nº 4 de Nueve de Julio, que informa acerca de los años en que la actora se desempeñó en dicho establecimiento como profesora.
d) A fs. 12/13 obra el registro efectuado por el Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria (ISETA) donde se deja constancia de los cargos de la actora.
e) A fs. 19 la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones dispone con fecha 7 de junio de 2012, a la agente Contarini Adriana Raquel, en relación con el pago de la "retribución especial" dispone que no le corresponde toda vez que no se encuentra comprendida dentro de los términos y alcances de la "Ley 13.355/05 art.2" el cual indica: será acreedor al beneficio dispuesto por el articulo precedente, únicamente el personal de planta permanente que al momento del cese cuente con 30 años de servicios en la administración pública provincial o la cantidad de años que de acuerdo a la legislación especial, sean necesarios a los efectos jubilatorios.
f) A fs. 21 obra la certificación de servicios de la actora, donde surge que aquella a los fines de cese cuenta con 25 años, 7 meses y 16 días, siendo su cargo de mayor jerarquía el de profesora con 45 horas en el Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria.-
g) A fs.22 se agrega la resolución nº 411 dictada con fecha 19 de diciembre de 2012, por medio de la cual se resuelve aceptar la renuncia de la Sra. Adriana Raquel Contarini para obtener los beneficios de la jubilación. Profesora con cuarenta y cinco (45) horas semanales de cátedra provisionales en el Instituto Superior de Formación y Técnica del distrito de Nueve de Julio.
-En el marco del expte administrativo nº 05800-161814 5/2017- Cuyo extracto: s/pago retribución especial.
h) A fs. 27 obra la CD de la actora dirigida a la DGCYE de fecha 27/12/2016 solicitando se abone la retribución especial por jubilación.
i) A fs.30 obra la Resolución nº 811012 de fecha 15 de abril de 2015 donde se resuelve acordar el beneficio de jubilación ordinaria a la actora (art.1º). Estableciendo que el beneficio será liquidado a partir del día 1º de febrero de 2011 y será equivalente al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de profesor de Instituto Superior 45 horas con 24 años, desempeñado en la DGCE (art. 2º)
j) A fs. 31 obra una nota de la actora solicitando nuevamente se le abone la retribución especial.
k) A fs.33 obra un dictamen de la Asesoría General de Gobierno donde se resuelve en relación a un caso similar, y dispone que el pago del beneficio únicamente corresponde al personal de planta permanente, el cual se corresponde en el Estatuto docente con el personal titular de cargo.
l) En el mes de agosto de 2017 la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones eleva una nota al Consejo Escolar de Nueve de Julio con el objeto de que se le comunique a la docente que en un caso similar los organismos asesores se expidieron sobre un caso similar al que reclama la recurrente, quien se notifica a fs.34 vta.
3. Ahora bien, a los fines de resolver corresponde abordar el plexo normativo aplicable al caso. En relación a ello, la norma que le resulta aplicable a la actora - conforme la fecha en que fue otorgado el beneficio previsional -Res.811012 del 15/04/2015- es la ley 13.355, que contempla la retribución especial.
En cuanto a sus antecedentes, la retribución especial, llamada "premio docente" fue contemplada inicialmente por el art.39 de la ley nº 10.579 -Estatuto Docente- (texto según ley 10.614) establece que: "El personal docente titular que, al momento de su cese, acredite una antigüedad mínima de treinta (30) años de se
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.