Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39340 2021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Art.103 y 110 Dec. ley 7647/70; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
Expte.Nº 39340.-
Autos: "GAITAN MELODY SOFIA C/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PROV. DE BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO".-
Mercedes, en el día de su firma digital.- FC
Estos autos caratulados "GAITAN MELODY SOFIA C/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PROV. DE BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 39340, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y
1. Que en fecha 17 de noviembre de 2020, se presenta la Sra. Melody Sofía Gaitán, con el patrocinio letrado del Dr. Jerónimo Sabas Torres, solicitando la anulación del acto administrativo y, como consecuencia de ello, el dictado de una medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Relata la actora los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.
En tal sentido, manifiesta que se ha desempeñado como enfermera en el Servicio de Maternidad siendo personal dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en el Hospital Zonal "General Julio de Vedia" desde el 01 de enero de 2012.-
Asimismo, relata que durante los años de trabajo en planta permanente ha logrado un legajo intachable y que ha prestado servicios en forma responsable acatando las órdenes de sus superiores no siendo pasible de sanción disciplinaria alguna en sus años de servicio.
Refiere que en el año 2015, se inicia una investigación sumarial debido a una causa penal por tenencia de estupefacientes.-
Relata que, el día 10 de septiembre de 2020, es dictada la Resolución N° 2020-1591-GDEBA-MSALGP mediante la cual se dispuso su exoneración en los términos del art. 84 inc. a) de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado-Decreto N° 1.869/96), reglamentada por Decreto 4.161/96, habiendo transgredido con su accionar lo dispuesto en el art. 78, inciso e).
Manifiesta que a la fecha en que se resuelve el sumario, se encontraba de licencia por padecer Covid-19 mientras cursaba su embarazo, habiendo sido internada en el Hospital donde prestó servicios por amenaza de parto prematuro.-
Arguye asimismo que se encuentra amparada por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, que prohíben los despidos debido a la situación de emergencia sanitaria.-
2. Que con fecha 03 de diciembre de 2020 se cita al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para que, dentro del plazo de 5 días, acompañe informe previo respecto de todo aquello que se relacione con la medida solicitada en el escrito inicial (art. 23 inc. 1º CPCA).-
3. Que con fecha 11 de diciembre de 2020 fue efectivizada la libranza del oficio de pedido de informe a la accionada acerca de los antecedentes y fundamentos de la cautelar peticionada.
4. Que con fecha 03 de febrero de 2021 pasan los autos para resolver la medida cautelar peticionada.
5. Que con fecha 04 de febrero de 2021, la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires acompaña el informe requerido del cual se desprende la instrucción del sumario administrativo a fin de deslindar la responsabilidad de la accionante "sic." (v. fs. 40), ello a raíz de la Suspensión del Juicio a Prueba acordado en instancia penal respecto a la comisión del delito de Tenencia Simple de Estupefacientes.-
Que a su vez, la providencia adjunta indica que, en la etapa de instrucción se resuelve imputar a la agente por haber transgredido con su conducta lo normado en el art. 78 inc. e) de la Ley 10.430, encuadrándose su conducta en el art. 84 inc. a) de la Ley 10.430, el que reza: "... Son causas de exoneración: a) Falta grave que perjudique material o éticamente a la Administración...".
6. Que, del Dictamen N° 38/19 obrante a fs. 92 la Dirección de Sumarios Administrativos del Ministerio de Trabajo, consideró que resulta dable atribuir responsabilidad administrativa imputable a la sumariada del hecho acontecido incurriendo en una falta grave que perjudicó éticamente a la Administración, no encontrando atenuantes para merituar.
7. Que habiéndose dado vista a la Asesoría General de Gobierno se procede en fecha 10 de septiembre de 2020 al dictado por parte del Ministro de Salud de la Provincia de la Resolución N° 2020-1591-GDEBA-MSALGP mediante el cual dispuso la sanción de exoneración a la agente Melody Sofia Gaitan.-
1. El Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art. 22 C.P.C.A).-
2. Tal cual lo sostiene Logar en el marco del régimen del C.P.C.A., la ley ritual exige el cumplimiento de los tres recaudos señalados por el art. 22 para que la petición cautelar tenga posibilidad de andamiento (Conf. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L. B.A., 1998, pág. 1151/1193).-
En sentido similar se han pronunciado las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, al exigir la presencia simultánea de todos los requisitos o presupuestos que el ordenamiento jurídico exige para la procedencia de la tutela cautelar (Cfr. doc. CCALP, causa Nº2, "Fracchia", res. del 29-07-04; Cfr. doc. CCASM, causa Nº" ESBA Florida S.A.", res. del 15-02-05,entre otras).
Todo ello, sin dejar de tener en cuenta que la Excma. Cámara del Fuero, ha adoptado el lineamiento que emana de la doctrina obligatoria impuesta por el Superior Tribunal Provincial, al decir: "... Al respecto, cabe recordar que la SCBA ha dicho que la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de la que aquéllos gozan (SCBA, B 65727 "Kel Ediciones S.A.", I 4-7-2007); (C.C.A.S.M., "Vinet", 14/5/20, n° 8019/19 de este mismo Juzgado).
3. Debe destacarse, no obstante, que la doctrina y la jurisprudencia hacen jugar la interrelación entre los dos primeros presupuestos dando a la cuestión determinada flexibilidad (Cfr. Causa B-61456 "PRIEU"- especialmente el voto del Dr. Soria, considerando 2º; CNFed, Contencioso Administrativo, Sala V, 05-01-2000, Defensor del Pueblo de la Nación c. M.E. y otro, L.L., suplemento de jurisprudencia de derecho administrativo, mayo de 2001, p.29); fijando asimismo, un criterio de mayor restricción interpretativa cuando se trata de medidas de no innovar (Cfr. CNFed, Contencioso Administrativo, Sala IV, causa 5718/97, "Institutos Antártida S.A. c/ Fisco Nacional", E.D., suplemento de jurisprudencia de derecho administrativo, año 1997 Nº3, p. 71).-
4. Que, examinada la petición cautelar, tendiente a la reincorporación de la actora al puesto de trabajo que detentaba antes de la sanción expulsiva por la administración provincial, bajo las coordenadas hermenéuticas precedentes, no encuentro en éste estadío preliminar del proceso, y sin que signifique un adelanto negativo en cuando a la petición de fondo, configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.-
En este caso en particular, del examen de las constancias colectadas, no se advierte que el acto administrativo impugnado -reitero: en éste examen preliminar y periférico- exhiba en cuanto a sus elementos esenciales, defectos notorios que lo tornen inválido, y que permitan descalificarlo como tal, marco en el cual no puede soslayarse la presunción de validez que ostentan los actos estatales, y en los cuales se requiere un análisis de admisibilidad de la medida cautelar mas estricto -SCBA, fallos "Nestle", "Seda", "Cohen", "Club de Campo San Diego"-, y solo cede cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles -CSJN, Fallos 323:3853, 250:154, 251:336-.
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega la actora adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (Art. 22º inciso 1º a, C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecede.
5. En cuanto al cuestionamiento efectuado por la peticionante respecto de la nulidad del acto administrativo que dispone su cesantía por antijurídico y violatorio de la normativa legal señalada, tampoco se advierte que el mismo luzca huérfano de ese sustento en un grado tal, que -en principio- habilite por si solo el remedio cautelar que aquí se pretende; ello conforme a que el estado por el cual se encontraba cursando al momento del dictado de la resolución atacada -período de gestación- no neutraliza -por sí- la conformación de un sumario ni la consecuente sanción.-
Por lo demás, la sustancia de los cuestionamientos efectuados por la agente al acto administrativo impugnado, con anclaje en los decretos del Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la emergencia sanitaria, mas allá de la letra de los decretos y las finalidades a los que los mismos han apuntado -que en principio se encuentra destinado al ámbito privado-, no puede concluirse -al menos en este estado larval del proceso- que el impacto que pudieran llegar a tener tales normativas en el universo de las relaciones en materia de empleo público local, neutralizan los derechos y obligaciones contenidos en el estatuto aplicable en la especie.
Dicho esto, los extremos que anteceden serán materia de cuestión que demandan un mayor debate y prueba, circunstancia que excede el marco provisorio y preliminar de esta instancia cautelar.-
En atención a lo expuesto, las alegaciones vertidas por la accionante no tienen en los elementos agregados respaldo suficiente, con el título de verosimilitid que se requiere en esta oportunidad, como para enervar la presunción de legitimidad del acto administrativo cuestionado; máxime cuando entrado a analizar el acto administrativo, no se advierte -en este estado preliminar- error en la conformación del mismo, ya sea por arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que permita siquiera realizar un adelanto de jurisdicción.-
6. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art.22 del C.P.C.A.) ello, es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Art.103 y 110 Dec. ley 7647/70; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
2. Imponer las costas por su orden (Art. 51 inciso 2° C.P.C.A).
REGISTRESE.-
Sentencia Interlocutoria registrada bajo el N°.........../2021
Fin de la sentencia