Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 29284 21
Expte. Nº 29284.-
Autos: BALVIDARES ALEJANDRO MATIAS C/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO.-
Mercedes, en el día de su firma digital.- ACB
Estos autos caratulados "BALVIDARES ALEJANDRO MATIAS C/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 29284, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Mediante escrito obrante a fs. 17/20 inicia acción contencioso administrativa el Sr. Alejandro Matías Balvidares, por medio de su letrado apoderado Dr. Mariano Pedro Castello, con la que persigue su reincorporación al empleo, el cobro de haberes caídos, con más sus retroactividades, con expresa imposición de costas.
Relata los hechos que sirven de antecedentes a su reclamo manifestando haberse desempeñado como miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense durante aproximadamente 14 años, habiendo alcanzado la jerarquía de Cabo (E. Aux.), prestando servicio al momento de su baja en la Unidad Penitenciaria N° 5 de esta Ciudad de Mercedes.
Continúa relatando que con fecha 19/07/2017 le fue notificada formalmente la Resolución Ministerial N° 770, dictada en el expediente N° 21211-446419/16, por medio de la cual se disponía su retiro efectivo obligatorio por falta de aptitudes, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 56 inc. f) y 62 del Decreto Ley N° 9578/80.
Considera que la resolución emitida por el Ministerio se aparta de los lineamientos técnicos y jurídicos aplicables, debido a haber cumplido los requisitos esenciales para ejercer el cargo mencionado. Entiende que lo dicho se ve ratificado con el informe de calificación del año 2015/2016, oportunidad en que le fuera otorgada la valoración numérica 9, con concepto distinguido. Concluye entonces que no se ha merituado tal calificación y concepto al momento de decidirse su retiro obligatorio por falta de aptitudes, toda vez que entiende poseer aptitud plena para el desarrollo de la función pública.
Entiende irrazonable su desvinculación, razón por la que rechaza la misma de modo categórico, calificando el actuar de la administración como una maniobra errónea, falaz e improcedente.
En su consecuencia, impugna la Resolución Ministerial N° 770/2017, en razón de haber omitido la administración el conocimiento certero de su legajo personal y de los informes aportados de calificación y concepto.
Sostiene que su idoneidad no posee objeción alguna conforme surge del informe de calificación correspondiente, por lo que existe deber de permanencia en la función que desempeñaba, tornándose la medida ministerial arbitraria, manifiestamente irrazonable y contraria al orden jurídico vigente, afectando la continuidad laboral del actor, desconociendo toda situación fáctica y legal.
Abona sus argumentos al sostener que en su dictamen la administración no ha demostrado fehacientemente la falta de aptitud del agente, jamás ha indicado específicamente cuáles fueron las causas que acrediten su proceder. No ha verificado cabalmente mediante estudios psicotécnicos las aptitudes del actor, circunstancia ésta que, conforme su entendimiento, lo habilita a solicitar el rechazo de la disposición en crisis.
Califica de inadmisible e incongruente resolver una cuestión que merece un estudio específico del agente, lo que a su criterio no se ha llevado adelante, contrariando los procedimientos legales vigentes.
Concluye entonces que se ha vulnerado el derecho del agente a permanecer en el cargo, ya que lo dictaminado por el Ministerio constituye, a su criterio, un absurdo jurídico.
Solicita entonces la reincorporación inmediata en atención a que se encuentran dadas las condiciones fácticas y jurídicas para su procedencia, resultando el actor apto para continuar en la función pública. En forma conjunta con la reincorporación requerida, solicita también se condene a la demandada al pago de los haberes caídos y demás rubros laborales dejados de percibir por el ilegítimo e incorrecto dictamen ministerial, desde el pase a retiro y hasta la finalización de la presente acción.
Ofrece la prueba de la que intenta valerse, funda en derecho y peticiona.
II. Mediante presentación electrónica de fecha 22/05/2019 se presenta a contestar demanda la Fiscalía de Estado por medio de su delegado apoderado, Dr. José Martín Torres, quien luego de hacer un breve relato de los hechos de la demanda sostiene que la misma resulta infundada, razón por la que no cabe sino su rechazo, lo que así solicita.
En contra de lo argumentado por la actora en su escrito de inicio, peticiona en orden a reivindicar el actuar de la administración, por cuanto lo entiende conforme a derecho, no existiendo arbitrariedad en la medida dispuesta.
Sustancia su posición iniciando por un análisis de la normativa aplicable al caso, esto es el Decreto Ley 9578/1980 y su Decreto reglamentario 342/1981. De tal normativa, desarrolla, emerge el régimen aplicable a los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, estableciéndose su carrera administrativa de acuerdo al escalafón que revisten, pudiendoéstos alcanzar el grado máximo que en cada caso se instituye.
Ilustra informando detalladamente las características de la carrera del agente penitenciario bonaerense en función de la normativa antes citada.
Luego, en función de la legislación que entiende aplicable, aboga por la legitimidad del acto administrativo en crisis, toda vez que tuvo en consideración los informes de calificaciones del agente, de los que destaca cinco calificaciones regulares y una deficiente. Pone de resalto, asimismo, que en aquellas calificaciones se revela repetidamente "que no demuestra interés ni responsabilidad en la función que cumple", "que debe asumir más compromiso laboral y debe mejorar varios aspectos", que se han verificado sendas "injustificaciones para con el trabajo que debe cumplir", y "se lo insta a revertir su conducta en cuanto a sus inasistencias".
Luego entonces, entiende que la medida dispuesta tiene apoyatura normativa, toda vez que la misma establece que "procederá el retiro por falta de aptitudes para el grado superior al de revista cuando al agente de un mismo grado o cargo se lo hubiera calificado un año "deficiente" y dos "regular", o tres "regular" (en forma consecutiva o alternada)", por lo que entiende configurado el supuesto del art. 62 del Decreto Ley 9578/80, debiendo aplicarse la consecuencia jurídica prevista, esto es la separación del cargo.
A su turno, resalta que la autoridad demandada citó al Sr. Balvidares a los efectos de comparecer ante la Junta de Calificaciones y ejercer su derecho de defensa, y que al momento de celebrarse la audiencia de estilo el interesado manifestó no poseer pruebas para aportar que hagan a su defensa; luego entonces, concluye, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del servicio, a raíz del deficiente desempeño laboral del actor a lo largo de los años, el Servicio Penitenciario Bonaerense decidió su separación del cargo.
Considera que el ejercicio de facultades regladas reduce a la autoridad a la constatación del supuesto de hecho legalmente definido de manera completa y a aplicar -en presencia del mismo- la consecuencia que la propia ley ha determinado. De ahí que, sostiene, existe un proceso aplicativo de la ley que no deja lugar al juicio subjetivo por parte de la administración, la que actúa de forma automática, sin posibilidad de elección.
III. Sustanciada la prueba ofrecida por las partes, y presentados los alegatos, se encuentra en estado de dictar sentencia; y
I. Habrá de iniciarse por recordar la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal en la que se determinó que "Tanto la función o el empleo público que comprende lo que se denomina "carrera administrativa" están internamente estructurados en grados diversos, debiéndose tener presente que la facultad del Poder Ejecutivo de nombrar y remover a sus empleados comprende la de otorgarles ascensos y ubicarlos en las respectivas categorías del escalafón, sin que el ejercicio de tales atribuciones pueda ser revisado por el Poder Judicial, salvo el caso de irrazonabilidad, arbitrariedad o lesión de derechos consagrados en la Constitución provincial." SCBA LP B 63447, Sent. 13/07/2011, "Bruni, Marta Graciela c/Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario) s/Demanda contencioso administrativa"; SCBA LP B 61065, Sent. 29/10/2003, "Segura, Matilde c/Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario) s/Demanda contencioso administrativo"; SCBA LP B 56016, Sent. 22/04/1997, "Rolón, Hilario Angel c/Provincia de Buenos Aires (Serv. Penitenciario) s/Demanda contencioso administrativa"; SCBA LP B 54853, Sent. 11/03/1997, "Gil, Jorge Raúl c/Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario) s/Demanda contencioso administrativa").
Por su parte, semejante acogida ha tenido el asunto bajo análisis en la órbita federal, teniéndose dicho que "Conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la apreciación de la Junta de Calificaciones para el personal militar y de las fuerzas de seguridad respecto de la aptitud para ascender, conservar el grado o pasar a situación de retiro, comporta el ejercicio de una actividad discrecional insusceptible, en principio, de justificar el contralor judicial (Fallos 261:12, entre otros). Sin perjuicio de ello, es dable resaltar que "si bien los jueces no pueden suplantar la valoración que la Junta de Calificaciones efectúe en cada caso respecto de la aptitud profesional y ética del agente, al Poder Judicial le compete examinar la razonabilidad con que aquel organismo ejerció las facultades discrecionales concedidas por ley. Ello implica constatar la existencia de los hechos que dieron fundamento a la medida y la razonable relación entre aquellos y la calificación dispuesta" (conf. Sala I de ésta Cámara, in re: "Gualtieri Salvador c/E.N. (M° del Interior) Pol.Fed.Arg. s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.", sentencia del 23 de noviembre de 2000)." Conf. 1.002/2009 "González Nestor Carlos Sergio c/EN -M Justicia- SPF -Disp 151/07 196/07 -Resol 263/08 y otros s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.". 27/03/2018 Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal. Sala II.
En igual sentido, "En forma preliminar, corresponde precisar que conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Cámara aplicables al caso, la apreciación de las juntas intervinientes respecto de la aptitud del personal militar o de las fuerzas de seguridad para ascender, conservar el grado o pasar a situación de retiro comporta el ejercicio de una actividad discrecional y no corresponde a los jueces sustituir el criterio de dichos órganos. Sin embargo, ello no excluye el control judicial de los actos respectivos y la consecuente declaración de nulidad en el caso de que aquéllos incurran en arbitrariedad o irrazonabilidad (Fallos: 261:12; 267:325; 303:559; 307:1821; entre otros. En el mismo sentido, esta Sala, in re, "Rostagno, Alfredo Esteban c/ EN-Mº Interior-PFA- Dto 1866/83 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg", sent. de 7/8/12; "Banegas, Mario Norberto c/EN- M° Defensa-Armada s/ daños y perjuicios", sent. de 14/5/13; "Eluani, Carlos Daniel c/ EN - Mº Interior -PFA- Resol 670/04 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg", sent. del 11/2/2014; "Bur, Diego Ernesto c/ EN-Mº Defensa-EMGE s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg", sent. de 26/6/16, y "Gastaminza, Manuel c/ EN-EMGE-PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg", del 30/11/2017, entre otros). Asimismo, la Corte Suprema ha sostenido que la posibilidad de ser dado de baja, de no ser propuesto para ascender, de ser calificado como "inepto para las funciones de su grado" así como la permanencia en actividad, son consecuencias del estado de los agentes de las fuerzas de seguridad que impone deberes y otorga derechos conforme a las leyes y los reglamentos, al que la actora ingresó voluntariamente, lo que implicó la sujeción a un régimen especial y la aceptación de tales reglas (Fallos: 261:12; 267:325; 302:1584; 303:559; 307:1821; 311:1191; 320:147, entre otros)."(Conf. 38.006/2013 "Carredano Mateu, Florencia c/ EN-Mº Justicia- SPF s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg". 11/09/2018. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala IV).
Por su parte, cabe destacar que la conducta de un organismo público o de una entidad privada es ilegal cuando no concuerda con la norma jurídica que prescribe lo debido, en infracción al orden jurídico vigente. Por lo tanto, se configura el acto u omisión ilegal cuando se encuentra privado de sustento normativo -cfme. SCJBA, Ac. 83.862 "Pergolani", del 01/04/04; B 64.702 "Coto", del 06/10/04, entre otros-.
II. Bajo la directriz de los lineamientos anteriores es que entiendo que la demanda no puede prosperar.
Habrá de principiarse el análisis por destacar la suficiencia técnica y jurídica de los antecedentes del acto administrativo ahora cuestionado. Nótese que en el mismo, la Junta Calificadora determinó, en función del informe elaborado por la Dirección de Personal y del análisis del legajo del actor, que prima facie el agente se encontraba incurso en los alcances del art. 62 del Decreto Ley 9578/1980 (fs. 1 expte. admin. N° 21.211-449619/16), por lo que procedió a notificarlo a fin de que ejerza su derecho de defensa (fs. 21 expte. admin. referido).
Notificado que fuera, al momento de realizarse la audiencia a los fines de otorgar el debido derecho de defensa, el actor manifestó no poseer prueba alguna que aportar (fs. 22 expte. admin. referido).
En su consecuencia, la Junta de Calificaciones dictaminó considerando reunidos los requisitos y cumplidas las exigencias propias del trámite, aconsejando el pase a situación de retiro obligatorio por falta de aptitud para el grado superior de revista (fs. 23 expte. admin. referido).
Agregado que fuera el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos y DD.HH. concluyendo que se había observado el debido proceso administrativo y que se encontraban reunidos los requisitos establecidos en la normativa aplicable (fs. 26), la Dirección General de Coordinación del Servicio Penitenciario Bonaerense solicitó al Poder Ejecutivo que disponga el retiro efectivo obligatorio por falta de aptitudes del agente (fs. 29), efectuándose el pase a tal efecto, con el correspondiente dictamen de la Asesoría General de Gobierno (folio sin foliar, correspondiente a fs. 34 del expte. admin. referido).
A su turno, el acto administrativo propiamente dicho (esto es, la Resolución del Ministerio de Justicia N° 770, obrante a fs. 6/12), con apoyatura en los distintos elementos antes reseñados, dispuso mediante su art. 1 "Pasar a revistar a situación de Retiro Efectivo Obligatorio por falta de aptitudes (...) por los motivos expuestos en los considerandos del presente acto administrativo"
Entonces, se impone destacar que el marco jurídico en el cual se apoya el acto administrativo cuestionado prevé específicamente la situación de hecho que le sirvió de antecedente.
Así, es el propio Decreto Ley 9578/1980 el que establece en su artículo 28 el sistema de calificación anual de los agentes penitenciarios, con vistas a hacer efectivo el progreso en la carrera de los mismos.
Luego, en virtud de los establecido por el art. 90 del Decreto 342/1981 -reglamentario del Decreto Ley 9578/1980-, se establece el procedimiento de calificación y la intervención de la Junta de Calificaciones, determinándose en su art. 92 que entre sus facultades está la de dictaminar en relación al personal que deba pasar a retiro obligatorio. Conforme establece el art. 100, la Junta de Calificaciones emitirá su dictamen e indicará el puntaje obtenido con el agregado del juicio sintético de "apto para el grado inmediato superior", "apto para permanecer en el grado", "inepto en sus aptitudes para el grado", "retiro obligatorio".
El art. 101 prevé que una vez pronunciados los dictámenes de la Junta de Calificaciones, se procederá a notificar al personal en forma individual, consignándose nota y juicio sintético, quien puede impugnar los mismos de acuerdo al procedimiento que se indica en el mismo cuerpo legal.
A su turno, el art. 84 estipula que las calificaciones numéricas se corresponderán con los siguientes conceptos: menor a 4, deficiente; de 4 a 5, regular; de 5,01 a 7, bueno, de 7,01 a 8, muy bueno; de 8,01 a 9, distinguido; de 9,01 a 10, sobresaliente. El mismo art. 84 establece que para ser considerado "apto para el grado superior" la calificación sintética no debe ser inferior a "bueno".
Cuando el Decreto Ley 9578/1980 establece la regulación pertinente al régimen de retiros, establece en su art. 54 que se puede pasar a situación de retiro a solicitud del propio agente o por imposición legal. El art. 56 es el que establece aquellas imposiciones legales, entre las que, estos fines, cabe destacar su inciso f) en donde se establece la causa de "falta de aptitudes para el grado superior o de revista".
La normativa que es aplicable al caso establece que "el retiro por falta de aptitudes para el grado superior del de revista procederá por dictamen fundado y escrito de la Junta de Calificaciones, cuando se hubiere calificado al agente de un mismo grado o cargo, dos (2) años 'deficiente' o uno (1) y dos (2) 'regular', o tres (3) 'regular' sea consecutiva o alternativamente. (...) Previo dictamen final que ponga al agente en situación de retiro, la Junta de Calificaciones hará comparecer al causante para que preste pruebas que hagan a su defensa" (conf. art. 62 Decreto Ley 9578/1980).
III. De lo antes detallado surge evidente la solución que debe prevalecer en el caso bajo análisis, atento a que en nada influye la última calificación obtenida por el agente (esto es, la de 'sobresaliente' para el período 2015-2016 en donde alcanzó un puntaje de 9), toda vez que de su legajo surgen suficientes calificaciones 'regular' (obtenida en cinco oportunidades, las tres últimas obtenidas durante el ejercicio de su último escalafón) y una 'deficiente' (obtenida en una oportunidad), todas las cuales fueron sopesadas por la Junta de Calificaciones a los fines de arribar al dictamen que sirvió de base para el dictado de la Resolución que determinó el pase a retiro obligatorio del agente por no reunir las aptitudes para el grado superior o de revista.
Es decir que aún cuando, eventualmente, pueda gravitar esta última calificación en la consideración de la Junta de Calificaciones, no surgiendo ninguna otra circunstancia meritoria a favor del agente (nótese al respecto que el propio agente no aportó elemento alguno que hiciera a su defensa, conforme surge de fs. 22 del expediente administrativo 21.211-449.619/16) y teniendo en cuenta, por su parte, la cercanía temporal entre la verificación del presupuesto fáctico previsto por el art. 62 del Dec. Ley 9578/1980 (esto es, la obtención de tres calificaciones 'regulares' en un mismo grado o cargo) con el dictado del acto administrativo de baja, lo dictaminado se corresponde exactamente con lo previsto por la norma.
A su turno, habrá de destacarse que el agente no activó oportunamente el sistema recursivo ante la Junta de Reclamos al momento de ser calificado como 'regular' o 'deficiente', lo que otorgo firmeza a dichas calificaciones en sede administrativa, impidiendo ahora volver sobre las mismas. De allí que, los supuestos de hecho que resultan antecedentes del acto, se mantienen incólumes.
A ello habrá de sumarse el hecho de que en esta sede judicial y sin perjuicio del recién referido consentimiento por parte del agente, tampoco produjo el interesado prueba alguna en contrario de lo resuelto por la administración ahora demandada, limitándose a aportar elementos que hacen a su salud psicológic
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