Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 37761 2022
Expte. Nº 37761 .-
Autos: "VERA JOSE LUIS C/ MUNICIPALIDAD DE VEINTICINCO DE MAYO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-NG
Estos autos caratulados "VERA JOSE LUIS C/ MUNICIPALIDAD DE VEINTICINCO DE MAYO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO", Expediente Nº 37761, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
Que a fs. 38/51, se presenta el Sr. José Luis Vera, con el patrocinio letrado del Dr. Hernán Diego Canullan, interponiendo demanda contra la Municipalidad de Veinticinco de Mayo, solicitando la declaración de nulidad del acto administrativo mediante el cual se dispuso su cese y la reincorporación al cargo que ocupaba antes del distracto, con más las sumas correspondientes a los salarios caídos.-
Asimismo, y ante el supuesto rechazo de la pretensión anulatoria, solicita una indemnización por los perjuicios causados a raíz de la interrupción del vínculo laboral.
En su relato de los hechos expone que ingresó a trabajar en la comuna demandada el día 7 de junio de 2007, en el área de recolección de residuos (planta de reciclado y recolección de residuos), mediante un contrato de 40 hs. semanales, cumpliendo tareas de lunes a viernes de 7 a 13 hs.
Indica que luego, a partir del año 2009, fue trasladado al área de Servicios Urbanos, realizando en un primer momento tareas de barrido y al poco tiempo le asignaron tareas de pintura, siempre desempeñándose en los mismos días y horarios.
Refiere que desde el mes de abril del año 2017, se desempeñó en el área de Higiene Urbana, abocado a las distintas tareas de la planta de reciclado, ello mediante un contrato de 48 hs. semanales.
Destaca que las renovaciones de los contratos que hacia el municipio, en ocasiones no respetaba los plazos contractuales, pero aun así continuó trabajando en las mismas condiciones.-
Achaca que conforme lo relatado las tareas que realizaba no eran de carácter ocasional, sino de las mismas características a las que realizaban los empleados de tipo permanente, generándole una legítima expectativa de permanencia laboral.-
Relata que el día 11 de diciembre de 2017, al presentarse en su lugar de trabajo, tomó conocimiento -de manera informal por personal municipal- que por decisión del Sr. Intendente, a partir del 31 de diciembre de 2017, se daba por extinguida su relación laboral. Finalmente, el día 13 de diciembre de 2017, se le notificó formalmente la medida mediante carta documento.
Considera que hubo un actuar arbitrario e ilegitimo por parte de la Municipalidad, incurriendo en una desviación de poder tanto con respecto al decreto que puso fin a las renovaciones ininterrumpidas durante 10 años, como al utilizar la figura del personal temporario para el desempeño de tareas que no surgen revestidas de las excepcionales características inherentes a dicho instituto y que en verdad, ha procurado encubrir una designación permanente mediante contrataciones que han tenido la aptitud de generarle una legítima expectativa laboral.
Analiza la norma del art. 70 de la Ley 14.656 y alega conforme ello, que resulta indudable que las tareas desarrolladas eran actividades normales de la administración pública, que se podrían haber realizado por personal de planta permanente, y por ello, se pone de manifiesto que la conducta de la demandada carece de toda razonabilidad al designar en forma sucesiva e ininterrumpida a una misma persona por el lapso de 10 años. Cita amplia jurisprudencia relativa al caso.
Retoma el análisis del art. 70 indicado, en relación a los requisitos del contrato que la norma establece. Conforme ello, asegura que su nombramiento en el cargo no se habría efectuado por contrato como prevé la ley, ni se habría establecido la tarea a desarrollar, ni la jornada de trabajo, ni el tiempo de contratación, tampoco se le hizo entrega de la copia respectiva.
Resalta la importancia del cumplimiento de los recaudos mencionados y lo dispuesto en la norma referida en cuanto a la misma dispone que cualquier infracción a lo establecido en materia de planta temporaria, convertirá al trabajo transitorio en definitivo.
En forma conteste a lo relatado, solicita la reincorporación como empleado de planta permanente, desde el inicio de la relación laboral.-
En cuanto al acto administrativo en sí, achaca que el mismo adolece de falta motivación suficiente, en tanto no encuentra fundamento alguno para no renovar la relación laboral que se venía desarrollando, como asimismo refiere a su falta de razonabilidad.-
Por otra parte, alega desviación de poder, y expone que la Municipalidad ha actuado en forma arbitraria e ilegítima incurriendo en una desviación de poder, tanto con respecto al decreto por el que se puso fin a las renovaciones, como al utilizar la figura de personal temporario para el desempeño de tareas que no surgen revestidas de las excepcionales características inherentes a dicho instituto y apoya su tesitura en amplia doctrina y jurisprudencia.
Ofrece la prueba que hace a su derecho y por último peticiona.-
II. Que con fecha 08/06/2020, se presenta el Dr. Rodrigo Tosto, en su carácter de apoderado de la Municipalidad de Veinticinco de Mayo y contesta la demanda interpuesta.
En primer término, niega y desconoce todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, como la autenticidad de la documentación acompañada.
En cuanto al sustento fáctico refiere que el Sr. Vera trabajó en el Municipio, con tareas de un empleado público de planta temporaria, contratado para trabajos de carácter transitorio que no pueden efectuarse por el personal de planta permanente.
Expresa que el último período de trabajo estuvo contemplado en el Decreto Municipal N° 888/2017, cuyo plazo de contratación terminaba en el mes de diciembre de ese año, tal como lo expresa la CD N° 864286696, de fecha 12 de diciembre de 2017.
Por otro lado comenta, que según dichos de funcionarios y compañeros de trabajo del actor, mientras este realizaba su labor en el área de Servicios Urbanos destruyó intencional y maliciosamente repuestos y autopartes de maquinarias que estaban a su cargo para reparación.-
Asimismo, indica que el actor fue pasible de faltas reiteradas sin justificación alguna que se encuentran acreditadas en el legajo del agente e incumplimientos de las tareas que al mismo se le indicaban, según los dichos de funcionarios a cargo del área.
Rechaza la procedencia de los rubros indemnizatorios, ofrece prueba y peticiona.-
III. Transcurrida la etapa probatoria y agregado el alegato presentado por la parte actora, con fecha 05/10/2021, se llama autos para sentencia y;
1. Que de los términos de la pretensión articulada, es posible extraer que el actor pretende obtener la nulidad del acto de no renovación contractual, y la reincorporación a su puesto con más los salarios caídos. Asimismo, subsidiariamente, solicita una indemnización por la ruptura del vínculo laboral que lo unía a la comuna demandada.
Por su parte, la comuna accionada manifiesta que el actor se desempeñó en el Municipio como empleado de planta temporaria, y por lo tanto su egreso está relacionado a la no renovación del contrato de trabajo, estando el último período laboral contemplado en el Dec. N° 888/2017.
2. Que ambas partes reconocen en sus escritos que el actor trabajaba para el Municipio demandado, como agente contratado de planta temporaria.
También da cuenta de ello, los recibos de haberes acompañados por el actor, en los que consta "cargo temporario" y se consigna como fecha de ingreso el día 07/06/2007 (v. recibo fs. 7).
Tampoco media controversia entre las partes, en cuanto a que el accionante se desempeñó como empleado del municipio hasta el mes de diciembre del año 2017. Reafirma tal convicción, la carta documento allegada por la demandada (adjunta a la presentación electrónica de fecha 08/06/2020), la que el actor transcribe en su escrito de demanda.-
3. Que en referencia a la normativa aplicable al caso, y más allá del encuadramiento que efectúa el accionante, cabe destacar que la relación entre las partes se desarrolló prácticamente en su totalidad, bajo la órbita de la Ley entonces vigente, 11.757, y por ello ha de ser la que rija en la presente contienda.
Que la mentada ley 11.757, disponía dos categorías en las que podían encuadrar los trabajadores: Planta Permanente, integrada por trabajadores que gozan de estabilidad (art.12 ap.1 Ley 11.757) y Planta temporaria, que se componía con trabajadores con situación de revista más precaria (art. 12 ap. 2), entre los que se ubicaba el personal temporario, el personal reemplazante, destajistas y el personal contratado por locación de servicios.-
Que bajo este régimen, la ley 11.757 era clara al establecer los requisitos que posibilitaban la transitoriedad en la función pública. Así, en su art. 92 disponía: "Personal temporario mensualizado o jornalizado son aquellos agentes necesarios para la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no puedan ser realizados con personal permanente de la administración municipal diferenciándose entre sí por la forma de retribución, por mes o por jornal".-
Siendo ello así y encontrándose reconocida la situación del actor como agente contratado, no caben dudas que ha quedado excluido de las previsiones que en materia de estabilidad prevé el Estatuto para los empleados del municipio, dado que su condición de revista le ha impedido adquirir aquel carácter.-
Por ello, la solución normativa respecto a la inestabilidad y a la posibilidad del cese, en principio no ofrece duda, pues, el mismo Estatuto del Personal Municipal (ley 11.757 cit.) prevé esta solución; y en tal sentido resulta ajustado a ella el criterio del Superior Tribunal Provincial, acerca de que el personal de planta temporaria, agentes mensualizados, jornalizados, reemplazantes y contratados se halla incorporado a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación (doct. de la mayoría en causas B. 49.724, "Requejo", sent. del 16VI1987; B. 49.890, "Villalba", sent. del 11VIII1987; B. 50.547, "Zaragoza", sent. del 31V1988; B. 51.827, "Palacios", sent. del 16XI1993; B. 54.512, "Pertusi", sent. del 11IV1995; B. 54.753, "Batista", sent. del 12V1998; L. 68.993, "Castro", sent. del 14VII1998; B. 57.364, "Capuano", sent. del 31VIII1999; B. 56.876, "Torres", sent. del 24XI1999; B. 56.457, "Hermosilla", sent. del 2VIII2000; B. 57.700 "Montes de Oca", sent. del 10IX2003; B. 57.741, "Iori", sent. del 18II2004).-
A ello cabe agregar que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dado por la modalidad de la designación; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista (SCBA; causa "Caminos, Feliciano Alberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa", sent. 29/03/2017).
Por lo tanto, conforme el panorama normativo y jurisprudencia precedentemente referenciada, el actor, no puede en su reclamo, ampararse en la garantía de estabilidad estatutaria propia.
Por lo demás, cabe recordar que conforme el art. 101 del Estatuto del Personal de las Municipalidades, la administración cuenta con facultades para disponer el cese de los empleados de planta temporaria cuando razones de servicio lo aconsejen.
De lo hasta aquí expuesto y de las constancias obrantes en autos no se desprende que el accionante haya llevado adelante actividad probatoria alguna que conduzca a acreditar la ilegitimidad de la actuación municipal que invoca, máxime cuando la normativa referenciada autoriza al municipio a disponer el relevo de aquellos que se encuentren dentro de planta temporaria.
Y en este sentido, vale recordar que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que en el proceso contencioso administrativo el actor debe probar las circunstancias que alega en favor de su pretensión y la carga probatoria pesa sobre el particular atendiendo la presunción de legitimidad que rodea los actos administrativos (cfr. SCBA, B54572 "Maragua S.A." del 22-4-1997).
Reafirmando que: "La omisión probatoria del accionante limita el alcance de la decisión final del Tribunal, ya que teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisible todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras esta no los excluya expresamente- incumbe ineludiblemente al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su petición, no solo por el carácter de tal, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la administración" ( SCBA, b 58926 "Bintana", del 29-10-2003; SCBA, B 58170 "Álvarez Santos" del 13-9-2006; SCBA, B 60964 "Armengol" del 23-5-2007).
En tal contexto, cabe entonces reputar legítima la decisión del Ejecutivo Municipal comunicada por carta documento de fecha 12/12/2017, al exteriorizar el ejercicio de una prerrogativa legalmente reconocida a la Administración, como resulta ser la de no renovar el contrato temporario que venía realizando meses anteriores.
4. En cuanto a la pretendida indemnización -la que plantea en forma subsidiaria ante el rechazo de la pretensión principal-, con fundamento en la desviación de poder de la comuna y basado en la jurisprudencia de nuestros Máximos Tribunales (fallos; "Ramos", "Sánchez" y "Cerigliano", entre otros), si bien es cierto que a partir de los precedentes "Ramos" de CSJN y "Villafañe" de la SCBA, se ha admitido que en determinadas circunstancias, la utilización de figuras temporales por parte de la administración pueda configurar un actuar ilegítimo que produzca una expectativa de mantenimiento de la relación laboral y por ello, su ruptura intempestiva genere la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados, ello no importa que tal encuadramiento proceda en forma automática.
Al respecto cabe resaltar que se sostuvo como principio general, que el trabajador no tiene derecho a percibir una indemnización si el contrato no es renovado por el empleador (doctrina del fallo "Sánchez"). Excepcionalmente, se expresó que dicha indemnización puede ser procedente si existe una desviación de poder, constituida por el incumplimiento de la regulación sobre contratación de personal de la administración pública. SCBA, Causa "Miguel, René Antonio c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/DCA", sent. 10/06/2020.
También, resalto que en sendos precedentes la SCBA, ha dejado claro que la novedosa posición que surgía de estos fallos, no implica dejar de lado la doctrina oportunamente sentada en el sentido de que los agentes de planta temporaria participan de un status de excepción, siendo el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo el modo de designación, no resultando causal de modificación del mismo el mero transcurso del tiempo o las sucesivas renovaciones.-
Por su parte, se ha dicho que, para demostrar la desviación de poder, como vicio en el fin del actuar administrativo, debe acreditarse la existencia de un propósito distinto, mediante pruebas claras sobre la intención de extinguir la relación de empleo público en función de intereses diversos a los generales previstos por la norma atributiva de la potestad. Quien lo invoca soporta la pertinente carga probatoria (conf. doctr. causas B. 55.656, "Mograbi", sent. de 8-VII-1997; B. 60.081, "Bardone", sent. de 7-IX-2011; B. 50.401, "Ayude", sent. de 3-VII-2013; A. 71.102, "Raimondi", sent. de 30-III-2016; e.o.). SCBA, causa: "Ávila, Guillermo c/ Municipalidad de Lomas de Zamora. Demanda contencioso administrativa", sent. 14/08/2019.
Conforme ello, la procedencia de la mentada indemnización no se funda únicamente en una cuestión temporal, sino que deben confluir una serie de factores que permitan tener por acreditada la desviación de poder.
Al respecto, no puedo dejar de resaltar la orfandad probatoria de la causa, pues la única prueba ofrecida y efectivamente realizada, ha sido la testimonial, la que no ha generado en el suscripto ninguna certeza en relación a aquellos extremos que se revelan como imprescindibles de acreditar.
Asi, y preguntado el testigo Jorge Gustavo Balladeres sobre que tareas realizaba el actor, responde "me parece que arreglaba, estaba en la parte de mecánica", y en relación al área en que se desempeñaba el Sr. Vera, refiere: "no, no sé, son muchas áreas las que tiene la municipalidad".
Por su parte, y en cuanto al área de labor del actor, el testigo Adolfo Alfredo Beserra, expresa que; "yo siempre entraba en lo que es el corralón y él estaba en la parte del taller y andaba con los trabajos de él, no se lo que hacía, si pintura o chapa...".
En ese orden, advierto que ni los escuetos testimonios, ni ninguna otra prueba aportada, dan muestra de los extremos fácticos concretos en que se desarrollaba la tarea del actor en la comuna, es decir elementos que revelaran la naturaleza de su tarea, si estaba destinada a abastecer necesidades transitorias o permanentes, o si se trataba de tareas generales o específicas de alguna especialidad profesional u oficio, y de allí que ello constituye un obstáculo insalvable que impide valorar si la decisión de la autoridad demandada, se ha ajustado a los límites que se imponen en materia de personal temporario trazados por la Corte Suprema Nacional en sus ya conocidos fallos "Ramos" (Fallos 333:311), "Sánchez" (Fallos 333:335) y Cerigliano (Fallos 334:398), y que habilite, en caso contrario, a una indemnización sustitutiva en los términos que la citada doctrina judicial reconoce en tales supuestos.
Por lo demás, si bien es cierto que se intimó a la accionada a acompañar el legajo personal del actor y el expediente administrativo relacionado con los hechos de autos, bajo apercibimiento de que la negativa a presentarlos, configure una presunción en su contra, no es menos cierto que dicha presunción, para hacerla valer debe estar acompañada de prueba o indicios aportados por la contraparte, que lleven a hacerla efectiva, circunstancia que no se revela abastecida en autos.
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1, 2 inc. 4°, 12 inc. 3°, 51, 77 y cctes. del CPCA (ley 12.008 y sus modif.); art.163, 375, 384 y cctes. CPCC; Ley 11757 y demás citas legales dadas;
1. Rechazar la pretensión contenida en la demanda contra la Municipalidad de Veinticinco de Mayo.
2. Imponer las costas por su orden (art. 51 inc. 2º C.P.C.A., texto según Ley 14.437).
3. En atención al modo en que termina el proceso, corresponde tomar como base regulatoria el importe reclamado en la demanda con sus intereses (art. 25 Ley 14967), el que conforme se desprende del escrito postulatorio, incluye la suma de $ 80.000 (correspondiente al daño moral). En su consecuencia, para el solo efecto regulatorio, corresponde fijar el monto del asunto el que asciende -conforme informa el Actuario en este acto (art.116 del CPCC)- a la suma de $ 152.581,35 (capital más intereses); todo conforme liquidación practicada según los coeficientes que arroja el sitio web de la SCBA y aplicando la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (Conf. Doctrina fallo SCBA C. 119.176, 15/06/2016 "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjui
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