Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39265 2023
Expte. Nº 39265 .-
Autos:"NONES NORA SUSANA C/ MUNICIPALIDAD DE BRAGADO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-ES
Estos autos caratulados "NONES NORA SUSANA C/ MUNICIPALIDAD DE BRAGADO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO ", Expediente Nº 39265, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que en fecha 08/10/2020 se presenta la Sra. Nora Susana Nones con el patrocinio letrado del Dr. YAMIL TAMAGNINI, promoviendo formal demanda contra la Municipalidad de Bragado, a fin de que se reestablezca y/o reconozcan los derechos que entiende le corresponden, solicitando la anulación del Decreto N° 508/2020 dictado por el Sr. Intendente Municipal que dispuso su cesantía.
Como corolario de ello, solicita se la reincorpore al cargo que detentaba al momento del dictado del mencionado Decreto municipal y se le abonen las remuneraciones por el tiempo que no ha prestado tareas para el Municipio demandado.
Ello, con más los daños y perjuicios ocasionados.-
Primeramente, inicia un apartado titulado "expediente administrativo". Allí, relata el derrotero administrativo sucedido y que culmina con su cesantía.
Relata que el expediente administrativo tiene inicio en la denuncia realizada por la licenciada Silvia Vera -Directora del Hogar de Ancianos San Luis de la ciudad de Bragado-. Allí, la mencionada funcionaria, expone que el día 14/2/2020 se produjo una situación atípica con el paciente Nahuel Tiburcio (residente del hogar de ancianos) quien no se sentía bien, balbuceaba y hablaba de faltante de dinero de ese día.
Expone que con fecha 21/2/2020, el trabajador Ricardo Ausejo aporta una grabación telefónica en la que se escucharía su voz y la de Hector Marsicano, complotándose para robarle dinero a Nahuel Tiburcio. Por ello, la Municipalidad de Bragado a través del decreto 192/20 resuelve instruirle sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades.-
Refiere que con fecha 27 de abril y 5 de mayo de 2020 hace su descargo, en el cual no reconoce la falta que le imputan, y ofrece como prueba la declaración testimonial de María Alicia Araujo.
Finalmente, con fecha 24 de junio la Comuna demandada decreta su cesantía por considerarla incursa en incumplimiento del art. 99 inciso f) del CCT por el cual los empleados municipales deben conservar en el servicio una conducta decorosa y digna; e incurrir en las causales del artículo 103 inc. c), inconducta notoria, e inciso d) incumplimiento de las obligaciones determinadas en el art. 99 cuando por la magnitud y gravedad de la falta así corresponda; sanción tipificada en el artículo 101, apartado II del CCT, concluyendo que se probó en autos que su parte suministró al Sr. Nahuel Tiburcio una medicación sin prescripción médica, con el objeto de adormecerlo para que su compañero de trabajo Hector Marsicano, una vez ingresado a su turno laboral, llevara adelante la sustracción de la suma de dinero que el Sr. Nahuel tenía en su poder.
Arguye que con fecha 14/7/2020 presenta recurso de revocatoria contra la resolución que decretaba su cesantía y que ante silencio de la administración municipal, presenta ponto despacho por el término de 30 días, recurso que jamás fue resuelto por la Municipalidad de Bragado.-
Luego de ello, inicia otro apartado referido a los hechos. Al respecto, expone que ingresó a trabajar para la Municipalidad de Bragado con fecha 1/1/1995, y que en sus más de 25 años no ha tenido sanciones disciplinarias.
Expone que al momento en que es cesanteada, prestaba tareas en el HOGAR DE ANCIANOS SAN LUIS DE BRAGADO, perteneciente a la Municipalidad de Bragado, donde realizaba tareas de mucama.
Alega que el decreto que resuelve su cesantía no cuenta con respaldo probatorio alguno, además de hacer una incorrecta valoración de la prueba, llegando al extremo de modificar sus dichos como imputada, todo con la clara intención de despedirla y/o cesantearla, violándose entre otros art. 18 de la Constitución Nacional, principios del derecho del trabajo tales como el in dubio pro operario (art.14 bis C.N), principio pro homine, incurriendo en el absurdo en la valoración de la prueba.
En cuanto a los achaques respecto del acto administrativo, dice que en el mismo no ha logrado acreditarse que su parte, conjuntamente con el Sr. Hector J. Marsicano, se hayan complotado para adormecer a un interno del Hogar San Luis -el Sr. Nahuel Tiburcio- con la intención de apropiarse de dinero que este tenía y con ello quedar incursa en los incumplimientos a la normativa que rige el empleo público municipal.
Resalta que el decreto que resuelve su cesantía, valora incorrectamente la prueba, es más llega al extremo de cambiar las palabras de la imputada.
Resalta que en el dictamen de la subsecretaria legal y técnica se expone que su parte reconoció haberse comunicado con HECTOR MARSICANO para advertirle sobre que uno de los internos tiene dinero, sin embargo, enfatiza que en ningún momento reconoció la llamada telefónica a este, ni que la voz que se escuchara en el audio fuera de ella, ni haberle pedido prestado el teléfono a Ricardo Ausejo.-
Entonces, dice que nunca reconoció el audio, y que tal como ha dicho en el descargo habla siempre en potencial, no reconociendo ni el audio, ni que las voces que en el mismo se escuchan a ella le pertenecen, por lo que hay un claro absurdo en la valoración de la prueba que lleva al sumariante a extraer falsas conclusiones, existiendo un desvío notorio de la aplicación del raciocinio en la intelección o aprehensión del contenido de una declaración testimonial y del indicio derivado de la misma.
Refiere que si bien niega la llamada a su compañero Marsicano, ante el supuesto que la tomaran como cierta, de la misma nada se extrae.-
Dice que igual suerte corre la "captura de pantalla" del día y horario de la supuesta llamada entre los imputados que obra como prueba documental en el sumario administrativo, la que -según dice- fue presuntamente obtenida del teléfono móvil del agente Ricardo Ausejo (Jenifer). Así las cosas, dice que la Municipalidad de Bragado no produjo la prueba que acredite que esa comunicación telefónica fue válida y que las voces que allí se escuchan pertenecen a los sindicados como responsables, llegando a conclusiones falsas y que se apartan de la prueba obrante en el expediente administrativo, violando el derecho a una sentencia justa, motivada.
Además, expone que si escucha el audio que la demandada ofreció como prueba, en ningún momento surge el nombre de quienes son los interlocutores de la misma y de la persona que estarían hablando y que, para tener por configurado el hecho que dio motivo al sumario administrativo, la Comuna se basa en lo declarado por Ricardo Ausejo, quien resulta ser compañero de trabajo de la actora, considerando el sumariante que dicha declaración sirve para autenticar que las voces que se escuchan en el audio ofrecido como prueba pertenecen a los sindicados como autores, sin ningún otro medio de prueba que lo valide.
Señala que la Comuna tendría que haber producido el medio de prueba idóneo para validar la prueba ofrecida.-
Por otra parte, evoca que para cesantearla, el Municipio también concluye que la actora puso en peligro la vida/salud del interno NAHUEL TIBURCIO, sin embargo jamás se pudo probar que le haya suministrado medicación al interno con la intención de adormecerlo para luego así hurtarle dinero.-
En cuanto a la declaración de los testigos, sostiene la nulidad de tal declaración, diciendo que jamás le notificaron del día y hora en el que iban a prestar declaración testimonial los testigos ofrecidos por la Municipalidad, vedando a su parte poder controlar la declaración y ejercer el derecho de repreguntar. Igualmente, continúa diciendo, que analizando la prueba testimonial los testigos solo han aportado que el residente Sr. Tiburcio se encontraba "somnoliento", "medio perdido" y con "dificultad en el habla", pero que luego de realizados los estudios médicos (Análisis Clínicos, TAC y Rayos) "estaba todo bien" (según Rizzo y Albano) en la salud del mencionado residente; que "estaban normales" (Según Gunilla).
Se manifiesta respecto de los "estudios médicos" de rigor realizados al Sr. Nahuel Tiburcio, diciendo que en los mismos se advierte que el mencionado se encontraba en buen estado de salud, dice que de la constancia de ingreso a la guardia (evolución y seguimiento) emana que ingresa por un cuadro de tendencia al sueño, afebril, con saturación normal, neurológicamente sin foco motor ni sensitivo, ubicado en tiempo espacio y persona, que responde a las órdenes, de la TAC se descarta patología aguda, que del resultado de laboratorio no se observa aumento de los glóbulos blancos, el resto sin particularidades, evolución favorable e indicación de hidratación.
Dice que del análisis de laboratorio surge que todos los indicadores o valores de referencia del paciente se encuentran dentro de los parámetros normales, solo variando en la "Glucemia", lo cual es propio de un paciente insulino dependiente (diabético) en lo que podría ser un cuadro de hiperglucemia, arrojando como conclusión, que de los estudios médicos no surge la ingesta de medicamento alguno que pudiera generar en él adormecimiento, tendencia al sueño o dificultad al habla. Por ello no pudo probarse la ingesta de medicación no prescripta, y menos que estuvo en riesgo la salud y vida del paciente Tiburcio.-
Siguiendo con el análisis del sumario administrativo, alega que no hubo faltante de dinero alguno, siendo todo lo descripto por el Sr. Tiburcio, en la voz de los testigos y la denunciante, son materia de la imaginación del residente, quien habría alegado un faltante de dinero jamás ocurrido, pues el mismo se encontraba en el ámbito de su propia cama/almohada.-
Resalta entonces que no hay elemento alguno que lleve a concluir lo resuelto por la Municipalidad de Bragado, es decir, no hay prueba de la comunicación telefónica entre los sindicados cómplices, no hay prueba de que al interno se le haya dado medicación alguna para poner en peligro su salud, ni tampoco que haya habido faltante de dinero.
Finalmente, dice que el decreto Nº 508/20 la perjudica de sobremanera, pues no contiene criterio alguno de razonabilidad por encontrarse en contradicción con la realidad de los hechos que lo anteceden y las disposiciones legales aplicables, por lo que el acto es arbitrario, injusto y debe ser anulado, revocado.
En otro apartado, plantea la "inconstucionalidad/nulidad" (SIC) de la intervención telefónica. Al respecto, dice que intervenir una comunicación es tomar conocimiento de su contenido, es inmiscuirse dentro del ámbito de intimidad y reserva del individuo.
Entiende que, si el juzgador encuentra que es un tercero el que ha captado la conversación en la que no ha participado, deberá declarar la vulneración de esos derechos fundamentales y que la prueba así obtenida carece completamente de validez probatoria, puesto que toda intromisión de terceros en las comunicaciones de un individuo resulta lesivo a su derecho a la intimidad y al secreto de sus comunicaciones, y cualquier prueba así obtenida resulta siendo inválida, siendo únicamente válida la prueba obtenida mediante la interceptación de comunicaciones privadas cuando media una autorización judicial debidamente motivada.
Con lo antedicho, expone que la comuna no puede sentenciar con basamento en las escuchas, pues dicha prueba resulta nula.-
Refiere por otra parte, que la resolución adoptada por la Municipalidad de Bragado viola el derecho a la igualdad de trato de la agente Nora Nones, pues la condenan igual que al Sr. Marsicano por un supuesto hecho, pero a ella le aplican la cesantía (cuando tiene más de 25 años de trabajo en el municipio con legajo sin sanciones) y al otro empleado lo suspenden, cuando de la parte resolutiva del decreto que esta parte solicita revocación surge que estaría demostrada la complicidad de los sumariados, razón por la cual entiende que también debe ser revocada la sanción impuesta por arbitraria, contraria a principios del derecho de trabajo como el de igualdad de trato y no discriminación, reincorporando a la ahora actora a su puesto de trabajo.
Por todo ello, solicita se revoque la sanción impuesta por arbitraria, contraria a principios del derecho de trabajo como el de igualdad de trato y no discriminación, reincorporándola a su puesto de trabajo.
Ofrece prueba y finalmente peticiona.-
II. Que mediante presentación electrónica de fecha 28 de mayo de 2021, se presenta a contestar demanda la Municipalidad de Bragado, mediante su apoderada, la Dra. KARINA DANIELA CABALLERO negando en general y particular todos y cada uno de los hechos denunciados por la actora y solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.
Inicialmente, comienza relatando su versión de la verdad de los hechos.-
Así las cosas, relata que con fecha 22 de febrero de 2020 la Directora del Hogar de Ancianos San Luis, realizó una formal denuncia ante la Dirección de Personal de la Comuna de Bragado contra los empleados Nora Susana Nones y Héctor Juan Marsicano, a raíz de un hecho de inconducta ocurrido en dicha Institución el día 14 de Febrero de 2020.-
Que ello motiva la sustanciación de un sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades. Específicamente, la inconducta consistiría en que los mencionados agentes habrían pergeñado un plan para apoderarse de una suma de dinero que poseía uno de los residentes alojados en dicho Hogar, el Sr. Nahuel Tiburcio.-
Relatando el hecho en sí, dice que en su denuncia, la Directora del Hogar de Ancianos San Luis, detalló que el día 14 de Febrero de 2020, personal de la institución, encontró al Sr. Tiburcio en un mal estado de salud, reclamando una suma de dinero que tenía guardada bajo su almohada. Continúa relatanto que, al ingresar a la habitación del abuelo Nahuel, se encontró con dos enfermeras del turno mañana y la mucama Nora Nones, quienes se encontraban asistiendo al mencionado, ya que éste no podía mantenerse sentado en la cama por sus propios medios ni hablar adecuadamente como normalmente lo hacía, agregando que observó que la empleada Nones se encontraba en "evidente estado de nerviosismo".-
Refiere que el Sr. Nahuel tenía una importante suma de dinero guardada ($22.000), y que ese dinero fue encontrado dentro de la funda de la almohada por el empleado Ricardo Ausejo, y entregado a la Directora para su resguardo; y que dicho empleado, al día siguiente, le hace escuchar a la Directora una grabación telefónica de su celular, donde oyó la voz de Nora Nones dialogando con el empleado Héctor Marsicano, en la cual se evidencia la complicidad que ambos tenían para apoderarse de la suma de dinero que poseía el Sr. Tiburcio. En dicha grabación, habría escuchado como Nora Nones manifiesta haber suministrado una medicación al Sr. Tiburcio para adormecerlo y así perpetrar el ilícito (alprazolam y clonazepam). -
Aduce que la Directora del Hogar aportó como pruebas dicha grabación telefónica, y el detalle de la llamada telefónica del día 14 de Febrero de 2020 realizada a las 09:10 hs donde puede verse un número telefónico agendado bajo el nombre de "Héctor Marsis".-
Expone que los agentes Nora Nones y Héctor Marsicano se desempeñaron el día 14 de Febrero de 2020 en diferentes horarios, más precisamente en el caso de la empleada Nones, lo hizo de 06 a 14 hs. y Marsicano de 14 a 22 hs., lo que coincide con la grabación telefónica, ya que allí puede claramente escucharse como la voz femenina (Nora) le dice al masculino (Héctor) que cuando tome su turno de trabajo se apodere del dinero que poseía el Sr. Tiburcio.-
Relata que en virtud de las condiciones físicas que presentaba el Sr. Nahuel, se lo trasladó a la guardia del Hospital San Luis para su evaluación, resultando de la historia clínica, agregada a fs. 12/18, que el paciente ingresó con un cuadro caracterizado por tendencia al sueño y que de los estudios médicos que se le realizaron no se detectó la presencia de ninguna enfermedad que provocara dicha situación-.
Dice que en la declaración testimonial del empleado Ricardo Ausejo, éste manifestó que el día del hecho la encargada de servir el desayuno a los abuelos alojados allí fue Nora Nones -realizando él tareas de limpieza de pisos-; y que encontrándose en recorrida por los pasillos, es llamado por el Sr. Nahuel Tiburcio, a quien encuentra en estado de somnolencia y con dificultad para hablar, sin perjuicio de que éste reclamaba no poder encontrar una suma de dinero que poseía, siendo este -Ausejo- quien logra encontrarla dentro de la funda de la almohada.-
Refiere que una vez que Ausejo concluye con la limpieza de los pisos, regresó al office y allí, la ahora accionante le solicita prestado su celular para hacer una llamada a Héctor Marsicano, relatando que días posteriores al episodio, Ausejo revisa la aplicación de grabación de llamadas (CallU) que tiene instalada en su celular, y encuentra la llamada que realizó Nora Nones, poniendo inmediatamente la situación en conocimiento a la Directora del Hogar San Luis.-
Aduce que conforme se desprende del sumario, la agente municipal Claudia Soledad Rizzo, brinda testimonio, manifestando ser la encargada de la medicación que toman los abuelos residentes del Hogar que sufren de diabetes, como es el caso del Sr. Nahuel Tiburcio, y que ese día a las 7 hs. le realizó el control de rutina en su habitación, encontrándolo en buen estado de salud general, realizando un nuevo control a las 9:30 o 10 hs. -a pedido de su compañero Ausejo- el que arroja resultados normales.-
Agrega que la misma testigo observo en aquel momento que el día del hecho que la empleada Nones se mostraba nerviosa.-
Afirma que las declaraciones testimoniales incorporadas al sumario, resultan coincidentes en que el Sr. Nahuel Tiburcio se encontraba en evidente estado de somnolencia sin poder mantenerse sentado por sus propios medios en la cama ni poder hablar adecuadamente.-
Luego, comenta que corrida la vista a Nora Nones en el marco del sumario, esta presenta -conjuntamente con su compañero, Hector Marsicano- su descargo, negando el hecho imputado y planteando la inconstitucionalidad de la grabación telefónica como medida de prueba, por considerar que vulnera el derecho a la intimidad.-
Dice que la empleada Nones en su descargo también manifestó que la llamada que realizó a Marsicano lo fue en modo de advertencia, para que tuviera cuidado que uno de los internos tenía dinero y "que no vaya a ser que lo fueran a acusar por el faltante" (textual), pero que esos dichos resultan contradictorios y no se corresponden con la declaración del agente Ausejo, puesto que la llamada se habría realizado momentos antes de que Ausejo y el resto del personal asistiera al Sr. Tiburcio, lo que generan "la clara convicción de la maniobra de los agentes Nones y Marsicano para apropiarse del dinero perteneciente al paciente" (textual).-
Consecuencia de ello, afirma que quedó probado en la instancia administrativa mediante la sustanciación del sumario correspondiente, que la agente Nora Susana Nones suministró al Sr. Tiburcio, una medicación sin prescripción médica, con el objeto de adormecer al mismo para que, su compañero de trabajo Héctor Juan Marsicano, un vez ingresado a su turno laboral, llevara adelante la sustracción de la suma de dinero que el Sr. Tiburcio tenía en su poder; razón por la cual se procedió a su cesantia.-
Finalizado el relato de los hechos que dieron origen al acto administrativo, solicita se rechace el pedido de nulidad planteado respecto a la grabación de la conversación telefónica, debido a que, según refiere la misma fue obtenida por el aporte realizado por el testigo Ricardo Ausejo, quien le prestó su celular a la Sra. Nones el día del hecho en cu
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.