Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 33247 2023
Expte. Nº 33247 .-
Autos:"CARDOZO MIGUEL ANGEL C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO".-
Mercedes, en el día de su firma digital. CS
Estos autos caratulados "CARDOZO MIGUEL ANGEL C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO", Expediente Nº 33247, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 52/57, en fecha 15/07/2021, se presenta el Sr. Miguel Ángel Cardozo, con el patrocinio letrado de las Dras. Andrea Rosa María Gomez y Alcira Elba Marconi, interponiendo demanda contra la provincia de Buenos Aires -Ministerio de Justicia y Seguridad - Servicio Penitenciario Bonaerense- a fin de obtener la nulidad de la Resolución Ministerial 159/15, por la cual se dispuso la promoción a los cargos inmediatos superiores de un grupo de agentes y la cual no fuera publicada, ni notificada por ningún medio.
Asimismo, impugna la Res. N°2018-1-GDEBA-MJGP de fecha 04/01/2018, que rechazó el recurso administrativo presentado, cuando aun se encontraba en actividad.
Finalmente, solicita se ordene a la demandada, proceder a su ascenso a la jerarquía inmediata superior de Inspector Mayor (EG) a partir de la fecha 01/01/2014, reconociéndosele la antigüedad y las diferencias salariales del mejor grado, a fin de reajustar su haber de pasividad, con más los intereses compensatorios.
Respecto a los hechos señala que, ingresó al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires el 29/02/1988, desempeñándose en dicho organismo hasta el mes de Marzo 2018, fecha en que pasó a situación de retiro.
Relata que, en su extensa trayectoria, ha cumplido distintas funciones, adquiriendo así una vasta experiencia para su desarrollo profesional y que, ocupando el cargo de Prefecto Mayor, se ha desempeñado como Subdirector de Seguridad en la Unidad N°46 de San Martín en el año 2008, hasta que en el 2011, lo trasladan a Saavedra donde ocupó el cargo de Subdirector de Asistencia y Tratamiento en la Unidad 19.
Agrega que, durante el período 2012-2013 obtuvo calificaciones sobresalientes, 10 puntos sobre 10, por la labor desempeñada en la Unidad N°13 de Junín como Subdirector del área de seguridad; y que con fecha 01/08/2014, lo nombran Director de la Unidad N° 41 de Campana, año en el que le comunican nuevamente las calificaciones, siendo la misma de 10 sobre 10 con orden escalafonario 68, surgiendo de la misma, que la Junta Superior de Calificaciones para el Personal Superior del Servicio Penitenciario de la Provincia resolvió calificarlo como "Funcionario que ha demostrado una excelente predisposición y aptitud, en la función que desempeña, correcto y disciplinado, consubstanciado en sus tareas en bien del servicio, por lo cual esta junta asesora de Calificaciones de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense considera que, merece ser promovido al Grado Inmediato Superior, de acuerdo a lo establecido mediante Resolución Ministerial N° 85/13", firmado por el Sr. Inspector General Claudio Leonildo Cardo, Presidente de la Junta Superior de Calificaciones.
Refiere que la Junta Superior de Calificaciones, ha dictaminado con competencia para formalizar su propuesta, por lo tanto y según su dictamen, se debió proceder a su ascenso a partir del 1 de Enero de 2014.
Señala que, en Marzo de 2015, se dicta la Resolución Ministerial 159/15 que determina el ascenso al grado inmediato superior a diversos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense a partir del 01/01/2014, excluyendo de dicho ascenso a otros, siendo él omitido de ambos listados, postergando su ascenso pese a poseer calificaciones sobresalientes.
Indica que, dicha omisión vulnera directamente su derecho de defensa atento que la Resolución no le ha sido notificada, lo que impidió realizar reclamo alguno y que ante el carácter extraordinario de dichos ascensos, no se conformó Junta de Reclamos, por tal motivo no había a quien reclamar.
Continúa relatando que, ante esta situación, al tomar conocimiento de la Resolución en cuestión, interpuso recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio y ante la falta de respuesta a dicho recurso, el día 03/01/2018 presentó nota de Pronto Despacho.
Manifiesta que, con fecha 28 de febrero del corriente año 2018, le notifican mediante acta en el Complejo Penitenciario Zona Norte, la Resolución Ministerial N° 2018-1-GDEBA-MJGP, de fecha 04-01-2018, el rechazo de los recursos presentados contra la Res. Ministerial 159/15, agotando de ese modo la vía administrativa.
Agrega que, paradójicamente, tanto en la solicitud de notificación como en el acta de notificación, se indica que el objeto es notificar al "Inspector Mayor (EG)" Miguel Ángel Cardozo, que es el grado inmediato superior que se persigue, siendo el cargo actual el de Prefecto Mayor.
Denuncia que, al no haber sido notificado de su ascenso o de su negatoria, la administración ha desconocido sus propios actos, actuando contradictoriamente, ya que en el dictamen mencionado, se determina la aptitud de la actora para su ascenso, y acto seguido se omite por completo de dicho Dictamen, causando graves perjuicios al Principio de Progresividad en su Carrera Penitenciaria, generando una falsa expectativa, violando la legitimidad de dichos actos, la igualdad de sus derechos y el debido proceso administrativo, como asimismo un claro perjuicio al ser menor el monto de su haber jubilatorio.-
Refiere que, pareciera que la decisión de negarle el ascenso, estuviera vinculada al episodio de salud que ha padecido estando como director de la Unidad 41 Campana en octubre de 2014, cuando el estrés laboral lo llevó a hospitalizarse y consecuentemente permanecer en licencia médica, lo que aumentó su angustia e incertidumbre ante su futuro, suponiendo que se lo estigmatizaría, impidiéndole retomar sus funciones y seguir actuando conforme sus capacidades y compromiso como lo venía haciendo a lo largo de toda su carrera en el servicio.
Advierte que, lo anteriormente manifestado, no es solo una simple conjetura, sino que tiene fundamento en sus posteriores calificaciones, que en los últimos períodos refieren que debe esforzarse y aumentar su desempeño, circunstancia que no condice con la realidad, atento que a lo largo de su carrera ha demostrado compromiso y actitud responsable en todo momento, sin importar el cargo que estaba ocupando; entendiendo que, un trastorno de salud no puede acarrear un estancamiento en el ascenso o progreso en su carrera, más cuando no se está en presencia de sumario administrativo por alguna falta disciplinaria o delito grave, y que su estado de salud está absolutamente controlado. Independientemente de ello, no se inició sumario y/o actuación prevencional alguna por dicha descompensación de salud que sufrió dentro del establecimiento y en horario de trabajo.
Aduna a lo expuesto que, el Sr. Norberto Leguizamón que era Subdirector de la Unidad 41 al momento en que él ocupaba el cargo de Director, fue quien ascendió ese mismo año cuando según reglamentación, la prioridad en el ascenso al cargo inmediato superior la tiene quien se desempeñe como Director; y que del mismo modo, en situaciones similares, se han ascendido a otros agentes, como por ejemplo al Sr. Sergio Suazo y al Sr. Patricio Pinedo. El primero, siendo Director de la Unidad N° 41 de Campana se descompensa por un pico de stress presentando carpeta psiquiátrica por un periodo de 6 meses y luego de un año es reubicado con el cargo de Director en la Unidad N°17 de Urdambilleta. El Sr. Pinedo en idéntica situación se descompensa por un problema de stress siendo Director de la Unida N° 4 de Bahía Blanca, solicita carpeta psiquiátrica por 4 o 5 meses aproximadamente, al año es reubicado funcionalmente como Secretario del Complejo Centro y asciende a Inspector Mayor y posteriormente a Jefe del Complejo Zona Sur; en cambio menciona que en su caso, luego de su alta médica le asignaron funciones limitadas por tres años, independientemente que su salud estuviese completamente controlada, y nunca fue citado por la Dirección General de Recursos Humanos por ningún motivo, ni siquiera para evaluar su continuidad; no siendo tampoco propuesto para ningún otro cargo.
Manifiesta que ante toda esa situación, solicitó su jubilación, la que obtuvo en marzo del 2018.
Señala que, toda la situación narrada, le ha provocado un terrible desgaste en su persona, después de tantos años y un excelente desempeño de su carrera, sin sumarios o denuncias en su contra, cumpliendo efectivamente con las funciones asignadas, y que en los últimos años de la misma no se reconozca nada de ello es injusto y arbitrario, situación que desencadenó en él otra afección: diabetes.
En suma, solicita se lo promueva a la jerarquía inmediatamente superior de Inspector Mayor (E.G), a fin de hacer cesar el perjuicio que se le ha ocasionado, laboral, físico-emocional y económico, ello, atento que fue notificado oportunamente por el Presidente de la Junta Superior de Calificaciones con un dictamen sintético y numérico favorable, conforme a lo que establece la reglamentación en vigencia como así también los parámetros legales correspondientes.
En otros apartados reclama la violación al principio de legítima confianza y a la doctrina de la fundamentación integrativa, esta última por cuanto, según señala, en la Res. que se recurre -N°159/15-, obra la nómina de los agentes que obtienen su ascenso a partir del 1 de Enero de 2014 y la nómina de quienes han sido excluidos por distintos motivos y de la misma, surge que no ha sido ni promovido en su ascenso, ni excluido del mismo, es decir que su nombre no consta en la Resolución en cuestión. Por lo que entiende que, debido al principio de la unidad del expediente y en caso de existir causas que impidan su ascenso, debió ser notificado de esta circunstancia para así ejercer su derecho de defensa y en consecuencia respetarse el debido procedimiento adjetivo.
A continuación, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.
II. Con fecha 10/09/2019 y habiéndose corrido el traslado de rigor, se presenta a contestar demanda por Fiscalía de Estado, el Dr. Ricardo Gerónimo Uncal.
A sus efectos refiere que la demanda intentada, resulta infundada, careciendo el actor de un derecho adquirido, como para solicitar el otorgamiento retroactivo de una promoción en la escala jerárquica, no pudiendo invocar su simple expectativa como fundamento para contrariar decisiones administrativas, ni para reprochar los criterios de selección que resultan propios y privativos de la autoridad ejecutiva.
Comienza por reivindicar la legitimidad de la resolución administrativa por medio de la cual, se desestimó el pedido de ascenso del actor con base en la inexistencia de un derecho adquirido a su respecto para obtener dicha promoción; ello en virtud de que, tal como surge del acto administrativo de referencia, la autoridad demandada, analizó el reclamo de ascenso del actor y brindó una respuesta fundada a su respecto, explicando las razones por las que no correspondía acceder a lo requerido.
Señala que la demanda en traslado, se ha construido sobre la base de un error conceptual que resulta decisivo en la causa y es que el actor, se ha creído titular de un derecho adquirido para reclamar -en forma retroactiva- el otorgamiento de un ascenso en la escala jerárquica administrativa, perdiendo de vista que no existe tal prerrogativa y que lo único que pudo invocare es una simple expectativa, que en modo alguno puede esgrimirse para cercenar las potestades de selección propias y privativas de la autoridad administrativa.
Agrega que, la posibilidad de concretar el avance en la carrera y de consolidar las expectativas de ascensos, no depende -por regla- de factores automáticos como el simple paso del tiempo (antigüedad) o la calificación apta del postulante (idoneidad), sino que supone la reunión de una serie de condiciones entre las que se encuentra la existencia de vacantes, las necesidades del servicio, la superación de un proceso de selección, etc, aspectos todos que reservan cierto margen de discreción a la autoridad administrativa; aclarando que, no basta para invocar un derecho a la promoción y/o el ascenso las circunstancias que aduce el actor de haber tenido altas calificaciones en su desempeño, así como permanencia en el cargo.
Refiere que, el error del actor de creerse con derecho adquirido al ascenso, parte de una confusión en lo que hace al régimen de promoción previsto en la legislación, en especial respecto a uno de los grados superiores del escalafón como es el de Inspector Mayor.
Señala que, el Estatuto del Personal del Servicio Penitenciario, regula variantes en el sistema de ascenso de acuerdo al grado del escalafón al que se aspire, previendo expresamente: i- un régimen por antigüedad calificada, que permite a quienes la obtengan el acceso a los grados inferiores del escalafón; ii- un régimen de selección general, que confiere mayor discreción a la autoridad administrativa para elegir entre sujetos potencialmente aptos para el acceso a los grados superiores del escalafón; iii- un régimen de selección diferencial para el supuesto de aspirarse al grado superior de Inspector General (arts. 29, 68, DL. 9578).
Agregando que, este diferente tratamiento del tema, responde al hecho razonable de que, a medida que se avanza en la pirámide de un cuerpo, se van angostando las posibilidades de acceso, no resultando suficiente con invocar la permanencia cronológica -incluso calificada- en el organismo para acceder a los escaños superiores, siendo necesario -por el contrario-, que a criterio de la autoridad, se considere cual el más apropiado para acceder al grado más alto.
Aduna a lo expuesto que, precisamente por ello, la normativa aplicable también señala que las Juntas de Calificaciones intervinientes en el tema -aún efectuando un control de las cualidades de los candidatos al ascenso- procederán a fijar un "orden de mérito" respecto de los grados inferiores, más determinante de la decisión, y se limitarán en cambio a evacuar un "simple dictamen" respecto de los grados superiores (hasta Inspector General), no vinculante de la decisión, que corresponderá discrecionalmente a la autoridad superior (art. 29 DL. 9578).
Sostiene que, en lo que hace específicamente al trámite para el acceso a grados más altos, la reglamentación señala que, se entenderá por selección al procedimiento en virtud del cual se determina entre los postulantes aptos, aquél que por sus antecedentes, méritos, rendimiento, condición de mando, competencia, preparación profesional, cultura general, aptitudes intelectuales y potencialidad operativa, tenga mayor idoneidad para ser promovido (cfr. art. 120 del DR. 342/81).
Advierte que, existen una cantidad de factores que toma en cuenta la normativa aplicable (más allá de la calificación, antigüedad y/o permanencia) a los fines de definir los ascensos, reservándose en el análisis de esas condiciones un cierto margen de evaluación discrecional por parte de la Jefatura del Servicio Penitenciario; discrecionalidad que es todavía mayor para el supuesto de los ascensos de los grados superiores como el autos de Inspector Mayor.
Por otro lado indica que, resulta improcedente el intento del actor de obtener un ascenso con posterioridad a la solicitud de retiro voluntario, habida cuenta que por mandato legal, esta opción facultativa del agente cierra la carrera, excluye la posibilidad de ascenso y genera la vacancia del cargo del actor a los fines de su cobertura; señalando que en efecto, el agente público sólo tiene expectativa de ascenso, a hacer carrera administrativa, cuando se encuentra en situación de actividad, mas no cuando ha pasado a pasividad (máxime si es voluntaria), desde que a partir de su cese el mismo se desvincula de la administración pública para la cual prestó servicios.
Agrega que con su pretensión, el actor no sólo estaría pretendiendo alterar el cargo de base con el cual accediera al beneficio, a la vez que obtener un ascenso indebido con posterioridad a su retiro, sino que también estaría tratando de romper la relación de equilibrio y proporcionalidad que debe existir entre el haber de actividad y el de pasividad. Ello así porque estaría pretendiendo obtener en pasividad un haber de superior entidad que el correspondiente a quienes se desempeñan en el mismo cargo del actor en servicio activo, no pudiendo desconocer, los efectos que el retiro provocó a su situación de revista: el cierre de su carrera; pero por el contrario, en su demanda no asimila este fundamento primordial, ni demuestra que alguna norma del ordenamiento le otorgue el derecho que pretende.
Sostiene que, en mérito a lo expresado, deviene ineludible reconocer la absoluta legitimidad y razonabilidad de la decisión objeto de impugnación, la que no adolece de vicio alguno que apareje su invalidación.
Destaca que, como consecuencia de los distintos procedimientos de selección llevados a cabo por la administración, las vacantes que se encontraban disponibles fueron cubiertas por los funcionarios ascendidos en aquellas ocasiones, adquiriéndose por parte de estos terceros derechos subjetivos que no pueden ser alterados en el marco del presente proceso en los términos en los que fue abierto, por lo que la consumación de las circunstancias descriptas, demuestra que la pretensión del actor, se enfrenta abiertamente a una realidad consolidada que ha generado derechos adquiridos en cabeza de terceros, insusceptibles de modificación en los términos en que ha sido planteada la acción; no existiendo vacantes disponibles que puedan ser cubiertas retroactivamente para el año 2014 (como pretende el actor), ni puede privarse de los ascensos a quienes los adquirieran conforme a derecho y no han sido involucrados en el marco de este pleito (terceros promovidos).
Finalmente ofrece prueba y peticiona.
III. Transcurrida la etapa probatoria y agregado el alegato presentado únicamente por la parte demandada, se llama autos para sentencia y;
I. Que el accionante -de cuyo relato y copia simple obrante a fs.51 surge que se encuentra jubilado, lo cual asimismo llega consentido a esta instancia, por no haber sido materia de oposición por parte del Fisco demandado- promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, solicitando la anulación de las Resoluciones Ministeriales N°159/15, de fecha 26/03/2015, mediante la cual se dispuso la promoción a los cargos inmediatos superiores de un grupo de agentes y en la cual el accionante no fue incluido y la N° 2018-1-GDEBA-MJGP, de fecha 04/01/2018, que rechazó el recurso administrativo presentado contra la anterior.-
Que consecuentemente, reclama el reconocimiento del derecho de ascenso a la jerarquía inmediata superior de Inspector Mayor (EG), a partir del día 01/01/2014, reconociéndosele la antigüedad y las diferencias salariales del mejor grado, con más los intereses compensatorios.-
II. Relevo de la prueba documental:
Que, de las constancias del Expediente Administrativo N°21.200-89289/15, agregado sin acumular a estos autos, surgen los siguientes elementos útiles:
a) A fs. 2/9, el Sr. Miguel Angel Cardozo interpone Recurso de Revocatoria contra la Res. Ministerial 159/15, solicitando la rectificación de la misma y en consecuencia su promoción al grado de Inspector Mayor (E.G) a partir del 01/01/2014. Debo aclarar que, si bien del Expte. administrativo bajo análisis, no surge la fecha de interposición del mismo, conforme se advierte del sello fechador colocado en la copia del escrito recursivo acompañado por el actor a fs. 7/15 del expediente judicial, el mismo fue presentado en fecha 04/09/2015.-
b) A fs. 10, luce comunicación del dictamen de la Junta de Calificaciones al Sr. Miguel Angel Cardozo, de fecha 25/09/201
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.