Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 43458
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la excepción de cosa juzgada interpuesta por la Fiscalía de Estado.
2Costas de la incidencia a la demandada vencida (art.51 CPCA cfr. Ley14.437).-
3Reanúdese el plazo para contestar demanda, que fuera suspendido en fecha 21/06/2023, la que deberá ser contestada dentro de los treinta (30) días de encontrarse firme o consentida la presente resolución (art. 36 inc. 1° del CPCA).
AUTOS, VISTOS: RESULTANDO:
I. Que con fecha 22/11/2022, se presenta el Dr. Agustín Valdovinos, en su carácter de apoderado del Sr. Juan Alberto Campo, promoviendo pretensión de reconocimiento y restablecimiento de derechos, contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
En definitiva, el objeto de su pretensión se encuentra dirigido a obtener el reajuste del subsidio de la Ley Nº 13.985 -que el actor percibe regularmente- con integración de la totalidad de suplementos, bonificaciones y compensaciones que percibe un Teniente Primero (E.G.) de las Policías de la Provincia de Buenos Aires; computando al efecto el Suplemento por Antigüedad (art. 45, inc. c) apartado 1) Ley Nº 13.982), el Suplemento por Riesgo Profesional (art. 45, inc. c) apartado 2) Ley Nº 13.982), la Compensación por Mantenimiento de Uniforme (Dec. Nº 713/2014), y todos aquellos que se instauren en el futuro y se abonen con generalidad, habitualidad y regularidad a los policías de la jerarquía indicada.
A tal efecto, solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 3° del Decreto Reglamentario N° 149/10, en tanto -según entiende- condiciona el monto del subsidio a la suma equivalente al sueldo básico con más la Bonificación Remunerativa y No Bonificable fijados para el grado de Teniente Primero del Subescalafón General de la Ley 13.982; en flagrante contradicción al texto y espíritu de la Ley N° 13.985 y por tanto violatorio del art. 144 inc. 2° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 31 de la Constitución Nacional (Pretensión de Reconocimiento de Derechos, art. 12 inc. 2) Ley Nº 12.008).
II. Corrido el pertinente traslado, se presenta el Dr. Juan Pablo Portesi, en su carácter de letrado apoderado de la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 14/06/2023), oponiendo como de previo y especial pronunciamiento la excepción de cosa juzgada.
En ese orden, señala que en el marco de la presente demanda el actor persigue obtener el reajuste del subsidio reclamado y reconocido por sentencia judicial en los autos: "CAMPO JUAN ALBERTO C/FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRS Y OTRO/A S/ PRETENSION DE RESTABLECIMIENTO O RECONOCIMEINTO DE DERECHOS -EMPLEO PUBLICO" Causa 12383, del Juzgado Contencioso Administrativo N° 4 de la Plata.
Afirma que por la demanda judicial entablada y que diera lugar al referido proceso, el actor reclamó puntualmente que se anule parcialmente la Resol-2018-323-GDEBA-MSGP, en tanto desestimó el pago del subsidio establecido en el art. 1 de la Ley 13.985. Consecuentemente, el actor solicitó se condene al Ministerio de Seguridad provincial a abonarle dicho beneficio, desde el 17/8/2012 (fecha del accidente), tomando como base de cálculo del capital los haberes que por todo concepto perciba un Teniente Primero de la Policía, al momento de dictarse sentencia o efectivizarse el pago, con intereses y costas, sin haber requerido tempestivamente los distintos rubros que detalla en la presente demanda y que percibiría un Teniente Primero en actividad -en el caso antigüedad, uniforme, suplementos varios etc.- a la luz del planteo de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10.
Por ende -afirma- la omisión de reclamar en su oportunidad los suplementos y bonificaciones con los que pretende dar volumen económico al subsidio, no autoriza a reclamarlos en un proceso posterior, porque los mismos quedan igualmente alcanzados por la autoridad de cosa juzgada.
En ese sentido, entiende que por ser aquellas cuestiones accesorias al subsidio y no tener independencia a su respecto, debieron plantearse en el primer proceso, bajo la previsión de que su sentencia no sólo cerraría la discusión sobre lo principal (nulidad de la denegación de subsidio y su reconocimiento), sino también sobre lo accesorio (suplementos, bonificaciones y todo aquello con lo que se pretenda incrementarlo).
III. En fecha 25/04/2023, la actora contesta el traslado que se le confiriera de las excepciones.-
Alega que del mero confronte de los objetos de una y otra demanda se evidencia no sólo que lo pretendido es completamente distinto, sino que -sobre todo- no existe posible riesgo de contradicción y por ello no se encuentra en juego la seguridad jurídica, lo cual pretende tutelar la garantía de la cosa juzgada.
Asegura que el asunto es completamente diferente, ya que mediante un proceso se logró el reconocimiento del derecho del actor al cobro del subsidio de la Ley Nº13.985, previa declaración de la nulidad de la Resolución Nº RESO-2018-323-GDEBA-MSGP; y en el presente juicio se pretende el reajuste del beneficio, una vez declarada la inconstitucionalidad del art. 3º del Decreto Nº 149/10.
Así, afirma que no existe ninguna afectación a la seguridad jurídica, ni riesgo de que medie una decisión contradictoria, puesto que lo que se discute en este pleito, no guarda ninguna relación con lo debatido y resuelto en la Ciudad de la Plata.
IV. En fecha 30/06/2023 pasan los autos a despacho para resolver la defensa opuesta.-
I. Tras enunciar sucintamente los antecedentes del caso, la solución de esta contienda exige, determinar en esta instancia procesal, la procedencia de la excepción de cosa juzgada interpuesta por la Fiscalía de Estado. La cosa juzgada "puede definirse, en general, como la inmutabilidad o irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia definitiva cuando contra ella no procede ningún recurso (ordinario o extraordinario) susceptible de modificarla, o ha sido consentida por las partes" (Palacio, Lino E. Derecho Procesal Civil, Tomo V, Actos Procesales. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1975).
Sobre el punto, debe tenerse presente que la institución de la cosa juzgada guarda estrecha relación con las garantías constitucionales reconocidas por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, al impedir renovación de alegaciones apoyadas en los mismos hechos que fueron objeto de un proceso anterior, para resguardar la seguridad jurídica y evitar la reedición de debates sobre cuestiones ya decididas.
Para que sea procedente la excepción de cosa juzgada, el examen integral de las dos contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que, por existir conexión, continencia, accesoriedad o subsidiaridad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve. A fin de verificar la concurrencia de tales presupuestos cabe recurrir a las reglas de la identificación de las acciones o pretensiones ("Fazio Maria Laura C/ Rulli Gladys Dima Y Otros S/Medidas Cautelares (Traba/Levantamiento), Juz.Cont. N°1 La Plata; -Base JUBA B5060479-). II.- En el caso de autos, la demandada plantea la excepción de cosa juzgada alegando la existencia de un juicio que tramitó por ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 4 de la Plata, en el que se efectúo un planteo de similar tenor, que fue resuelto mediante sentencia dictada en fecha 21/03/2019 y que en atención a ello, lo que el actor reclama en las presentes actuaciones resulta ser una cuestión accesoria al primer pleito que no fue planteada oportunamente ante aquella sede. A tales efectos, corresponde verificar si se encuentran acreditados los extremos necesarios para hacer lugar -en su caso- al planteo introducido por la demandada.-
Al respecto y conforme surge de la certificación de Secretaría que antecede, en los autos "CAMPO JUAN ALBERTO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL. PUBLICO" -Exp. N° 12383-, en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, el accionante pretendíó obtener la nulidad parcial de la resolución RESOL-2018-232-GDEBA-MSGP, de fecha 15-3-2018, mediante la cual fue desestimado el otorgamiento de los subsidios previstos por el Decreto n° 861/99 y la Ley 13.985; como asimismo, el pago de las sumas mensuales devengadas desde el 17-8-2012 (fecha del infortunio) y hasta su efectivo pago, tomando como base de cálculo la remuneración que perciba un Teniente Primero de la Policía Bonaerense, al momento de dictarse sentencia o de efectivizarse el pago, con más intereses.
Asimismo, alegó la inconstitucionalidad del recaudo establecido por el decreto reglamentario n° 149/10 en sus artículos 2 y 4 inc. 2°, en tanto exige para la concesión del mentado subsidio, una incapacidad superior al 50% de la total laboral en caso de encontrarse en situación de actividades limitadas. Ello, al entender que tal limitación es contraria a la ley que reglamenta y vulnera los artículos 144 inc. 2° de la Const. Prov. y 31 de la Const. Nac.
Que mediante la sentencia de fecha 21/03/2019, el Sr. Juez interviniente, hizo lugar a la pretensión interpuesta por el señor Juan Alberto Campo contra el Ministerio de Seguridad anulando la resolución RESOL-2018-323-GDEBA-MSGP, de fecha 15-3-2018, condenando al Ministerio de Seguridad "... a reconocer al señor Juan Alberto Campo el otorgamiento del beneficio plasmado en el artículo 1 de la ley 13.985 y su reglamentación, desde la fecha del accidente (17-2-2012) y en adelante, de acuerdo con las pautas establecidas en dicha manda y de conformidad con la liquidación que a tal fin se practique en autos (arts. 12 inc. 1º y 2º, 50, CCA; arts. 1 de la ley 13.985; 1, 2, 4, 10 y cc. dec. 149/10)".
Por su parte, la presente contienda tiene por objeto el reajuste del subsidio de la Ley Nº 13.985 -oportunamente concedido- y que el actor ya percibe con integración de la totalidad de suplementos, bonificaciones y compensaciones que percibe un Teniente Primero (E.G.) de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, apuntalando tal reclamo en la declaración de inconstitucionalidad del art. 3° del Decreto Reglamentario N° 149/10. III.- Que del análisis de ambas contiendas, advierto que la sentencia dictada en el proceso que tramitara ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata- a mi juicio- no reviste autoridad de cosa juzgada respecto de la cuestión que aquí se debate. Es que si bien ambas pretensiones se encuentran vinculadas -en tanto la presente resulta consecuente del contenido de la anterior sentencia-, no advierto la accesoriedad en los términos que alega la Fiscalía de Estado, que constituya un vadallar formal a la discusión que se propone en esta litis.
En primer lugar, la pretendida declaración de inconstitucionalidad del art 3 del Decreto 149/10 que aquí se reclama, no ha sido planteada, discutida ni resuelta en el primero de los pleitos. Nótese que aquel proceso se centró en el reconocimiento del derecho del actor a percibir el subsidio del art. 1 de la Ley 13985, con base en la inexistencia de incompatibilidad del mismo con el reclamo de una indemnización en sede laboral, acordando finalmente el otorgamiento del mismo, sin debatirse los conceptos que componen el mismo (cfme. constancias de la MEV que tengo a la vista).
Por lo demás, la demandada no ha expuesto suficientemente las razones que le asisten, para concluir que era carga impostergable del actor plantear la cuestión aquí traída en aquella contienda. En este sentido, no puedo dejar de advertir, que a la par de reconocer la defensa fiscal que la extensión del beneficio y la constitucionalidad de la norma involucrada no fue discutida en el juicio antecedente, no explica con precisión y claridad porque la pretensión introducida en estas actuaciones por el actor, tendría que haber sido ineludiblemente propuesta en el juicio precedente y de allí quedar abarcada por el instituto de la cosa juzgada.
En todo caso, el agravio se revelo patente para el actor una vez cumplida la sentencia anterior. Y destaco, que ante cualquier duda en este sentido, ha de estarse al principio general del derecho de prevalencia de interpretación mas favorable al trabajador (art.39 inc.3 CPBA).
Conforme lo expuesto y del examen del asunto dentro de las reglas de la lógica, entiendo que la litis planteada no ha sido objeto de una anterior decisión, que obstaculice la prosecución de la presente causa.
Es que si bien el objeto de autos, se encuentra vinculado con la pretensión resuelta en el expediente que tramitara ante el Juzgado Contencioso N° 4 de La Plata, en lo sustancial, se revela como una cuestión independiente que puede ser resuelta sin alterar la seguridad jurídica de la sentencia ya dictada y los principios constitucionales que la sustentan.
Por ello, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 34, 35 inc.1º "e", 77 inc.1º y cctes del C.P.C.A.; art. 161 y cctes. del C.P.C.C. y art. 163 de la Constitución Provincial; RESUELVO: 1.- No hacer lugar a la excepción de cosa juzgada interpuesta por la Fiscalía de Estado. 2.- Costas de la incidencia a la demandada vencida (art.51 CPCA cfr. Ley14.437).-
3. Reanúdese el plazo para contestar demanda, que fuera suspendido en fecha 21/06/2023, la que deberá ser contestada dentro de los treinta (30) días de encontrarse firme o consentida la presente resolución (art. 36 inc. 1° del CPCA). NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE.-
REGÍSTRESE
Fin de la sentencia