Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39340 2024
Expte. Nº 39340 .-
Autos:"GAITAN MELODY SOFIA C/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PROV. DE BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO".-
Mercedes, en el día de su firma digital. CS
Estos autos caratulados "GAITAN MELODY SOFIA C/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PROV. DE BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO", Expediente Nº 39340, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que con fecha 17/11/2020, se presenta la Sra. Melody Sofía Gaitan, con el patrocinio letrado del Dr. Jerónimo Sabas Torres, a promover demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As., a fin de obtener la anulación de la resolución nº 2020-1591 GDEBA- MSALGP, suscripta por el Ministro de Salud de la Prov. de Bs. As. que le fuera notificada el día 21/10/2020, por entender que la misma, lesiona derechos ya adquiridos y carece de sustentos fácticos y jurídicos, solicitando en consecuencia su reincorporación a su puesto de trabajo con más el pago de los salarios caídos y el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.
A sus efectos relata que, ingresó como dependiente del Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As. en fecha 01/01/2012, para cumplir tareas de técnicas en el Hospital Zonal "General Julio de Vedia", perteneciendo a la planta permanente de dicha dependencia.
Menciona que en el año 2015 y a consecuencia de una causa penal por tenencia de estupefacientes (fuera del marco laboral), se le inicia una investigación sumarial la cual finaliza con la resolución que aquí se ataca en la cual la exoneran de su puesto de trabajo.
Señala que a la fecha en que se resuelve el sumario, se encontraba embarazada de licencia por COVID-19, habiendo sido internada en el Hospital donde prestó servicios por amenaza de parto prematuro, situación que el Director del Hospital notificó al Ministerio. Aclara que con ello, pretende demostrar la desidia y el desinterés que tuvieron para con su persona, ya que estando notificados de su situación de embarazo y lejos de pensar y dar importancia a la misma como a su futuro y del niño por nacer, tomaron semejante decisión.-
Agrega que, resulta ser una trabajadora con 8 años de antigüedad, sin antecedentes alguno, siempre obrando con lealtad y respeto hacia sus superiores y compañeros, cumpliendo cada orden, directiva y tareas encomendada con habilidad y destreza suficiente y que nunca fue objeto de sanción disciplinaria alguna.-
Apunta que la sanción dispuesta, resulta exagerada, arbitraria, irrazonable y desproporcionada, carente de fundamento fácticos y jurídicos, violatoria de toda norma pro operario y de tantos derechos constitucionales ampliamente protegidos.
Denuncia que se han quebrantado normas tales como el Art. 24 Ley 14656 (derecho a la estabilidad); art. 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 75 inciso 22 de la misma carta magna.
Indica asimismo que, además del marco jurídico general que protege los derechos de cualquier trabajador, en el caso de autos debe tenerse particularmente en cuenta que, la protección del embarazo y de la maternidad está expresamente consagrada por nuestra Constitución Nacional y por normas contenidas en tratados internacionales, constitutivos de lo que se ha dado en denominar el bloque de constitucionalidad, considerando que merece atención particular para este caso la "Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", en la cual se establecen disposiciones específicamente direccionadas a la protección de la mujer trabajadora, así como la "Convención de Belén do Pará", aprobada por la República Argentina mediante la ley 24.632, sancionada el 13/03/1996 y que según el artículo 9º dispone: "... los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condiciónétnica, de migrante, refugiada o desplazada (...) En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad".
Por otra parte menciona que, la Organización Internacional del Trabajo, el 23 de marzo de 2020, ha emitido un documento "Las normas de la OIT y el Covid 19 (Coronavirus)" que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los puestos de labor, citando jurisprudencia al respecto.
Concluye en que la resolución aquí atacada, resulta nula de nulidad absoluta por resultar antijurídica, toda vez que violenta principios fundamentales, resultando a todas luces improcedente y arbitraria en la forma de proceder que tuvo el organismo administrativo para con la trabajadora, quien se encontraba embarazada, situación que conocían y lejos de interesarse por tal circunstancia procedieron al despido de la misma, aún cuando se encontraban prohibidos los mismos.
Sostiene que el acto que emana del Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As., atenta contra la norma que prohíbe despidos frente a la situación de emergencia y en estado de gravidez y considera que sumado a ello, también la resolución nº 2020-1591 resulta nula por carecer de fundamento fáctico, siendo la misma exagerada, arbitraria, irrazonable y desproporcionada.-
Reclama que, como derivación directa de la nulidad del decreto que dispuso su cese como personal de planta permanente, deberá ordenarse su reincorporación definitiva al puesto que detentaba, como así también resarcirse los daños y perjuicios ocasionados por el actuar antijurídico de la Provincia.-
A sus efectos manifiesta que, aquella ilegalidad le impidió percibir los haberes devengados desde que se decretó la exoneración hasta la fecha de promoción de esta demanda, haciéndose extensivo hacia adelante.
Refiere que, como consecuencia de lo relatado, se evidencia un daño material cierto que puede además ser mensurado con dinero y un lucro cesante, también cierto, aunque indeterminado.
Asimismo sostiene que, siendo que el actuar ilegítimo de la Provincia le ha generado una lesión en sus sentimientos, las que se traducen en padecimientos que deben presumirse en situaciones como la que se denuncia en estos autos, entiéndase el desamparo vivido, la necesidad de alimentar a su hijo por venir, la imposibilidad de conseguir otro empleo, entre otros aspectos cotidianos desesperantes, estima como daño moral la suma de pesos doscientos mil ($200.000).
Finalmente, ofrece prueba y peticiona.
II. En fecha 24/11/2020 amplía la prueba ofrecida (documental).
III. Que con fecha 04/02/2021, la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires acompaña el informe que le fuera requerido con el objeto de resolver la medida cautelar solicitada en la demanda, desprendiéndose del mismo la instrucción de un sumario administrativo.
IV. Que mediante resolutorio de fecha 22/02/2021, se rechaza la medida cautelar peticionada.-
V. Que en fecha 05/04/2022, se presenta a contestar demanda la Fiscalía de Estado a través de su apoderado Dr. José Martín Torres. Adelanta que la parte actora, no ofrece ningún argumento concreto (ni genérico) que permita evidenciar vicio y/o irregularidad, para enervar el legítimo accionar estatal, razón por la cual solicita el rechazo de la demanda.
Principia por destacar que la actora, fue expulsada de los cuadros de la Administración por encontrársela incursa en las faltas contempladas en los artículos 84 inc. "a" , y 78 inc. "e" de Ley 10.430 y su dec. reglamentario 4161/96.
Puntualiza que conforme surge de las actuaciones administrativas agregadas a la causa-; la falta incursa por la ex -agente Gaitán; constituyen faltas inaceptables a cualquier agente de la administración pública estatal.
Manifiesta que la actora, fue privada de su libertad desde el día 6 al 11 de marzo de 2015; en tanto fue detenida en el marco de la IPP Nª 09-00002921-15, por delito de tenencia simple de estupefacientes, en trámite ante la UFI y J N° 6 del Juzgado de Garantías Nª 1 y de la UFD Nº10 del Departamento Judicial de Mercedes, resultando imputada por el delito mencionado, en el marco de los autos caratulados "CARREGA, Maximiliano Daniel y otros s/inf. Ley 23.737".
Agrega que, se constató que la actora, incumplió abiertamente el deber de observar fuera del servicio, una conducta decorosa y digna acorde con sus tareas (en el caso, personal de la salud); perjudicando con su accionar la integridad ética -propia como funcionario estatal y- de la Administración; advirtiendo que, además de la propia declaración de la agente (quien no desconoce los hechos configurativos de la falta incursa reprochada; ni en sede administrativa, ni esta oportunidad procesal); la decisión se sustenta en copiosa documental (fs. 13, 15, 60/72); y encuentra postura coincidente en los dictámenes previos de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Trabajo (fs. 92/95), Junta de Disciplina (fs. 96/98) y Asesoría General de Gobierno (fs. 100); quienes propiciaron la sanción finalmente impuesta.
Refiere que, surgen sobradamente acreditadas las circunstancias fácticas reprochadas por la Administración a la actora, tanto así como su debido y razonable encuadramiento normativo en derecho aplicable al caso (cfr. art. 78, 84 y cdtes. Ley 10.430). Todo ello en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario, instruido y desarrollado con estricto apego al marco procedimental aplicable y con respeto al derecho de defensa en juicio de la parte -hoy- accionante (quien tuvo oportunidad, de prestar declaración, presentar descargo, ofrecer y producir prueba, obteniendo una decisión fundada respecto a su situación).
Puntualiza que la parte actora, no objeta, ni señala, actuación y/o comportamiento alguno de la autoridad estatal. Tampoco intenta individualizar vicio y/o irregularidad del accionar estatal sino que por el contrario, se limita a comentar su situación de embarazo al momento de dictarse la sanción expulsiva, invocando normas en protección a la estabilidad en el empleo público y al estado de gravidez, no discriminación y prohibición de violencia laboral.
Destaca que, que la legitimidad de la decisión estatal se mantiene incólumne, siendo insuficientes los argumentos actorales para enervar la legitimidad del obrar estatal constatado en la causa (cfr. art. 110 Dec. Ley 7647/70), por lo que, teniendo en cuenta la absoluta orfandad argumental y probatoria actoral para evidenciar irregularidad del accionar estatal enjuiciado con mas el amparo de la presunción de legitimidad que caracteriza todo el accionar administrativo, considera que el planteo actoral resulta inmotivado, y merece ser desestimado.
Postula que, no puede siquiera insinuarse que la medida disciplinaria impuesta, encuentre motivo en la situación de gravidez otrora aducida por la accionante, sino por el contrario en el reprochable comportamiento incurso, configurativo de la falta castigada, por lo que el hecho de que la actora estuviera embarazada -al momento de dictarse la medida expulsiva-, no enerva la potestad disciplinaria de la Administración, ante la grave inconducta incursionada.
Manifiesta que, la misma suerte adversa merece el planteo actoral, según el cual -a su entender- no podría verse separada de su puesto de trabajo con motivo de lo normado en los Decretos nacionales que establecieron la supuesta prohibición de despedir (Dec. 329/20); pues contrariamente a lo sugerido al respecto en el escrito de demandada, señala en primer término que el marco normativo nacional referenciado se encuentra destinado al sector privado; es decir a la relación entre particulares; inaplicable al supuesto de autos regido por normas de orden público estatutario local; sin perjuicio de lo cual aclara que, aquella normativa se limitó a "prohibir" los despidos sin causa; acontecimiento que no acontece en el caso de autos, donde existe causa válida, justificada y necesaria, de la segregación del agente por incurrir en la grave falta comentada.
Asevera que la estabilidad en el empleo público, no es un derecho absoluto e irreductible como sugiere la accionante, ya que esa prerrogativa garantiza la protección contra medidas incausadas, pero cede -necesariamente- cuando existe causa válida para exonerar al agente (como medida sancionatoria) por incumplir con los deberes a su cargo incursionando en falta grave, normativamente previstas y bajo la previa instrucción de un procedimiento administrativo disciplinario en el que se le ha respetado el derecho de defensa.
Finalmente peticiona.
VI. Que habiendo transitado la etapa probatoria y agregados los alegatos acompañados por la actora en fecha 25/10/2023 y por la demanda en fecha 20/10/2023, con fecha 14/11/2023, se llama autos para sentencia y
CONSIERANDO:
I. Objeto de la litis: Que conforme surge de la demanda incoada, la actora presenta como objeto de su reclamo, la anulación de la resolución nº 2020-1591 GDEBA- MSALGP suscripta por el Ministro de Salud de la Prov. de Bs As. que le fuera notificada el día 21/10/2020, por entender que la misma, lesiona derechos ya adquiridos y carece de sustento fácticos y jurídicos, solicitando en consecuencia su reincorporación a su puesto de trabajo con más el pago de los salarios caídos y el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.
Que a tal fin, la Sra. Melody Sofía Gaitan, estructura y fundamenta su pretensión en que el sumario se resolvió, cuando se encontraba embarazada y de licencia por COVID-19, habiendo sido internada en el Hospital donde prestó servicios por amenaza de parto prematuro, cuestionando el desinterés demostrado por la ahora demandada en relación con su persona, atento que según refiere, estaban notificados de su situación de embarazo y lejos de pensar y dar importancia a la misma tomaron dicha decisión.-
Asimismo entiende que "la sanción dispuesta, resulta exagerada, arbitraria, irrazonable y desproporcionada, carente de fundamento fácticos y jurídicos, violatoria de derechos constitucionales ampliamente protegidos, tales como el Art. 24 Ley 14656 (derecho a la estabilidad); art. 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 75 inciso 22 de la misma carta magna; como así también, los derechos de protección del embarazo y de la maternidad".
En resumidas cuentas, solicita la nulidad del acto administrativo que decidió su exoneración por entender que el mismo, atenta contra la norma que prohíbe despidos frente a la situación de emergencia y en estado de gravidez y considera que sumado a ello, también la resolución nº 2020-1591, resulta nula por carecer de fundamento fáctico, siendo la misma exagerada, arbitraria, irrazonable y desproporcionada.-
II. Relevo de la prueba documental: A fin de introducirnos en el caso de marras, he de señalar y puntualizar los hechos que conllevan al reclamo, para lo cual resulta primordial el examen de la prueba documental y mas precisamente del expediente administrativo, cuyas piezas relevantes al efecto de este resolutorio, se pasa a detallar:
Expediente: EX-2020-12936225- GDEBA-DPTLAMSALGP:
a) A fs. 1, obra copia de oficio dirigido al Director de la Dirección Provincial de Hospitales del Ministerio de Salud de la Pcia. de Bs. As. suscripta por el Dr. Claudio Ricasoli en su carácter de A/C de despacho de la Dirección Ejecutiva del Hospital Zonal Gral. Julio de Vedia, de fecha 10/04/2015, en el cual solicita se gestione la regularización de la situación del agente Melody Sofía Gaitan a tenor del delito de tenencia de estupefacientes.
b) A fs. 2, luce copia de oficio dirigido al Titular de la oficina legal del Hospital Zonal Julio de Vedia, por parte de la Auxiliar Letrada de la Ayudantía Fiscal de Nueve de Julio, donde se le informa que del sistema informático del Ministerio Público Fiscal de la Pcia. de Bs. As., surge registrada IPP N°09-00002921-15, iniciada el 06/03/2015, por el delito de estupefacientes-tenencia simple del cual resulta imputada Melody Sofía Gaitan y otros.
c) A fs. 10, obra informe de la Dirección Provincial de Personal del Ministerio de Salud, que da cuenta de la suspensión preventiva de la agente Melody Sofia Gaitan desde el 6 al 17/03/2015.
d) A fs. 20, obra informe del Área Técnico Legal de la Dirección Provincial de Hospitales de fecha 22/02/2016, del cual surge que el Hospital Zonal General Julio de Vedia, puso en su conocimiento que la agente Melody Sofía Gaitan, fue privada de su libertad desde el 6 al 11 de marzo de 2015, no concurriendo a su lugar de trabajo, correspondiendo atento a ello, dictar la pertinente orden de sumario, con la suspensión preventiva de la nombrada.
e) Asimismo a fs.21, la Subsecretaria de la Salud de las Personas, con fecha 29/03/2016 señala que, analizadas las circunstancias del hecho, corresponde instruir sumario en los términos del art. 92 de la ley 10.430, por lo que consecuentemente indica que por intermedio de la Dirección General de Personal de la Pcia. debe proyectarse el pertinente acto administrativo.
f) A fs. 40/41 de fecha 23/08/2015, obra Res. 63 de la Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas por la que se resolvió, ordenar la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar la responsabilidad de Melody Sofía Gaitan por la presunta comisión del delito de Tenencia Simple de Estupefacientes y suspenderla preventivamente desde el 6 hasta el 11 de marzo de 2015 en virtud de haber sido privada de su libertad, imputando a la agente por transgresión al art. 78 inc. e) de la Ley 10.430, encuadrándose su conducta en el art. 84 inc. a) de la Ley 10.430, el que reza: "... Son causas de exoneración: a) Falta grave que perjudique material o éticamente a la Administración...".
g) A fs. 49, el Director de Sumarios del Ministerio de Trabajo, designa al Instructor Sumariante al Dr. Fernando Cirillo.
h) A fs. 58, obra acta de declaración indagatoria a Melody Sofía Gaitan.
i) A fs. 60/72, obra copia de la IPP N°09-00-002921-15/00, informándose a fs. 72 que se acordó la suspensión de juicio a prueba respecto a Melody Gaitan por el plazo de 2 años, pago de multa mínima y realizar trabajos comunitarios.
j) A fs. 73/76, con fecha 12/11/2016, obra el Auto de Imputación a la agente Gaitan, por haber transgredido con su conducta lo normado en el art. 78 inc. e) de la Ley 10.430 encuadrándose su conducta en el Art. 84 Inc. a) de la Ley 10430.
k) A fs. 80/82, obra descargo efectuado por Melody Sofía Gaitan, en el cual asevera que se desempeñó como enfermera en el Hospital General Julio de Vedia con esmero y dedicación sin haber sido nunca pasible de sanción disciplinaria; remarcando que el hecho que se le endilga nunca fue comprobado, por lo que nunca hubo falta de decoro de su parte.
l) A fs. 90, obra informe final del sumario administrativo labrado por el Instructor Sumariante, en el cual eleva las actuaciones.
m) A fs. 92/95, obra dictamen N°38/19, del Director de la Dirección de Sumarios Administrativos, en el cual consideró que resulta dable atribuir responsabilidad administrativa a la sumariada por el hecho acontecido, en virtud de haber incurrido en una falta grave que perjudicó éticamente a la Administración, no encontrando atenuantes para merituar, entendiendo que correspondería, el dictado de un acto administrativo que aplique a la agente Melody Sofia Gaitan la sanción expulsiva de exoneración.
n) A fs. 96/98, obra dictamen de la Junta de Disciplina de la Dirección Provincial de Administración del Capital Humano del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, por el cual también se aconseja sancionar al agente Malody Sofía Gaitan, con la medida disciplinaria de exoneració
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