Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77198
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (art. 303, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 303 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.198, "Contarini, Adriana Raquel c/ Dirección General de Cultura y Educación s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconoc. de derechos - Empl. Público - Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso deducido por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, admitió la demanda, anuló los actos administrativos denegatorios y reconoció el derecho del actor al cobro de la retribución especial prevista en la ley 13.355; asimismo declaró, de oficio, la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley mencionada.
Se interpusieron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de inaplicabilidad e inconstitucionalidad, los que fueron concedidos por la Cámara interviniente.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 3 de mayo de 2022, rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley dada la insuficiencia del valor del agravio y respecto al de inconstitucionalidad, pasó los autos al señor Procurador General a los fines de su dictamen.
Habiéndose presentado éste, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Con fecha 17 de septiembre de 2020, el señor juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes dictó sentencia mediante la cual resolvió hacer lugar a la demanda presentada por la señora Adriana Raquel Contarini contra la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, declarando la nulidad de la resolución del mes de agosto de 2017 (sin indicación de día) dictada por el Departamento de Gestión Administrativa —Dirección de Jubilaciones y Certificaciones— y de la resolución de fecha 7 de junio de 2012 de la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones —dependiente de la demandada—, reconociéndole a la actora el derecho al cobro de la retribución especial prevista en el art. 2 de la ley 13.355 y condenando al ente demandado a que abonara el beneficio dentro de los sesenta días de consentido o ejecutoriado el decisorio —conforme la liquidación a practicarse— con más los intereses correspondientes. Asimismo, le impuso las costas a la parte demandada en su calidad de vencida (cfr. art. 51 inc. 1, CCA, t.o. por ley 14.437) y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. A su turno la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, por mayoría, desestimó el recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de primera instancia que admitiera la demanda promovida.
Para así decidir, y luego de hacer un racconto del iter administrativo recorrido por la actora, así como del marco normativo en juego, concluyó que el recurso debía ser rechazado, a tenor de los argumentos allí desarrollados.
Así, advirtió que el marco normativo aplicable determina —como principio— que la actora no posee más derechos que los previstos de modo expreso o razonablemente implícito en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo público y que ello habría de impedirle entonces, entre otras cuestiones, acceder a la percepción de la remuneración especial contemplada en la ley 13.355 dada la condición de docente provisional —es decir, carente de estabilidad— que ha revestido durante toda su carrera.
No obstante —y he aquí su principal argumento— si bien encuentra que el art. 2 de la ley 13.355 resulta suficientemente claro y preciso en cuanto a su alcance y ámbito de aplicación, sostiene que en este caso particular no puede desentenderse de la circunstancia de que la actora se desempeñó a lo largo de todos los años necesarios para acogerse al régimen jubilatorio siempre bajo la calidad de docente provisional y/o suplente, tal como surge de las constancias de la causa (v. fs. 4/9 y 11/13 del expte. adm. n° 05826-398238/2010, adjuntado digitalmente al trámite del 1 de marzo de 2019 obrante en el "SIA"). Hecho que además no se encuentra controvertido.
Agrega que le resulta poco verosímil que esa permanencia sostenida en el tiempo por más de dos décadas y un lustro en un régimen precario haya obedecido a una decisión voluntaria y deliberada de la señora Contarini, concluyendo en que ello configura una situación discriminatoria e inequitativa, la cual ha sido argüida por la interesada en su escrito postulatorio y que no puede ser tolerada por la judicatura.
Aclara que no desconoce la doctrina elaborada en torno a que la garantía de igualdad no resulta en principio afectada por la existencia de regímenes diferentes en orden a los beneficios que acuerdan, y que la circunstancia de que la ley confiera distinto tratamiento a los agentes permanentes y transitorios no constituye un desconocimiento de aquella garantía sino una cuestión de política administrativa, cuya desventaja o acierto escapa al control de los jueces en tanto no se demuestre la existencia de discriminación arbitraria, indebida persecución o injusto privilegio.
Aprecia que esas condiciones gravosas son las que se suscitan en este caso, tornando inconstitucional el precepto cuestionado, por irrazonable y discriminatorio.
En efecto, sostiene que "difícil resulta considerar que el legislador, al haber sancionado la Ley n° 13.355 con la finalidad de gratificar a los agentes que hubieren tenido una extensa trayectoria en la Administración provincial, haya impuesto el recaudo de pertenecer a la planta permanente pensando que podría ocurrir la situación de que un empleado pudiera haber desarrollado toda su carrera en cargos de revista temporaria".
Finalmente, concluye que, en ese contexto, ante la situación particularmente vivenciada por la señora Contarini, el recaudo establecido en el art. 2 de la ley 13.355 —en cuanto exige la pertenencia a la planta permanente de la Administración provincial para acceder al beneficio previsto en la norma— resulta inconstitucional, en tanto la actora encuadra perfectamente en los fines que inspiraron la sanción de aquella ley.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad, en el cual denuncia la errónea resolución de un caso constitucional local en tanto se ha descalificado de manera oficiosa una norma general y abstracta por considerarla violatoria de una cláusula de la Constitución provincial.
Se alega un agravio concreto de carácter económico que revestiría entidad suficiente —según manifiesta— como para adquirir el nivel de gravedad institucional en tanto, a través de la descalificación constitucional que han resuelto los jueces de segunda instancia, según plantea, de manera sorpresiva y en violación del principio de congruencia, se invalida una norma legal que establece una de las condiciones de acceso al universo de beneficiarios de la retribución especial por cese, recaudo que, de ser eliminado del sistema, generaría un grave perjuicio para el patrimonio fiscal por el efecto expansivo que podría acarrear.
Sostiene que con el presente recurso intenta la revocación del fallo recurrido en defensa de la validez constitucional de la norma legal reprobada, con los límites que ella señala, en tanto ha sido erróneamente descalificada por violatoria de la carta local, con desinteligencia de esta ley fundamental y cita doctrina. Alega que por esta vía busca defender la constitucionalidad de la norma legal indebidamente descalificada en el fallo, por resultar aquella perfectamente válida y armónica con la correcta lectura de la Constitución provincial; objetivo que resulta perfectamente incluido dentro del alcance de la herramienta en cuestión.
Arguye que el proceder referenciado reviste gravedad institucional y notorio interés público, ello así porque "la facultad contra-legislativa ejercida por la CCASM, con tacha del régimen legal aplicable, tiene entidad suficiente como para generalizarse y replicarse en una pluralidad de situaciones análogas vinculadas al personal docente, abriéndose desde ahora la posibilidad de que un universo de sujetos potencialmente amplio pueda venir a reclamar la retribución especial por cese, pese a no reunir los requisitos establecidos por la legislación al efecto, todo con grave afectación a las previsiones legislativas y las condiciones presupuestarias para su sostenimiento, afectando garantías constitucionales en detrimento del erario público".
Para finalizar, sostiene que a través de este recurso extraordinario no se defiende la mera constitucionalidad y/o legalidad de las normas del ordenamiento jurídico en abstracto, sino que se persigue en concreto la defensa de un interés fiscal y de un agravio económico de trascendencia, con entidad suficiente como para adquirir el nivel de gravedad institucional.
Eventualmente impugna la condena en costas resuelta por la Cámara; plantea que dicho tribunal violó la disposición de los arts. 68, 73 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial al imponerse las costas del proceso a su parte, perdiendo de vista que 1) de acuerdo a la normativa de fondo aplicable es ella quien resulta vencedora y 2) la eventual tacha de inconstitucionalidad de oficio de esa normativa que pudo hacer ganar el juicio a la actora, mal podría servir para condenar a su parte en costas, toda vez que —argumenta— la derrota que deriva de un cambio normativo está exenta de esos pagos.
Sostiene que su actual derrota "no deriva sino del cambio sorpresivo de las reglas de juego (a causa de la tacha constitucional), circunstancia que en modo alguno puede concluir con una condena en costas", y equipara el caso a lo previsto por el art. 73 del Código Procesal Civil y Comercial. En consecuencia, solicita que las costas de todas las instancias sean impuestas en el orden causado.
IV. Oído el señor Procurador General, considero que el recurso extraordinario interpuesto no puede prosperar.
IV.1. Preliminarmente me permito recordar con relación a la impugnación deducida que el recurso previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia se abre en el único supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (doctr. causas A. 58.527, "Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 20-II-1996; A. 78.220, "Doddi", resol. de 7-VI-2000; A. 85.402, "Meza", resol. de 11-XII-2002; A. 91.177, "Saulino", resol. de 1-IX-2004; A. 73.332, "Tevéz", sent. de 15-VIII-2018; A. 75.286, "Haro", resol. de 11-VII-2018; A. 75.285, "Bruni", sent. de 9-VI-2021; e.o.).
En el caso, la Cámara, al rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, ha declarado la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 13.355, en cuanto exige la pertenencia a la planta permanente de la Administración para acceder al beneficio de la retribución especial allí prevista, considerándola discriminatoria e inequitativa, en violación del art. 11 de la Constitución provincial.
IV.2. En primer lugar, y sin perjuicio de lo que podría argumentarse sobre si efectivamente nos encontramos ante un supuesto de declaración oficiosa de inconstitucionalidad en los términos planteados por la demandada, quien sostiene que la cuestión ha sido introducida de manera sorpresiva y en violación del principio de congruencia, considero que el recurso intentado no puede prosperar en tanto éste no alcanza para conmover los sólidos argumentos blandidos por el Tribunal de Alzada para justificar ese proceder.
Al respecto corresponde recordar que el objeto de este remedio extraordinario es el de corregir errores de derecho cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 299 y 300, CPCC) y en el caso, la crítica efectuada no logra rebatir el razonamiento expuesto por el Tribunal de Alzada para declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 13.355.
Ha dicho este Tribunal que el recurso de inconstitucionalidad en su desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (conf. causas A. 32.929, sent. de 30-XI-1984 en "D.J.B.A.", t. 128, p. 330 y A. 83.866, "Village", sent. de 16-IV-2003; A. 70.568, "Hacia Dios por María", sent. de 20-XI-2013; A. 76.482, "Florindo", sent. de 26-II-2024; e.o.).
La Fiscalía, si bien alega que por esta vía busca defender la constitucionalidad de la norma legal que considera "indebidamente descalificada en el fallo, por resultar aquella perfectamente válida y armónica con la correcta lectura de la Constitución Provincial" en ningún momento demuestra de qué manera el razonamiento empleado por los jueces de la Cámara subvierte el orden lógico.
En efecto; dicho tribunal, sin desconocer que la igualdad no se ve afectada por la existencia de regímenes diferentes en orden a los beneficios que se acuerdan, observó que en el particularísimo caso de autos —esto es una docente que durante toda su carrera se desempeñó como provisional o suplente en el mismo cargo— su aplicación daba como resultado una situación discriminatoria e inequitativa.
Este fundamento central del fallo en cuestión no ha sido rebatido por la quejosa quien lejos de eso vuelve a insistir en que la circunstancia de que existan regímenes diferentes no resulta violatoria del principio de igualdad. A esta altura corresponde recordar que conforme tiene dicho este Tribunal deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la sentencia y se dedica a refutarla con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante.
La impugnación efectuada por este carril debe referirse a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento a la declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, según el caso, demostrando su desacierto (doctr. causas A. 68.975, "Sr. Verón", sent. de 26-VIII-2009; A. 68.436, "Gianinno", sent. de 25-VIII-2010; A. 69.574, "Saavedra", sent. de 30-V-2012; e.o.). Dicha impugnación además debe ser concreta, directa y eficaz (conf. causas Ac. 32.929, sent. de 30-XI-1984 y Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003, cits.; A. 68.446, "Russo", sent. de 12-VIII-2009 y A. 76.482, cit.), todo lo cual no ha ocurrido en los presentes.
IV.3. Por último, resta abordar el agravio subsidiario respecto de las costas, solicitando sean aplicadas en el orden causado, que tampoco ha de ser atendido.
Más allá de la insuficiencia del planteo recursivo que sella su suerte confirmando la sentencia de Cámara, no se advierte en el caso razón o mérito para modificar la condena en costas impuesta en las instancias previas, al ser aplicadas de conformidad con el criterio general establecido por remisión al Código Procesal Civil y Comercial, en los arts. 60 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 51 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo —texto ordenado por ley 14.437— y 68 del Código Procesal Civil y Comercial, atento su calidad de vencida.
V. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por los arts. 279, 299 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, considero que el recurso debe ser rechazado.
Voto por la negativa .
Con costas a la recurrente por resultar vencida (arts. 60 inc. 1, CCA, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 303, in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Habré de adherir a la solución desestimatoria del recurso propiciada por la doctora Kogan.
I. Dejo sentado que, no obstante que la Cámara reconoce su potestad para proceder con una declaración de inconstitucionalidad de manera oficiosa (en la especie, del art. 2 de la ley 13.355), lo cierto es que invoca dicha atribución no sin previamente haber admitido que un agravio de base constitucional, fundado en una supuesta discriminación, había sido efectivamente introducido por la actora en su demanda y que, por eso, correspondía que sea atendido en virtud de la llamada "apelación adhesiva" (v. sent. de cámara, ptos. 4 y 9).
Siendo esto así, independientemente de lo que sostuviera en las causas A. 73.474, "Fisco c/ Necotrans S.A.", sentencia de 25-II-2021 y A. 74.952, "ARBA c/ Toledo", sentencia de 14-XII-2022, acerca de la naturaleza de aquel primer resorte y de las hipótesis en las que semejante accionar podría eventualmente tener cabida, el fallo atacado no subsume verdaderamente bajo la situación de referencia.
II. En cuanto a lo sustancial del agravio, aunque el Fisco ha escogido correctamente la vía recursiva (puesto que la Cámara ha fulminado un precepto de rango legal por reputarlo incompatible con la garantía del art. 11 de la Constitución bonaerense), coincido con mi colega en que la apelación se desentiende de los argumentos empleados por el a quo para confirmar la sentencia de grado de manera reforzada.
En tal sentido, el Tribunal de Alzada fue insistente en cuanto a las particularísimas circunstancias de la actora, quien por veinticinco años ininterrumpidos se desempeñó como educadora bonaerense en carácter de docente provisional y que, ello no obstante, la autoridad le denegó el premio de seis sueldos al momento de jubilarse, alegando que no formaba parte de la planta permanente tal como pedía la ley 13.355.
Fue frente a eso, sumado a la ponderación del espíritu de la norma y la imprevisión de que alguien fuera a hacer toda su carrera bajo dicha modalidad, que arribó a la conclusión de que "en el caso concreto", la limitación del art. 2 consagraba una discriminación arbitraria e irrazonable.
Tales argumentos, como indica la doctora Kogan y para eso trae a colación nuestra jurisprudencia relevante sobre el tema, no son debidamente rebatidos en el recurso extraordinario en tratamiento, ceñido a defender la constitucionalidad de la normativa invalidada desde el plano de la abstracción y no, como era menester aquí, a nivel de su operación sobre la singular situación particular de la demandante, que la Cámara —como quedó visto— estimó inaceptable.
Por ende, el pronunciamiento se sostiene, más allá de su acierto o error.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (art. 303, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 303 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2025 14:03:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2025 09:55:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 13:40:44 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.