Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79692 P
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.692, "Recalde, José Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Restablecimiento o Reconoc. de Derechos - Empl. Público", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolas, rechazó el recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmó la resolución de primera instancia que desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la Fiscalía de Estado (v. resol. de 27-VIII-2024).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 16-IX-2024), el que fue denegado por la Cámara actuante (v. resol. de 1-X-2024), lo que motivó la interposición de la queja pertinente (v. presentación electrónica de 14-X-2024).
Admitida por este Tribunal, se dispuso el llamamiento de autos para resolver (v. resol. de 13-II-2025).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor José Omar Recalde promovió demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, procurando el cobro del subsidio previsto en la ley 13.985, durante el período comprendido entre la interrupción de su percepción dispuesta por la resolución 2019-1654-GDEBA-MSGP y el retiro por incapacidad acordado por la resolución 2022-2902. Asimismo, solicitó, previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 2, 3 y 4 del decreto reglamentario 149/10, que dicho beneficio sea liquidado con integración de la totalidad de suplementos, bonificaciones y compensaciones que percibe un Teniente Primero de la Policía de la Provincia de Buenos aires, computando a tal efecto el suplemento por antigüedad y por riesgo profesional y todos aquellos que se instauren en el futuro y se abonen con generalidad.
I.1. En lo que aquí concierne, la Fiscalía de Estado opuso excepción de inadmisibilidad de la pretensión con fundamento en la caducidad de la acción, por extemporánea, al haber vencido al momento de su interposición —con holgura— el plazo de noventa días previsto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
Expuso que el subsidio cuyo reconocimiento solicitó el actor fue rechazado e interrumpido por la resolución 2019-1654-GDEBA-MSGP, de fecha 3 de diciembre de 2019, que le fuera en su momento notificada el día 30 de diciembre de 2019, es decir, cuatro años antes de la promoción del proceso judicial de autos.
Destacó que el intento del actor al promover una pretensión de reconocimiento de derechos y señalar que el recorrido por la instancia administrativa previa en este caso sería innecesario, era falaz. Ello, porque el demandante ya obtuvo una resolución denegatoria a su reclamo, esa instancia ya se agotó y el acto se encuentra firme y consentido por el transcurso del plazo previsto para cuestionarlo (art. 18, CCA).
Sostuvo que el señor Recalde debió haber impugnado el acto de interrupción y denegación del beneficio dentro de los noventa días desde su notificación y en dicha oportunidad expresar, en todo caso, su supuesto agravio constitucional.
Adujo finalmente que el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 14 y 18 del Código Contencioso Administrativo resultan plenamente exigibles cuando el pedido de reconocimiento del derecho se vincula —como aquí acontece— con la validez del acto administrativo.
I.2. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Zárate-Campana desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la Fiscalía de Estado y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda (conf. art. 36 inc. 1, CCA y v. resol. de 9-V-2024).
Para así decidir, ponderó que la Cámara de Apelación con asiento en la ciudad de San Nicolás ya había revocado su anterior declaración oficiosa de inadmisibilidad de la pretensión (por vencimiento del plazo para demandar), en la oportunidad prevista por el art. 31 del Código Contencioso Administrativo (v. resol. de primera instancia de fecha 13-VII-2023 y de Cámara de 7-XII-2023).
Recordó entonces que el tribunal de Alzada, con cita de sus propios precedentes, consideró que —en las circunstancias del caso— el acogimiento de la excepción de caducidad representaba "un excesivo rigor formal incompatible con las pautas establecidas en los arts. 15 y 166 de la Constitución provincial", aditando finalmente que, ante la duda, y por aplicación del principio in dubio pro actione , debía estarse a favor de la habilitación de la instancia.
II. Previsiblemente, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto fue materia de agravio (v. resol. de 27-VIII-2024).
En lo esencial, y remitiéndose a los argumentos dados al revocar la decisión de la jueza de grado, sostuvo que negar la admisibilidad de la acción implicaría un rigor formal excesivo, incompatible con los principios consagrados en los arts. 15 y 166 de la Constitución provincial.
Explicó que la postura del Ministerio anticipaba un rechazo administrativo inevitable, razón por la cual exigirle al actor que agotara esa vía previa carecía de sentido práctico y se traducía en un formalismo desmedido.
Agregó además que, cuando el derecho reclamado resultaba escindible de la declaración de nulidad de un acto vinculado al mismo —aspecto que, a su modo de ver, acontecía en el caso— debía prevalecer la admisibilidad de la acción en los términos del art. 12 inc. 2 del ritual.
III. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 16-IX-2024).
Invoca violación de los arts. 14, 18 y 35 del Código Contencioso Administrativo; 15 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional. Dice que se trata de un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público.
Finalmente, denuncia violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte que cita.
III.1. En el primer tramo del recurso, alega la violación de los arts. 14, 18 y 35 del Código Contencioso Administrativo.
Se agravia por la inobservancia de las reglas allí contenidas, que establecen los supuestos de admisibilidad de la acción y el término de caducidad de noventa días —hábiles judiciales— para la promoción de la pretensión contencioso administrativa, contados desde la notificación del acto.
Sobre esa base, critica lo resuelto por el Tribunal de Alzada en cuanto habilitó la instancia judicial priorizando el reconocimiento del subsidio, pero sin atender a que el acto administrativo previo que lo rechazó debió ser oportunamente anulado, lo cual ya no se podía en función de la expiración de aquel plazo.
Advierte que, al resolver de ese modo, la a quo ignoró injustificadamente tal límite procesal, permitiendo reabrir una cuestión ya precluida.
III.2. Por otra parte, sostiene que la Cámara violó la doctrina legal de esta Corte en la materia.
Para fundar su posición, tras citar distintos precedentes que reputa aplicables al caso, se explaya sobre lo resuelto en el caso "Berison", de circunstancias fácticas que —dice— resultan ser análogas al presente y cuya doctrina sería aquí de plena aplicación.
Recuerda también que, en el pasado, este cuerpo avaló la constitucionalidad del art. 18 del Código Contencioso Administrativo, incluso sin distinguir la materia involucrada.
A partir de allí, critica la parcela de la sentencia puesta en crisis que invocó la naturaleza laboral o previsional del conflicto para eximir al actor del cumplimiento de dicho recaudo.
III.3. En el último tramo del recurso efectúa consideraciones en torno a lo que entiende, trata de una aplicación abusiva -a instancias de la Cámara- del principio in dubio pro actione .
Alega que, en el presente, siendo que la situación fáctica y la normativa aplicable eran claras al respecto, no se daría un supuesto de duda que habilite la aplicación del mentado principio.
Recuerda que se trata de normas expresas que ni siquiera fueron tachadas de inconstitucionales.
IV. El recurso prospera.
IV.1. El objeto de la presente demanda se limita, en lo esencial, a obtener mediante una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos el cobro del subsidio previsto en la ley 13.985 —junto con sus suplementos— correspondiente al período comprendido entre la interrupción de su percepción dispuesta por la resolución 2019-1654-GDEBA-MSGP y el retiro por incapacidad otorgado al actor mediante la resolución 2022-2902.
IV.2. Ahora bien, cabe señalar que dicho reclamo fue rechazado por la mencionada resolución 2019-1654, dictada el día 3 de diciembre de 2019, que se erige como un acto administrativo formal emanado de la autoridad con competencia resolutoria definitiva, habiendo sido notificado al interesado el día 30 de diciembre de 2019.
Frente a ello, el señor Recalde pudo interponer recurso de revocatoria —por cierto, potestativo en el sub lite —, o bien acudir directamente a la vía judicial mediante una pretensión de inexorable contenido anulatorio (conf. art 14 inc. 1 apdo. "a", ley 12.008 —texto según ley 13.101—).
Sin embargo, nada de ello ocurrió, pues las constancias de autos exhiben que la demanda —portadora no de una pretensión impugnativa, sino de una de restablecimiento o reconocimiento de derechos— fue interpuesta recién el día 23 de febrero de 2023, esto es, transcurridos más de tres años desde el acto notificado, adquiriendo en su hora firmeza.
En otras palabras, cualquiera sea el ropaje de la pretensión aquí entablada, al tener por fin el cobro del subsidio de referencia en el período temporal indicado, ella debió conducir indefectiblemente a la revisión de la resolución 2019-1654-GDEBA-MSGP que, reitero, no fue tempestivamente cuestionada.
IV.3. En este contexto, no debe perderse de vista que tal como ha resuelto invariablemente esta Suprema Corte, la expedición de actos administrativos definitivos, que operan per se la creación, alteración o extinción de situaciones jurídicas, motoriza cargas impugnativas que han de traducirse necesariamente en una pretensión de contenido anulatorio.
De este modo, si un acto formal adverso a los intereses del particular, emanado de la autoridad con competencia resolutoria final, no es tempestivamente controvertido (tal como aconteció en autos) la pretensión posterior lucirá una falencia estructural que conspira contra su admisibilidad (conf. causa A. 71.051, "Torres", sent. de 27-IV-2016).
En ese sentido, una cosa es postular —con apoyo en los principios de acceso a la jurisdicción y de demandabilidad directa (arts. 15 y 166 in fine , Const. prov.), así como en la lógica de la actual codificación que habilita la articulación de pretensiones de carácter no impugnativo (doctr. causa A. 70.396, "Franchetti", sent. de 19-X-2011)— que existen supuestos en los cuales no resulta necesario el tránsito previo por los canales administrativos para la configuración de un "caso" (doctr. causa B. 56.648, "Galeano Mañay", sent. de 27-V-2015). Otra, bien diversa, es sostener que, en el enjuiciamiento de una contienda que se presenta encabezada por un acto administrativo denegatorio del derecho invocado, pueda lisa y llanamente prescindirse de su existencia (conf. mi voto en la causa A. 71.051, cit.).
V. Despejada la cuestión anterior, advierto asimismo error de juzgamiento derivado del apartamiento de lo dispuesto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo y de la doctrina legal edificada sobre dicha norma.
V.1. Aquel precepto establece que las pretensiones "de anulación, la resarcitoria vinculada con aquélla, la de restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses tutelados y la de cese de una vía de hecho administrativa, deberán promoverse dentro del plazo perentorio de noventa (90) días, contados de la siguiente manera: a) Si se pretendiere la anulación de actos administrativos de alcance particular, desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa...".
Esta Corte ha señalado desde antiguo que el plazo establecido para demandar por acción contencioso administrativa es de caducidad y, por lo tanto, se ha definido como fatal, improrrogable e insusceptible de suspensión o interrupción (v. "Acuerdos y Sentencias", 1.967-I-775; 1.967-2-28; 1.968-152; 1.976-3-103; causas B. 50.038, "Joao", sent. de 10-VI-1997; B. 59.319, "Gutiérrez Mazzeo", sent. de 1-III-2006 y A. 73.212, "Berison", sent. de 23-VIII-2017).
Asimismo, se ha considerado que tales regulaciones procesales son constitucionalmente válidas (doctr. causas B. 59.319, "Gutiérrez Mazzeo", sent. de 1-II-2006; B. 53.499, "L., R. P. y otro", sent. de 27-III-2008 y A. 69.495, "Bambill", sent. de 21-X-2009). Aspecto este que, por cierto, en autos ni siquiera se halla controvertido.
V.2. La Corte ha resuelto además que el plazo para impugnar judicialmente el obrar administrativo se ha establecido de manera uniforme. Es decir, todas aquellas acciones interpuestas contra el Estado mediante la acción contencioso administrativa están sujetas al cumplimiento de este recaudo de admisibilidad, sin efectuar distinción alguna en orden al derecho material que se intenta proteger (doctr. causas B. 62.883, "Fiscal de Estado c/ Municipalidad de San Fernando", resol. de 21-XII-2011; A. 70.538, "Covisur", sent. de 4-VII-2012; A. 73.145, "Usuarios y Consumidores Unidos", sent. de 18-X-2017 y A. 74.081, "First Data Cono Sur SRL", sent. de 6-XI-2019).
V.3. Tampoco se presentaba aquí un escenario dudoso, donde el principio pro actione hubiese servido —a todo evento— para dirimir la incertidumbre acerca del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda (doctr. causa A. 73.212, cit.).
VI. En el sub examine , ninguna de las razones invocadas por la Cámara servía para sortear el valladar de la admisibilidad, en tanto no resultaron fundamentaciones adecuadas para conmover —sin previa descalificación— las claras reglas procesales que establece el Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, con sus reformas).
Por ende, siendo que la resolución 2019-1654-GDEBA-MSGP fue notificada al actor el día 30 de diciembre de 2019, la demanda promovida recién el día 23 de febrero de 2023 resulta a todas luces extemporánea.
VII. Finalmente, cabe recordar que la limitación temporal establecida por el legislador para demandar en el proceso contencioso administrativo se funda en el propósito de dar estabilidad al acto administrativo, impidiendo que queden expuestos a la eventualidad de revocación o anulación por tiempo indefinido (doctr. causa A. 69.495, cit.), ayudando a preservar así el principio de separación de poderes (CSJN Fallos: 316:2454).
VIII. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario, revocar el pronunciamiento atacado y declarar formalmente inadmisible la demanda promovida (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (arts. 51 inc. 2, ley 13.101 —texto según ley 14.437— y 274, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la parte actora vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—, 68 primer párrafo y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a la solución propuesta por el doctor Soria y a los fundamentos que la sustentan, que comparto, en tanto conducen a declarar formalmente inadmisible la demanda por extemporánea, conforme lo dispuesto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
II. Sin perjuicio de ello, estimo pertinente agregar algunas consideraciones adicionales, habida cuenta de que la Cámara de Apelación de San Nicolás ha construido una solución que, aun inspirada en la finalidad de evitar la frustración de derechos materiales, importa —en los hechos— una alteración sustancial del diseño procesal previsto por el legislador.
En efecto, es posible reconocer que el Tribunal de Alzada ha identificado un problema real: la eventual denegación de prestaciones de naturaleza asistencial o previsional por razones estrictamente temporales puede comprometer el acceso efectivo a la tutela judicial. Desde esa perspectiva, su razonamiento no carece de toda razonabilidad, en tanto procura evitar que el transcurso del tiempo opere como un obstáculo insalvable para el examen judicial de un derecho que se reputa indebidamente negado.
Sin embargo, el modo en que intenta resolver esa tensión termina por desdibujar el sistema de control de la actividad administrativa estructurado en el Código Contencioso Administrativo, al convertir en prácticamente inoperante el régimen de caducidad previsto en su art. 18, cuya vigencia y constitucionalidad han sido reiteradamente afirmadas por esta Suprema Corte.
III. En particular, la solución de la Cámara parte de una concepción según la cual el órgano judicial podría examinar directamente si el actor reúne los presupuestos normativos del beneficio reclamado, con prescindencia del acto administrativo previo que lo denegó o interrumpió, sin necesidad de declarar su nulidad ni de revisar formalmente su validez. Bajo ese esquema, el juez no desplaza expresamente el acto administrativo, pero lo torna ineficaz como consecuencia indirecta de la sentencia que reconoce el derecho.
Tal construcción importa, en los hechos, una forma de control judicial sustantivo del mérito del reclamo, desvinculada del régimen de impugnación de los actos administrativos definitivos, lo que supone una modificación profunda del modo en que el ordenamiento articula la relación entre administración y jurisdicción.
No se trata ya de admitir —como lo hace el sistema— que existen supuestos en los que el particular puede acudir directamente a la jurisdicción sin necesidad de transitar previamente la vía administrativa, sino de permitir que, existiendo un acto expreso, definitivo y notificado, que resolvió la situación jurídica del interesado, dicho acto pueda ser dejado de lado sin impugnación oportuna y sin declaración de invalidez, mediante una acción de reconocimiento entablada varios años después.
IV. Este desplazamiento del acto administrativo como presupuesto del conflicto judicial no solo priva de eficacia práctica al plazo de caducidad, sino que además altera la lógica de estabilidad que el ordenamiento procura asegurar respecto de las decisiones administrativas firmes, afectando así la seguridad jurídica y el principio de separación de funciones entre administración y jurisdicción.
Desde esta perspectiva, no puede afirmarse que el caso se inscriba en la línea del denominado "derecho procesal eficaz", entendido como una interpretación funcional de las normas procedimentales para garantizar el acceso a la justicia, pues la solución adoptada por la Cámara no se limita a flexibilizar un recaudo procesal ante una situación dudosa o excepcional, sino que directamente prescinde de una regla clara, expresa y estructural del sistema, rediseñando por vía jurisprudencial el esquema de control de la actividad administrativa.
V. A la larga, una interpretación como la propiciada por el Tribunal de Alzada podría inducir a los particulares a prescindir po
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