Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia de fecha 21 de abril de 2026 en todo cuanto fue materia de recurso y agravios. 2) Las costas de alzada se imponen a la apelante vencida (arts. 68 y 69, CPCC). 3) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, ley 14.967).
En la ciudad de La Plata, a los 17 días del mes de Julio de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ARMANINI SERGIO GUSTAVO C/ ABSA - AGUAS BONAERENSES S.A. S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO" (causa: 142860), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ª. ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fecha 21 de abril de 2026, en cuanto fue materia de recurso y agravios?
2ª. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOSA AUBONE DIJO:
I. Antecedentes.
1. La sentencia de primera instancia del 21 de abril de 2026 hizo lugar a la demanda de reconocimiento de derechos promovida por Sergio Gustavo Armanini contra Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y, en consecuencia: declaró prescriptas las deudas correspondientes al servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales respecto del inmueble sito en calle 51 N° 1599 de La Plata (unidad de facturación N° 1151562), por todos los períodos anteriores al mes de julio de 2023 (art. 2562 inc. “c”, CCCN); ordenó a la demandada emitir el correspondiente certificado de libre deuda con relación a los períodos alcanzados por la prescripción declarada; impuso las costas a la accionada; aplicó el beneficio de gratuidad previsto por el art. 53 de la ley 24.240; y difirió la regulación de honorarios.
Para así decidir, el magistrado de grado ponderó que la demandada se había allanado en forma expresa, total e incondicionada a la pretensión (art. 307, CPCC), y que la prescripción bianual del art. 2562 inc. “c” del Código Civil y Comercial resultaba aplicable a las tarifas periódicas del servicio público domiciliario en cuestión. En materia de costas, juzgó que las excepciones al principio objetivo de la derrota son de interpretación restringida, y que el allanamiento no exime de ellas cuando la conducta del demandado originó la necesidad de promover el proceso; destacó que la actora debió accionar judicialmente para obtener el reconocimiento de la prescripción, sin que la demandada hubiera satisfecho oportunamente la pretensión en sede administrativa. Finalmente, reconoció el beneficio de gratuidad con sustento en el art. 53 de la ley 24.240, atendiendo a la calidad de usuario del servicio público domiciliario que ostenta el actor.
2. Contra dicho pronunciamiento se alzó la demandada, cuyo recurso —tras dejarse sin efecto, por vía de reposición, la intimación al depósito previo del art. 29 de la ley 13.133— fue concedido libremente el 4 de mayo de 2026. El memorial fue presentado ante la instancia de origen en esa misma fecha y contestado por la actora el 10 de mayo de 2026. La Fiscalía de Cámaras dictaminó el 28 de mayo de 2026, propiciando la confirmación del decisorio en materia de costas (arts. 52, ley 24.240; 27, ley 13.133).
La queja de la apelante se circunscribe a dos aspectos del fallo: a) la imposición de costas, que estima improcedente frente a un allanamiento que califica de real, total, incondicionado y oportuno (art. 70, CPCC); y b) el otorgamiento del beneficio de gratuidad del art. 53 de la ley 24.240, cuya aplicación reputa arbitraria. La declaración de prescripción y la condena a emitir el certificado de libre deuda llegan firmes a esta instancia, por lo que el conocimiento de esta alzada queda limitado a los capítulos indicados (arts. 260, 266 y 272, CPCC).
II. Cuestión procesal previa.
Corresponde señalar, liminarmente, que la concesión libre del recurso fue correcta, por tratarse de una sentencia definitiva dictada en proceso sumario (art. 243, CPCC). Siendo ello así, la fundamentación debió efectuarse ante esta Cámara, mediante expresión de agravios presentada una vez radicadas las actuaciones (arts. 254 y 260, CPCC). No obstante, la apelante presentó su memorial ante el juzgado de origen, el que fue sustanciado en esa sede, contestando la actora los agravios —quien, si bien puso de resalto la irregularidad, solicitó expresamente que se tuviera por subsanada la cuestión por razones de celeridad y en virtud del principio de eventualidad—.
La anticipación del acto no ha causado perjuicio alguno: la pieza satisface la carga de crítica concreta y razonada en lo que hace al agravio sobre costas (art. 260, CPCC), la contraparte ejerció plenamente su derecho de defensa y el Ministerio Público Fiscal tomó la intervención que le compete. En tales condiciones, la declaración de ineficacia del acto constituiría un rigorismo formal incompatible con los principios de trascendencia, conservación y economía procesal (arts. 34 inc. 5 y 169 y ss., CPCC), por lo que corresponde tener por expresados y sustanciados los agravios y abordar su tratamiento.
III. El agravio relativo a las costas.
1. Sostiene la recurrente que su allanamiento —formulado en la primera presentación, al contestar la demanda— reunió los recaudos del art. 70 del CPCC, por lo que las costas debieron distribuirse en el orden causado. Invoca en su apoyo precedentes de primera instancia dictados en causas análogas seguidas contra la misma empresa, y un pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Primera de Apelación departamental. Añade que su condición de concesionaria de un servicio público con tarifa regulada determina que toda condena en costas se traslade, en definitiva, al universo de usuarios.
2. El agravio no puede prosperar.
Es sabido que en nuestro ordenamiento procesal rige, en materia de costas, el principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC), y que las excepciones a dicha regla —entre ellas, la contemplada en el art. 70 del mismo cuerpo legal— son de interpretación restrictiva (SCBA, causa I. 2291, “Rugani”, sent. del 5/4/2006, del voto en minoría del Dr. Roncoroni). El allanamiento, para operar como causal de eximición, no sólo debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, sino que exige, además, que el demandado no haya incurrido en mora ni dado lugar, por su culpa, a la reclamación (art. 70 inc. 1, CPCC). Es que quien se allana reconoce la razón de su adversario y resulta, por ende, vencido; sólo circunstancias de excepción, debidamente configuradas, autorizan a dispensarlo de los gastos causídicos (Morello - Sosa - Berizonce, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación”, 2ª ed., t. II-B, com. art. 70).
Vale decir, deben mediar circunstancias de excepción para dispensar de las costas a quien se allana, porque pese a ello resulta vencido. El allanamiento a una cuestión no exime de las costas cuando con su conducta el demandado hubiere originado la necesidad de incoar el proceso a fin de obtener el reconocimiento judicial de los derechos o el cumplimiento de las prestaciones prometidas.
En la especie, tales circunstancias de excepción no concurren, pues fue la propia conducta de la demandada la que tornó necesaria la promoción del proceso.
En efecto, de las constancias de la causa surge que, con anterioridad a la demanda, el actor formuló en el mes de julio de 2025 un reclamo administrativo ante ABSA solicitando la declaración de prescripción de toda deuda anterior al período 07-2023, presentación cuya recepción fue acreditada documentalmente y que la propia Fiscalía de Cámaras identifica bajo el registro interno de la empresa N° T_8685256. Dicho reclamo no obtuvo respuesta alguna, lo que obligó al usuario a transitar la vía judicial para obtener un reconocimiento que —dado que la prescripción no puede ser declarada de oficio (art. 2552, CCCN)— sólo podía alcanzar mediante la conformidad del acreedor o una sentencia que la declarase.
A ello se suma un dato dirimente que emana de la documentación acompañada por la propia recurrente: el informe de deuda agregado con la contestación de demanda —emitido el 25 de febrero de 2026, esto es, con posterioridad a la promoción del juicio y de manera contemporánea al allanamiento— da cuenta de que la cuenta del actor registraba la situación “Primera Intimación desde el 25/09/2024”, y de que la empresa continuaba computando la totalidad de los períodos prescriptos con sus recargos, arribando a un saldo ajustado de $ 4.238.466,40. Vale decir que la demandada no sólo guardó silencio frente al reclamo del usuario, sino que mantuvo la deuda prescripta como activa y exigible en sus registros, en situación de intimación de pago, hasta el momento mismo de contestar la demanda.
Tal proceder configura, con nitidez, el supuesto de exclusión previsto en el art. 70 inc. 1 del CPCC: la accionada dio lugar, por su conducta, a la reclamación judicial. Y priva, asimismo, de la nota de efectividad al allanamiento invocado, desde que éste no vino acompañado de la satisfacción de la prestación pretendida —la emisión del certificado de libre deuda, que a la fecha del dictamen fiscal aún se encontraba pendiente—, limitándose la empresa a reconocer como prescriptos “los períodos que V.S. considere como tal”.
3. Los precedentes que invoca la apelante no conmueven la conclusión que antecede, pues remiten a plataformas fácticas diversas. En algunos de ellos medió expreso acuerdo de partes sobre la distribución de las costas —materia disponible—, extremo ausente en autos, donde la actora reclamó desde el inicio su imposición a la demandada; en otros, se ponderó la inexistencia de intimación fehaciente de pago o de reclamo extrajudicial previo del usuario, situación inversa a la aquí verificada, en la que hubo reclamo administrativo desoído y, además, la cuenta registraba intimación de pago cursada por la propia prestadora sobre créditos prescriptos. La eximición de costas fundada en el allanamiento exige un examen circunstanciado de la conducta previa del allanado, y ese examen, en el caso, le resulta adverso.
4. Tampoco es atendible el argumento vinculado al traslado del costo a la tarifa y al universo de usuarios. Se trata de una consideración de índole económica ajena a los criterios legales de distribución de las costas, que no puede erigirse en fuente de un privilegio procesal permanente a favor de la concesionaria, ni justificar que el usuario individual que debió litigar para liberarse de una deuda prescripta cargue con los gastos de un pleito que no provocó. Por lo demás, la interpretación propiciada por la recurrente contraría el principio protectorio que impone resolver las cuestiones dudosas en el sentido más favorable al consumidor (arts. 42, Const. Nac.; 38, Const. Prov.; 3, ley 24.240; 1094 y 1095, CCCN), tal como lo destaca el señor Fiscal de Cámaras en su dictamen, cuyos fundamentos comparto en lo sustancial.
El agravio, pues, debe rechazarse, confirmándose la imposición de costas de primera instancia a la demandada (arts. 68 y 70, CPCC).
IV. El agravio relativo al beneficio de gratuidad.
1. Se queja también la apelante del reconocimiento del beneficio de gratuidad previsto en el art. 53 de la ley 24.240, sosteniendo que su aplicación resulta arbitraria pues, sumada a la condena en costas, importaría una “doble ventaja” para el actor y el traslado del costo del litigio a los restantes usuarios del servicio.
2. La crítica exhibe, ante todo, un déficit de autonomía que sella su suerte. Como la propia recurrente lo admite en su memorial, el beneficio de gratuidad y el régimen de costas operan en planos jurídicos distintos: aquél regula la relación del consumidor con los gastos del proceso —eximiéndolo del pago de tasas, sellados y demás erogaciones, a fin de remover barreras económicas de acceso a la justicia—, mientras que la distribución de las costas entre las partes se rige por los arts. 68 y siguientes del CPCC. Siendo ello así, el reconocimiento del beneficio en nada agravió a la demandada en punto a la condena en costas, que encuentra fundamento propio y suficiente en el principio objetivo de la derrota, conforme se expuso en el considerando anterior. El planteo, en rigor, reedita bajo otro ropaje el agravio sobre costas ya desestimado.
3. A todo evento, la procedencia del beneficio es indisputable. El actor reviste la calidad de usuario de un servicio público domiciliario prestado por la demandada —extremo no controvertido—, por lo que la relación que vincula a las partes es de consumo (arts. 1, 2, 3 y 25, ley 24.240; 1092 y 1093, CCCN), resultando aplicable la gratuidad consagrada por el art. 53, último párrafo, de la ley 24.240 (texto según ley 26.361) y por el art. 25 de la ley 13.133, normas de orden público (art. 65, ley 24.240) cuya operatividad no depende de la discrecionalidad judicial ni puede ser desplazada por consideraciones de conveniencia económica de la proveedora. La demandada, por lo demás, no ha invocado ni acreditado solvencia del actor por la vía incidental pertinente que la propia norma nacional contempla, limitándose a objeciones genéricas.
El agravio, en consecuencia, también debe desestimarse.
V. Conclusión.
Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámaras, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia de primera instancia en todo cuanto fue materia de recurso y agravios. Las costas de alzada deben imponerse a la demandada apelante, en su condición de vencida (arts. 68 y 69, CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Juez doctor López Muro, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOSA AUBONE DIJO:
En atención al resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde: 1) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fecha 21 de abril de 2026 en todo cuanto fue materia de recurso y agravios; 2) imponer las costas de alzada a la apelante vencida (arts. 68 y 69, CPCC); y 3) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, ley 14.967).
ASÍ LO VOTO.
El señor Juez doctor López Muro, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámaras: 1) Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, se confirma la sentencia de fecha 21 de abril de 2026 en todo cuanto fue materia de recurso y agravios. 2) Las costas de alzada se imponen a la apelante vencida (arts. 68 y 69, CPCC). 3) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, ley 14.967). REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia