Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 38962
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts.22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE FUEGOS ARTIFICIALES C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS-OTROS JUCIO", expediente Nº38962, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y, RESULTA: I.- Que a fs.29/83 en fecha 17/12/2019, se presenta el Dr. Adrian Luis Alveolite, apoderado de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales, iniciando una pretensión de restablecimiento de derecho contra la Municipalidad de Mercedes, solicitando la inconstitucionalidad del articulo 1° y 2° de la Ordenanza n°7954/2017 sancionada con fecha 25 de septiembre de 2017 y promulgada mediante Decreto 1527/17 de fecha 29 de septiembre de 2017, y toda otra norma municipal que contenga prohibiciones a la comercialización y uso de elementos pirotécnicos autorizados por la ANMAC, en tanto viola diferentes preceptos constitucionales que cita y el régimen de la Ley 20429 y su reglamentación (decreto 302/83).-
Asimismo, solicita como medida cautelar la suspensión de la vigencia de la ordenanza, a los fines de evitar que desde el inicio de esta acción hasta que medie sentencia firme, se conviertan en ilusorios los derechos reclamados.- Relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.-
Expone que la Ordenanza impugnada prohíbe el ejercicio de la actividad en cuestión y violenta los artículos 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 28 y 75 incisos 2, 12, 13, 16, 18, 19 y 32 de la Constitución Nacional; la distribución federal de competencias, al legislar sobre materia delegada al Congreso Nacional quien regula la actividad por la citada Ley 20429 y decreto reglamentario 203/83.-
Sostiene que la Ordenanza 7954/2017 vulnera los derechos a trabajar, contratar, ejercer toda industria lícita y de propiedad de sus asociados.-
Manifiesta que promueve la presente acción en los términos del art.43 de la Constitución Nacional, en defensa de derechos individuales homogéneos.-
Refiere que existe un "origen común" que proviene de un mismo hecho generador, que actúa como fuente causal de las afectaciones particulares; es lo que ocurre con el dictado de la ordenanza municipal atacada que deja fuera del comercio a la pirotecnia y prohíbe completamente la actividad.-
Agrega que la ordenanza en cuestión pretende prohibir la actividad que ejercen los asociados que integran un colectivo al que representan.-
Manifiesta que se encuentran acreditados los requisitos para solicitar la medida cautelar: la verosimilitud del derecho, ante las palmarias y notorias inconstitucionalidades alegadas y la falta de consistencia del acto cuestionado; el peligro en la demora es el riesgo que se beneficie con la duración del proceso aquél que no tiene la razón y, como contrapartida se perjudique a quien sí la tiene.- Sostiene que se trata de evitar la violación de los derechos de quien impugna, recurre o reclama contra ciertos actos públicos, ante la aplicación de resoluciones que resultan manifiestamente ilegítimas, como sucede en el presente caso.-
Agrega que los requisitos de la verosimilitud del derecho y peligro en la demora se encuentran de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente con la gravedad e inminencia en el daño, y -viceversa- cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del "fumus" debe de atenuarse.-
Concluye que se procura con la medida cautelar evitar perjuicio irreparable que significaría la continuidad en la aplicación de la ordenanza ante la prohibición de la venta de artículos debidamente registrados ante el ANMAC (ex RENAR).-
Solicita que la medida precautoria requerida se acuerde bajo caución juratoria atento las razones de índole institucional y por la existencia de intereses colectivos en juego.-
Detalla antecedentes jurisprudenciales resueltos por la SCJBA relacionados con la presente causa.-
Ofrece prueba documental y hace reserva del caso federal.-
II. Con fecha 12/02/2020 se ordena que la autoridad administrativa accionada, presente el informe sobre todo lo relacionado con la cautelar solicitada -art.23 inc1° del CPCA- como asimismo, que acompañe las actuaciones administrativas que dieron origen al presente reclamo.-
III. Que mediante presentación electrónica de fecha 05/05/2020, se presenta el letrado apoderado de la comuna accionada -Luis Alberto Costilla - acompañando el informe y solicitando el rechazo de la medida cautelar requerida.- Manifiesta que la Ordenanza N° 7954/2017 tiene por fin principalmente, la salubridad, el medio ambiente y tranquilidad pública, que si bien la norma constitucional reconoce el derecho a la libertad de trabajo, industria y comercio, condiciona su ejercicio a que no se ofenda o perjudique a la moral o a la salubridad pública.-
Expresa que es claro que los Estados locales tienen a su cargo el ejercicio del poder de policía, y por ende el legislador local sí tiene competencia para regular las actividades relacionadas con la pirotecnia, con las atribuciones que la Constitución provincial ha conferido a los poderes locales. Por ello, los municipios cuentan con potestades consagradas constitucionalmente para elaborar normas generales sobre las actividades de interés municipal desarrolladas en el ámbito de su competencia territorial (arts. 191 y 192, Const. prov.) y, en particular, con aquellas incumbencias municipales delineadas en la Ley Orgánica de las Municipalidades relativas a la salubridad, seguridad y prevención de molestias a la población (art. 27 inc. 1, dec. ley 6769/58).-
Agrega que en el presente caso la ordenanza cuestionada, -cuya constitucionalidad cuestiona el actor- no se vislumbra como arbitraria o ilegítima, requisitos indispensables para la admisión de la cautelar pretendida, en tanto la normativa constituye una derivación razonada de las facultades concedidas constitucionalmente a los gobiernos locales en orden al libre ejercicio del poder de policía municipal en el interés público y en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones con el propósito de proteger la salud de la población, ecología y el medio ambiente, para así lograr una mejor convivencia social, tal como lo establece el artículo tercero de la ordenanza cuestionada.-
Sostiene que la medida pretendida afecta gravemente el interés público, que es sabido que el uso de pirotecnia afecta el ecosistema, la salud y las aves o animales domésticos que poseen una capacidad auditiva varias veces superior a la de los seres humanos.-
Plantea que la ordenanza hace mas de 2 años que se encuentra vigente, y que se debería haber peticionado su inconstitucionalidad de manera inmediata a su sanción, lo que no se hizo, lo que denota la ausencia de urgencia (el peligro en la demora estaría ciertamente desvirtuado).- IV.- Atento el estado de autos, con fecha 03/08/2020 pasan las actuaciones a despacho para resolver.- CONSIDERANDO: 1) El Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.).-
2. Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
3. Abordado el análisis de los recaudos precedentemente indicados, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.+ Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega la actora adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa. ( Art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecedente.-
La Ordenanza n° 7954/17 en su art.1° declara al partido de Mercedes "Territorio libre de pirotecnia sonora", mientras que en su art.2° prohíbe en el mismo Partido, la comercialización, tenencia, uso, manipulación, deposito, circulación y transporte de elementos de pirotecnia con efecto audible o sonoro. No se impide la sola circulación de aquellos por las rutas Nacionales o Provinciales que atraviesen el Partido, pero sin destino final la ciudad de Mercedes -art.4°-.
El Decreto Reglamentario a la ley 20.429, atribuye a los gobiernos locales la potestad para regular el uso y empleo de artificios pirotécnicos de venta libre. Por caso el artículo 298 refiere que: El uso de los artificios pirotécnicos se hará de acuerdo a las ordenanzas municipales, edictos policiales o reglamentaciones locales, en los que se contemplarán los siguientes aspectos: 2-a "- Su uso no perturbará el orden ni ocasionará perjuicios a terceros"; y 3° - Los artificios estarán ubicados de manera de prevenir riesgos contra personas, edificios, instalaciones, bosques, parques, hospitales, iglesias, caminos públicos, vías férreas, etc., y no deberán provocar molestias contra cualquier actividad que se esté realizando en lugares razonablemente alejados".
Por otra parte, los Municipios cuentan con amplias atribuciones en materia de salubridad y seguridad, prevención, y las relativas a la habilitación y funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales. Estas surgen del Decreto-ley 6769/58, especialmente del : Articulo 25°: "Las ordenanzas deberán responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales"; y del Articulo 27°: (Texto según Dec-Ley 9117/78) "Corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar: 1. - La radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales, en la medida que no se opongan a las normas que al respecto dicte la Provincia y que atribuyan competencia a organismos provinciales...." ; "17. - La prevención y eliminación de las molestias que afecten la tranquilidad, el reposo y la comodidad de la población, en especial las de origen sonoro y lumínico, así como las trepidaciones, la contaminación ambiental y de los cursos de agua y el aseguramiento de la conservación de los recursos naturales..."; y 28.- "Y toda otra materia vinculada a los conceptos y estimaciones contenidas en el artículo 25º". Y a esta altura, cabe señalar que la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo, exige un severo exámen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora, en función de la presunción de legitimidad y ejecutividad de la que gozan (Fallos 319:1069, 323:3326 ); que sólo cede ante supuestos de actos irregulares, injustificados o abusivos (cfme. SCBA B 65727, B 65.312, entre otros). No olvidando asimismo, que al tratar una cautelar en una acción originaria, el Superior Tribunal Provincial ponderó la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes, la que naturalmente cabe hacer extensiva a las ordenanzas municipales (SCBA, I 74791 e I 74078, entre otros).
En atención a lo expuesto, debo resaltar que la ordenanza en crisis, expresamente prohíbe la comercialización, tenencia, uso, manipulación, depósito, circulación y transporte de elementos de pirotecnia con efecto audible o sonoro, pero no respecto de aquellos que sean lumínicos; es decir, que realiza una prohibición parcial de la actividad, dejando fuera de la prohibición todo aquel material explosivo que no produzca combustión y genere efecto audible o sonoro, por lo cual, y en este estado preliminar, no encuentro vulnerados los derechos en la medida que lo expone la actora.-
Así, "prima facie" la Ordenanza regula la actividad o parte de ella, mas no afecta la autonomía de voluntad propia que gozan los particulares en cuanto deja libres los aspectos de la actividad relacionados con los fuegos de efectos lumínicos. -
Este razonamiento deviene del principio emanado del art.19 de la Constitución Nacional, por medio del cual los individuos pueden hacer todo lo que no le esté expresamente prohibido.-
Por su parte, analizado que fue el derrotero seguido en precedentes que cita la actora, y en otros relativos al tema, en lo que atañe estrictamente con la medida cautelar, el límite impuesto a la probable conculcación de derechos constitucionales, se ha advertido cuando se ha realizado una prohibición total de la actividad, mas no ha prosperado cuando solo se trataba de una limitación parcial; pues entran -en principio- en juego materias en donde se vislumbra prima facie una colisión de normas, cuya solución excede este marco preliminar; esto es, precisamente lo que surge de la doctrina de la causa I.74.078 de la SCBA ("Camara Argentina De Empresas De Fuegos Artificiales C/ Municipalidad De General Alvarado S/ Inconst. Ord. 220/2015"). -
Cabe también acotar, para un mayor abundamiento de la decisión, que aún cuando el Superior Tribunal Provincial hizo lugar a la demanda de inconstitucionalidad en la causa citada precedentemente, lo destacable, y que debo aplicar en el caso, es que hasta el dictado de la nueva Ordenanza que ordena, mantiene los efectos propios de la que estaba en crisis; situación que ha sido también apreciada y confirmada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín, al tratar en grado de apelación lo resuelto por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen en un caso del mismo actor (CCASM, TL -8338/2020, "Camara Argentina De Empresas De Fuegos Artificiales C/ Municipalidad Carlos Casares S/ Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos"). -
Todo lo expuesto me lleva a ponderar que esa presunción de legitimidad de la que gozan los actos administrativos, tanto de alcance particular como de alcance general, solo cede frente a la presencia de vicios notorios (cfr. Cassagne J.C., Perrino P.E., ob cit, pág. 342, igual criterio Logar Ana C. "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires", obra colectiva "El nuevo proceso Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Librería Editora Platense, La Plata, 2000, pág. 397). Lo que no advierto, en la ordenanza impugnada. Ello, desde ya, sin que implique prejuzgar sobre el fondo del asunto (CS, Fallos: 250:154; 251:336; 318:373).-
Así, y por el momento, debo propiciar ante el ejercicio -que no advierto abusivo- del municipio, de potestades consagradas constitucionalmente para elaborar normas generales sobre las actividades de interés municipal desarrolladas en el ámbito de su competencia territorial (arts. 191 y 192, Const. prov.), el mantenimiento de la situación conforme la presunción de legalidad del acto impugnado.- Advierto, por otra parte, que el examen de la situación de hecho propuesta por la actora, lo es en el plano meramente dogmático, al no contener datos o situaciones concretas que demuestren la vulnerabilidad de los derechos de sus asociados, y que en definitiva, les impida realizar la actividad que está permitida en desmedro de la prohibida; ello, sin dejar de resaltar que toda la cuestión, requiere de mayor debate y prueba, para determinar la existencia del requerido "fumus bonis iuris" invocado, el cual para este acto procesal, resulta insuficiente. - 4) Igual suerte ha de correr la procedencia del peligro en la demora, desde la fecha de promulgación y publicación de la Ordenanza impugnada es del mes de septiembre de 2017, habiéndose ingresado la demanda el 17 de diciembre del 2019, esto es, más de dos años después. Por lo que, no se encuentra acreditado un interés jurídico con la urgencia del caso, que justifique el adelanto jurisdiccional a la sentencia definitiva.-
Ya en el considerando precedente, he advertido que no se han realizado manifestaciones concretas sobre cuestiones de hecho, sino solo ha sido planteado en forma hipotética, lo cual traigo nuevamente a colación pues "... el peligro en la demora se vincula con el daño, el cual deberá invocarse y acreditarse en modo particularizado, aun cuando no sea necesaria una prueba concluyente al respecto..." (Logar Ana C. "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires", en la obra "El nuevo proceso contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires", Director Cassagne Juan C., Coordinador Botassi C.A., Librería Editora Platense, La Plata, 2000, pág. 400).-
5. Así, teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados que preceden, y al advertir que no se hallan configurados los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art.22 del C.P.C.A.), no cabe mas que su rechazo;
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts.22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
2. Imponer las costas a la actora vencida (art. 51 inc.1° C.P.C.A).-
3. Consentida o firme, y sin perjuicio de advertir que el apartado III del escrito de fecha 22/07/2020, constituye una réplica de la contestación de demanda no prevista procesalmente, que no ha sido tenida en cuenta para resolver el presente ni será merituada al momento de dictar sentencia, continúen los autos según su estado.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Fin de la sentencia