Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 29603 2021
Expte. Nº 29603.-
Autos: MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA C/ MALNERO FABIAN MANUEL S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO.-
Mercedes, en el día de su firma digital.- FC
Estos autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA C/ MALNERO FABIAN MANUEL S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO", expediente Nº 29603, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia definitiva y de los cuales;
1. Que a fs. 59/64 se presenta la Dra. María de los Angeles Badano, en su carácter de letrada apoderada de la Municipalidad de Suipacha promoviendo demanda en nombre y en representación de dicho municipio, con el objeto de obtener la restitución de diferencias salariales mal cobradas, por un monto total de pesos $ 42.723,09, con más sus intereses y costas.
Dirige el embate contra el Sr. Fabián Manuel Malnero, quien fuera concejal de la comuna accionante, a raíz de los hechos que a continuación expone, los cuales sirven de antecedente a la acción intentada.
Al respecto, manifiesta que tal como surge de la copia del legajo 602 que acompaña, el demandado reemplazó en las licencias a concejales de su partido en diferentes lapsos temporales durante los años 2003/2014, sin constar en todo aquél interín, declaración jurada alguna en la que manifestara tener o no, alguna incompatibilidad.
Capítulo aparte, argumenta que el problema se suscita en junio de 2015, -período en el cual reemplaza a un concejal que resultare fallecido durante su mandato- toda vez que se detecta la incompatibilidad que emerge a raíz del cargo remunerado, que cobrara como empleado de planta permanente en la Municipalidad de Mercedes.
Explica que lo expuesto precedentemente generó como resultado que el Honorable Tribunal de Cuentas solicite a las autoridades municipales la intervención que reviste el caso, atento que el Edil, se encontraba laborando en contradicción a lo normado por el Decreto Ley 8078/73 -actualizado por Ley 13.644-.
Continúa su relato haciendo mención que el accionado, habiendo sido anoticiado, rechazó la incompatibilidad referida y prosiguió percibiendo ambos emolumentos.
Destaca que, luego de que la Municipalidad de Mercedes informara que el agente en cuestión había ingresado como de planta temporaria en el año 2008 y que, desde el año 2013 se encontraba inmerso en planta permanente; el Concejo Deliberante de Suipacha reclamó -esto con fecha 01 de octubre de 2015- que efectuara la opción entre su dieta o el sueldo como empleado de la comuna informante.
Señala que aquella petición tuvo por objeto que el Sr. Malnero invoque la opción que prevé el art. 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, atento la detección de incompatibilidad de funciones.
Centra el reclamo en que el demandado, se encontraba infringiendo el art. 53 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, los arts. 6 y 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y que, aún así, ocultó a sabiendas la incompatibilidad que lo afectaba.
Puntualiza que esa incompatibilidad entre el cargo de concejal y de empleado municipal, está dada por el criterio sustentado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia como también por el Honorable Tribunal de Cuentas, que asimila la dieta de concejal a una remuneración.
Asimismo, pone de resalto la falta de confección de las declaraciones juradas cada vez que asumía como reemplazante.
Hace mención a sendas cartas documento -CD N°: 803662169 de fecha 28 de septiembre de 2017 y CD N° 803663442 de fecha 30 de noviembre de 2017- por medio de las cuales se intimare al accionado a hacer efectiva la devolución de las sumas abonadas en exceso por los períodos comprendidos entre enero y diciembre de 2015, ello en concepto de dieta, S.A.C, aportes al I.P.S. como al I.O.M.A., en virtud de no haber efectivizado la opción correspondiente a percibir la suma remunerativa y compensatoria de gastos prevista por el art. 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
En ese camino, sumado a lo manifestado en el parágrafo que antecede, refiere que, pese a reiterados avisos de visita por parte del Correo Argentino, nunca concurrió al retiro de aquellas.
Apartado último argumenta respecto de la legitimación para el reconocimiento que solicita; sostiene que el derecho reclamado se encuentra reconocido por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires conforme surge del acta agregada a fs. 12, emitido con fecha 17 de junio de 2015, en el marco de la auditoría de sueldos, ejercicio del mismo período.
Finalmente, funda la demanda en derecho, ofrece prueba y por último peticiona..
2. Que conferido el traslado de la demanda -v. 27 de marzo de 2018-, el llamado a juicio comparece a contestarlo -v. 30 de agosto de 2018- encontrándose debidamente notificado conforme cédula adjunta en archivo PDF -v. 16 de agosto de 2018-.
3. Que en fecha 30 de agosto de 2018 se presenta el Dr. Daniel Ernesto Scarlassa, contestando demanda en representación del accionado.
Liminarmente, por imperativo legal, formula una negativa generalizada de los hechos y derechos expuestos en el escrito de demanda. A su vez, niega que corresponda la compensación aquí reclamada toda vez que, aduce, no existe incompatibilidad alguna.
En su conteste, expone que cada vez que asumió el cargo de Concejal en el distrito de Suipacha, lo hizo dentro del marco de la ley, esto es, con el diploma expedido por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y autorización de la comisión de Poderes que integran los presidentes de los bloques del Honorable Concejo Deliberante, sin precisar observaciones.
Refiere que cada vez que le fue requerido, cumplimentó con la presentación relativa a su Declaración Jurada.
Continúa su derrotero defensivo planteando que el Honorable Tribunal de Cuentas, mediante expediente administrativo N° 3-113.0-2015, efectuó un análisis sobre la presunta incompatibilidad en el cargo del edil, planteo que, entiende, nunca fue resuelto por el organismo supervisor.
Realza lo afirmado precedentemente relatando que, luego de efectuada consulta ante el Tribunal de Cuentas, la Municipalidad de Suipacha le abonó la dieta que le fuera retenida en el período octubre de 2015.
Finalmente, ofrece prueba y peticiona se rechace la demanda incoada con imposición de costas a la accionante.
4. Que en fecha 19 de febrero de 2019, se ordena la apertura de las actuaciones a prueba.
5. Que en fecha 12 de marzo de 2019 se celebra audiencia prevista en los términos de el Art.41, compareciendo a ella ambas partes.
6. Que en fecha 3 de noviembre de 2020 se lleva a cabo la absolución de posiciones compareciendo a ella el Sr. Fabián Manuel Malnero.
7. Clausurada la etapa de prueba, de conformidad con la providencia de fecha 27 de noviembre de 2020, con fecha 17 de febrero de 2021 se llama autos para alegar.
8. Vencido el plazo para alegar, habiendo hecho uso de aquella etapa procesal únicamente la actora -v. fecha 15 de marzo de 2021- y encontrándose el estado de autos para ello, en la providencia de fecha 19 de marzo de 2021 pasan a despacho para resolver y;
1. Que el presente caso se encuadra en una de las materias que regula el Derecho Administrativo, como es la responsabilidad del agente municipal y los deberes que recaen en su persona.
Que ello determina entonces el marco bajo el cual se desarrollará el presente resolutorio y en su caso, el alcance de la condena.
Liminarmente, entiendo pertinente verter, ante todo, los detalles que se desprenden de las constancias de autos, para luego centrarme en la normativa que resulta aplicable al caso -esto es la incompatibilidad que en la presente se le atribuye al accionado- y al proceso previsto para el supuesto en cuestión.
Principio por mencionar que, tal como se desprende del escrito postulatorio, el reclamo que efectúa la actora, lo es solicitando se restituyan los salarios, que denuncia mal cobrados, por parte del Sr. Fabián Manuel Malnero, en orden a la incompatibilidad que afirma se verifica, entre los cargos que simultaneamente desempeñara en los municipios de Mercedes y Suipacha.
Que dichas sumas resultan producto de haber transgredido la manda dispuesta por el art. 53 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 6 y 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, normativa que regula el instituto de la incompatibilidad.
A su turno, en su escrito de contestación de demanda, nada dice la accionada respecto a la incompatibilidad acusada por la Municipalidad de Suipacha en relación al período cuestionado, esto es, entre enero-diciembre de 2015, atento encontrarse laborando en planta permanente en la Municipalidad de Mercedes. Asimismo, no niega la autenticidad de la documental aportada en su oportunidad en el escrito de inicio.
2. De acuerdo hasta lo aquí expuesto y tal como surge del Expediente Nro. 3-113.0-2015 resulta que, habiéndose llevado a cabo por parte del Honorable Tribunal de Cuentas auditoria respecto a la verificación de incompatibilidad de concejales y egresos de fondos, aquél entendió -previo cruce de información con la base de datos correspondiente al Instituto de Previsión Social- la existencia de un posible caso de incompatibilidad respecto del aquí demandado (v. fs. 737 vta. de el expediente citado).
Del caso de marras, surge que el por entonces Edil comunal desempeñaba un cargo de categoría 10 administrativo, perteneciente a la planta permanente del Municipio de Mercedes, puntualmente en la Secretaría de Obras Públicas; función que detentó en ese marco desde el 01 de marzo de 2013 -conforme se desprende de la nota remitida por la Coordinadora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Mercedes- y hasta la fecha en que esta fuera expedida -v. fs. 42 expediente principal-.
Siendo conexo con lo mentado supra, de la absolución de posiciones realizada a través de la plataforma Microsoft Teams; la que fuera celebrada en la sede de esta Dependencia Judicial el 03 de noviembre de 2020, surge acabadamente, a raíz de la propia confesión del aquí demandado, conforme se desprende de la tercer pregunta -que para mayor ilustración se encuentra en el minuto 1' a los 20'' segundos- que trabajó en relación de dependencia en la Municipalidad de Mercedes; a la séptima respuesta de -min 7' seg. 18"- asiente haber trabajado en la comuna de Mercedes durante los períodos 2012-2015-.
Seguidamente, de la octava pregunta de -min. 8' seg. 03"- confiesa haber tenido en la municipalidad de Mercedes un cargo de planta permanente.
Acto seguido, asiente respecto de haber ejercido el cargo de concejal simultáneamente con el trabajo municipal, conforme la décima pregunta de -min. 8' seg. 54"-.
Por último, confiesa haber percibido simultáneamente un sueldo municipal con una dieta de concejal, tal como luce de la onceava pregunta de -min. 9' seg. 06"-.
En definitiva, se encuentra acreditado que percibió remuneraciones simultáneamente entre fecha enero-diciembre de 2015, tanto en el cargo que revestía como Concejal de la Municipalidad de Suipacha como en su puesto de agente de planta permanente -categoría 1- en la Municipalidad de Mercedes, extremos fácticos que por lo demás y en lo sustancial, no se encuentran controvertidos a partir de lo que se desprende de los escritos postulatorios de la litis.
3. Así las cosas, de conformidad a los hechos precedentemente fijados, considero apropiado nutrir la presente resolución de la normativa que resulta aplicable en estos actuados para analizar si en la presente, se ha configurado la responsabilidad patrimonial respecto del aquí accionado.
Para ello, deberán tenerse en cuenta los principios que inspiraron el dictado de las disposiciones prohibitivas que se citarán, las que se orientan a estructurar un régimen restrictivo tendiente a reducir al mínimo la acumulación de cargos en la función pública. Tal ha sido, como mas adelante lo pondré de relieve, la orientación de doctrina dada en la especie por la jurisprudencia provincial.
Preliminarmente y como fuera anteriormente anticipado, como cúspide legal se encuentra el art. 53 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el cual señala: "... No podrá acumularse dos o más empleos a sueldo en una misma persona, aunque sea el uno provincial y el otro nacional, con excepción de los del magisterio en ejercicio. En cuanto a los empleos gratuitos y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles...".
A mayor abundamiento, destaco que, el art. 1 de la Decreto-Ley 8078/73 (Texto según Ley 13.644) reza: "...No podrán acumularse en una misma persona, dos o más empleos ya sean nacionales y provinciales, municipales y provinciales o provinciales, aunque algunos de ellos sean en reparticiones autónomas o autárquicas nacionales o provinciales...".
En este mismo orden, del art. 2 de la norma citada se desprende: "...Quedan exceptuados de las disposiciones contenidas en el artículo anterior: a) Los cargos que correspondan a la enseñanza pre-escolar, primaria, media, superior y universitaria. b) Los cargos que ocupen los profesionales del arte de curar, cuando la necesidad de la especialidad y/o carencia de otro profesional lo hiciere indispensable, aún cuando un cargo este sometido al régimen de la Ley 10.471 y modificatorias y el otro sujeto a distinto régimen legal, siempre que no existiere incompatibilidad horaria...".
En sentido semejante al precepto constitucional, el texto del art. 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -Decreto Ley 6769/58 (Texto Según Ley 14.836), restringe las funciones de Intendente y Concejal, las que resultan incompatibles al ejercicio de las funciones de: "Gobernador, Vicegobernador, Ministros y miembros de los Poderes Legislativo o Judicial, Nacionales o Provinciales (inc. 1); Con las de funcionario o empleado a sueldo del Poder Ejecutivo nacional o provincial, sea en la Administración central, organismos descentralizados o entes autárquicos, a excepción del ejercicio de la docencia e integrantes de la administración o directorio de sociedades civiles y/o comerciales en las que el estado sea parte. (inc. 2) y con las de empleado a sueldo de Municipalidad o de la Policía" (inc.3).
A su vez, el art. 8 de la misma ley enuncia: "... En los casos de incompatibilidad susceptible de opción, al concejal diplomado antes de su incorporación o al concejal en funciones le será requerido para que opte.".
En el rumbo señalado, las normas todas que anteceden, responden a la necesidad de incorporar en forma expresa la incompatibilidad de las funciones de intendente y concejal con la de funcionario o empleado a sueldo del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal, sea en la administración central, organismos descentralizados o entes autárquicos -exceptuándose el desempeño de la docencia- atento que la falta de una disposición expresa que contemple el supuesto mencionado ha dado lugar a dudas y vacilaciones que han tornado necesaria la intervención de distintos organismos para dilucidarlas.
En sentido similar se ha pronunciado nuestro cimero Tribunal al referirse a la manda del art. 53 de la Carta Magna Provincial estableciendo que "...A partir del precepto constitucional que establece que "no podrá acumularse dos o más empleos a sueldo en una misma persona, aunque sea el uno provincial y el otro nacional" (art. 53, Const. Prov.), cabe interpretar que tal situación de incompatibilidad comprende la inhabilitación para el desempeño de otro cargo de un ciudadano que preste servicios en un municipio, sin que obste a ello la circunstancia de que de las ordenanzas municipales que rigen la relación de empleo público no surja la concreta consagración de la incompatibilidad..." (Causa B. 56.188, caratulada "Tata, Rodolfo Salomón c/ Provincia de Buenos Aires (A.G.O.S.B.A.) s/ Demanda contencioso-administrativa").
Por cierto, no es ocioso reiterar que, en reiteradas oportunidades, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha debido expedirse sobre el tema, así como también la Asesoría General de Gobierno la que fuera consultada reiteradas veces al respecto.
Así las cosas, la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la incompatibilidad entre el ejercicio del cargo de concejal y de empleado de la Administración General de Obras Sanitarias y en tal oportunidad sostuvo que: "... a partir del precepto constitucional que establece que no podrá acumularse dos o más empleos a sueldo en una misma persona, aunque sea el uno provincial y el otro nacional, cabe interpretar que tal situación de incompatibilidad comprende la inhabilitación para el desempeño de otro cargo de un ciudadano que preste servicios en municipios (-causa B. 57.189, "Massimino, 5-VII-2.000-) En el mismo orden de ideas, la Asesoría General de Gobierno, en consultas que le han sido efectuadas en reiteradas ocasiones, ha sostenido los siguientes criterios: a) el principio general de incompatibilidad dispuesto por el art. 53 de la Constitución Provincial veda la acumulación de dos o más empleos a sueldo en una misma persona, b) los concejales son personas que prestan servicio remunerados en la municipalidad, sea cual fuere la naturaleza de la designación y forma de pago, siendo entonces doctrina jurisprudencial receptada por aquella oficina, que los Concejales son personas que prestan servicios remunerados en la Municipalidad, desde que perciben remuneraciones uniformes, generales, constantes y sin contrapartida en gastos o perjuicios debidamente documentados, sea cual fuere la naturaleza de la designación y forma de pago. (S.C.J.B.A.: "Naudi" del 30 de septiembre de 1986 y "Llorente" del 10 de abril de 1990).
Esta remuneración quedó fijada por la Ley Nº 10.936 la que clarificó la cuestión al modificar el artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, disponiendo que los ediles percibieran una dieta mensual fijada por el Concejo Deliberante y sueldo anual complementario, sujetos obligatoriamente a aportes previsiones y asistenciales.
En este marco legal que he pormenorizado, se desprende el principio de incompatibilidad, el cual veda la acumulación de dos o más empleos a sueldo en una misma persona, aunque uno sea provincial y otro nacional (habiéndose entendido que los primeros comprenden también a los municipales) con excepción del magisterio en ejercicio.
4. Asimismo enfatizo, en cuanto a la responsabilidad, que aquella se deriva de la lesión patrimonial que le produjo al municipio la conducta del aquí demandado en el ejercicio de su función como Concejal perteneciente al Honorable Concejo Deliberante de Suipacha y que paralelamente hubiera laborado en la Planta Permanente del Municipio de Mercedes; responsabilidad patrimonial que quedó debidamente acreditada de pleno derecho de acuerdo con los siguientes aspectos jurídicos atinentes a la situación concernida, por lo que entiendo, surge el deber de restituir a la comuna dicho monto, siendo este el objeto de autos.
La responsabilidad civil del funcionario o empleado puede ser respecto de los particulares o administrados o de la propia Administración Pública que conlleva como consecuencia del daño que origina a la obligación de reparar cuando la administración pública lo demanda por su conducta. (Derecho Administrativo 7ma edicion Tomo III Rafael Bielsa, actualizada por Roberto Enrique Luqui, Thomson Reuters La Ley).
Desde una perspectiva general, el sistema de responsabilidad administrativo funcionarial tiene su fundamente en la idea de "lesión" (de lesión antijurídica) entendida como aquella que el Estado no tiene -en ausencia de causas de justificación- el deber jurídico de soportar sin indemnización. Ello significa que cuando un daño no es antijurídico no debe repararse por el agente, pues este solo debe responder cuando ha habido una conducta ilegítima.
Así es que este tipo de responsabilidad se deriva del hecho de la inobservancia de las disposiciones legale
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.