Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39116 2021
Expte. Nº 39116 .-
Autos:"CIVANO LILIANA NATALIA Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-NG
Estos autos caratulados "CIVANO LILIANA NATALIA Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO", Expediente Nº 39116, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
Que con fecha 27/07/2020, se presentan los Dres. Amílcar Sebastián Asseff y Adrián Gaveglio, en su carácter de apoderados de las Sras. Liliana Natalia Civano y María Fabiana Castiglione, y entablan demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Moreno, en los términos del artículo 12 inciso 2 del CPCA, por la suma de pesos UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL. PESOS ($ 1.250.000), con más sus intereses correspondientes.-
Exponen que la suma reclamada obedece al pago del precio de venta de la porción indivisa (veinticinco por ciento en conjunto y en partes iguales) que ostentan las actoras en la compra dispuesta por Decreto N° 2210, de fecha 13 de agosto de 2015 de la Municipalidad de Moreno, solicitando mediante la presente acción el restablecimiento o reconocimiento del derecho que emana de la sanción del acto administrativo individualizado, cuyo incumplimiento por parte del accionado no debe ser cohonestado.
En su relato de los hechos explican que como se indica en el Decreto N° 2210 -de fecha 13 de agosto de 2015-, los señores Alfredo Moretti, Graciela Faoro, Liliana Natalia Civano, Susana Teresa Anhang, María Fabiana Castiglione y Germán Pablo Merodio -cotitulares de dominio de los inmuebles objeto de la presentación- ofrecieron en venta al Municipio de Moreno los inmuebles de su propiedad, identificados catastralmente como Circunscripción V, Parcelas Rurales 1352 y 1353, Partidas Municipales N° 112338 y N° 112893, respectivamente, del Distrito de Moreno.
Exponen que la Municipalidad demandada entendió que la adquisición permitiría ". mejorar la calidad de vida de la población asentada irregularmente en las parcelas sito entre las calles Tte. Gral. Richieri y Luis de Tejada, Cuartel V, Moreno, con una superficie total de 68 Has.; y así intervenir para producir mejores condiciones físicas, espaciales y ambientales". También sostuvo que: "El Proyecto Urbano, . bajo las normativas de la Ley Provincial N° 14449 de Acceso Justo al Hábitat, mejorará la accesibilidad y la ampliación del tejido urbano".
Asimismo, refieren que, de la motivación del acto surge que el valor de venta acordado, resultó del Dictamen de la Comisión de Tasaciones Municipales, Decreto N° 1685/14, que devino de la tasación del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno-Gral. Rodríguez, realizada en el marco del Convenio celebrado con la Municipalidad accionada y aprobado por Ordenanza N° 5426/14.
Aseguran que la motivación del Decreto N° 2210/14, también refiere que la Dirección Legal y Técnico de Ingresos a Tierras del IDUAR ".consideró conveniente la adquisición.".
Relatan que con el dictamen favorable de la Secretaría de Gobierno, se determinó la posibilidad de hacer uso de las facultades de excepción al régimen general de contrataciones previsto en el artículo 156 inciso 10° del Decreto Ley N° 6769/58.
Describen que el Decreto también señaló que "..el proceso de compra de un inmueble dentro del Estado Local, es un acto administrativo complejo, toda vez que si bien, la administración general del Municipio le corresponde al Departamento Ejecutivo, en el caso concreto de compra de inmuebles como los presentes, con el Fondo Municipal para la Tierra y la Vivienda, la obligada intervención del Honorable Concejo Deliberante, se perfeccionó con el acto reglamentario al dictar la Ordenanza N° 3837/94. Refirió que a través de la Ordenanza N° 3837/94 ". el Departamento Deliberativo creó el fondo y le otorgó la manda al Departamento Ejecutivo, para que en los términos del principio de administración emanado del artículo 107 del Decreto Ley N° 6769/58 y los incisos c) y d) del artículo 2° del citado plexo legal, el Departamento Ejecutivo destine el fondo a la compra y financiación de terrenos con destino a reemplazar a aquellas tierras municipales, que hubieran sido enajenadas y que resultaran imprescindibles para el mejoramiento del hábitat urbano, ya sea para equipamiento comunitario o espacios verdes; luego de la cual le compete al Departamento Ejecutivo formalizar el contrato de compra venta".
Indican que el Decreto N° 2210/14 establece que ". a fin de proceder a la compra de un inmueble, el Departamento Ejecutivo deberá haber reunido los recaudos que exige la operatoria, a la sazón justificación de la adquisición del mismo, identificar su destino, agregar los antecedentes dominiales y catastrales, adjuntar una tasación oficial realizada por las reparticiones técnicas competentes que acrediten el valor con ajuste aproximado al mercado y poseer previsión presupuestaria.." para luego sostener que dichos recaudos se habían cumplimentado a la fecha de la firma del acto administrativo".
Agrega que también se sostuvo en el mencionado acto que ". el pago del precio acordado será a través del Fondo Municipal para la Tierra y la Vivienda de Interés Social, que posee economías suficientes, quedando la compra encuadrada dentro de los requerimientos de la Ordenanza N° 3837/94".
Mencionan que una cuestión que no resultará menor a la hora de mensurar el nivel de incumplimiento de la Municipalidad demandada, es que en los propios considerandos del Decreto N° 2210/14 se afirma que ".por imperio de lo dispuesto en los artículos 931 y 932 del Código Civil vigente, sobre extinción de la obligación por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio, una vez efectivizada la venta, la deuda por Tasas y Servicios Generales se extinguirá, pesando sobre el particular el deber de afrontar sólo los gastos causídicos producidos".
Refieren que de acuerdo a lo indicado en el acto administrativo que lo dispuso ". la adquisición del inmueble con Circunscripción V, Parcelas Rurales 1352 y 1353, Partidas Municipales N° 112338 y 112893, respectivamente, del Distrito de Moreno; se encuadra jurídicamente en los términos que surgen de los artículos 107, 108 incisos 11 y 14 del Decreto Ley N° 6769/58, artículos 1, 2 y concordantes de la Ordenanza N° 3837/94 y en términos de escrituración en la Ley N° 10.830 y su Decreto Reglamentario".
Conforme lo relatado entienden que los ahora actores (en lo que a su porción indivisa compete) vendieron a la Municipalidad de Moreno los inmuebles individualizados en la presente acción y que a partir de ese punto, se detuvo todo avance, ya que según aseguran, el Municipio nunca abonó el precio acordado y tampoco llevó adelante gestión alguna en ese sentido, no quedando de acuerdo a las estipulaciones expresas del Decreto N° 2210/14, ninguna obligación pendiente de cumplimiento por parte de los vendedores.
Argumentan que, pese a los innumerables intentos llevados a cabo, nunca pudieron tomar vista del expediente administrativo, y que por ello la pretensión esgrimida, se basa en el conocimiento de la operatoria pero no en el cotejo de las actuaciones administrativas.
Por su parte, afirman nunca haber recibido ninguna comunicación tendiente a esclarecer el motivo del estancamiento del cumplimiento de la venta acordada.
En otro orden de ideas, señalan que el Departamento Ejecutivo del Municipio accionado emitió el Decreto N° 3154 -del 18 de diciembre de 2015-, por el que se declaró la emergencia Económica, Financiera y Administrativa de la Municipalidad de Moreno a partir de la fecha de su sanción hasta el día 30 de junio del año 2016. Posteriormente, se dictaron los Decretos N° 1504 de fecha 07/07/2016, Decreto N° 0003 de fecha 02/01/2017 y Decreto N° 1204 de fecha 22/06/2017, pretendidamente convalidados por Ordenanzas N° 5759/17, 5715/17 y 5624/16.
Enfatizan en que de la mera lectura de los actos administrativos individualizados se puede colegir su grosera nulidad absoluta e inconstitucionalidad, ya que no solo han sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, sino que -además- ponen al Municipio de Moreno al margen de todo el ordenamiento jurídico. Todo en cabeza de la Secretaría de Economía.
En esa inteligencia impugnan la validez y constitucionalidad de todo el plexo normativo (por llamarlo de algún modo) dictado a consecuencia del Decreto 3154/15, ya que aseguran ha sido dictado por autoridad incompetente y de objeto ilícito, además de violatorio del derecho de propiedad como mínimo.
Señalan que nunca fueron notificados de decisión expresa alguna que haya dispuesto la revocación o rescisión de la compraventa que originó estos actuados. Y en ese orden, remarcan la estabilidad del Decreto N° 2210/14, la que no puede ser alterada en los términos de los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional, toda vez que se ha incorporado a su propiedad en sentido constitucional.
Achacan que, al día de la interposición de la presente demanda, el Municipio de Moreno ha desconocido y violado su derecho al cobro del precio de venta del inmueble, mientras que dichos inmuebles se encuentran fuera de su posesión, afectados al cumplimiento de los fines públicos para los cuales fueron adquiridos.
Al tiempo de fundar su pretensión en derecho exponen que, la pretensión esgrimida es procedente, toda vez que lo que se pretende obtener es el cumplimiento de un acto administrativo estable.
En tal sentido destacan que el propio acto cuyo cumplimiento se pretende había señalado la existencia de fondos disponibles y presupuestariamente asignados al momento de su emisión y al respecto, la ORDENANZA Nº 3837/94 de la Municipalidad de Moreno, de creación del Fondo Municipal para la Tierra y la Vivienda de Interés Social, dispone en el artículo 4º que: "Para la instrumentación del Fondo Municipal para la Tierra y la Vivienda de Interés Social se procederá a la apertura de una partida presupuestaria, agrupada como "Recurso de Afectación", de acuerdo con el artículo 60º del REGLAMENTO DE CONTABILIDAD."
A su vez, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia De Buenos Aires, aprobado por Resolución del H. Tribunal de Cuentas en el Acuerdo el día 23 de octubre de 1999, en su artículo 60 dispone que: Los recursos se clasificarán en Recursos Corrientes, Recursos de Capital, Remesas de Administración Central y Saldos Transferidos del Ejercicio Anterior. Los mismos, además se clasificarán en: 1- Recursos sin afectación. 2- Recursos con afectación. Se considerarán Recursos con Afectación los destinados por Ley u Ordenanza al cumplimiento de fines determinados. Los que no reúnan tales condiciones serán consecuentemente Recursos sin Afectación y se destinarán a solventar los gastos del presupuesto que no cuenten con fondos propios (Modelos 3 y 4). (Resolución H.T.C. del 22/3/95).
Indican que el artículo 152 de la misma norma dispone que a los efectos de la elaboración de la contabilidad del presupuesto "Del monto de la recaudación y de los gastos se deducirán los valores correspondientes a rubros con afectación propia". Es decir, los fondos afectados y disponibles para el pago del inmueble de los actores no podían destinarse a otros fines, sino que estaban afectados al cumplimiento del Decreto N° 2210/14. Ello fue derechamente violado por el Municipio demandado, simplemente con su falta de pago. Así las cosas, en el peor de los casos, el pago comprometido en el Decreto 2210 debía hacerse efectivo a más tardar el 31 de diciembre de 2015, toda vez que en dicha fecha debía ejecutarse el presupuesto y con ello, los Recursos con Afectación que se había aprobado para ese ejercicio, entre ellos los de los actores.
Resaltan que no existe justificación alguna para este incumplimiento, motivo por el cual peticionan para restablezca su derecho a percibir el precio de compraventa celebrada.
Por último, ofrecen la prueba que hace a su derecho y peticionan.-
II. Que con fecha 05/05/2021, se presenta la Dra. Silvina Ledesma en su carácter de apoderada de la Municipalidad de Moreno y contesta la demanda instaurada.
En primer lugar y fundado en la garantía constitucional de defensa en juicio niega y desconoce todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda, así como la documentación aportada por la parte actora. -
Asegura que la realidad de los hechos dista en forma rotunda de lo manifestado por la accionante. En esa línea expone que las actoras y demás condóminos, ofrecieron en venta al Municipio un inmueble de su propiedad. Dicho ofrecimiento fue analizado positivamente en el marco del expediente administrativo 4078-158409-I-2014 y dio lugar al dictado del decreto N°2015 2210, por el que se expresó por parte del estado la voluntad de compra.
Indica que hubo voluntad de venta y voluntad de compra entre las actoras y el Municipio. Pero sólo eso, una voluntad de compra que no se perfeccionó por falta de fondos.
Explica que el acto de compraventa por parte del Estado es un acto complejo, que requirió del dictado del decreto a los fines de avanzar en el perfeccionamiento del acto de compra. Ese decreto no es más que un acto preliminar, dictado en el marco de un expediente administrativo y en orden a las disposiciones de la Ordenanza 3837/94 (que crea el Fondo Municipal de Tierras y Vivienda a los fines dar soluciones a la problemática urbana y habitacional), y de permitir el accionar de la Administración a través del funcionario a fin de efectivizar la compra. Pero, remarca, no deja de ser un acto administrativo interno, que en modo alguno implica para el Municipio la obligatoriedad de compra.
Asegura que el decreto es claro, en su artículo uno establece: "procédase a la compra", es decir, manifiesta la voluntad, pero no la obliga frente a los actores porque jamás se perfeccionó el acto de compra venta: no existe boleto ni escritura en tal sentido.
Resalta que es tan claro que no hubo perfeccionamiento, que la demanda resulta irrisoria. La propia actora cita parte del decreto en cuestión "es que en los propios "Considerandos" del Decreto 2210/14 afirmó ". por imperio de lo dispuesto en los artículos 931 y 932 del Código Civil vigente, sobre extinción de la obligación por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio, una vez efectivizada la venta, la deuda por Tasas y Servicios Generales se extinguirá, pesando sobre el particular el deber de afrontar sólo los gastos causídicos producidos".
Reitera que el decreto expresa voluntad de compra respecto del inmueble ofrecido a la venta, pero las actoras nada vendieron y nada se les debe porque esa venta no se perfeccionó. No hay boleto, no hay reserva o promesa de compra, no hay escritura. Solo hay una voluntad de compra que surge del decreto como paso preliminar a una compraventa que finalmente no se materializó.
Como bien reza la primera parte del art. 1892 del CCyC al hablar de Título y modos suficientes: "La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. No es necesaria, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario, principia a poseerla a nombre de otro...".
Es claro que el título requerido como causa fuente del derecho real debe ser un título "suficiente". Un acto jurídico revestido de las solemnidades necesarias y de las formas que la ley establece y cuya finalidad sea transmitir o constituir un derecho real. Esto es, que requiere cumplir con requisitos de forma y de fondo. El primero es la escritura pública conforme señala el art. 1017 del CCyC.
En cuanto al modo, podemos decir que es el recaudo legalmente establecido necesario para que nazca el derecho real y por ello se le atribuye carácter "constitutivo" y cuando éste se cumplimenta recién se constituye el derecho real. El modo puede ser la tradición posesoria o la inscripción registral si tiene carácter constitutivo.
En síntesis, podría decirse que, en los derechos reales inmobiliarios que se ejercen con la posesión, el modo es la "entrega" y el título es "la causa".
Ninguno de los actos preparatorios tendientes a la compra han hecho nacer derecho alguno en cabeza de las actoras ni de los otros titulares de las parcelas, quienes a lo sumo habrán tenido una expectativa de hacer un pingüe negocio al vender al Estado Municipal unas parcelas que se encontraban ocupadas, hipotecadas, etc..
Por otro lado, no es ocioso destacar que el decreto asimismo expresa (fs. 156 del Exp. Adm.) que debe existir previsión presupuestaria, la que resultó inexistente llegado el momento de querer perfeccionar la compra, la que se demoró entre otras causas por la existencia de inhibiciones de quienes ofrecieron a la venta el inmueble, como asimismo la existencia de un derecho real de hipoteca sobre el mismo que no fue levantado por los titulares de dominio y tampoco se logró por esta parte un acuerdo con los acreedores hipotecarios (datos todos ellos que surgen del expediente administrativo).
La oferta de venta, por otro lado, era del 100 % y en las condiciones citadas la compra no se podía hacer por ese 100 %, lo que iba en contra del fin social que se tuvo a la vista en oportunidad del dictado del decreto que expresaba la voluntad de compra por parte del Municipio.
Que, en pos del fin social y el ordenamiento territorial su mandante pudo concretar diferentes operaciones de compra venta, pero no la referida al inmueble objeto de autos.
Asimismo, destaca que esa posibilidad que se vio trunca, tampoco tiene factibilidad de realizarse en la actualidad, habida cuenta que ambas parcelas se encuentran en el listado del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) que fuera creado por decreto 358/17 (que modifica el decreto 2670/2015 que crea el AABE), donde fueron registradas como Barrio 5 de Enero y Barrio 23 de Diciembre, para su regularización y solución con los propietarios en el marco de una expropiación por parte del Estado Nacional a través del AABE, una de cuyas funciones es la regularización de barrios populares.
Ese registro de los barrios se encuentra desde la sanción del decreto 789/2019 dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (adjunta mapa de barrios populares en el que -según asegura- se observa que las parcelas en cuestión se encuentran allí incluídas, sin perjuicio de que puede ser visualizado en www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap. Asimismo adjunta plano extraído de la página de ARBA para una mejor inteligencia de tema).
Esta parte entiende -sigue explicando- que lo que puede haber es un error de concepto por parte de las actoras, que las lleva a acordar al decreto las características de un boleto de compra-venta o promesa de compra.
Por todo ello solicita se rechace la demanda, con costas a la actora.
En acápite por separado, plantea excepción de falta de legitimación pasiva como defensa de fondo, ello en mérito a lo ya expuesto y a la documental acompañada en la causa.
Al respecto remarca que no hubo contrato de compraventa y que en consecuencia, su mandante no es titular de la relación jurídica substancial en que se funda la pretensión.
Reitera que solo hubo una oferta de venta que, teniendo del otro lado un órgano del Estado, resultaba ser
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.