Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 38964
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de inadmisibilidad de la pretensión y de falta de legitimación activa opuestas por la Municipalidad de Chivilcoy.
2Con costas a la demandada vencida (Art 51 inc 1º del C.P.C.A).
3Reanúdese el plazo para contestar demanda, que fuera suspendido en fecha 11/03/2021, la que deberá ser contestada dentro de los treinta (30) días de encontrarse firme o consentida la presente resolución (art.36 inc 1 del CPCA).-
Estos autos caratulados "CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE FUEGOS ARTIFICIALES C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO", Expediente Nº 38964, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y de los que
I. Que a fs. 30/83 (con fecha 17/12/2019), se presenta el Dr. Adrián Luis Alveolite, en su carácter de apoderado de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales, iniciando una pretensión de restablecimiento de derecho contra la Municipalidad de Chivilcoy, solicitando la inconstitucionalidad del articulo 1°de la Ordenanza N°8356 y de toda otra norma municipal, que contenga prohibiciones a la comercialización y uso de elementos pirotécnicos autorizados por la ANMAC, en tanto viola diferentes preceptos constitucionales que cita y el régimen de la Ley 20429 y su reglamentación (Decreto 302/83).-
II. Que mediante presentación electrónica de fecha 02/03/2021, se presenta la letrada apoderada de la comuna accionada -Dra. Carmen Norma La Ruina- e interpone como excepciones de previo y especial pronunciamiento, las de inadmisibilidad de la demanda y la excepción de falta de legitimación activa.
Respecto a la primer excepción planteada refiere que, la Ordenanza n° 8356, fue sancionada el 15/07/2016 y publicada en el Boletín Oficial Municipal (link publicación digital http://chivilcoy.gov.ar/boletinoficial /2016/07/ ordenanzas- 15-de-julio-2016).
Indica que, del dictado de dicha normativa, la parte actora ha tomado pleno conocimiento, alegando que en fecha 25/10/2018 le cursó a su mandante carta documento, por la cual reclama, se modifique o adecue la norma municipal citada.
Agrega a lo expuesto que la misiva, le fue respondida por esta comuna, mediante carta documento de fecha 31/10/2018, a los domicilios real y constituido del accionante, concluyendo en que, siendo que la presente acción fue iniciada en fecha 18/12/2019, se encontraba vencido en el plazo de 90 días que fija el art. 18 de la ley 12.008.
Respecto a la excepción de falta de legitimación activa, apunta que, el actor carece totalmente de legitimación para incoar la acción que intenta, puesto que ningún interés o derecho ha de tener, que pudiere ser afectado por normas municipales.
Señala asimismo que la actora, carece de la representatividad que alega ya que del estatuto que acompaña, no resulta que posea facultades para iniciar reclamos judiciales y/o administrativos.
Ofrece prueba y peticiona.-
III. Corrido el traslado de rigor, el actor -con fecha 28/4/2022- procede a contestarlo.
Indica que, acerca de la excepción de incompetencia o como lo plantea la demandada de inadmisibilidad de la pretensión, cabe transcribir lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en fallos de similares características a la presente, donde expresó: "La competencia originaria que describe el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial da cuenta de una atribución que ejerce este Tribunal con carácter exclusivo, en tanto la pretensión esgrimida tenga los ribetes delineados por su propia jurisprudencia, señalando que el citado precepto, atribuye el conocimiento originario a la Suprema Corte de Justicia de las impugnaciones directas -sin desmedro de las de apelación, y reuniéndose los restantes requisitos previstos en los arts. 683 y sigs. del CPCC-...para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada...´, no permite una opción libre para plantear indistintamente la cuestión por ante esta sede o la de la justicia ordinaria, si ella involucra, en sustancia, un conflicto entre las normas locales controvertidas y las reglas consagradas en la Constitución de la Provincia.... aun cuando éstas coincidan con las previsiones de la Constitución Nacional y por más que hubiesen sido preferentemente invocadas por quien impugna.
Es que, en tales circunstancias, no habría óbice para sostener que la cuestión constituye una ´materia regida por esta Constitución´ en los términos de la manda constitucional provincial, supuesto en que ha de mantenerse incólume la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte....Con ese alcance, cuando ese precepto alude a ´materia regida por esta Constitución´ se refiere -y la interpretación jurisprudencial ha sido invariable al respecto antes y después de la reforma constitucional de 1994- a la necesidad de planteamiento de un conflicto directo entre la disposición controvertida y la o las normas de la Carta local que se consideren infringidas [...] De allí que no sean procedentes las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución Nacional o [...] a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales.
Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así planteados [...].(causa SCBA n° 75770 "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales c/ Municipalidad de Pinamar s/ Prte Res o Reconoc de Derechos -Cuestión de competencia" resol del 26/6/19).
En base al fallo transcripto, solicita se rechace la excepción de inadmisibilidad de la pretensión.
Por su parte, al referirse a la excepción de falta de legitimación activa, indica que "...de los objetivos estatutarios que encuadran su funcionamiento surgen los de ´Defender los derechos e intereses gremiales y profesionales de las empresas asociadas que así lo soliciten´ y ´gestionar y asumir la representación de las empresas asociadas ante los poderes públicos´" (v. fs. 40), circunstancia que surge de la copia del estatuto obrante a fs. 4/16 (v. art. SEGUNDO puntos d y j) y nuevamente cita en respaldo de su posición, un fallo de la SCBA: "...los fines y objetivos dispuestos en su estatuto constitutivo evidencian suficiente vinculación con el objeto procesal sometido a juzgamiento (...) el que involucra la regulación sectorial de la actividad de las empresas que nuclea con restricciones de específica aplicación... resulta manifiesto, el interés procesal de las empresas representadas por la asociación que las aglutina, en cuanto resultan alcanzadas por la esfera aplicativa de las disposiciones normativas censuradas. La circunstancia de que no tuvieran domicilio o que no desarrollaran sus actividades en el ámbito de la municipalidad demandada ....no impide su concreción, en tanto el interés que revisten reside, precisamente, en remover el obstáculo legal que les quita la posibilidad de llevar a cabo la fabricación, distribución y comercialización de artículos de pirotecnia dentro de la Municipalidad....En ese contexto, la Cámara accionante exhibe un interés jurídico, particular y directo suficiente que justifica el tratamiento del caso constitucional propuesto...." (causa B. 67.026, ´Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI)´, sent. de 21-II-2018).
En suma, solicita el rechazo de la excepción incoada.
I. Habiéndose relevado los antecedentes salientes del sub lite, se advierte que el punto de inflexión planteado por la demandada y en el cual apoya la primer defensa que esgrime, se ciñe en considerar que la Ordenanza n° 8356, fue sancionada el 15/07/2016 y publicada en el boletín digital de dicho Municipio, tomando pleno conocimiento de ella la parte actora, lo que fundamenta en la remisión de la carta documento enviada por la misma en fecha 25/10/2018, en la cual reclamó se modifique o se adecue la norma municipal citada; misiva que le fue respondida por la comuna mediante cartas documento de fecha 31/10/2018, razón por la cual, entiende que habría devenido firme en sede administrativa, obstando tal firmeza, todo cuestionamiento en esta instancia.-
Ahora bien, liminarmente he de señalar que esta defensa enarbolada, refiere a los recaudos formales de admisibilidad, labor cuyo despliegue -en cuanto a su oportunidad procesal- se encuentra rígidamente determinado por el código ritual, estableciéndose dos momentos puntuales para que dicha labor pueda ser perpetrada (C.P.C.A., ley 12.008 y sus modif.). El primero de ellos, inmanente a la labor del juez de la causa, quien debe practicar el pertinente examen de admisibilidad formal de la pretensión (art. 31 inc. 1° del C.P.C.A.) y declarada la misma ya no podrá volver sobre el tópico, salvo que el accionado, interponga la excepción previa reglada por el art. 35 inc. 1° apartado "i" del ordenamiento adjetivo (art. 31 inc. 2° del C.P.C.A.), en cuyo caso, se materializará, el segundo de los segmentos procesales, en que puede practicarse el mentado control de los recaudos previstos en los arts. 14, 15, 16, 18, 19 y cctes. del C.P.C.A. debiendo en tal caso, abordarse su tratamiento sin poderse diferir el mismo (arg. art. 35 inc. 1° y 2° del C.P.C.A.).
Dicho esto, he de advertir que en la especie, se pretende introducir un recaudo de admisibilidad previsto para las pretensiones anulatorias, pero que de modo alguno se requiere para la demandabilidad directa (art. 12 inc. 2°CCA). Es decir que, no resulta exigible en el caso de marras, el agotamiento de la vía administrativa que resulta propio de pretensiones de tinte impugnativo, ello por cuanto, no se está discutiendo la legitimidad de un acto administrativo, sino el reconocimiento de los derechos que la actora entiende vulnerados en el marco del pedido de inconstitucionalidad de la ordenanza N°8356, sin que medie en el caso bajo examen -vale subrayar- acto aplicativo de aquella, abriéndose de esta manera camino hacia la demandabilidad directa fundada en los arts. 15 y 166 in fine de la Constitución Provincial.
En razón de lo expuesto, he de concluir que la defensa esgrimida, no puede prosperar.
II. En cuanto a la excepción de falta de legitimación interpuesta, ante todo cabe repasar que, existe falta de legitimación para obrar activa o pasiva cuando respectivamente el actor o el demandado, no son las personas que la ley sustancial habilita para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el litigio.-
Así, la legitimación se vincula con la identidad que debe haber entre la persona que fue demandada y el sujeto pasivo de la relación controvertida, en tanto que lo mismo ocurre con la legitimación activa y la figura del actor.-
Es decir que, mediante la falta de legitimación para obrar se controvierte la existencia de la "legitimatio ad causam", o sea, que quien demanda o contra quien se demanda no revisten la condición de personas idóneas o habilitadas por la ley para discutir sobre el objeto que versa el litigio.-
En la especie, se ha dicho que se configura la falta de legitimación cuando este no es titular de la relación jurídica sustanciales en que se funda la pretensión, debiendo ser esta manifiesta, es decir que no se requiera otro trámite que el incidente de excepciones y pueda ser resuelta con los elementos obrantes en la causa (Palacio, L.E., "Derecho Procesal Civil", t. VI, 1997, Ed. Abeledo Perrot, Pág.134) sin necesidad de producir prueba.
Ahora bien, declinando lo expuesto en el caso que nos convoca, lo cierto es que la parte actora, CAEFA, conforme surge del estatuto acompañado, tiene entre sus objetivos societarios "gestionar y asumir la representación de las empresas asociadas ante los poderes públicos y entidades privadas nacionales o extranjeras en todo cuanto haga a la relación con la actividad específica cuya protección y desarrollo es objeto de la actividad natural de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales" (v. objeto social, artículo segundo, apartado "j" de la copia del Estatuto obrante a fs. 7).
Es decir que se advierte, suficiente vinculación de los fines y objetivos con el objeto procesal sometido a juzgamiento (doctr. causa I. 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", res. de 15-VII-2015) el que involucra la regulación sectorial de la actividad de las empresas que nuclea con restricciones de específica aplicación (causa B. 67.026, "Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI)", SCBA sent. de 21-II-2018).
Mas aún, tampoco puede desconocerse el interés procesal de las empresas representadas por la asociación que las aglutina, en cuanto resultan alcanzadas por la esfera aplicativa de las disposiciones normativas cuestionadas, en tanto que tal como la resuelto la SCBA "...el interés que revisten reside, precisamente, en remover el obstáculo legal que les quita la posibilidad de llevar a cabo la fabricación, distribución y comercialización de artículos de pirotecnia dentro de la Municipalidad de General Alvarado" (SCBA causa I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales contra Municipalidad de General Alvarado sobre Inconstitucionalidad Ordenanza 220/15" 19/09/2018).
Finalmente, justo es recordar que las excepciones procesales en procesos constitucionales -como el de autos-, deben ser analizadas e interpretadas de manera restrictiva y atendiendo al principio in dubio pro actione, razón que fortalece mi convicción y me inclina al rechazo la defensa de falta de legitimación activa interpuesta.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los arts.13, 34, 35, 36, 77 inc. 1 y concordantes del C.P.C.A., arts. 161 y cctes. del C.P.C.C.
1. Rechazar las excepciones de inadmisibilidad de la pretensión y de falta de legitimación activa opuestas por la Municipalidad de Chivilcoy.
2. Con costas a la demandada vencida (Art 51 inc 1º del C.P.C.A).
3. Reanúdese el plazo para contestar demanda, que fuera suspendido en fecha 11/03/2021, la que deberá ser contestada dentro de los treinta (30) días de encontrarse firme o consentida la presente resolución (art.36 inc 1 del CPCA).-
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.-
Fin de la sentencia