Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 24125 2022
Expte. Nº 24125 .-
Autos:"FIRPO SERGIO ENRIQUE C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-MD
Estos autos caratulados "FIRPO SERGIO ENRIQUE C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO", Expediente Nº 24125, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
Que a fs. 40/43 en fecha 28 de diciembre de 2016, se presenta el Sr. Sergio Enrique Firpo, con el patrocinio letrado de la Dra. Mariana Sarati, promoviendo demanda -cumplimiento de contrato-, contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, solicitando el pago del capital reclamado, con más sus intereses y costas.
En su relato de los hechos expone que conforme se desprende del documento de Registro de Proveedores -certificado de inscripción n°95-, ha sido inscripto en el Registro de Proveedores del Consejo Escolar de Moreno, en fecha 28 de septiembre de 2012.
Es así, que ha prestado servicios como proveedor en distintos establecimientos escolares del Partido de Moreno e indica que se encuentran avaladas por el establecimiento -como se desprende de las diferentes Actas- al momento de realizada la prestación y autorizadas al pago, con su factura respectiva, como a continuación detalla:
FACTURA N°:00000001, de fecha 26 de diciembre de 2016, por un total de pesos nueve mil setecientos ($9700), según Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 07 de enero de 2015.
FACTURA N°:00000002, de fecha 26 de diciembre de 2016, por un total de pesos cincuenta y un mil setecientos ($51.700), según Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 03 de febrero de 2015, Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 17 de marzo de 2015 y Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 10 de febrero de 2015.
FACTURA N°:00000003, de fecha 26 de diciembre de 2016, por un total de pesos cuarenta y seis mil ($46.000), según Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 23 de febrero de 2015, Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 26 de febrero de 2015 y Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 03 de marzo de 2015.
FACTURA N°:00000004, de fecha 26 de diciembre de 2016, por un total de pesos sesenta y dos mil ($62.000), según Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 14 de enero de 2015, Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 19 de enero de 2015 y Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 22 de enero de 2015.
FACTURA N°:00000005, de fecha 26 de diciembre de 2016, por un total de pesos cincuenta y dos mil seiscientos ($52.600), según Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 11 de marzo de 2015, Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 16 de marzo de 2015 y Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 26 de marzo de 2015.
FACTURA N°:00000006, de fecha 26 de diciembre de 2016, por un total de pesos sesenta mil cuatrocientos ($60.400), según Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 30 de marzo de 2015, Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 02 de abril de 2015 y Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 6 de abril de 2015.
FACTURA N°:00000007, de fecha 26 de diciembre de 2016, por un total de pesos treinta y ocho mil trecientos ($38.300), según Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 09 de abril de 2015, Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 13 de abril de 2015 y Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 16 de abril de 2015.
FACTURA N°:00000008, de fecha 26 de diciembre de 2016, por un total de pesos cuarenta y tres mil quinientos ($43.500), según Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 20 de abril de 2015, Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 23 de abril de 2015 y Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 27 de abril de 2015.
FACTURA N°:00000009, de fecha 26 de diciembre de 2016, por un total de pesos treinta y cinco mil ochocientos ($35.800), según Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 05 de enero de 2015, Acta de Inspección de Intervención y Autorización de Pago de fecha 09 de enero de 2015.
Asimismo, refiere que en más de una oportunidad se ha presentado ante el Consejo Escolar de Moreno a cobrar, lo que se le negaba, manifestándome que pasara luego, es por ello que solicito en esta instancia su fiel cumplimiento, debido al carácter alimentario del crédito.
Finalmente, ofrece prueba y peticiona.
II. Que habiéndose corrido el traslado de rigor, con fecha 13 de agosto de 2018, se presenta a contestar demanda, la Físcalia de Estado, representada por su letrado apoderado, Dr. Pablo Guidi, quien manifiesta que la demanda en traslado no puede prosperar en atención a los siguientes fundamentos:
1. Eficacia, validez y existencia de los contratos administrativos. Marco jurídico para el análisis de lo pretendido.
Expone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que la validez y eficacia de la contratación está supeditada al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimiento de contratación (C.S.J.N. Fallos 308:618; 311:2831; 316:382; causa M.265.XXXIII "Más Consultores" Fallos: 323-1515, 1/VI/00; "Ingeniería Omega S.A.", Fallos 323-3924, sent. 5/XII/00). Por tal razón -sigue indicando- en dichos precedentes el Superior Tribunal de la Nación desconoció el derecho invocado por los actores a percibir el pago de los trabajos que efectivamente habían efectuado para el Estado, sin contar con el pertinente soporte contractual.
Continua exponiendo que teniendo en cuenta la jurisprudencia, en materia de contratos administrativos el elemento forma ha adquirido una relevancia determinante y que debido a que su violación, puede acarrear consecuencias gravísimas para el contratista, quien verá rechazada su pretensión de cobro, en caso de no demostrar un ajuste a los procedimientos de selección y a la forma de perfeccionamiento del vínculo.
2. Inexistencia de una contratación válida y eficaz respecto a las sumas reclamadas.
Alega que las construcciones y los trabajos que describe se enmarcan en el contrato de obra pública regido en la ley 6021 (T.O. por decreto 4536/95). En este sentido, recuerda lo establecido por los arts.1 y 74 de la citada ley, transcribiendo lo dispuesto en ambos articulos.
Continua diciendo que de la documental acompañada por la parte actora, la que da cuenta de todo tipo de trabajos de albañilería, de construcción y reparación, llevando adelante obras estructurales y de plomería en numerosas escuelas, se advierte que los trabajos que habría realizado el reclamante no tienen el soporte de una contratación administrativa válida, ni ha mediado un procedimiento licitatorio que se atenga a las reglas enunciadas por dicho plexo normativo.
Asegura que ninguna de las pruebas traídas a colación por la accionante puede erigirse válidamente en un "reconocimiento de deuda", en los términos que propone en la demanda.
3. Inexigibilidad del pago de los trabajos realizados. Otros argumentos.
Sostiene que ante la ausencia de antecedentes contractuales válidos respecto a las sumas reclamadas, se impone la inexistencia de un derecho en favor del acreedor a exigir judicialmente el cobro de los importes que pudieron haberse devengado como consecuencia de los trabajos realizados. Nos encontramos -sigue afirmando- ante una prestación que según el demandante, no se desprendería de un vínculo contractual formalizado mediante los procedimientos y con las solemnidades exigidas por el ordenamiento jurídico.
De esa manera, concluye que ello únicamente podría dar origen a una obligación natural que, como tal, no se sustenta en el derecho positivo, sino exclusivamente en el derecho natural y la equidad.
4. Inatendibilidad del pedido de intereses.
Continua alegando respecto al pedido de intereses efectuado por la parte actora, que en la medida que esta habría efectuado trabajos sin contar con el correspondiente soporte contractual, nos encontramos ante una situación irregular que, para generar algún derecho a favor de la empresa, requiere indefectiblemente un acto que los apruebe, como así también establezca el precio de los mismos.
Recién con el dictado del citado acto -y no antes- nacería el derecho del contratista a cobrar el monto reconocido y comenzaría a correr el plazo de la Administración para efectivizar el pago.
Y explica su postura diciendo que "...el citado acto necesariamente produce efectos "ex nunc" (o sea para el futuro); por consiguiente sólo se podrían devengar intereses -a tasa pasiva del Banco de La Provincia de Buenos Aires- a favor de la actora desde el acto que eventualmente concluyera el procedimiento de legitimo abono y valide los trabajos efectuados de modo irregular; y sólo en el caso en que la Administración luego incurra en demoras en pagar las sumas a las que se obligue en el hipotético acto de autorización".
Finalmente, realiza la oposición de la prueba ofrecida por la actora y peticiona.
III. Que una vez transitado el periodo de prueba, conforme la audiencia de fecha 11/04/2019, y presentados el alegato por la parte actora en fecha 19/04/2022, se encuentran los autos en estado para dictar sentencia; y
1. Que en autos la accionante pretende el reconocimiento del pago del capital reclamado, con mas sus intereses y costas al cobro de una suma de Pesos cuatrocientos mil con 00/100 ctvos ($ 400.000,00) en concepto de deuda por el servicio prestado como proveedor, en distintos establecimientos escolares del -Partido de Moreno- .-
Por su parte, la Físcalia de Estado centró su contestación en la inexistencia del contrato y la consecuente inexistencia de derechos que pudieran pretenderse, ya que pueden verse expuestos a no cobrar por sus trabajos.
Por otro lado aduce, que las construcciones y los trabajos que describen la actora se enmarcan en el contrato de obra pública.
Que los trabajos que habría realizado la reclamante no tienen el soporte de una contratación administrativa válida, ni ha mediado un procedimiento licitatorio.
2. Las facturas acompañadas como prueba documental resultan ser: factura n° 00000001 de fecha 26/12/2016 por la suma de $ 9700,00; factura n° 00000002 de fecha 26/12/2016 por la suma de $ 1700,00; factura n° 00000003 de fecha 26/12/2016 por la suma de $46000,00, factura n° 00000004 de fecha 26/12/2016 por la suma de $ 62000,00; factura n° 00000005 de fecha 26/12/2016 por la suma de $52600,00; factura n° 00000006 de 26/12/2016 por la suma de $ 60400,00; factura n° 00000007 de 26/12/2016 por la suma de $ 38300,00; factura n° 00000008 de 26/12/2016 por la suma de $ 43.500,00 y finalmente; factura n° 00000009 de 26/12/2016 por la suma de $ 35800,00.
De esos extremos -sobre las facturas del accionante- surge claro que tratándose de trabajos de albañilería, de construcción, de plomearía y reparación, la relación entre las partes se enmarcan en el contrato de obra pública regido en la ley 6021 (T.O. por decreto 4536/95).
En efecto, el artículo 1 de dicho ordenamiento prevé que "Todas las construcciones, trabajos, instalaciones y obras en general que ejecute la provincia por intermedio de sus reparticiones, por sí o por medio de personas o entidades privadas y oficiales, con fondos propios de aportes nacionales, municipales o de particulares, se someterán a las disposiciones de la presente ley". Y el artículo 74 (modif. por ley 11.612) dispone que "Quedan incluidas en el régimen de la presente ley, las obras de edificación escolar y demás institutos y establecimientos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, las que serán llevadas a cabo por la misma. En sustitución del Consejo Escolar de Obras Públicas actuará el Consejo de Obras Escolares.".
Dentro de tales parámetros evidentemente quedan incluidos los trabajos y las construcciones descriptas en la documental acompañada por la parte actora.
Sin embargo, de las manifestaciones formuladas por las partes y de la prueba, no se verifica en el caso, la existencia de un procedimiento licitatorio que respete las pautas establecidas por la normativa vigente aplicable al caso. Y tampoco se demuestra que la situación de la actora se adecúe a algunas de las excepciones a dicho procedimiento licitatorio.
En definitiva, cabe concluir que la relación entre las partes nació fuera del marco normativo que la tendría que haber regido.
3. Debo tener presente entonces, que la Suprema Corte de la Provincia Buenos Aires ha expresado -en caso análogo- que "[.] En el campo de los contratos administrativos, el carácter imperativo, no disponible, de las formalidades y contenidos materiales impuestos por normas jurídico-públicas descarta la vigencia irrestricta de la autonomía de la voluntad de los contrayentes (doct. C.S.J.N., Fallos 316:3157 y 326:3700; mis votos en las causas B. 56.764, "La Jirafa Azul", sent. de 19-VII-2006 y B. 63.370, "Estudio de Profesionales en Ciencias Económicas", sent. de 29-X-2008). Al margen de la lógica sujeción de la Administración a la juridicidad, que impone a sus órganos y entidades un obrar consistente con el ordenamiento, las especificidades de su actuación contractual, en cuanto involucran la asignación de recursos públicos, la comprometen singularmente y determinan el riguroso cumplimiento de las disposiciones que encauzan los procedimientos de selección del contratista, las modalidades de contratación y, en suma, todos los recaudos concernientes a la adecuada ejecución del gasto público (doct. causa B. 66.693, "Recovering", sent. de 6-VII-2005 y sus citas).
Por ello la existencia de un contrato administrativo se halla tan íntimamente vinculada a la forma en que las partes han sellado el respectivo acuerdo. Ciertos requisitos específicos para la conclusión de un determinado contrato (v.gr., en lo atinente a la publicidad, los medios de control, la idoneidad de oferentes o el examen de la conveniencia de sus propuestas, competencia de los órganos adjudicadores) dejan de ser meramente instrumentales y adquieren la condición de elementos estructurales de la existencia válida del negocio jurídico. Estas notas, de indudable pertinencia en el derecho administrativo, concuerdan con el principio general según el cual los contratos que tengan una forma determinada por las leyes no se juzgarán probados si no la observaren en el modo prescripto (arts. 975 y 1191, Cód.
Civil; doc. C.S.J.N., Fallos 323:1515, 3924, 329:809, entre otros). En la especie, los recaudos que debieron observarse para el perfeccionamiento de un acuerdo válido no se verifican. Aquí no se trata de deficiencias intrascendentes, carentes de utilidad o subsanables al momento de la conformación de la voluntad estatal, sino que se somete a consideración de esta Corte un supuesto en el que, lisa y llanamente, hay actuación de hecho: no existe contrato" (causa B64.068, "Investigaciones Medicas" sent. del 24 de mayo de 2011, voto Dr. Soria).
Para luego, en el mismo precedente, definir que: "[.] no merece acogerse el reclamo fundado en la invocada violación de obligaciones que derivarían de un supuesto contrato público no surgido válidamente al mundo jurídico. La solución contraria conduciría a asimilar a contratos regulares aquellas situaciones nacidas al margen de la legalidad, estimulando, al menos de modo indirecto, la propagación de prácticas que vacían de contenido las normas que regulan la contratación administrativa y la asignación del gasto público. En cambio, la posición de mayor estrictez en cuanto a la salvaguarda de los requisitos y formalidades que garantizan la adecuada aplicación del patrimonio público, que aquí propicio, armoniza con los principios informadores de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada por la Organización de los Estados Americanos e incorporada por ley 24.759, que, entre otros criterios, manda asegurar la publicidad y la eficiencia de los sistemas en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado (conf. art. III, pto. 5; doct. causa B. 55.399, "La Jirafa Azul S.A.", sent. de 14-XII-2005)". (causa "Investigaciones Medicas" cit.).
La Corte Suprema Nacional, registra doctrina judicial en similar sentido, al afirmar recientemente que "[.] la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable determina una forma especifica para la conclusión de un contrato, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia (Fallos: 323:1515; 323:1841; 323:3924; 324:3019; 326:1280; 326:3206; 327:84 y 329:809) [.] En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación (Fallos: 308:618; 311:2831; 3231515, 1841 y 3924; 324:3019; 326:1280 y 3206; 327:84 y 329:809) [.] se encuentra fuera de discusión que no es posible hacer lugar a una acción basada en obligaciones que derivan de acuerdos verbales cuando, en razón de la normativa aplicable, los contratos administrativos con un objeto como el de las prestaciones de autos debían ser celebrados con las formalidades que establece el derecho administrativo para su confección [.]" (CSJN, "Lix Klett S.A.I.C. (s/ quiebra) c/ Biblioteca Nacional - Sec. De Cultura de la Nación s/ Cobro de suma de dinero" sentencia del 31 de julio 2012).
Que no mucho tiempo atrás la Suprema Corte Provincial, tuvo oportunidad de reiterar la vigencia de la Doctrina Legal precedentemente referenciada, en los autos "Carnevale, Antonio contra Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación). Tercero: Asociación Cooperadora Escolar Escuela n° 18, Lomas de Zamora. Demanda contencioso administrativa.", sentencia del 11 de julio de 2018; reafirmada nuevamente poco tiempo despues en "Correo Argentino S.A. contra Municipalidad de Chivilcoy. Demanda contencioso administrativa" sentencia del 29 de agosto de 2018 (ambas en base Juba).
En definitiva, tal como se resolvió en los pronunciamientos que anteceden, la inexistencia de una relación jurídica valida entre las partes, impide el reconocimiento de los derechos pecuniarios reclamados en la demanda.
4. En cuanto a las costas del proceso, las mismas serán soportadas por la actora vencida (art. 51 inc. 1 del CPCA, cfme. Ley 14.437).-
POR ELLO, lo dispuesto en los arts. 166 y 171 de la Const. Pcial, arts. 1, 12 inc. 2, 49, 51 y ccdtes. del CPCA ( Ley 12.008 y sus modificaciones), art.163 CPCC y demás citas legales dadas,
1. Rechazar la pretensión de reconocimiento de derecho articulada en la demanda por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
2. Imponer las costas al actor en su calidad de vencido (art. 51 inc. 1° del CPCA -cfme ley 14.437-).-
3. Atento el resultado del pleito (art. 23 D. Ley 8904/77) corresponde proceder a la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, tomando como base regulatoria la suma reclamada en la demanda $ 400.000,00, pues ha transitado la primera etapa procesal bajo la vigencia del Decreto Ley 8904/77 y bajo esta normativa arancelaria, habrá que regular los honorarios de los profesionales intervinientes. En su cons
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