Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 45979
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C. y demás normas citadas,
Estos autos caratulados "GALLIANO JULIETA SUSANA C/ DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO", expediente Nº 45979, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y, con el fin de resolver la medida cautelar solicitada por la parte actora en su presentación de fecha 27/11/2023;
I. Que en fecha 27 de noviembre de 2023 se presenta la Sra. Julieta Susana Galliano, con el patrocinio del Dr. Federico José Medina Icaza, iniciando acción contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, pretendiendo el restablecimiento de derechos y solicitando el dictado de una medida cautelar innovativa que ordene suspender la aplicación del acto administrativo cuestionado en autos que anula su pedido M.A.D. (Movimiento Anual Docente).-
Liminarmente y en cuanto a los antecedentes que dan sustento a su pretensión, cuenta que, la accionante solicitó en tiempo y forma al M.A.D por movilidad familiar, en ocasión de su mudanza del la ciudad de Luján a Morón para el ciclo lectivo 2024.
Refiere que la Secretaría de Asuntos Docentes, luego de haber presentado el pedido decidió de modo arbitrario y sin sustanciación alguna, la anulación de la misma, fundándola en la falta de acompañamiento de DNI conforme Disp. 19/2023.
Denuncia que lo dispuesto por la autoridad administrativa es arbitraria, antijurídica y carente de asidero fáctico y jurídico, ya que el documento de identidad fue debidamente acompañado luego de requerirlo y su no adjunción inicial se debíó a un error formal.
Destaca que interpuso recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio contra dicha resolución. Sin perjuicio de ello, con fecha 05/10/2023 le informan desde la Dirección de Tribunales de Clasificación, perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación, en que insistían en el rechazo de su pedido.
Párrafo siguiente, hace referencia al informalismo en favor del administrado, manifestando que, este -administrado- es quien puede invocar para sí la elasticidad de las normas de procedimiento, en tanto y en cuanto ellas le beneficien; agrega que, el informalismo, no puede ser empleado por la administración para dejar de cumplir con las prescripciones que el orden jurídico establece respecto al modo de actuación.
Como se ha expuesto anteriormente, plantea la medida cautelar de innovar en busca de la suspensión de la aplicación del acto administrativo cuestionado en autos que anula su pedido M.A.D. (Movimiento Anual Docente).-
Relata que, en relación a la verosimilitud del derecho, expone que se requiere que se invoque un derecho verosímil en relación al objeto del proceso y no una incontestable realidad que solo se logrará al final del proceso.
Agrega que queda demostrado la arbitrariedad del acto atacado y, que la actividad jurisdiccional debe velar por la tutela de los derechos de los sectores mas vulnerables. En este caso el trabajador.
En cuanto al peligro en la demora, se encuentra suficientemente configurado que de mantenerse la situación por la que esta pasando la actora se ve afectado su propio porvenir, por cuanto el cambio de tareas produce modificaciones irrazonables e imprevisibles para una economía familiar.
Añade que la modificación irrazonable y arbitraria de las condiciones de empleo atentan contra la garantía constitucional de la estabilidad del empleo público.
Cita doctrina y jurisprudencia.
Expone que, la medida solicitada no afecta el interés público, toda vez que lo que se solicita es que se le permita ingresar al M.A.D con el fin de evitar la pérdida de las horas titulares y poder ejercerlas en la sede de su nuevo domicilio, en virtud de la mudanza de la ciudad de Luján a la localidad de Morón.
Por último, solicita que se disponga la caución juratoria como contracautela.
II. Con fecha 19/12/2023, se ordena requerirle a la demandada que informe sobre la cautelar peticionada por la actora -notificada el día 29/2/2024-.
III. Que mediante presentación electrónica de fecha 12/3/2024, se presenta el Dr. Juan Francisco Lisciotto, en su carácter de relator de la Fiscalía de Estado de la Pcia. de Bs. As., a los efectos de hacer saber que solicitó al organismo demandado que produzca el mencionado informe mediante actuaciones -GDEBA.-
IV. Con fecha 26/03/2024 -notificado en fecha 03/04/2024- pasan los autos a despacho para resolver y,
I. Abordando el tema en cuestión, cautelarmente la actora requiere: "suspender la aplicación del acto administrativo cuestionado que anula mi pedido M.A.D. de acuerdo a lo autorizado por el art. 22 inc. 2 de la ley 12.008, se solicita a V.S. se dicte una medida cautelar innovativa, tendiente a ordenar a la demandada a que otorgue el pedido de M.A.D. tal como fue solicitado".
II. El Código Contencioso Administrativo, señala los requisitos que el peticionante deberá cumplimentar para la obtención de la medida cautelar peticionada, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho; c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. Art. 22 CPCA).-
Tal cual lo sostiene Logar en el marco del régimen del C.P.C.A, la ley ritual exige el cumplimiento de los tres recaudos señalados por el art. 22 para que la petición cautelar tenga posibilidad de andamiento (Conf. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A, 1998, pág. 1151/1193).-
En sentido coincidente, se han pronunciado las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, al exigir la presencia simultanea de todos los requisitos o presupuestos que el ordenamiento jurídico exige para la procedencia de la tutela cautelar (Cfr. doc. CCALPM, causa N° 2 "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa "ESBA Florida S.A", res. Del 15-02-05, entre otras).-
III. Abordando el examen de la petición cautelar, liminarmente cabe mencionar que, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega el actor adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa. ( Art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.).
IV. En efecto, realizando un relevamiento previo de las constancias colectadas en la causa, no se advierte que el acto administrativo impugnado -en este examen preliminar- adolezca prima facie de una invalidez, que permita descalificarlo como tal, pues los vicios que se le imputan no revisten ese carácter.
En ese sentido y en cuanto al informalismo invocado por la accionante a favor del administrado, es de menester aclarar que, este concepto no implica sortear los recaudos legales del caso para activar los derechos que el administrado pretende.
Sin dudas que de la resolución cuestionada, se desprende que la misma ha resuelto rechazar el pedido ante el MAD efectuado por actora, en el cual pretendía ".evitar la perdida de mis horas titulares y poder ejercerlas en la nueva sede de mi domicilio en virtud de mi mudanza de Lujan al Partido de Moron" (textual).-
Ahora bien, en consideración a las alegaciones vertidas por la accionante en relación a la resolución administrativa atacada -la cual resolvió "ANULAR la solicitud de la docente, debido a que la misma no adjunta a su pedido copia de DNI"-, no advierto el faltante de algún elemento esencial propio de los actos administrativos, como para enervar la presunción de legitimidad de aquel.
Ciertamente, de la resolución cuestionada, se desprende que la misma ha sido dictada con fundamento legal en lo dispuesto en la Disposición N° 19/2023: "Toda solicitud deberá estar acompañada de la copia de DNI y la Declaración Jurada de Cargos/ horas cátedra/ módulos y horarios, de todos los desempeños de situación de revista titula, provisional y/o suplentes, en instituciones oficiales y no oficiales, en jurisdicción nacional, provincial y/o municipal, firmada por autoridades competentes, de los establecimientos de gestión estatal y gestión privada", y precisamente, el antecedente que abastece el acto en el sentido en que fue dictado -falta de DNI- no se encuentra controvertido.
Por lo demas, se advierte que la demandante no ha enarbolado la inconstitucionalidad de la norma que exige ese recaudo formal y a su vez, el procedimiento llevado a cabo por la autoridad educativa, en principio, no aparece carente de suficiente sustento normativo, ya que se encuentra ajustado con el marco vigente, no vulnerando derecho procedimental alguno.
Por lo que toca a la falta de "elementos" o "requisitos" del acto administrativo planteados por la Sra. Galliano, es oportuno mencionar que, -prima facie- la expresión de voluntad exteriorizada por la administración resulta debidamente motivada.
Asimismo, es pertinente resaltar que, a mi modo de ver, escasean -en este estadio inicial- elementos fácticos suficientes para juzgar si la decisión de la administración resulta irrazonable, frente a una situación de factica perjudicial para la administrada que, hasta el momento, no se encuentra probada.
En atención a lo expuesto, considero que dicha cuestión requerirá de mayor debate y prueba, lo que desborda el examen provisional y periférico que admite la presente etapa procesal (doc. CCALP causa Nº 31 "Schneider", res. Del 7-9-04; y causa "García", res. Del 11-11-04).
V. Que al no hallarse configurado los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art.22 del C.P.C.A.) ello, es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C. y demás normas citadas,
III. Firme o consentida que se encuentre la presente continúen las actuaciones según su estado.-
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.-
R
Fin de la sentencia