Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 9673 2019
Expte. Nº 9673.- Autos: FIGGINI SANDRA ADRIANA Y OTRO/AC/ MUNICIPALIDAD DE ALBERTI S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS.- Mercedes, de mayo de 2019.-ES
Estos autos caratulados "FIGGINI SANDRA ADRIANA Y OTRO/AC/ MUNICIPALIDAD DE ALBERTI S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS", expediente Nº 9673, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que, RESULTA: I.- Que a fs. 31/43 se presentan las Sras. Sandra A. Figgini y Myrian A. Figgini, con el patrocinio letrado del Dr. Fernando Cabaleiro, iniciando demanda indemnizatoria contra la Municipalidad de Alberti.- En su escrito, realizan dos relatos de los hechos, referido a cada una de las actoras. Respecto de Sandra Figgini, expone que ingresa al Municipio de Alberti en el año 1999 por medio de la Ordenanza n° 957/97, con el fin de obtener un entrenamiento laboral dentro del municipio, cumpliendo sus funciones en el área de obras sanitarias, funciones que -según expone- importaban cumplir con las mismas tareas que el personal del planta permanente, laborando seis horas al día y percibiendo por ello una beca de 200 pesos mensuales.- Dice que transcurridos los seis meses (plazo máximo de duración del entrenamiento) la administración "sin resolución alguna, de manera absolutamente irregular y con la promesa de pase a planta permanente" (sic), la contrata "sin sujetar a la misma a ninguna regulación específica", extendiéndose la relación de empleo hasta el mes de julio del año 2008.- Refiere que en el mes de julio del año 2006, solicita a la Comuna su pase a planta permanente, con resultado negativo, solicitud que vuelve a realizar en el año 2007, donde también peticiona que se le indique a que régimen jurídico al cual se encontraba sometida.
Dicha petición también volvió a rechazarse, señalando la Administración que la actora se encontraba regida laboralmente por la Ordenanza 957/97, ignorando de esta manera, el plazo de 6 meses que la ordenanza preveía para la culminación de la beca.- Dice que, es recién en el año 2008, cuando por vía de hecho y mediante una nota simple firmada por el Intendente, se dispuso su cese como agente, dictando luego la administración, resolución rechazando el recurso interpuesto por la actora y decretando su cese.- Por otra parte, comienza el relato de los hechos respecto de Miryan Figgini. Al respecto, expone que ingresa al Municipio de Alberti en el año 1999 por medio de la Ordenanza "557/97" (sic), con el fin de obtener un entrenamiento laboral dentro del municipio, cumpliendo sus funciones en el área de bromatología, funciones que -según expone- importaban cumplir con las mismas tareas que el personal del planta permanente, laborando seis horas al día y percibiendo una beca de 200 pesos mensuales.- Refiere que, transcurridos los seis meses, continuó trabajando, hasta que en el año 2002, donde se le asignaron funciones en el Juzgado de Faltas, realizando diferentes tareas.
Dice que en el mes de julio del año 2006, solicita a la Comuna su pase a planta permanente, el que es resuelto negativamente, solicitud que vuelve a realizar en el año 2007, donde también peticiona que se le indique a que régimen jurídico se encontraba sometida. Arguye que esa petición también volvió a rechazarse, señalando la Administración que se encontraba regida laboralmente por la Ordenanza 957/97, e ignorando el plazo de 6 meses que la ordenanza preveía para la culminación de la beca.- Así las cosas, refiere que, es recién en el año 2008, cuando por vía de hecho y mediante una nota simple firmada por el Intendente, se dispuso su cese como agente, dictando luego la administración resolución, que rechazaba el recurso interpuesto contra aquel y decretando su cese.- Luego de ello, inicia un capitulo denominado "fundamentación", donde luego de citar doctrina y jurisprudencia respecto del caso, expone que si bien no existió una resolución que dispusiera el pase a planta permanente, se ha generado una situación fáctica, provocada por un comportamiento material del Municipio -al haber prestado, según dicen, 10 años de servicios a la Comuna- que si bien "no genera un derecho a la estabilidad, propia o absoluta, esto es, un derecho a la reincorporación, también es cierto que la inconstitucionalidad de la ley 11757 y los comportamientos materiales de la administración en razón de las cuales las actoras han ejercido sus funciones como agentes publicas durante 10 años, dejan sin marco la situación de las reclamantes, dado que la remisión a la Ordenanza Municipal 957/97 solo refiere al periodo de capacitación por solo por seis meses, mas no a los 10 años restantes.- Refieren que no son contratadas, ni ha operado respecto de ellas un acto expreso por parte de la Administracion que la colocara al menos en el marco transitorio que prevé la Ley 11757, y que dada la inexistencia de una norma que encuadre su situacion como agentes publicas, corresponde acudir a la analogia consagrada en el art. 16 del Cód.
Civil, diciendo que por su contenido constitucional y los principios fijados en el caso "Madorran" emitido por el Maximo Tribunal, a las peticionantes le corresponde, en defecto de la reincorporación, el reconocimiento a un derecho indeminizatorio en el marco de la inestabilidad impropia.- Luego de ello, citan jurisprudencia y ofrecen prueba.- Por otro lado, plantea la incostitucionalidad del art. 51 del CPCA, por cuanto establece que las costas sean impuestas por su orden, cuando al ser un reclamo de indole laboral, corresponde le sean impuestas a la demandada.- II.- Que a fs. 226/230 la demandada opone excepción de inadmisiblidad de la acción, la que es rechazada a fs. 248/249.- III.- Que en fecha 07/10/2016 se presenta el Dr.
Daniel Palazzo, en su carácter de apoderado de la Municipalidad de Alberti y contesta la demanda instaurada.- En su conteste, la demandada afirma que el reclamo y la argumentación de las actoras encierran una contradicción insalvable, en tanto pretenden que la vinculación que mantuvieran con el Municipio no se hallaría alcanzado por régimen jurídico alguno, para intentar introducir un reclamo por "analogía"; mientras la totalidad de su obrar precedente en sede administrativa estuvo enderezado a obtener su reconocimiento como personal de la planta permanente del Municipio. Refiere que las actoras persiguen la obtención de un resarcimiento indemnizatorio, impugnando y agraviándose del encuadre normativo que fuera atribuido por el órgano estatal, que consintieran y utilizaran para desempeñarse en la órbita municipal, pretendiendo hallarse en una especie de "limbo jurídico" a raíz exclusivamente del obrar municipal, omitiendo mencionar que a dicho régimen se sometieron voluntariamente.- Refiere que en el marco de lo establecido en la normativa municipal que originara la vinculación de las actoras a la Comuna, no se encuentra contemplada la reparación indemnizatoria que se persigue en estas actuaciones.
Dice que en el marco de los expedientes administrativos, se sustanció la discusión acerca de la naturaleza del vínculo formalizado por las señoras Figgini con la Municipalidad de Alberti, habiendo sido encuadrado el mismo en lo normado por la Ordenanza 957/1997, habiéndose rechazado la incorporación de las aquí actoras a la Planta Permanente del Municipio, no siendo esto reclamado en sede judicial, puesto que las señoras Figgini pretenden -según expone- la percepción de una indemnización resarcitoria frente al obrar de la administración. Refiere que los reclamos que introdujeran las actoras en sede administrativa, requirieron en primer lugar se les reconozca el derecho a integrar la planta permanente del Municipio, y luego que se les abone las indemnizaciones, rechazadas en sede administrativa y que ahora reclaman en esta sede judicial, resaltando que la misma debió hallarse necesariamente precedida de acción anulatoria de los actos administrativos denegatorios.
Respecto de ello, cita doctrina y jurisprudencia al respecto.- Al respecto refiere también que, el actor debió deducir -y no lo ha hecho-, a su opción, la pretensión resarcitoria en forma simultánea y juntamente con la impugnatoria, o hacerlo en forma autónoma luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de sustento (art. 20, inc. 2 CCA). Afirma que las actoras se sometieron voluntariamente a un régimen jurídico local, que permitía su incorporación como becarias del Municipio, con el plexo de derechos y obligaciones que la propia norma establece, resultando -según dice- aplicable en lo pertinente, la doctrina y jurisprudencia de nuestros tribunales, referidas esencialmente a relaciones de empleo temporario u otro tipo de contrataciones temporales, pero que en lo sustancial son similares a la presente, en cuanto a la precariedad del vínculo y falta de estabilidad.- Finalmente, ofrece prueba y peticiona.- VI.- Que habiéndose agregado los alegatos presentado por la parte actora en fecha 22/11/2018, se llama autos para sentencia, y
I. Que ambas partes reconocen en sus escritos que las actoras trabajaban para el Municipio demandado, en calidad de becarias.- Que de los recibos de sueldo acompañados por las actoras (y no desconocidos por la demandada), surge que ambas actoras comenzaron a prestar tareas en el Municipio de la ciudad de Alberti el día 01 de enero del año 2004. Respecto de los 2 recibos acompañados por Sandra Figgini de los meses de marzo y noviembre del año 1998 ( fs. 155/156), si bien no se han desconocido por la contraria, lo cierto es que con los mismos, no puede tenerse por acreditada la continuidad en la relación que la vinculaba con el Municipio desde aquel año hasta el año 2004, fecha en que efectivamente ha quedado probado el comienzo de la relación con la Comuna, puesto que ninguna otra prueba se ha producido a su respecto que permita acreditarlo.- Respecto de la finalización de aquellas tareas, surge -conforme dichos recibos de sueldo) que para el mes de julio del año 2008, la vinculación laboral habría finalizado, puesto que el último recibo de sueldo de ambas peticionantes, data del mes de junio de 2008.- De dichos recibos de sueldo se desprende la siguiente información: nombre de cada una de las actoras, fecha de ingreso, periodo de pago, se consigna como sección " becas" y con categoría " becado".
II. Reconocido entonces por las propias actoras su condición de personal becado y acreditado ello en estos autos, la cuestión en la presente litis, esta encaminada a obtener una indemnización directa por la ruptura del vinculo laboral, y no el cuestionamiento del acto administrativo que cancela la "beca de entrenamiento ocupacional" respeto de cada una de las actoras ( ver fs. 21 de expte. Administrativo n° 4002-3036/07 y fs. 21 de expte. 4002-3037/07).- III.- A los fines de analizar la procedencia de la indeminización pretendida, corresponde analizar la vinculación de las Sras. Figgini con la Comuna de Alberti. Al respecto, la relación entre las partes se desarrolla en su totalidad, bajo la órbita del "Plan de entrenamiento ocupacional" (en adelante PEO) creado por la Comuna de Alberti en virtud de la Ordenanza n° 957/1997.- Dicha ordenanza, establece en su art. 2, los objetivos principales del plan, y que con el mismo se tiende a generar un aumento de la demanda de la mano de obra, para contribuir a "mitigar la ausencia creciente de empleo, sin que ello implique el aumento de la planta permanente del personal municipal".- El art. 4 de la misma, dispone que, los beneficiarios del plan, recibirán una "ayuda económica mensual no remunerativa, que percibirán en carácter de becarios del plan.de hasta $200 por cada beneficiario que cumpla una jornada de entrenamiento de hasta cinco horas diarias".- El artículo 5 dispone que: "la situación de entrenamiento ocupacional no creará entre los beneficiarios y el Municipio, vinculación ni relación jurídica alguna, independientemente de la propia de entrenamiento, establecida a ese solo y único efecto".- El art. 7 reza: "autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir un compromiso de entrenamiento ocupacional con cada uno de los beneficiarios que participen del plan, cuyo contenido deberá observar los recaudos establecidos por el presente régimen, no pudiendo exceder, el compromiso, de un plazo de 5 meses, a contar desde el momento de la puesta en marcha de cada actividad que se realice a través del plan".- IV.- Que del Decreto analizado, se desprende entonces que: a) La creación del plan no implicó el aumento de la planta permanente del personal municipal.- b) Que lo percibido mensualmente se trataba de una "ayuda económica mensual no remunerativa, de hasta $200 por cada beneficiario que cumpla una jornada de entrenamiento de hasta cinco horas diarias".- c) Que la situación de entrenamiento ocupacional no crearía entre los beneficiarios y el Municipio, vinculación ni relación jurídica alguna, independientemente de la propia de entrenamiento.- d) Que el entrenamiento, no podía exceder de un plazo de 5 meses, a contar desde el momento de la puesta en marcha de cada actividad que se realice a través del plan.- V.- Entonces, nos encontramos que, la falta de estabilidad de las actoras, su régimen laboral y la falta de vinculación y relación jurídica entre las partes, surgen del propio Decreto, el que en todo tiempo fue conocido por aquellas y al que se sometieron voluntariamente.- Al respecto, se ha dicho que, el marco regulatorio de una "beca de capacitación", es suficiente para negar la existencia de una relación de empleo público entre la accionante y la Administración, puesto que las particularidades inherentes a una beca, distan de los de una relación de empleo público ( cfme.
SCBA, LP B 64699 ,causa ""Fazio Mil, María Fabiana contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa", de 19/12/2012).- Por otra parte, la Corte ha establecido en cuanto al personal de planta temporaria, que los agentes mensualizados, jornalizados, reemplazantes y contratados, se hallan incorporados a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación (doct. de la mayoría en causas B. 49.724, "Requejo", sent. del 16VI1987; B. 49.890, "Villalba", sent. del 11VIII1987; B. 50.547, "Zaragoza", sent. del 31V1988; B. 51.827, "Palacios", sent. del 16XI1993; B. 54.512, "Pertusi", sent. del 11IV1995; B. 54.753, "Batista", sent. del 12V1998; L. 68.993, "Castro", sent. del 14VII1998; B. 57.364, "Capuano", sent. del 31VIII1999; B. 56.876, "Torres", sent. del 24XI1999; B. 56.457, "Hermosilla", sent. del 2VIII2000; B. 57.700 "Montes de Oca", sent. del 10IX2003; B. 57.741, "Iori", sent. del 18II2004)., expidiéndose en modo coincidente, la Excma.
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín (causa N° 2353/10, caratulada "Maidana Victor c/ Municipalidad de Tigre s/ Pretensión Indemnizatoria").- Ha dicho tambien que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dada por la modalidad de la designación; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista (causa B. 62.513, "Gundín", sent. del 22/10/2008). Y si bien, las actoras ni siquiera forman parte de este universo de agentes, de su acto de designación, resultan claros los fines respecto de los cuales han sido designadas en la comuna, esto es "becarias" sin vinculación ni relación jurídica alguna, independientemente de la propia de entrenamiento (art. 5 Ordenanza n° 957/1997).- Por lo tanto, a partir de la inestabilidad propia del régimen al que se hallaban sujetas, permite afirmar que quedan alcanzadas por la doctrina judicial precentemente referenciada.
Por lo demás, el exámen de la restante prueba producida en autos (testimoniales de fs. 288/289 y 291, como también pericial contable de fs. 305/306), no habilitan a arribar a una solución contraria, en el sentido de reconocer una reparación económica a las actoras aquí reclamantes, pues si bien en su origen la ordenanza que estableció las ya referidas becas indicaba un determinado espacio temporal para su desarrollo ( art. 7), ni el tiempo que duro el vinculo entre las partes, como tampoco de las tareas que desarrollaban las becarias, por sí solas, conducen a reconocer una indemnización, como en aquellos casos en que así se ha decidido cuando el vínculo temporal se exhibe prolongado en el tiempo, pero se han acreditado extremos configuradores de una desviación de poder en el actuar de la administración, lo que lejos esta de verificarse en autos ( vgr.
CSN " Ramos", " Sanchez" , "Cerigliano" y SCBA "Maza Vergara").- Por ello, es que entiendo que la indemnización peticionada por las aquí actoras, no puede ser atendible, razón por lo cual, no cabe más que rechazar la presente demanda.- VI.- Costas: Por ultimo, queda por resolver el planteo de inconstitucionalidad del art.51 del CPCA articulado por la accionante en su escrito inicial , cuestión que corresponde desestimar, en la medida que el accionante no ha explicado ni acreditado, de que forma y con que alcance, resultan agraviados las normas constitucionales que invoca. Reiteradamente ha afirmado el Máximo Tribunal local que la atribución de decidir la inconstitucionalidad de preceptos legales sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (cfr.: SCBA, I 1494 S 23-12-1997, "López"; SCBA, I 1496 S 23-12-1997, "Caussanel"; SCBA, I 2169 S 3-12-2003, "Almirón"; SCBA, I 2223 S 4-6-2008, "Medipharma S.A."; SCBA, Ac 87787 S 15-3-2006, "Codarín", entre otras).
De allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Un planteo de esta índole, para ser atendido, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con un no menos sólido fundamento que se apoye en las probanzas de la causa (SCBA, I 2027 S 27-12-2000, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea"; SCBA, I 2169 S 3-12-2003, "Almirón"). Por lo demás, a esta altura, el pronunciamiento requerido ha devenido abstracto, conforme la modificación introducida a aquella norma por la ley 14.437. En su consecuencia, cualquier decisión al respecto resulta meramente teórica, inútil e inoficiosa y, por lo mismo, impropia de la función judicial (cfme..
SCBA, I 1682 S 16-9-1997, "Pelco S.A."; SCBA, I 2078, I 19-5-1998 "Vega"; SCBA, I 1661 S 17-11-1998, "Wibratt", ED 182, 1319; AyS 1998 VI, 87; SCBA, I 69322, I 31-10-2012 "Arbizu", entre otros). En efecto, la ley 14.437 ha venido a modificar el régimen de costas por su orden, que regulaba el art.51 del código de la materia -según la redacción que le diera la ley 13.101- disponiendo la nueva norma, que las costas del proceso se regirán por el principio objetivo de la derrota, neutralizando de tal modo, la afección constitucional que -cabe inferir- provocaba al accionante la vieja norma. Por lo tanto, no advirtiendo obstáculos -en este caso particular- para resolver el accesorio en cuestión, conforme a la ley vigente al momento de la presente (art. 51 del CPCA texto según Ley 14.437), la decisión al respecto, quedara sujeta a lo dispuesto en la misma.- Sin embargo, sin perjuicio del principio vigente de costas al vencido, puesto que en la especie se tratá de un reclamo en materia de empleo público, conforme al art 51 inc. 2º del C.P.C.A.
(texto según ley 14.437), corresponde que las costas se impongan por el orden causado. POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de B
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