Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 19475 2022
Expte. Nº 19475 .-
Autos:"DEL RIO LORENA ANALIA C/ MINISTERIO DE TRABAJO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital. CS
Estos autos caratulados "DEL RIO LORENA ANALIA C/ MINISTERIO DE TRABAJO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS", Expediente Nº 19475, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Resulta que a fs. 15/17, se presenta la Sra. Lorena Analía del Rio, con domicilio real en calle Tomas Cosentino 724 de la ciudad de 9 de Julio y con el patrocinio letrado de la Dra. María Silvina Matioli, a promover demanda contra el Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Bs. As. por salarios adeudados.
Refiere que, con fecha 13/06/2013 fue designada delegada regional de la Delegación del Ministerio de la Pcia. de Bs. As. de Pehuajó.
Manifiesta que, cumplía dicha tarea de lunes a viernes hasta que, con fecha 31/07/2013, se vio obligada a renunciar, ya que viajaba todos los días 200 km sin cobrar sueldo, ni saber cuando empezaría a cobrar, dado que la explicación que recibió por parte del Ministerio, era que "el trámite para empezar a cobrar demoraba y que cobraría retroactivamente" y aclara que, trabajar sin cobrar y soportar los gastos de traslado le era imposible.
Señala que, "luego de esperar durante varias veces"(sic) que le paguen el período trabajado, sin tener respuesta, envió telegrama obrero TCL86667412 con fecha 17/02/2014, intimando a que se le abone el haber correspondiente a la labor como delegada regional de la delegación del Ministerio de Trabajo de Pehuajó, recibiendo como respuesta en fecha 13/03/2014, CD440050023 el rechazo del mismo por improcedente, sin perjuicio de indicársele que debía acompañar nota, solicitando el reconocimiento del servicio prestado a dicho organismo, con acreditación de las tareas efectivamente realizadas.
Apunta que, a fin de dicho mes, envió nota con copia del diario noticias de Pehuajó, donde estaba su designación, a fin de acreditar la prestación de tareas y que al no tener respuesta, en fecha 17/06/2014 despachó TCL 86667416 el cual no obtuvo respuesta alguna lo que la motivó al envío de un nuevo TCL en fecha 05/08/2014 donde notificó el cierre del intercambio epistolar.
Practica liquidación, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.
II. Habiéndose corrido el traslado de rigor, a fs. 31/37, se presenta a contestar demanda, por la Fiscalía de Estado, el Dr. Juan Pablo Portesi, quien liminarmente aclara que, la actora no ha tramitado debidamente la instancia administrativa previa, dado que considera haber cumplido la misma a través de un intercambio epistolar con supuesta configuración del silencio, lo cual desconoce su mandante, en tanto no existe constancia administrativa del reclamo salarial.
Señala asimismo que, la parte actora nunca estuvo vinculada con la Administración -Ministerio de Trabajo delegación Pehuajó- a través de una relación de empleo, sino tan solo y con carácter eventual, existió una propuesta de designación o proyecto, situación que de modo alguno le otorga el derecho a percibir los salarios que pretende.
Apunta que la actora, solo ha tenido una expectativa al cargo que dice haber desempeñado y que nunca se efectivizó, quedando circunscripta a una aspiración al mismo, que de ninguna manera le otorga legitimidad para reclamar lo que pretende.
Refiere que en tal sentido, surge de las constancias administrativas indentificadas bajo el N° 21502-846/13-00, la propuesta suscripta por el Ministerio de Trabajo, de la Sra. Del Rio para ocupar el cargo de delegada regional enmarcándola en las prescripciones del decreto 3/12.
Agrega a lo expuesto que, mediante expediente administrativo N°21575-270/13-00, obra renuncia efectuada por la actora a la propuesta efectuada y que como consecuencia, se dejó sin efecto su trámite de designación.-
Reitera que la actora, nunca revistió como agente de la autoridad demandada en su planta permanente, ni quedó reconocida como empleada por la circunstancia de haber sido propuesta para tal designación, que finalmente si vio frustrada por la propia voluntad de la Sra. Del Rio.
Señala que, aún en el hipotético caso que la actora haya realizado tareas dentro del marco de la administración, tal circunstancia no la equipara con una empleada pública, frente a la inexistencia de ingreso regular y designación expresa, equiparándose en todo caso a un "agente de facto" es decir aquel que desempeñó tareas sin tener título jurídico para ello, no pudiendo aun en ese supuesto pretender el cobro de salarios.
Finalmente, ofrece prueba y peticiona.-
III. Que atento que la prueba ofrecida por los litigantes quedó ceñida a las constancias del expediente administrativo y demás documental agregada (art. 41 inc. 2º del C.P.C.A), una vez incorporados los alegatos presentados electrónicamente por las partes con fecha 18 y 22 de octubre de 2021 respectivamente, se llama autos para sentencia, y
1. Que la actora, solicita el pago de salarios adeudados, con mas sus intereses a tenor de los 45 días trabajados como delegada regional de la Delegación del Ministerio de la Pcia. de Bs. As. de Pehuajó.
2. Que, en la tarea de fijar los hechos debo aclarar que la prueba, quedó circunscripta únicamente, a la documental traída por la actora y a los expedientes administrativos N° 21502-846/13 y N°21575-270/13, acompañados por la demandada.
Que, surgen del expediente administrativo N° 21502-846/13 las siguientes piezas útiles para resolver la cuestión:
A fs. 12, copia fiel de la propuesta de designación en el cargo de delegada, de la Delegación Regional de Trabajo y Empleo Pehuajó, de la Sra. Lorena Analía Del Rio, que fuera elevada al Sr. Secretario Legal y Técnico de la Gobernación de la Pcia. de Bs. As., por parte del Ministerio de Trabajo y que data de fecha 13/06/2013.-
A fs. 13, copia fiel de la nota que fuera elevada a la Dirección Provincial de Personal, por parte del Director de Áreas Sociales de la Dirección Provincial de Presupuesto, en la que se aclara que dicha propuesta de designación, tramita de conformidad con lo establecido en el Decreto N°3/12.-
A fs. 14, copia fiel de la nota elevada a la Secretaría Legal y Técnica por parte del Director Provincial de Personal de la Provincia de Buenos Aires.-
Que asimismo, surge a fs. 1 del Expte. Administrativo N°21575-270/13, la renuncia indeclinable por cuestiones personales, familiares y de salud realizada por la Sra. Lorena Analía Del Rio, en fecha 14/08/2013. En tanto que, a fs. 2 de dicho expediente administrativo, se informa que la propuesta de designación de la Sra. Lorena Analía Del Rio como Delegada Regional de Trabajo y Empleo de Pehuajó, fue dejada sin efecto.
3. Principiaré el análisis del presente, advirtiendo que la cuestión a dilucidar en autos, se encuentra circunscripta a determinar si efectivamente hubo acto de designación propiamente dicho y en su caso si le asiste el derecho que pretende hacer valer la accionante.-
Véase que, mientras ésta última refiere a un derecho de empleo otorgado por el cargo que alega haber desempeñado, el Ministerio de Trabajo representado por la Fiscalía de Estado, niega la existencia de todo vinculo laboral, apuntalando su defensa en la inexistencia del acto de designación.
Ahora bien, bajo el marco de aplicación de las normas de derecho público dada en la especie por el Decreto 3/2012 (vigente a la fecha en que acontecieron los hechos que se ventilan y derogado en junio de 2017 por Dec. 272/17 E), se advierte que el art. 4 in fine de dicho decreto señala: "Las designaciones del personal que se propicien en el marco de lo enunciado en los apartados a), b), d), f) y h) deberán efectuarse conforme lo prescripto por el artículo 1º, excepto razones fundadas de servicio, en cuyo caso tales circunstancias deberán constar en el acto administrativo de designación, previa intervención de la Dirección Provincial de Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Las designaciones que se tramiten en el marco de lo dispuesto en los apartados c), e) y g) quedan exceptuadas de las previsiones del párrafo primero del artículo 1º." y en tal medida, el Art. 1 señala textualmente: "Establecer que toda designación de personal, así como cualquier otra modificación en la situación de revista o lugar de prestación de servicios de los agentes de la Administración Pública centralizada y descentralizada, cualquiera sea su régimen estatutario y agrupamiento ocupacional, sólo tendrá efectos a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que la disponga.".-
En tal sentido he de apuntar que, el acto de nombramiento, es el acto administrativo emitido por la autoridad competente para nombrar al agente y, tendrá eficacia a partir de la notificación a éste.
En consecuencia, la posesión del cargo, no podrá hacerse hasta tanto se le comunique al agente, el acto de designación.
En efecto, los derechos emergentes de la relación de empleo, solo se alcanzan cuando efectivamente se ha logrado ingresar como empleado, para lo cual es requisito ineludible el acto de designación o nombramiento en el plantel estatal.
Así se ha expresado el Alto Tribunal Provincial con meridiana claridad al establecer que, "El acto de nombramiento es el requisito básico para consolidar una relación de empleo público, pues es aquél que imprime el régimen jurídico aplicable a dicho vínculo. De ello se sigue que para invocar cualquiera de los derechos inherentes a la relación de empleo, es preciso que el agente haya sido incorporado a alguno de los planteles de personal -aun a aquéllos de naturaleza precaria- a través de un acto de designación (conf. causas B. 58.690, "Fernández, Fanny", sent. del 4-X-2006 -en particular-; y B. 52.213, "Mangas", sent. del 13-VIII-1991; B. 51.827, "Palacios", sent. del 16-XI-1993; B. 62.905, "Blanco", sent. del 30-V-2007; B. 61.426, "Pevida", sent. del 20-XI-2013, B. 58.048, "Castro", sent. del 19-II-2015)".(La negrita es propia)
Que en esta instancia, encuentro oportuno recordar que, el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre la Administración y el agente, está dado por la modalidad de la designación de este último, en tanto para ingresar al régimen de planta permanente o para hacerlo como transitorio, la ley exige el cumplimiento de ciertos requisitos que no pueden desconocerse (doctr. causas L. 72.759, "Martínez", sent. del 9-III-1999; B. 57.741, "Iori", sent. del 18-II-04; causas B. 57.235, "De la Faba", sent. del 2-XI-2005; B. 57.107, "Taglia", sent. del 2-V-2007; B. 57.551, "Portillo", sent. del 19-IX-2007; B. 60.219, "Galván", sent. del 9-XII-2009; entre otras).
Ahora bien, derivando lo apuntado en el caso sub examen y habiendo esbozado las premisas que habrán de cimentar mi decisión, lo cierto es que, de la prueba aportada en autos, no surge de modo alguno, la existencia del mentado acto de designación, el cual, como he dicho, resultaba legalmente exigido y su efectividad habría sido la que en definitiva, hubiera dado origen al vinculo laboral que pretende hacer valer la accionante, por lo que, su ausencia no hace mas que sellar la suerte adversa de la demanda.
Mas aun y sin perjuicio de que la falta del acto de nombramiento, resulta crucial para disponer el rechazo de la demanda, dando por tierra los derechos de empleo que resultarían exigibles si se hubiera constituído la relación laboral; lo cierto es que, amén de dicha ausencia, la totalidad de la prueba allegada, no hace mas que convencerme de la real ausencia de una relación de empleo público entre las partes, toda vez que siquiera la actora, ha mencionado cuales han sido las tareas realizadas en cumplimiento de la función que dice haber desarrollado, ciñéndose únicamente a un recorte de diario, que no compensa tal requerimiento.
Que en tal sentido la jurisprudencia ha señalado que "El hecho de la colaboración inmediata que la agente propuesta tiene con los que suscriben su nombramiento no puede soslayar normas reglamentarias vigentes" (Cámara Federal de Apelaciones de Rosario -Avocación- Rodríguez Vallejo, Miguel y otros -sec. de 1ra. inst. s/ avocacion. Sentencia 16 de Octubre de 2002 Nro. Interno: Res. 1584/02520021204. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Magistrados: Voto: Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Belluscio, Petracchi, Boggiano. Disidencia: Fayt. Abstención: López, Bossert. Id SAIJ: FA02000842).-
Finalmente, y a mayor abundamiento, considero relevante señalar que, del propio escrito de demanda, surge el yerro en que incurre la accionante al afirmar que "con fecha 13/06/2013 fui designada como delegada Regional...", cuando a todas luces, surge del propio expediente administrativo N°21502-846/13, que en dicha fecha únicamente se elevó, por parte del Ministerio de Trabajo, la propuesta de designación al cargo de delegada de la Delegación regional de Trabajo y Empleo de Pehuajo, lo cual difiere ampliamente del propio acto de nombramiento, entendiendo el término propuesta como -proyecto o idea que se presenta para que se acepte y se dé su conformidad para realizarlo-.
Es decir que, la mentada propuesta, requería necesariamente de su aprobación por parte de la autoridad competente, todo lo cual, habría habilitado el dictado del acto de nombramiento, circunstancia, que como he señalado, no aconteció en autos.
Pero mas aun, con fecha 14/08/2013, la Sra. Lorena A Del Rio, procede a suscribir su renuncia -al cargo para el cual, aun no había sido designada-, haciéndolo, sin efectuar el más mínimo reclamo, ni protesta a la Administración, sino que por el contrario, fundó su decisión en cuestiones personales, que le hacían imposible continuar, generando con dicho accionar que, la situación precaria en la que se encontraba, es decir en el nivel de una "mera propuesta al cargo" quedara finalmente frustrada por su propia voluntad.-
En suma, siendo que, sólo un acto administrativo de designación dictado, por la autoridad de nombramiento, es susceptible de otorgar la calidad de agente de la administración pública y, habiéndose probado en autos que, la existencia de tal acto administrativo no fue acreditada, no cabe mas que el rechazo de la demanda incoada.
4. Costas: Respecto a las costas del proceso y sin perjuicio de lo resuelto en autos, entiendo que, tratándose en lo sustancial de un reclamo en materia de empleo público, conforme al art 51 inc. 2º del C.P.C.A. (texto según ley 14.437), corresponde se impongan en el orden causado. Lo que así también decido.
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1, 2 inc.1°, 12 inc.2°, 51, 77 y cctes. del CPCA (ley 12.008 y sus modif.); art.163, 375, 384 y cctes. CPCC; y demás normas legales citadas;
1. Rechazar la pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos contenida en la demanda, por las razones expuestas en los considerandos precedentes (art. 12 inc. 2º C.P.C.A., doctrina y jurisprudencia citada).
2. Imponer las costas por su orden (art. 51 inc. 2º C.P.C.A., texto según Ley 14.437).-
3. Atento el resultado del pleito, corresponde proceder a la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, correspondiendo al solo efecto regulatorio fijar el monto del asunto (art.23 de la ley 14.967) el que asciende -conforme informa el Actuario en este acto (art.116 del CPCC)- en la suma de $ 49.680,00 (capital más intereses, conforme fecha utilizada por la actora en su liquidación) todo conforme liquidación practicada según los coeficientes que arroja el sitio web de la SCBA y aplicando la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (Conf. Doctrina fallo SCBA C. 119.176, 15/06/2016 "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios").
Liminarmente, he de destacar que, atento el momento en que se inició el proceso, resta determinar cuál es el régimen arancelario aplicable.
A mi juicio y tal como lo he venido resolviendo en casos precedentes al presente, la cuestión encuentra solución a partir de lo normado por el art. 7 párrafo 1° del CCyCN, y en tanto la regulación judicial resulta una consecuencia necesaria de los honorarios ya devengados, el conflicto de la ley arancelaria en el tiempo se define por la aplicación inmediata de la ley 14.967. Por lo demás, no encuentro en sentido estricto, la analogía necesaria entre el presente y el conocido caso "Morcillo" (SCBA) que active su aplicación como doctrina legal (v. Sosa, Toribio Enrique, Honorarios de abogados Ley 14.967, Lib. Ed. Platense, Pags. 262 y sstes.).
Sin embargo, no puedo soslayar que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín ha sostenido reiteradamente que, en cuanto a la temporalidad de la norma, "por aplicación del criterio sostenido en la doctrina legal de la SCBA sentada en la causa 'Morcillo' -a los fines de cuantificar los honorarios profesionales- corresponde ponderar la época en que se desarrollaron las tareas, discriminándose aquellas pasadas durante la vigencia del régimen arancelario anterior (DL. 8.904/77), de las que se efectuaron a partir de la operatividad del nuevo régimen establecido por la Ley 14.967 (esta Cámara in re causa N° 6704 del 2/10/2018). Todo ello, sin perder de vista que las retribuciones de los profesionales deben guardar una relación de proporcionalidad con la actividad desarrollada; para la cual ha de tenerse en cuenta, el resultado obtenido, el tiempo empleado, el mérito, importancia y naturaleza de la labor desplegada, como así también la complejidad de la cuestión debatida." (CCASM Expte. Nro. MER-7296-2018 "General Motors S.R.L. c/Municipalidad de Chivilcoy s/Pretensión Anulatoria - Otros Juicios", Resol. del 03/09/2020; Expte. Nro. MER-8266-2020 "Gervasi Sandra M. c/Ozornio Lopez Guillermo y Ot. s/Daños y Perjuicios", Resol. del 15/10/2020, Expte. Nro. MER-5284-2016 "Maggio María Eugenia c/Instituto Obra Médico Asistencial s/Pretensión Restablecimiento o Reconoc. de Derechos - Empl. Público", Resol. del 13/10/2020; entre otros).
En consecuencia, dejando a salvo mi opinión personal en la cuestión, por razones de economía procesal y en orden a las reglas que gobiernan el stare decisis -en cuanto principio que ha sido reconocido su aplicación en nuestro derecho (v. Bianchi, Alberto B., Control de constitucionalidad T°1 pag. 60 y sstes.)- es que seguiré en la especie, el criterio del tribunal de Alzada de mi jurisdicción.
En atención a lo precedentemente dispuesto y visto el monto que arroja -como base regulatoria- la liquidación final ($49.680,00), me conduce a activar el mínimo arancelario previsto en el art. 22 de la Ley 14967. Conforme a ello, merituando el resultado obtenido, el tiempo empleado, la importancia y naturaleza de la labor desplegada en cada una de las etapas del proceso cumplidas, todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 1, 10, 13, 15, 16, 21, 23, 28, 44, 54 y cctes. de la norma arancelaria (ley 14.967 y sus equivalentes de la ley 8904), conducen al suscripto a REGULAR los honorarios de la Dra. María Silvina Matioli T° VII F°395 CADJM, en su carácter de letrado apoderada de la parte actora en la primer etapa de este litigio la cual tramitó en vigencia del dec. ley 8904, en la cantidad de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($10.662) (Ac. 4037/21 SCBA), en tanto que atento el resultado del juicio no corresponde regulación de honorarios en favor de la Dra. Lorena Analía del Rio T°VII F°375 C.A.D.J.M, quien intervino en causa propia a partir de su presentación de fecha 27/09/2021 (art.12 D.ley 8904/77 y su similar de la ley 14.967) .-
Asimismo conforme
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.