Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 41402
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción interpuesta por la Fiscalía de Estado y en su consecuencia declarar la inadmisibilidad de la pretensión.
Estos autos caratulados "LOTO DANIEL EDUARDO C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS", expediente Nº 41402, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y de los que
I. Que mediante presentación electrónica de fecha 14/10/2021, se presenta el Sr. Daniel Eduardo Loto, con el patrocinio letrado del Dr. Marcos Miguel Masetti, pretendiendo, "la declaración de inconstitucionalidad de oficio" (Sic) en su aplicación concreta al caso de autos del art. 6° de la Ley 12.006, texto según Ley 13.324, contra el Instituto de Previsión Social, en cuanto estableció el límite para el pago de retroactivos de la pension otorgada como ex combatiente de Malvinas, desde la fecha de inicio de la presentación de la solicitud del beneficio, hasta un máximo de dos años, solicitando se declare, que corresponde computarse -como límite para el pago de retroactivos- el plazo quinquenal contenido en el art. 4027 inc. 3) del Código Civil - art. 2560 CCCN.
Asimismo, solicita se declare la nulidad de la resolución por la cual se le otorgara el beneficio (conf. Expediente Administrativo N° 21557-457104-0-18-000), requiriendo el pago de los haberes devengados en el período comprendido entre el 03/07/2013 y el 03/07/2018.
Todo ello, ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de San Isidro.
II. Corrido el pertinente traslado, se presenta la Dra. Flavia A. Godoy, en su carácter de apoderada de la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 10/12/2021), oponiendo como de previo y especial pronunciamiento, las excepciones de incompetencia territorial, inadmisibilidad de la pretensión y prescripción.
Al respecto refiere que, la excepción de inadmisibilidad de la pretensión, se fundamenta en que las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, evidencian que estamos frente a un acto administrativo que ha adquirido firmeza, atento no haber sido cuestionado judicialmente en término, conforme lo dispone el Art. 18 del C.P.C.A.
Señala que, la resolución que se pretende anular, le fue notificada a la actora mediante carta documento de fecha 22/02/2019.
Manifiesta que el actor, pretende extemporáneamente, la revisión judicial del plazo de prescripción aplicable, cuando además de haberse notificado del acto que concedió el beneficio y los términos en que el mismo fue dictado, percibió las sumas retroactivas liquidadas por el IPS, sin formular reparo o reserva alguna.
Indicó que, resulta ineludible concluir que, desde la notificación por carta documento, comenzó a correr el plazo de caducidad establecido en la legislación vigente para deducir la demanda judicial, pero que la acción fue interpuesta recién con fecha 14/10/2021, es decir cuando ya se encontraba totalmente vencido el plazo de noventa días desde la notificación del acto administrativo denegatorio, exigido por el artículo 18 del CPCA.
Respecto a la excepción de prescripción opuesta, sostuvo que, de hacerse lugar a la misma, las retroactividades jamás podrían ir más allá de la fecha de la promoción de la demanda, por lo que, aun en la hipótesis más favorable al actor, resulta evidente que los haberes retroactivos cuyo reconocimiento se pretende, se encuentran parcialmente prescriptos.
III. En fecha 17/02/2022, la actora contesta el traslado que se le confiriera de las excepciones.
Se expide en relación a la excepción incompetencia territorial y en cuanto a la excepción de prescripción manifiesta que, recién a partir de la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley 12.006, nacería el derecho a la retroactividad, siendo a partir de ese instante cuando comenzaría a correr el plazo de la prescripción de los beneficios en la extensión peticionada (Retroactividad al 3/7/2013) computándose -como límite para el pago de retroactivos- el plazo quinquenal contenido en el articulo 4027 inc. 3 del Código Civil, desde la fecha del reclamo administrativo por el que se solicita el beneficio.-
En cuanto a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión apunta que, el argumento principal de la pretensión versa sobre la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley 12.006, la que se encuentra incluida en el restablecimiento o reconocimiento de derechos del artículo 14 inciso 2 del C.C.A.
Afirma que dicha pretensión, no exige analizar la validez de ningún acto administrativo, puesto que resulta ser ajeno a su potestad administrativa el análisis constitucional de la norma.
Que, por aplicación del artículo 166 quinto párrafo del C.P.B.A., el presente proceso se encuentra exento de agotar la vía administrativa e inaplicable al caso los plazos previstos en el artículo 18 del C.C.A.
IV. En fecha 29/03/2022, el magistrado preactuante, hizo lugar a la excepción de incompetencia interpuesta en aquella Sede, remitiendo las actuaciones a este Juzgado, siendo recepcionadas en fecha 28/04/2022.
Expuestas las posiciones de las partes y,
I. Tras enunciar suscintamente los antecedentes del caso, la solución de esta contienda exige, en primer lugar, determinar en esta instancia procesal, la procedencia de la excepción de inadmisibilidad de la pretensión interpuesta por la Fiscalía de Estado.
En tal sentido, he de recordar que, el examen de admisibilidad, comprende el análisis preliminar, acerca de la concurrencia de los requisitos formales y específicos, al momento de interposición de la demanda, sin que ello implique un análisis de la cuestión de fondo.-
Ahora bien, en el escenario que nos compete, me permito adelantar que la demanda fue deducida una vez vencido holgadamente, el plazo de noventa (90) días hábiles previsto en el art. 18 del Código de la materia a esos efectos, sin que se hayan acreditado o invocado circunstancias que, en el marco jurídico y jurisprudencial aplicable, justifiquen apartarse de la solución normativa prevista.
En efecto, aun cuando el accionante en oportunidad de responder las excepciones opuestas, procura instalar la litis en el territorio de una pretensión de reconocimiento de derecho, la que habilitaría en la especie la demandabilidad directa, lo cierto es que, resulta inequívoco -en la demanda inicial- el contenido impugnatorio de la pretensión, lo cual expresamente hace saber al manifestar que, "[...] Peticionamos en consecuencia, la declaración de nulidad, en este punto, de la Resolución que otorgante del beneficio que resolviera el Expediente Administrativo nro. 021557-457104-0-18-000".
Así, claro está que la ley cuestionada, tuvo un acto aplicativo, siendo precisamente el reproche del peticionante la expresión de voluntad por parte de la Administración, cuyo agravio concreto viene dado por la extensión del derecho otorgado, que no lo fue en la medida en que ahora reclama. De modo tal que el reconocimiento del derecho que se intenta, no puede ser pretendido en forma autónoma a la impugnación del acto que dio nacimiento al derecho.
Por lo demás, tampoco fue desconocido por la actora, la notificación que se le hiciera de la concesión del beneficio previsional, tanto en forma expresa -en fecha 22/02/2019- como así a partir del hecho de haber percibido las sumas retroactivas liquidadas por el IPS, sin formular reparo o reserva alguna.
En suma, el sólo hecho de que la materia verse sobre cuestiones previsionales, no resulta suficiente para motivar una dispensa que no recoge la ley, ello sin perjuicio de tener en consideración que, el requisito de admisibilidad consistente en el plazo para articular la pretensión procesal anulatoria (arts. 12 inc. 1, 18 y concs., CPCA), ha de ser evaluado a la luz del principio de acceso a la justicia, cuidando de no incurrir en un acentuado formalismo en desmedro de dicha garantía, lo cual adelanto, no veo reflejado en autos, toda vez que no promedia espacio de duda, acerca del ingreso tardío de la demanda, ni se refleja, ningún matiz especial que me inste a no considerar, la presencia de una clara intensión impugnatoria, que permita sortear los recaudos de admisibilidad de la acción.
Ahora bien, por otro lado, la actora al argumentar contra la defensa interpuesta por el IPS, asegura que la pretensión contenida en la demanda, carece en principio de contenido impugnatorio, puesto que el objeto de la misma radica únicamente en la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 12.006 (texto según Ley n° 13.324), la cual entiende, no podía ser reclamada en Sede Administrativa.
Y en ese sentido, en principio, tal extremo no resulta un impedimento insalvable, pues aun con el obstáculo de la declaración de la inconstitucionalidad de la norma en sede administrativa, el caso puede asumir en esa sede, una vía de solución sin incurrir en aquella vedada resolución.
Así se ha expresado la doctrina, al señalar que la Administración, con posterioridad a la emisión del acto "viciado de inconstitucionalidad", si bien no podría convalidarlo dada la gravedad de un vicio tal, sí podría hacer uso de otro instituto para adaptarlo al ordenamiento constitucional, a fin de impedir que el acto administrativo inconstitucional produzca efectos (Cf. COMADIRA, Julio R. Las medidas cautelares en el proceso administrativo, con especial referencia a la suspensión de los efectos del acto, en Derecho Administrativo, ed. actualizada y ampliada, año 2003, pp. 439-467: ver también Agustín Tratado de Derecho Aministrativo T°1, 1°ed. VII-16 "La administración frente a la ley inconstitucional").
En consecuencia y en el marco argumental desarrollado, resulta aplicable la doctrina legal establecida por la SCBA en numerosos precedentes, acerca de la imposibilidad de requerir judicialmente la revisión de actos que han adquirido firmeza en sede administrativa por falta de impugnación oportuna (doctr. causas B. 59.055, "Di Croce", sent. del 15-II-2006; B. 58.586, "Llopis", sent. del 6-X-2004; B. 67.336, "Lespade", res. del 11-IV-2007, B. 65.966, "Lloret", sent. del 1-IX-2010; B. 60.357, "Lacquaniti", sent. del 21-XII-2011; B. 64.233, "Zurzolo", sent. del 30-XI-2011, entre otras).-
En virtud de lo expresado, concluyo que la pretensión esgrimida es inadmisible, lo que así declaro.
II. En lo que respecta al planteo de nulidad de notificación efectuado por el accionante, al contestar el traslado de las excepciones (v. presentación de fecha 17/02/2022), en el cual niega haber sido notificado de acto administrativo alguno emanado del Organismo previsional, he de señalar que, a priori, dicha notificación, surge de fs.34/35 del Expte. Administrativo acompañado en fecha 04/11/2021, donde puede verse el respectivo aviso de recibo, datado en fecha 22/02/2019, con firma y aclaración donde puede leerse "Daniel Loto".-
Ahora bien, sin perjuicio de ello y sin pretender ahondar en la notificación propiamente dicha, entiendo que a estas instancias del derrotero procesal, el planteo de nulidad efectuado, deviene como menos tardío, debiéndolo en su caso haberlo articulado el interesado, en su escrito de demanda; lo cual no solo no hizo, sino que en dicha presentación inicial, realizó una clara alusión a dicho resolutorio administrativo, toda vez que procede a impugnar el mismo solicitando su anulación.
Considero que la accionada, pretende en esta etapa, volver atrás el proceso, planteando una nulidad que se encuentra en rayana contradicción e incoherencia con su comportamiento o pretensión inicial, todo lo cual resulta jurídicamente inadmisible, por cuanto el ordenamiento jurídico no protege las conductas contradictorias.
En tal sentido se ha dicho, " ..la doctrina de los actos propios, alude a la inadmisibilidad de una conducta ulterior que resulte incoherente con otro comportamiento previo y propio del mismo sujeto. El fundamento estará dado en razón de que la conducta anterior ha generado -según el sentido objetivo que de ella se desprende- confianza en que quien la ha emitido, permanecerá en ella, pues lo contrario importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de origen (cf Morello y Stiglitz en trabajo publicado en LL 1984-A-865)".-
En consecuencia, no cabe mas que rechazar el planteo anulatorio efectuado.-
III. Finalmente y respecto a la defensa de prescripción interpuesta, atento a lo resuelto precedentemente, su tratamiento deviene innecesario.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los arts.18 inc.1°, 34, 35 inc.1° ap.i, 36 inc.2° ap.d, 77 inc. 1° y concordantes del C.P.C.A., arts. 161 y cctes. del C.P.C.C.
1. Hacer lugar a la excepción interpuesta por la Fiscalía de Estado y en su consecuencia declarar la inadmisibilidad de la pretensión.
3. Imponer las costas por su orden (art. 51 inc 2º del CPCA).
4. Firme o consentida, se procederá a la pertinente regulación de honorarios.-
NOTIFÍQUESE.-
Fin de la sentencia