Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 41402 2023
Expte. Nº 41402 .-
Autos:"LOTO DANIEL EDUARDO C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-ES
Estos autos caratulados "LOTO DANIEL EDUARDO C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS", Expediente Nº 41402, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que en fecha 14/10/2021 se presenta -por ante el Juzgado Contencioso Administrativo n°1 de San Isidro- el Sr. Daniel Eduardo Loto, con el patrocinio letrado del Dr. Marcos Miguel Masetti, promoviendo formal demanda contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.), solicitando se declare la inconstitucionalidad en el caso concreto, del art. 6° de la Ley 12.006 (texto según Ley 13.324), en cuanto estableció el límite para el pago de retroactivos para los beneficios previsionales allí previstos -Pensión Honorifica de La Provincia de Buenos Aires en Reconocimiento de los Ex Combatientes Del Conflicto Bélico Islas Malvinas- desde la fecha de presentación de la solicitud de esa pensión y hasta un máximo de dos años.
Consecuencia de ello, solicita también se disponga judicialmente que corresponde computarse -como límite para el pago de los mentados retroactivos- el plazo quinquenal previsto en el art. 4027 inc. 3) del Código Civil vigente al momento de peticionarse la pensión en sede administrativa.
Luego, requiere que la accionada sea condenada al pago de los haberes devengados entre el 03/07/2013 al 03/07/2018, con más intereses, capitalización, costos y costas a la accionada, por lo que peticiona en consecuencia la declaración de nulidad en este punto, de la Resolución que otorgara el beneficio resuelto en el Expediente Administrativo nro. 021557-457104-0-18-000.
Finalmente, solicita el reconocimiento al Beneficio Previsional de la Ley 12.006 como deuda de valor, exponiendo que el mismo tiene naturaleza alimentaria e indemnizatoria, requiriendo así, que se resuelva que las mensualidades adeudadas por la accionada, sean liquidadas en forma actualizada al valor vigente a la época del efectivo pago con más intereses costos y costas, peticionando la aplicación de la capitalización de intereses que surge del art. 770 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación, desde la mora hasta la efectiva notificación de la demanda, convirtiéndose los mismos en capital, y en adelante capitalizándose en forma mensual y/o en el plazo que se estime corresponder.
Inicia su relato de los hechos diciendo que la accionada en fecha 08/10/2018, ha reconocido y otorgado a su parte, la denominada "Pensión Honorifica de la Provincia de Buenos Aires en Reconocimiento de los Ex Combatientes del Conflicto Bélico Islas Malvinas" Ley 12006, texto según ley 13324. Pero resalta, que al otorgarla, le aplica una limitación en la retroactividad del beneficio, puesto que en el art. 6° (de la ley 12006) establece que la pensión otorgada, "...comenzará a devengarse a partir del primer día del mes siguiente en que se dicte el respectivo acto administrativo, siendo el mismo retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de dos (2) años..." -lo que sería hasta el día 3/07/2018-, y que esa norma implica una renuncia pura y simple, a derechos adquiridos a tenor del art. 4027 del Código Civil en su inciso inc. 3 ( vigente al momento del reclamo).
Entonces, solicita que el art 6 de la Ley 12.006 se declare inconstitucional, y en consecuencia se extienda el retroactivo a los 5 años anteriores al inicio del trámite, o sea desde el día 03/07/2013 al 03/07/2018, conforme el artículo 4027 inc. 3 del Código Civil, art. 2560 CCCN.-
En cuanto a la crítica concreta y razonada para dictar la inconstitucionalidad, referida al límite para el pago de retroactivos, expone que se torna inconstitucional a la luz de los artículos 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución de la Provincia correlacionado con el art 75 inc. 22 de la Constitución nacional, máxime cuando los derechos que se debaten en la especie, cuentan -según refiere- en nuestra
Carta local, con especial protección en los términos de los arts. 39 inc. 3 y 36 inc. 10.
Por dicha razón, solicita se declare que corresponde computarse -como límite para el pago de retroactivos- el plazo quinquenal contenido en el artículo 4027 inc. 3 del Código Civil, art. 2560 CCCN, desde la fecha de inicio del reclamo administrativo que se solicita el beneficio.
A los fines de la fundamentación de la solicitud en este punto, procede a transcribir un fallo de la Excelentísima Cámara en lo Contencioso Administrativo del Dpto. Judicial de San Martín, caratulado "FLEITA PEDRO ANDRES C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ PRETENSION ANULATORIA " EXP. 8082/20. Dice que en aquel, se trataron algunas cuestiones similares a las requeridas en el presente y se dictó la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley n° 12.006 texto según ley 13.324 (B.O. del 10/5/05 n° 25161), texto según ley 13324, en cuanto estableció el límite para el pago de retroactivos (desde la fecha de inicio de la presentación de la solicitud del beneficio hasta un máximo de dos años), y dispuso que debían computarse -como límite para el pago de retroactivos- el plazo quinquenal contenido en el artículo 4027 inc. 3 del Código Civil, desde la fecha de inicio del reclamo administrativo que solicita el beneficio.
Luego de ello, inicia otro apartado requiriendo que se reconozca al beneficio previsional de la Ley 12.006 como deuda de valor.
Así, dice que la obligación de indemnizar daños como la prestar alimentos constituyen una "deuda de valor" (o de "cuantificación de un valor" como las denomina el art. 772 del Cód. Civ. y Com.) y, al mismo tiempo, dentro de la clasificación de las obligaciones, debe ubicársela en la especie denominada "periódicas", es decir aquellas que provienen de una causa única pero van renovándose o fluyendo a través del tiempo.
Dice también que la obligación alimentaria es una típica obligación de valor, es decir, pertenece a la categoría de aquellas obligaciones de dar sumas de dinero que tienen por objeto un valor abstracto o una utilidad, constituido por bienes que habrá de medirse necesariamente en dinero en el momento del pago.
Destaca que la categoría de las deudas de valor, han obtenido consagración legislativa en el Cód. Civil y Comercial el cual establece expresamente la distinción entre las obligaciones dinerarias y las de valor al prever a éstas tipificación de un valor, mediante el art. 772.
En consecuencia, afirma que los alimentos y la reparación de daños, dada su naturaleza quedan excluidos del alcance del art. 7° de la ley 23.928 -de convertibilidad-, por ello la prestación alimentaria no puede encuadrarse en los supuestos previstos por la ley 23.928.-
Entonces, y trasladando ese razonamiento al caso concreto, solicita que al ser abonado cada periodo mensual adeudado, sea convertido en pesos al valor vigente a la época del efectivo pago conforme lo prevé el art. 5 de la ley 12.006 que dispone que "el monto del beneficio creado por esta Ley será equivalente a tres (3) Sueldos Básicos de la Categoría Ingresantes del Agrupamiento Administrativo - Clase 4 -, o la que en el futuro la reemplace, de la escala salarial de la Ley 10.430 (T.O. Decreto 1.869/96) y sus modificatorias, con Régimen de treinta (30) horas semanales de labor, para aquellos casos en que el beneficiario sea alguna de las personas comprendidas en el artículo 1º de la presente Ley". (textual)
Finalmente, contesta "un eventual planteo de prescripción" (textual). Al respecto, dice que de los apartados anteriores se desprenden dos consecuencias: por un lado la legitimidad del derecho invocado, el que solo encuentra la valla para su efectivo cumplimiento del beneficio de pensión, con la retroactividad pretendida, en la existencia del inconstitucional artículo art 6 de la Ley 12.006. Y por el otro lado, una vez declarada la inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley 12.006, nacería el derecho a la retroactividad y a partir de ese instante comenzaría a correr el plazo de la prescripción de los beneficios en la extensión peticionada (Retroactividad al 03/07/2013) computando -como límite para el pago de retroactivos- el plazo quinquenal contenido en el artículo 4027 inc. 3 del Código Civil, art. 2560 CCCN desde la fecha del reclamo administrativo por el que se solicita el beneficio.
Luego de ello, ofrece prueba y peticiona.-
II. Que en fecha 10/12/2021 se presenta por Fiscalía de Estado, la Dra. Flavia A. Godoy, oponiendo excepción de incompetencia territorial, inadmisibilidad de la pretensión y prescripción.-
III. Conferido el traslado de las excepciones opuestas y contestadas que fueron, en fecha 29/03/2022 la Jueza previniente hace lugar a la excepción de incompetencia en razón del territorio opuesta por la parte demandada y se declara incompetente para entender en las presentes actuaciones.
IV. En fecha 28/04/2022, se radican las actuaciones por ante este Juzgado, asumiéndose la competencia del suscripto para la presente causa.-
V. En fecha 03/05/2022, pasan los autos a despacho para resolver respecto de las restantes cuestiones planteadas por la apoderada de la Fiscalía de Estado en el Juzgado previniente, resolviéndose -en fecha 26/05/2022- hacer lugar a la excepción interpuesta por la Fiscalía de Estado y en su consecuencia declarar la inadmisibilidad de la pretensión.
VI. La resolución es apelada por la actora en fecha 01/06/2022, siendo resuelta por la Alzada en fecha 5/09/2022, revocando la misma.-
VII. Que -continuando ahora los autos- en fecha 21/10/2022 contesta demanda el Dr. Juan Pablo Portesi, en su carácter de apoderado de Fiscalía de Estado.-
Al respecto, y luego de relevar los antecedentes de la causa, sostiene que la demanda entablada por el actor resulta infundada, por lo que solicita el rechazo de su pretensión en todas sus partes.
Luego de ello, señala los principales antecedentes administrativos que precedieron a esta instancia judicial que entiende resultan de utilidad para demostrar que la pretensión incoada por el actor no es atendible.
Señala que el planteo de inconstitucionalidad resulta infundado, no mereciendo ningún reproche el art. 6 de la Ley 12.006, dado que ha sido dictado por el Legislador provincial en uso de facultades propias, no adoleciendo de vicio alguno que habilite la declaración de inconstitucionalidad, puesto que se encuentra expresamente reconocida la supremacía de las leyes especiales locales en materia previsional sobre cualquier otra genérica del Código Civil vigente en el período aquí cuestionado, toda vez que dicha disposición emana del poder reservado a la Provincia de Buenos Aires y no delegado al Estado Nacional.
Sin perjuicio de lo expuesto, refiere que si hipotéticamente se considerara que el precepto en cuestión -art. 6 de la ley 12.006- se encuentra en pugna con alguna norma constitucional, resultaría pertinente la aplicación del régimen general para la seguridad social vigente en la Provincia de Buenos Aires (Decreto Ley 9.650/80) cuyo art. 62 regula el plazo general a tenerse en cuenta en materia previsional, pero no al Código Civil como pretende el actor.
Por último dice que aún en la hipótesis más favorable al actor, es decir en caso de declararse la inconstitucionalidad de la norma, igualmente ha operado la prescripción total de las retroactividades reclamadas en la demanda.
En tal sentido, dice que la parte actora pretende que la demandada sea condenada ".al pago de los haberes devengados entre el 3/7/2013 al 3/7/2018.", pero que corresponde diferenciar el plazo de prescripción aplicable, tomando en consideración la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, puesto que algunos de los períodos en cuestión, en caso de desplazarse la disposición legal específica, quedarían alcanzados por esta norma. Así, expone que resulta indudable que los haberes reclamados con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento (es decir desde el 3/7/2013 hasta el 31/7/2015), aun en caso de estimarse aplicable el plazo quinquenal pretendido (conf. art. 4027 inc. 3 del Código Civil), se encuentran holgada y totalmente prescriptos, puesto que las diferencias retroactivas, recién han sido reclamadas con la promoción de este juicio en fecha 08/03/2021.
Por otra parte, y con relación ahora al reclamo de las diferencias devengadas desde el 1/8/2015 al 3/7/2018, dice que aún en la hipótesis más favorable al actor, resultaría aplicable el art. 2562 inc. c) del Código Civil y Comercial (de similar redacción que el anterior 4027 inc. 3), que establece que prescribe a los dos años el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos. Consecuentemente, refiere que sólo podrían reclamarse las diferencias devengadas a partir del 08/03/2019, las que ya han sido abonadas por su representada.
En otro punto, plantea la improcedencia de la actualización monetaria solicitada para el caso de que se haga lugar a la demanda. Así, refiere que la presente pretensión, no obstante la terminología utilizada, implica una solicitud de actualización que resulta a todas luces improcedente, toda vez que la Ley 23.928 -de desindexación y convertibilidad-, derogó todo tipo de actualización monetaria legal o convencional, y a la fecha se encuentra vigente en ese aspecto.
Finalmente, sostiene el planteo eventual de inaplicabilidad de los artículos 15 inciso d), 24, 54 incisos a) y b), Ley 14.967 formulado en ocasión de oponer las excepciones.
Luego de ello, ofrece prueba y peticiona.-
VIII. Habiendo quedado fijado en la audiencia de prueba, que la única prueba a los fines de resolver el planteo se trataba de las constancias del expediente administrativo ya agregado y no cuestionado, pasan en fecha 23/11/2022, los autos a despacho para alegar.-
IX. Vencido el plazo para alegar, habiendo hecho uso de dicha facultad la parte actora en fecha 1°/12/2022 16:45:15 hs. y la demandada en fecha 12/12/2022 a las 10:45:12 hs. (ver certificación de fecha 15/12/2022 ) se llama autos para sentencia con fecha 16/12/2022 y;
1. La pretensión del actor se dirige a que se declare la inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley 12.006, que establece que la "Pensión Honorifica de la Provincia de Buenos Aires en Reconocimiento de los Ex Combatientes del Conflicto Bélico Islas Malvinas" otorgada por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, comenzará a devengarse a partir del primer día del mes siguiente en que se dicte el acto administrativo que otorgue el beneficio, siendo el mismo retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de dos (2) años.
En caso de que dicha declaración de inconstitucionalidad sea procedente, solicita se reconozca que corresponde computarse -como límite para el pago de los mentados retroactivos- el plazo quinquenal previsto en el art. 4027 inc. 3) del Código Civil vigente al momento de peticionarse la pensión en sede administrativa.
Asimismo, y en caso de que lo consignado supra se resuelva favorablemente, corresponderá también el tratamiento de los restantes pedidos, los que se dirigen al reconocimiento del beneficio previsional como deuda de valor y si resulta viable la capitalización de intereses y la tasa de interés aplicable al monto de la condena.
Por su parte, la demandada alega que la decisión cuestionada resulta ajustada a derecho, diciendo que la normativa ha sido dictada por el Legislador Provincial en uso de facultades propias, no adoleciendo de vicio alguno que habilite la declaración de inconstitucionalidad.
En la especie, el acto administrativo mediante el cual se le otorgó al actor el derecho a la pensión -dictado en fecha 8/10/2018- dispuso en su artículo 2° "acordar a Daniel Eduardo Loto...en su carácter de ex Suboficial de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el beneficio de pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento a los ex Combatientes del Conflicto Bélico Islas Malvinas establecido por la Ley 12.006 y modificatorias, el que será devengado a partir del primer día del mes siguiente en que se dicte la presente Resolución, siendo el mismo retroactivo a la fecha de solicitud (29 de junio de 2018) debiéndose aplicar a los fines patrimoniales el tope temporal de dos años normando en el artículo 6° de la Ley 12.006" (ver expediente administrativo agregado en archivo digital adjunto al escrito electrónico de fecha 04/11/2021).
2. Que de conformidad con las postulaciones de las partes, la cuestión estriba en resolver primeramente, acerca de la eventual inconstitucionalidad de la norma cuestionada, esto es el art. 6 de la Ley 12006 y si en el caso corresponde aplicar -una vez invalidada dicha norma- el plazo quinquenal previsto en el art. 4027 inc. 3) del Código Civil vigente al momento de peticionarse la pensión en sede administrativa.
Para ingresar en su análisis, es del caso recordar que los jueces provinciales ejercen una doble función de control de constitucionalidad. La primera consiste en controlar las normas aplicables -nacionales, provinciales o locales-, para cotejar su validez con la Constitución Nacional; y la otra en fiscalizar las normas y actos locales, con la respectiva Constitución Provincial.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los jueces están facultados para ejercer este control indirecto o difuso de constitucionalidad, correspondiendo a la Suprema Corte de Justicia local decidir, finalmente, en instancia extraordinaria, por vía del recurso de inconstitucionalidad, si la disposición impugnada es o no contraria a la Constitución Provincial (arts. 57, 161 inc. 1º, Constitución Provincial; arts. 299 a 303 CPCC; art.3 CPCA).
3. Ahora bien, en cuanto al examen de constitucionalidad, la Suprema Corte Provincial ha trazado las líneas respecto de las exigencias a las que el mismo queda sometido.-
Reiteradamente, ha afirmado el Máximo Tribunal local que la declaración de inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado como la última "ratio" del orden jurídico. La atribución de decidir la inconstitucionalidad de preceptos legales sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable. (cfr.: SCBA, I 1494 S 23-12-1997, "López"; SCBA, I 1496 S 23-12-1997, "Caussanel"; SCBA, I 2169 S 3-12-2003, "Almirón"; SCBA, I 2223 S 4-6-2008, "Medipharma S.A."; SCBA, Ac 87787 S 15-3-2006, "Codarín", entre otras).-
Conforme estos lineamientos, para que un planteo de inconstitucionalidad sea procedente, se requiere que el interesado demuestre cabalmente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio, basándose en un sólido desarrollo argumental con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa (SCBA 109962, sent. Del 23/02/2011).
4. Que el art. 6 de la Ley 12.006 que aquí se tacha de inconstitucional, establece que "La pensión será otorgada por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, dicho beneficio comenzará a devengarse a partir del primer día del mes siguiente en que se dicte el respectivo acto administrativo, siendo el mismo retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de dos (2) años" (el subrayado es propio).
A respecto, el actor expone que tal norma resulta inconstitucional, en virtud de que colisiona con los artículos 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución de la Provincia, correlacionados con el art 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, máxime cuando los derechos que se debaten en la especie, cuentan -según refiere-en nuestra
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.