Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 32565
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción interpuesta, intimando al actor para que en el plazo de 90 días acredite el agotamiento de la vía administrativa bajo apercibimiento de desestimar la pretensión interpuesta. ( art. 35 inc "i" , art.36 inc. "c" CPCA)
Estos autos caratulados FERNANDEZ DE MONJARDIN LUIS FEDERICO C/ CAJA DE SEG. SOCIAL PARA ESCRIBANOS DE LA PCIA. DE BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION", expediente Nº 32565, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y de los que:
I. Que la actora inicia demanda, peticionando se revoque la Resolución N° 1607/11, dictada por el Directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de Buenos Aires, que dispone el rechazo a su solicitud de pensión, que le correspondía-según refiere-en atención a encontrarse bajo el cuidado de su madre, puesto que cuenta con una incapacidad del 100%.-
II. Que en fecha 14/11/2019 se presenta el Dr. Hernan Martin Gorza como letrado apoderado de la demandada, oponiendo excepción de inadmisibilidad de la pretensión.-
Centra su defensa formal en dos puntos. El primero es que la resolución nº 1607/2011 se encuentra firme y consentida por su falta de impugnación oportuna en sede administrativa, puesto que según dice, el actor no ha interpuesto el recurso de reconsideración previsto en el artículo 29 de la ley 6983 (la resolución nº 1607, según expresa, fue notificada al Sr Fernandez de Monjardín el 22 de diciembre de 2012).
Expresa que, conforme lo dispone la norma, la imperatividad contenida en la expresión legal "será recurrible", conlleva la obligatoria interposición del recurso previsto para que se encuentre habilitada la acción judicial, y que tal como lo dispone la última parte del citado artículo, exige la interposición del recurso para agotar la vía administrativa y dejar expedita la acción judicial .-
En consecuencia, dice que la ausencia de impugnación oportuna a través del recurso de reconsideración hace que no pueda considerarse a la Resolución del Comité Ejecutivo como el "acto administrativo final que causa estado", razón por la cual, para habilitar la instancia judicial, el actor debió interponer el recurso de revocatoria previsto en forma imperativa por la ley 6.983, a fin de que la autoridad jerárquicamente superior de la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Pcia. de Bs. As. (Consejo Directivo) emita el acto final que cause estado; todo lo que en el caso no ha ocurrido.-
Por otra parte y como segundo punto, aduce que, en el caso de entenderse que dicho acto (la resolución n° 1607/11) era el que agotaba la vía, la pretensión fue promovida luego de vencido ampliamente el plazo de caducidad señalado por el art. 18 del C.C.A..-
III. Corrido el traslado de la excepción opuesta, la actora responde a fs. 77.
IV. Que en atención al estado del trámite, a fs. 78 pasan los autos a despacho para resolver la excepción opuesta, y
I. Que de las actuaciones administrativas remitidas (expte. n° 000558-261/2011, agregadas a esta causa sin acumular) surgen las constancias útiles para la decisión de la causa:
a) Que a fs. 1/4 la actora solicitó el beneficio de pensión ante la Caja de Escribanos, en fecha 01/03/2011.-
b) Que dicho pedido fue denegado mediante Resolución Nº 1607 de fecha 29 de septiembre de 2011, emitida por el Comité Ejecutivo del Colegios de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.-
c) Que luego varios intentos fallidos de notificar sendas cartas documento, mediante la resolución de fs. 46, de fecha 02 de mayo de 2012, la Asesoría Previsional, dispuso efectuar una nueva notificación fehaciente de la Resolución N° 1607/2011.-
d) Dicho acto notificatorio -glosado a fs. 47- fue recepcionado por un tercero, a fs. 49 (cuya firma al pie resulta ilegible) .-
e) A fs. 51, obra una nota remitida por Silvia/o Darre (no se comprende el nombre con claridad), mediante la cual manifiesta haber recepcionado la misiva, pero informa que el Sr. Luis Federico Fernández de Monjardin, no se domicilia en ese lugar desde hace mas de seis meses.
f) A fs. 56 obra carta documento remitida por quien dice ser hija del aquí actor, Srta. Maria M. Fernández de Monjardin, de fecha 05/11/2012, manifestando que su padre se encuentra internado desde hace seis meses por un cuadro agudo de psicopatía, en el Hospital Interzonal Domingo Cabred, de la localidad de Open Door.-
g) A fs. 57 obra carta documento remitida por la Caja a la Srta. Maria M. Fernández de Monjardin -hija del ahora actor-, donde le informan -entre otros puntos- que la resolución denegatoria n° 1607 se encuentra firme por no haber sido recurrida por la parte interesada.-
II. Que a los fines de analizar la defensa opuesta por la demandada, -esto es, si el acto se encuentra consentido por su falta de impugnación oportuna o si de entenderse que el acto era el que agotaba la vía, la pretensión fue promovida luego de vencido el plazo de caducidad señalado por el art. 18 del C.C.A..- entiendo que previamente, debe analizarse si aquel acto cuestionado fue debidamente notificado en sede administrativa.-
Y aquí es donde entiendo que, si bien con la recepción de la carta documento podría tenerse por notificada la resolución n° 1607/2011, lo cierto es que luego de aquella recepción, hubo dos circunstancias, una es la nota remitida manifestando que el Sr. Fernandez de Monjardín no vivía más allí y la otra, es la misiva remitida por la hija de aquel, que manifestaba que su padre se encontraba internado en Open Door, respecto de las cuales la Caja demandada no emitió pronunciamiento alguno en el curso subsiguiente de las actuaciones administrativas, haciendo silencio respecto de lo allí manifestado y disponiendo incluso, en la contestación a la Srta. Fernandez de Monjardín, "que la resolución se encontraba firme por no haber sido recurrida por la interesada", pero sin expedirse sobre las circunstancias fácticas expuestas en la nota y carta documento respectivamente.-
Todo lo relevado, me genera una duda razonable acerca de la efectiva notificación del acto impugnado al Sr. Fernandez de Monjardín. Y en la especie, cabe recordar lo afirmado por el Máximo Tribunal Provincial al expresar que "...debe rechazarse toda hermenéutica que limite el acceso y cierre el camino a la jurisdicción, por tratarse de una garantía que se erige en uno de los pilares básicos del estado de derecho (causas B. 55.392, "Rusconi", sent. del 4-VII-1995; B. 54.239, "González", sent. del 28-III-1995; B. 51.979, "Choix S.A.C.I.F.I.C.A." y B. 51.981, "Choix S.A.C.I. F.I.C.A.", ambas sents. 21-VI-2000; B. 63.264, "San Martín", res. del 6-IV-2005, entre otras). El principio in dubio pro actione o favor actionis se halla comprendido en la amplia regla de accesibilidad jurisdiccional que fluye del art. 15 de la Constitución de la Provincia (doctr. causas B. 57.700, "Montes de Oca", sent. del 10-IX-2003 y B. 58.720, "Di Santo", sent. del 14-IX-2005, entre otras)" (SCBA, causa B 65254, Yovovich, Narciso Angel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa, Sent. del 31-8-2007)-
Entonces, estando en juego la posibilidad de acceso a la justicia, deben preservarse los derechos del administrado, interpretando en su favor las dudas que hubiere al respecto (Cfme. SCBA, causa B5050160 "Fitipaldi", de 06/11/2019). Y máxime que en el caso, cuando los derechos aquí involucrados son de carácter previsional, de expresa tutela constitucional ( art. 39 inc. 3 Constitución Provincial).
III. Con lo precedentemente dispuesto, y en el entendimiento de que la resolución impugnada no ha sido debidamente notificada, y siendo que el examen de admisibilidad realizado en fecha 19/09/2019, no resulta definitivo, en razón que la excepción interpuesta por la autoridad accionada, habilita en la especie volver sobre lo allí resuelto, conforme la salvedad prevista en el art.31 inc.2º in fine del CPCA, se advierte, sin embargo, que la instancia administrativa no resulta agotada.
Ello así, por cuanto la Ley 6983, en su artículo 29, dispone que: "La tramitación de la... pensión se hará ante el Comité Ejecutivo. La resolución que éste adopte será recurrible por vía de reconsideración ante el Consejo Directivo dentro de los quince (15) días hábiles de la notificación y susceptible de acción contencioso-administrativa en la forma establecida por las leyes respectivas...." .
Entonces, nos encontramos que el interesado no ha recurrido la resolución dictada por el Comité Ejecutivo, ante la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final (art 14 inc 1º ap "a"), esto es, el Consejo Directivo de la demandada.-
Es por ello que, siendo que la pretensión incoada se encuentra incluída dentro de los supuestos en que resulta necesario el agotamiento de la vía administrativa como requisito de admisibilidad de la pretensión procesal ( art. 29 Ley 6983, art. 14 inc. 1 ap "a") , y en el entendimiento de que con el inicio de la demanda, el actor ha quedado formalmente notificado de la resolución que viene a impugnar, corresponde intimar al actor, para que en el plazo de 90 días acredite el agotamiento de la vía administrativa bajo apercibimiento de desestimar la pretensión interpuesta.-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprundencia citada y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 34, 35 inc.1º "i", 77 inc.1º y cctes del C.P.C.A., art. 29 Ley 6983, y 161 del C.P.C.C.,
1. Hacer lugar a la excepción interpuesta, intimando al actor para que en el plazo de 90 días acredite el agotamiento de la vía administrativa bajo apercibimiento de desestimar la pretensión interpuesta. ( art. 35 inc "i" , art.36 inc. "c" CPCA)
REGISTRESE. NOTIFIQUESE
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia Interlocutoria registrada bajo el Nº....................2020.-
Fin de la sentencia