Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 43436
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de inadmisibilidad de la pretensión interpuesta por la Fiscalía de Estado, por las razones vertidas en el considerando 1).
Estos autos caratulados "TRIVIGNO MARIO EUGENIO C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION" Expte. Nº 43436, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y de los que:
1. Que mediante presentación electrónica de fecha 17 de noviembre de 2022, se presenta el Sr. Mario Eugenio Trivigno en su carácter de Veterano de Guerra de Malvinas y como beneficiario de la Pensión Honorífica que otorga la Provincia de Buenos Aires a quienes participaron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, con el patrocinio letrado del Dr. Marcos Miguel Masetti, entablando demanda contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y solicitando "... se declare la inconstitucionalidad de oficio del artículo 6º de la Ley 12006, texto según ley 13324, en cuanto estableció el límite para el pago de retroactivos, desde la fecha de inicio de la presentación de la solicitud del beneficio, hasta un máximo de dos años, solicitando se declare que corresponde computarse el plazo quinquenal contenido en el art. 4027 inc . 3) del Código Civil. Tomándose a los fines del cómputo del retroactivo, la fecha de inicio del reclamo administrativo, cinco años antes de la misma" [textual].
Y en ese sentido, peticiona que "... en su consecuencia, sea condenada la accionada al pago de los haberes devengados entre el 31/08/2005 al 01/07/2017, con más sus intereses, capitalización, costos y costas a la accionada" [textual].
De igual modo, requiere -en lo que al cómputo retroactivo respecta- la nulidad de la Resolución N° 355/13 otorgante del beneficio que resolviera el Expte. Adm. N°: 021557-167960-0-10-000.
Asimismo, solicita el reconocimiento al beneficio previsional del art. 5 bis de la Ley 12.006 como deuda de valor, por la naturaleza alimentaria e indemnizatoria hacia los veteranos de Malvinas, peticionando la aplicación de la capitalización de intereses que surge del art. 770 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación.
2. Que mediante presentación electrónica de fecha 01 de junio de 2023, procede a ampliar demanda.
3. Corrido el pertinente traslado, se presenta el Dr. Juan Francisco Lisciotto en su carácter de letrado apoderado de la Fiscalía de Estado (véase presentación electrónica de fecha 02 de agosto de 2023) oponiendo como de previo y especial pronunciamiento, las excepciones de inadmisibilidad de la pretensión, cosa juzgada y prescripción. A su vez, formula planteo de inaplicabilidad de los arts. 15, 24 y 54 de la Ley 14.967.-
En primer lugar, en cuanto a la excepción de inadmisiblidad de la pretensión, entiende que la misma se fundamenta en que, las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, evidencian que estamos frente a un acto administrativo que ha adquirido firmeza, atento no haber sido cuestionado judicialmente en término, conforme lo dispone el art. 18 del C.P.C.A..
En su consecuencia, la parte actora -dice- ha perdido el derecho a ejercer la pretensión anulatoria cuyo objeto es, la declaración de nulidad parcial de la Resolución N° 355/13.
En segundo lugar, refiere que la excepción de cosa juzgada resulta palmaria por pretender discutir cuestiones que ya han sido resueltas en un proceso anterior que tramitara por ante esta Dependencia Judicial ("TRIVIGNO MARIO EUGENIO C/ MINISTERIO DE ECONOMÍA - I.P.S. S/ PRETENSIÓN ANULATORIA - PREVISIÓN" Expte. N° 28472) que posee sentencia firme y en el que, el actor, ha percibido el crédito reconocido a su favor.
Ahonda diciendo que el accionante percibió las retroactividades reconocidas en la mencionada sentencia sin formular cuestionamiento alguno. Ello importa -arguye- que dicho decisorio "ha pasado en autoridad de cosa juzgada" [textual].
Para finalizar este tópico, y luego de pormenorizar las referidas actuaciones judiciales, entiende que surgen claras dos circunstancias. La primera de ellas, que la presente pretensión es idéntica a la ya promovida por el aquí accionante y que tramitara bajo el Expte. N° 24.472. La segunda, que la sentencia recaída en dichos actuados "sella definitivamente las posibilidades de reeditar el reclamo actoral" [sic]. Cita doctrina y jurisprudencia para fundamentar su postura.
En ese sentido, entiende corresponde hacer lugar a la excepción deducida y rechazar la demanda entablada en todos sus términos, con costas.
En tercer lugar, expone que aún en el supuesto que se hiciera lugar a la demanda, declarándose la inconstitucionalidad del plazo consagrado en el art. 6 de la Ley 12.006, opone desde ya la prescripción total de los efectos patrimoniales que podrían derivarse de dicha declaración.
En tal sentido, expresa "resulta indudable que aun en caso de estimarse aplicable el plazo quinquenal pretendido, las diferencias reclamadas que tengan su origen en la Resolución N° 355/13 que reconoció el beneficio de la Ley 12.006, se encuentran holgadamente prescriptas" [textual].
Y a tal conclusión arriba, por entender que las mismas recién han sido reclamadas con la promoción de este juicio con fecha 22 de noviembre de 2022. Consecuentemente -dice- sólo podrían reclamarse los haberes pensionarios devengados a partir del 22 de noviembre de 2017, los que ya han sido abonados por su representada.
En cuarto lugar, formula un eventual planteo de inaplicabilidad de los artículos 15, 24 y 54 inc. a) y b) de la Ley 14.967. Al efecto, realiza un pormenorizado análisis en base al cual -entiende- debería -en su oportunidad y en caso de corresponder- concederse su petición.
4. Que habiéndose conferido traslado de las excepciones opuestas -véase providencia de fecha 04 de agosto de 2023- con fecha 11 de agosto de 2023 la actora contesta el mismo.
Liminarmente, se expide en relación a la excepción de prescripción.
Principia por mencionar que remite a lo expuesto en el libelo inicial, oportunidad en la que contestara un eventual planteo de prescripción.
Manifiesta entonces que, recién a partir de la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley 12.006, nacería el derecho a la retroactividad, siendo a partir de ese instante cuando comenzaría a correr el plazo de la prescripción de los beneficios en la extensión peticionada computándose -como límite para el pago de retroactivos- el plazo quinquenal contenido en el articulo 4027 inc. 3 del Código Civil, desde la fecha del reclamo administrativo por el que se solicita el beneficio.
Seguidamente, y en cuanto a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión apunta que, el argumento principal de la pretensión versa sobre la inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley 12.006, lo que implica que la pretensión principalmente se encuentra incluida en el restablecimiento o reconocimiento de derechos previsto por el artículo 14 inciso 2 del C.C.A.
Afirma que dicha pretensión, no exige analizar la validez de ningún acto administrativo, puesto que resulta ser ajeno a su potestad administrativa el análisis constitucional de la norma. Cita jurisprudencia a fin de fundamentar su postura.
Sostiene a su vez, que por aplicación del artículo 166 quinto párrafo del C.P.B.A., el presente proceso se encuentra exento de agotar la vía administrativa e inaplicable al caso los plazos previstos en el artículo 18 del C.C.A.
5. Así las cosas, en fecha 14 de agosto de 2023, pasan los autos a despacho para resolver las excepciones opuestas y el restante planteo efectuado.-
1. Tras enunciar suscintamente los antecedentes del caso, la solución de esta contienda exige, en primer lugar, determinar en esta instancia procesal, la procedencia de la excepción de inadmisibilidad de la pretensión interpuesta por la Fiscalía de Estado.-
En tal sentido, he de recordar que, el examen de admisibilidad, comprende el análisis preliminar, acerca de la concurrencia de los requisitos formales y específicos, al momento de interposición de la demanda, sin que ello implique un análisis de la cuestión de fondo.
En ese orden, en el escenario que nos compete, teniendo en cuenta el acto en que se concede el beneficio -que en estas actuaciones el accionante pone en tela de juicio- se puede observar que la demanda fue deducida una vez vencido holgadamente, el plazo de noventa (90) días hábiles previsto en el art. 18 del C.P.C.A. a esos efectos, ante lo cual, estaríamos ante un supuesto de inadmisibilidad de la pretensión.
Ahora bien, visto lo resuelto por la Alzada en el Expte. N° 41402 caratulado "Loto Daniel Eduardo C/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires S/ Pretensión Restablecimiento o Reconoc. de Derechos" de este mismo Juzgado y atento a que éste resulta un asunto análogo, tal como ya se mencionó en el Resolutorio de fecha 29 de marzo de 2023 de los presentes autos y por las razones allí dadas, es que seguiré en el caso la doctrina emanada de la Cámara de Apelaciones del fuero de mi jurisdicción.
En ese sentido, recuerdo que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín dijo en esa oportunidad que ..."si bien el código ritual exige para la procedencia de la acción -en principio- el agotamiento de la vía administrativa (cfr. art. 14 del C.P.C.A.) y la interposición de la demanda en tiempo oportuno (art. 18 inc. d) del C.P.C.A.), lo cierto es que el pedido de declaración de inconstitucionalidad resultaba de improcedente tratamiento por parte del ente demandado, siendo ésta una función que se encuentra únicamente en cabeza de la judicatura y ajena a las potestades del poder administrador ....".
En el caso en cuestión -como ya se anticipó- si bien el actor solicita la anulación de la Resolución recaída en el marco del Expediente Administrativo N°: 021557-167960-0-10-000, su principal argumento resulta ser la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley 12.006- lo que implicaría en el caso -siguiendo la doctrina fijada por la Alzada- que la demandabilidad no se encuentra atada al plazo de caducidad previsto por el art. 18 del Código de rito.
Por todo lo expuesto, considero que las presentes actuaciones pretenden el reconocimiento de un derecho, lo que motiva que se encuentre habilitada la demandabilidad directa y, a consecuencia de ello, la instancia judicial.
2. Con relación a la excepción de cosa juzgada, resulta menester señalar que la misma no ha merecido conteste por parte de la actora, pese a haberse dispuesto el traslado de la misma.
Ahora bien, sin perjuicio de ello, corresponde abordar el planteo esgrimido a los fines de determinar en esta instancia procesal, la procedencia de la excepción interpuesta por la Fiscalía de Estado.
En ese camino, reparo en que la cosa juzgada puede definirse en general "como la inmutabilidad o irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia definitiva cuando contra ella no procede ningún recurso (ordinario o extraordinario) susceptible de modificarla, o ha sido consentida por las partes" (Palacio, Lino E. Derecho Procesal Civil, Tomo V, Actos Procesales. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1975).
Sobre el punto, debe tenerse presente que la institución de la cosa juzgada guarda estrecha relación con las garantías constitucionales reconocidas por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, al impedir renovación de alegaciones apoyadas en los mismos hechos que fueron objeto de un proceso anterior, para resguardar la seguridad jurídica y evitar la reedición de debates sobre cuestiones ya decididas.
Para que sea procedente la excepción de cosa juzgada, el examen integral de las dos contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que, por existir conexión, continencia, accesoriedad o subsidiaridad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve. A fin de verificar la concurrencia de tales presupuestos cabe recurrir a las reglas de la identificación de las acciones o pretensiones ("Fazio Maria Laura C/ Rulli Gladys Dima Y Otros S/Medidas Cautelares (Traba/Levantamiento), Juz.Cont. N°1 La Plata; -Base JUBA B5060479-).
2.1. En el caso de autos, la demandada plantea la excepción de cosa juzgada, alegando la existencia de un juicio que tramitó por ante este mismo Órgano, en el que dice se efectúo un planteo de similar tenor, el que fuera resuelto mediante sentencia dictada el día 23 de mayo de 2019 y que, en atención a ello, lo que el actor reclama en las presentes actuaciones resulta ser una cuestión ya debatida, con una decisión judicial firme y por la cual, el accionante, percibió las retroactividades reconocidas en aquel resolutorio. A tales efectos, corresponde verificar si se encuentran acreditados los extremos necesarios para hacer lugar al planteo introducido por la demandada.
Al respecto y conforme surge de la sentencia recaída en autos caratulados: "TRIVIGNO MARIO EUGENIO C/ MINISTERIO DE ECONOMÍA - I.P.S. S/ PRETENSIÓN ANULATORIA - PREVISIÓN" Expte. N° 28472 que tramitaran por ante este mismo Juzgado y que en este acto tengo a mi vista, el accionante pretendió obtener la nulidad de las Resoluciones 11.321 N° 332 del 10 de abril de 2017 y su antecedente, Res. 11.321 N° 1410 del 06 de noviembre de 2014 dictadas en el marco del Expte. Adm. N° 21557-167960/10, mediante las cuales le fuera revocado el beneficio de pensión que, en su momento, a través de la Res. 11.321 N° 355 del 05 de agosto de 2013 le había sido otorgada, por cuanto se consideró que con anterioridad al conflicto bélico, quien peticionaba no registraba domicilio en la Provincia de Buenos Aires, sino que lo tenía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consecuentemente, requirió nuevamente el otorgamiento de la mentada pensión con más la liquidación correspondiente por los períodos en las que dejara de percibir aquella.
Que mediante la aludida sentencia, dispuse hacer lugar a los requerimientos efectuados "... reconociendo plenos efectos a la Res. 11.321 N° 355 dictada el 5 de agosto de 2013, que reconoce al actor el beneficio de Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la Ley N° 12.006" ordenando a la accionada a practicar liquidación, en los siguientes términos: "al importe que en concepto de pensión adeudada corresponda abonarle al accionante de conformidad con lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 12.006, deberá adicionársele el correspondiente a los intereses, que se calcularán desde la fecha en que dicho beneficio debe comenzar a devengarse, de conformidad a lo resuelto en el art. 1° de la Res. 11.321 N° 355 dictada con fecha 05 de agosto de 2013 y hasta su efectivo pago, los que han de liquidarse según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (tasa pasiva digital) vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa desde la fecha fijada..." [textual].
Por su parte, la presente contienda, tiene por objeto "...la inconstitucionalidad de oficio del artículo 6º de la Ley 12006, texto según ley 13324, en cuanto estableció el límite para el pago de retroactivos, desde la fecha de inicio de la presentación de la solicitud del beneficio, hasta un máximo de dos años, solicitando se declare que corresponde computarse el plazo quinquenal contenido en el art. 4027 inc . 3) del Código Civil. Tomándose a los fines del cómputo del retroactivo, la fecha de inicio del reclamo administrativo, cinco años antes de la misma" [textual].
2.2. Que del análisis de ambas contiendas, advierto que la sentencia dictada en el proceso que tramitara por ante este mismo Juzgado no reviste autoridad de cosa juzgada respecto de la cuestión que aquí se debate.
En primer lugar, la pretendida declaración de inconstitucionalidad del art. 6° de la Ley 12.006 que aquí se reclama, no ha sido planteada, discutida ni resuelta en el primero de los pleitos.
Nótese que, aquél proceso, versó únicamente en rededor a la anulación de dos resoluciones (11.321 N° 332 dictada el día 10 de abril de 2017 y su antecedente 11.321 N° 1410 fechada 06 de noviembre de 2014) que revocaron -en su oportunidad- al peticionante del beneficio denominado "Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires" que, con anterioridad a aquellas, y mediante resolución N° 11.321 N° 355 de fecha 5 de agosto de 2013, le había sido concedido.
A su vez, resulta menester señalar que, en dicho juicio, sólo se discutió el reconocimiento del derecho al beneficio aludido, como consecuencia del cuestionamiento formulado en su momento por el Fiscal de Estado, en cuanto al domicilio registrado por el peticionante con anterioridad al conflicto bélico y que diera lugar al dictado de las resoluciones mencionadas en el párrafo que antecede; sin debatirse, siquiera en grado mínimo, los conceptos traídos al presente litigio.
Así las cosas, sin ánimo de ser reiterativo pero las circunstancias del caso lo requieren, insisto en que los derechos que aquí se enarbolan, resultan ser los indicados en el punto 3.2) del escrito inicial; estos son: "peticionamos (...) derechos adquiridos a tenor del art. 4027 del Código Civil inc. 3 (vigente al momento del reclamo), conforme art. 14 bis, 16, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y 11. 39 inc. 3, 36 inc. 10 de la Constitución Provincial" [textual].
De allí se desprende que los objetos de las pretensiones resultan distintos -aún cuando el origen verse en torno a idéntico beneficio pensionario- pues difieren los extremos fácticos y jurídicos sobre la cual se basamentan sendas pretensiones.
Por lo demás, y en cuanto al contenido económico de sendos pleitos, sin perjuicio de alegar el Fisco accionado, que las retroactividades reclamadas fueron resueltas en la sentencia recaída en aquellos actuados, cierto es, que los períodos comprendidos en la liquidación que allí fuera practicada, comprendió aquellos dejados de percibir desde que el beneficio le fuera revocado y nada tuvieron que ver con los períodos cuya extensión aquí pretende.
Destaco además, que ante cualquier duda en este sentido, ha de estarse al principio general del derecho de prevalencia de interpretación más favorable en lo que atañe al derecho de la seguridad social como, asimismo, lo estatuido en materia de derechos y garantías constitucionales que versan en torno a los Veteranos de Guerra de Malvinas (cfme. arts. 36 inc. 10 y 39 inc. 3 Const. Prov.).
Conforme lo expuesto y del examen del asunto dentro de las reglas de la lógica, entiendo que la litis planteada no ha sido objeto de una anterior decisión, que obstaculice la prosecución de la presente causa. Y así lo sostengo, puesto que, en lo sustancial, se revela como una cuestión independiente que puede ser resuelta sin alterar la seguridad jurídica de la sentencia ya dictada y los principios constitucionales que la sustentan.
3. En otro orden, y en lo que respecta a la excepción de prescripción opuesta, atento resultar ser un tema supeditado a la decisión que se adopte respecto de la cuestión de fondo, corresponde diferir el tratamiento de la misma hasta la oportunidad de dictarse sentencia definitiva.-
4. Por último, y en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte demandada, respecto de los arts. 15 inc. d), 24 y 54 incs. a) y b) de la Ley 14.967, atento resultar un tema sujeto al modo en que se resuelvan los accesorios en la sentencia definitiva, corresponde diferir el análisis del mismo para su oportunidad (cfme. art. 49 CPCA)
POR ELLO, en mérito de las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 34, 35 inc. 1° ap. "e" "i", 77 inc. 1° y cctes. del CPCA, art. 161 y cctes. del CPCC y art. 163 de la Constitución Provincial;
1. Rechazar la excepción de inadmisibilidad de la pretensión interpuesta por la Fiscalía de Estado, por las razones vertidas en el considerando 1).
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