Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 46059
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la medida solicitada, ordenando cautelarmente, suspender la aplicación del artículo 41 de la Ley n° 15.008 con relación al actor y -en consecuencia-, tomando como base de cálculo de los haberes con movilidad el cien por ciento (100%) de la cuantía de la prestación previsional por todo concepto que hubiera correspondido por aplicación de la Ley n° 13.364 de no haberse dictado la Ley n° 15.008, la Caja deberá liquidar provisionalmente al actor, los porcentajes incrementales en función de la edad con la progresión y según los períodos asignados conforme el detalle efectuado en el punto II de la parte dispositiva del resolutorio contenido en la citada causa SCBA I 75.132 "Asociación Bancaria c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 15.008" de fecha 14/3/2023 .
Ofíciese a tal fin, al domicilio electrónico que la demandada posee en el RDE, ello previa caución juratoria, que deberá prestar la accionante, debiendo ser remitida en los términos del art. 5° del Anexo Único del Ac. 4039 SCBA.
2No mediando expresa oposición de la contraparte, impongo las costas por su orden (art.51 inc. 1° ult. parte CPCA Texto según ley 14437).-
AUTOS
Estos autos caratulados "MANZI JULIO CESAR C/ CAJA DE JUBILACIONES SUBSIDIOS Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION" EXPTE Nº 46059, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y de los que
I. Con fecha 23/12/2023 se presenta el Dr. Alberto Vicente Grinceri, en su carácter de apoderado del Sr. Julio Cesar Manzi, promoviendo acción contra la Caja de Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, solicitando se dicte sentencia reconociendo el derecho a percibir la movilidad jubilatoria conforme la variación del salario del personal activo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, tal lo establecido en el régimen previo a la entrada en vigencia de la ley 15.008, respecto de la que solicita la inconstitucionalidad de los artículos 11 inc. j); 38; 39; 41, 42 y 57 de la Ley Nº 15.008.-
Asimismo solicita, se le abonen íntegra y retroactivamente los importes que resultaren de las diferencias devengadas y no abonadas correspondientes a la movilidad adquirida con la resolución que le otorgara el beneficio previsional, modificada por la ley 15.008.
Expone los antecedentes de hecho y de derecho que dan fundamento a su petición.
En ese marco, peticiona como medida cautelar, la suspensión de la aplicación del mecanismo de movilidad establecido en la ley 15.008 y se ordene abonar la movilidad anterior con retroactividad al 01/09/2018, de acuerdo a lo previsto por el art. 57 de la ley 13.364.
II. Con fecha 28/12/2023 se ordena que la demandada -dentro del plazo de cinco (5) días- remita un informe acerca de los antecedentes y fundamentos de la cautelar peticionada, siendo notificada la cedula respectiva, en fecha 02/02/2024, sin que a la fecha obre respuesta alguna a dicha requisitoria.
III. Con fecha 16/02/2024, la actora solicita que habiendo vencido el plazo otorgado para que la demandada expida el informe requerido, sin que el mismo haya sido acompañado, por lo que en fecha 21/02/2024 pasan los autos para resolver y;
1. Que en autos se solicita una medida cautelar tendiente a lograr la suspensión de los efectos -con relación a la accionante- de la aplicación del mecanismo de movilidad establecido en el art. 41 de la Ley Nº 15.008 para la determinación de sus respectivas prestaciones previsionales, y se continúe con el calculo de movilidad conforme lo previsto por el art. 57 de la ley 13.364 (texto según ley 13.873).
2. Que el régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo, señala los requisitos que el peticionante deberá cumplimentar para la obtención de la medida cautelar peticionada, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) la existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art. 22 CPCA).
3. Que en estos casos donde se encuentra comprometida una norma legal, los requisitos de procedencia deben analizarse en forma mas estricta, por la presunción de legitimidad propia de la que gozan. Tan es así, que el propio Superior Tribunal Provincial ha expuesto sus lineamientos al decir: "...Este Tribunal ha resuelto reiteradamente que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causas B. 31.703 "Piérola" y sus citas en "Acuerdos y Sentencias", serie 20ª, t.
VI, p. 390; I. 1520, "Peltzer", res. de 28-V-1991; I. 3024 "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", res. de 8-VII-2003; B. 67.594 "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", res. de 5-III-2008; I 71.446 "Fundación Biosfera", res. de 24-V-2011; I 72.269 "Coordinación Ecológica", res. de 6-XI-2012, entre otras; CSJN Fallos: 195:383 y 210:48). Con todo, también se han acogido solicitudes suspensivas en casos en los que el cumplimiento de la norma controvertida puede generar un perjuicio grave para el derecho invocado; cuando, en los hechos, la ejecución de la disposición implica la solución anticipada del pleito o es posible prever que un sinnúmero de actos han de tornarse inválidos ante la declaración de inconstitucionalidad de la norma bajo cuyo amparo fueron dictados y, en numerosas ocasiones, cuando la norma impugnada en un caso concreto ya ha sido declarada inconstitucional ("Acuerdos y Sentencias", serie 4ª, t.
IV, p. 374; serie 6ª, t. XII, pp. 384 y 490; serie 13ª, t. VIII, p. 246; serie 18ª, t. V, p. 296; serie 20ª, t. VI, p. 390; e I. 3521,"Bravo", res. de 9-X-2.003, y sus citas; I. 68.183 "Del Potro", res. de 4-V-2005; (causas I. 1531 "Alet Laboratorios", res del 6-X-92; I. 1584 "Boehringer", res. del 4-V-93; I. 2380 "Moledo", res. del 4-XI-02; I. 3064 "Rosende", res. del 23-IV-03; I 68.848, "Bardach"; I. 69.045 "Larumbe", res. del 21-II-2007 e I 73.256, "Canseco", res. del 13-VIII-2014, entre otras). Ello, en el entendimiento de que si bien las normas legales o reglamentarias, gozan de una presunción de validez o constitucionalidad (doctr. causa I. 3521, cit.), la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud (art. 230 inc. 1°, CPCC; cfr.
CSJN Fallos 314:711); pues requerir un juicio definitivo no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doct. causa I 73.106 "Nápoli", res. de 28-X-2015 y sus citas)...(SCBA, Macchi, I-75111, ente otras)".
4. Ahora bien, respecto a uno de los requisitos exigidos por la ley adjetiva -fumus boni iure-, he de advertir que, en relación al tema de la movilidad del régimen previsional de la ley 15008, la cuestión ha sido resuelta por el Superior Tribunal Provincial haciendo lugar a los planteos cautelares -autos "Asociación Bancaria de Buenos Aires s/ Inconst. Ley 15.008" RSI del 14/03/2023-, suspendiendo la aplicación de la norma cuestionada (art.41 de la ley15.008) al considerar que: "Esta Corte ha decidido otorgar tutela cautelar a un jubilado del sistema, en un no muy distante caso individual: causa I. 75.223, "Tripicchio" (resol. de 31-VIII-2021). En ese pronunciamiento delineó los criterios rectores concernientes a la validez constitucional prima facie de diversos preceptos de la ley 15.008. Recordó que, en materia de seguridad social, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es particularmente sensible al resguardo de los derechos del sector pasivo, precisamente por tratarse de un grupo vulnerable. De allí que con sus decisiones procura hacer efectiva la protección que la Constitución nacional garantiza a la ancianidad (considerando 21 del precedente "García", CSJN Fallos: 342:411 y sus citas [art. 75, inc. 23, Const. nac.; Fallos: 328:566, 1602; 329:3089; 332:1914; 337:1564; 341:1924, e.o.]). Ello en un todo conteste con diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en el caso (Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 26; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 9.1.; Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos, 45ta. Asamblea General de la OEA, 15 de junio de 2015; ley 27.360, arts. 3, apdo. 1; 4 incs. "c" y "d" y 17)."
Continúa señalando la SCBA en lo que respecta al régimen de la movilidad jubilatoria establecido en la ley 15.008 que, "El art. 41 de la normativa impugnada es el centro de los agravios y la clave a desentrañar en esta fase cautelar del proceso. Este enunciado remite al mecanismo previsto en la legislación vigente en el orden nacional para la actualización de los haberes y lo hace prescribiendo lo siguiente: "Los haberes de las prestaciones indicadas serán móviles y se actualizarán conforme la variación del índice de movilidad establecido en la Ley Nacional 26.417, y sus modificatorias, que se aplica a las prestaciones del Régimen Previsional Público, con la periodicidad que determina dicha norma. El régimen de movilidad precedente será de aplicación a los actuales beneficiarios a partir de la vigencia de la presente ley"; agregando a ello el Alto Tribunal que: "Interpretado en su literalidad, el precepto parece no limitarse a incorporar al derecho local un esquema determinado de actualización previsional (establecido de manera previa, con delimitación de contenido y alcance) sino, a la par, brinda de antemano una autorización ilimitada en relación con los que lo reemplazaren. Vendría a establecer una permisión abierta e indeterminada, desprovista de límite material o temporal alguno; una franquicia en blanco a favor de cualquier dispositivo ulterior sobre el punto emanado de una autoridad extraña a la Provincia.... A primera vista considerada, la remisión legal no se avendría con el ordenamiento constitucional (arg. arts. 3, primer y segundo párr., y 45, Const. prov.; doctr. causas L. 121.939, "Marchetti", sent. de 13-V-2020; I. 75.223, "Tripicchio", resol. de 31-VIII-2021)".
Así del Fallo bajo análisis se observa que la SCBA, pone especial énfasis al resaltar que, "...ese diseño legislativo -con reenvío genérico, indeterminado y maleable por un poder ajeno a la Provincia- no parecería encontrar justificación plausible en un ámbito que compromete derechos fundamentales preferentes y en el que, por implicancia, es menester priorizar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la no regresividad (arts. 14 bis, Const. nac.; 39 inc. 3, Const. prov.). En suma, desde la vigencia de la ley 15.008 hasta la actualidad, la movilidad de los agentes pasivos del Banco de la Provincia de Buenos Aires -que ya no se calcula de acuerdo a variables propias de la remuneración relativa al cargo base- ha quedado librada a los avatares de un sistema previsional extraño, que en los hechos ha probado ser inestable o azaroso, proyectando impactos negativos que mellan la legítima situación subjetiva de quien accediera válidamente al goce de un ingreso proporcional y sustitutivo en comparación con lo que sería el haber en actividad (conf. doctr. causa I. 68.019, "Rossi", sent. de 14-IX-2011 y sus citas). Lo que, de resultas de una lectura preliminar del citado art. 41 en su faz estática y a los fines de una protección preventiva, pudo haber sido no tan concluyentemente ofensivo para los derechos de los pasivos, al cobrar dinamismo sus efectos y dada su implementación por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ha pasado a ser fuente verosímil de regresividad....Al mes de diciembre de 2022, la reducción derivada del cotejo efectuado entre el haber que hubiera percibido el jubilado del sistema en cuestión de no aplicarse el régimen de movilidad habilitado en el art. 41 de la ley, y aquel que efectivamente la Caja ha reconocido y abonado ronda el 30%...".
Concluyendo así en que "Los elementos de juicio expuestos tornan necesaria la adopción de una cautelar apropiada a la índole del asunto, sin que ello afecte el interés público comprometido.".
Adelanto en esta instancia que, si bien no pasa inadvertido para el suscripto que dicho precedente, fue resuelto en un caso disímil al actual, ya que el beneficio jubilatorio había sido acordado en forma previa a la vigencia de la ley 15008 cuestionada; lo cierto es que conforme se ha ido detallando, puede y debe hacerse extensible a quienes -como el actor- se jubilaron bajo el régimen de la Ley n° 15.008, precisamente porque la reseña efectuada en tal proceso colectivo da cuenta del reconocido carácter regresivo y conculcatorio respecto de los derechos de los jubilados y pensionados del Banco Provincia.
5. En esta directríz el Alto Tribunal Provincial ha sentenciado en favor de la procedencia de la cautelar reclamada, en los siguientes términos: "En suma: entre otros reparos de que es objeto en estos litigios la ley 15.008, el gravamen que verosímilmente su aplicación provoca tiene como epicentro el cambio adverso en el régimen de movilidad de los haberes. Las constancias de la causa, examinadas en fase y desde la mirada cautelar en principio denotan que el art. 41 de aquella ley habría contribuido a desarticular las bases que deben estructurar, como garantía a los jubilados y pensionados, la evolución de sus haberes.
Como telón de fondo refulge la gravedad de un menoscabo prima facie configurado a los derechos de un considerable grupo de personas a quienes el tiempo apremia con perturbadora densidad. En el expediente no escasean los elementos de juicio en tal sentido. Los hay en abundancia; y permiten tener por reunidos los presupuestos relativos a la apariencia de buen derecho, al peligro en la demora y, complementariamente, a la no afectación grave al interés público.
Por ende, con el alcance precisado en la parte dispositiva, procede acoger parcialmente las peticiones cautelares formuladas y expedir unos mandatos puntuales (así, la suspensión del cuestionado art. 41, de consuno con otras medidas suspensivas y prestacionales prudencialmente discernidas para asegurar de forma provisional el objeto de la sentencia de mérito a dictarse; arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 230, 232 y concs., CPCC) y evitar perjuicios de difícil reparación ulterior".
Entendiendo el suscripto que, tal claridad expositiva, no requiere mayores fundamentos, acogiendo en un todo lo allí resuelto y los argumentos esgrimidos, los que hago propios, es que entiendo, corresponde hacer lugar en estas actuaciones a la medida cautelar reclamada.
Todo ello, sin que lo expuesto signifique juicio definitivo sobre el mérito del asunto.-
6. Dado el beneficio de litigar sin gastos que, para este tipo de petición ostenta la peticionante, deberá prestar caución juratoria para responder por las costas y daños y perjuicios que la medida pudiera ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (art.24 del CPCA).-
Por lo fundamentos expuestos y las normas citadas;
1. Hacer lugar a la medida solicitada, ordenando cautelarmente, suspender la aplicación del artículo 41 de la Ley n° 15.008 con relación al actor y -en consecuencia-, tomando como base de cálculo de los haberes con movilidad el cien por ciento (100%) de la cuantía de la prestación previsional por todo concepto que hubiera correspondido por aplicación de la Ley n° 13.364 de no haberse dictado la Ley n° 15.008, la Caja deberá liquidar provisionalmente al actor, los porcentajes incrementales en función de la edad con la progresión y según los períodos asignados conforme el detalle efectuado en el punto II de la parte dispositiva del resolutorio contenido en la citada causa SCBA I 75.132 "Asociación Bancaria c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 15.008" de fecha 14/3/2023 .
Ofíciese a tal fin, al domicilio electrónico que la demandada posee en el RDE, ello previa caución juratoria, que deberá prestar la accionante, debiendo ser remitida en los términos del art. 5° del Anexo Único del Ac. 4039 SCBA.
2. No mediando expresa oposición de la contraparte, impongo las costas por su orden (art.51 inc. 1° ult. parte CPCA Texto según ley 14437).-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-
Fin de la sentencia