Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79135 p
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, se revoca la resolución impugnada y se declara formalmente inadmisible la demanda promovida (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (arts. 51 inc. 2, ley 13.101 —texto según ley 14.437— y 274, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la parte actora vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—, 68 primer párrafo y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.135, "Paredes, Lucas Gastón c/ Provincia de Buenos Aires-Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Restablecimiento o Reconoc. de Derechos-Previsión. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmó la resolución de primera instancia que desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la Fiscalía de Estado (v. resol. de 16-VIII-2023).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 5-IV-2023), el que fue denegado por la Cámara actuante (v. resol. de 30-XI-2023), lo que motivó la interposición de la queja pertinente (v. presentación electrónica de 26-XII-2023).
Admitida por este Tribunal, se dispuso el llamamiento de autos para resolver (v. resol. de 11-IX-2025).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor Lucas Gastón Paredes promovió pretensión de reconocimiento de derechos contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se reconozca su derecho a percibir el subsidio dispuesto por el art. 47 de la ley 13.982, a valor actual, con más intereses.
I.1. En lo que aquí concierne, corrido el traslado de ley, se presentó la Fiscalía de Estado y opuso excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión, por haberse promovido la demanda una vez vencido el plazo de noventa días previsto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
Expuso que el subsidio pretendido por el señor Paredes fue denegado a través de la resolución 2.020-1015-GDEBA-MSGP de fecha 18 de septiembre de 2020, la que le fue íntegramente notificada el día 13 de enero de 2021, mediante cédula firmada por puño y letra del actor; advirtiendo que a la fecha de inicio de esta acción (el 5-VII-2021) el plazo de noventa días para demandar se encontraba vencido.
Precisó que el presente proceso deriva de un procedimiento administrativo previo, por lo que cualquier disconformidad del reclamante con lo decidido en ese trámite debió haberse hecho valer dentro de los tiempos previstos por la legislación al efecto, ello así bajo pena de adquirir firmeza la decisión implicada a raíz de la caducidad de la acción impugnatoria disponible a ese respecto.
I.2. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la demandada y ordenó reanudar los plazos para contestar la demanda (v. resol. de 25-XI-2021).
Consideró que, conforme los términos de la postulación —en la cual el actor procuraba el reconocimiento de un derecho vinculado con la seguridad social— y ponderando los principios constitucionales en juego, condicionar el acceso a la justicia al inicio de la acción dentro del plazo perentorio de noventa días constituía un excesivo rigor formal.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó la resolución recurrida (v. resol. de 16-III-2023).
Para así decidir, compartió con la jueza de grado el argumento de que el presente proceso no tiene por objeto la nulidad de la resolución 2.020-1015-GDEBA-MSGP, sino que se inició a los fines de solicitar se le reconozca el derecho (conf. art. 12 inc. 2, ley 12.008) a percibir el subsidio establecido en el art. 47 de la ley 13.982, puesto que habiendo sido herido en acto de servicio e imputado dichas lesiones al mismo acto, es que se le dio el retiro por incapacidad física.
Destacó que el agotamiento de la vía administrativa como presupuesto de admisibilidad de la pretensión procesal, no conforma una regla general en el actual sistema de justicia administrativa de la Provincia de Buenos Aires, como ocurriera antes de la reforma constitucional del año 1994.
Agregó que, entre los postulados que lo informan, se destaca aquel que supera la concepción meramente revisora —centrada en un juicio al acto— para garantizar la plena justiciabilidad de las actuaciones y omisiones derivadas del ejercicio de la función administrativa.
Afirmó que tal premisa, frente a la duda acerca del cumplimiento de las formalidades de admisibilidad en una materia especialmente tutelada, brindaba sustento a la solución adoptada en la instancia de grado.
En esos términos rechazó el recurso de apelación incoado por la demandada.
III. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 5-IV-2023).
Invoca violación de los arts. 14, 18 y 35 del Código Contencioso Administrativo; 15 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional. Dice que se trata de un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público.
Finalmente, denuncia violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte que cita.
III.1. En el primer tramo del recurso, alega la violación de los arts. 14, 18 y 35 del Código Contencioso Administrativo.
Se agravia por la inobservancia de las reglas allí contenidas, que establecen los supuestos de admisibilidad de la acción y el término de caducidad de noventa días —hábiles judiciales— para la promoción de la pretensión contencioso administrativa, contados desde la notificación del acto.
Sobre esa base, critica lo resuelto por el Tribunal de Alzada en cuanto habilitó la instancia judicial priorizando el reconocimiento del subsidio, pero sin atender a que el acto administrativo previo que lo rechazó debió ser en su momento anulado, lo cual ya no se podía en función de la expiración de aquel plazo.
Advierte que, al resolver de ese modo, la a quo ignoró injustificadamente tal límite procesal, permitiendo reabrir una cuestión ya precluida.
III.2. Por otra parte, sostiene que la Cámara violó la doctrina legal de esta Corte en la materia.
Para fundar su posición, tras citar distintos precedentes que reputa aplicables al caso, se explaya sobre lo resuelto en "Berison", de circunstancias fácticas que —dice— resultan ser análogas al presente y cuya doctrina sería aquí de plena aplicación.
Recuerda también que, en el pasado, este cuerpo avaló la constitucionalidad del art. 18 del Código Contencioso Administrativo, incluso sin distinguir la materia involucrada.
A partir de allí, critica la parcela de la sentencia puesta en crisis que invocó la naturaleza laboral o previsional del conflicto para eximir al actor del cumplimiento de dicho recaudo.
III.3. Por último efectúa consideraciones en torno a lo que, entiende, trata de una aplicación abusiva —a instancias de la Cámara— del principio in dubio pro actione .
Alega que, en el presente, siendo que la situación fáctica y la normativa aplicable eran claras al respecto, no se daría un supuesto de duda que habilite la aplicación del mentado principio.
Recuerda que se trata de normas expresas que ni siquiera fueron tachadas de inconstitucionales.
IV. El recurso prospera.
IV.1. El objeto de la presente demanda se limita, en lo esencial, a obtener mediante una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos el cobro del subsidio dispuesto por el art. 47 de la ley 13.982, a valor actual, con más intereses.
IV.2. Ahora bien, cabe señalar que dicho reclamo fue rechazado por la mencionada resolución 2.020-1015 dictada el día 18 de septiembre de 2020, que se erige como un acto administrativo formal emanado de la autoridad con competencia resolutoria definitiva, habiendo sido notificado al interesado el 13 de enero de 2021.
Frente a ello, el señor Paredes pudo interponer recurso de revocatoria —por cierto, potestativo en el sub lite —, o bien acudir directamente a la vía judicial mediante una pretensión de inexorable contenido anulatorio (conf. art. 14 inc. 1 apdo. "a", ley 12.008 —texto según ley 13.101—).
Sin embargo, nada de ello ocurrió, pues las constancias de autos exhiben que la demanda —portadora no de una pretensión impugnativa, sino de una de restablecimiento o reconocimiento de derechos— fue interpuesta recién el 5 de julio de 2021, esto es, transcurridos prácticamente seis meses desde que el acto le fuera notificado, el que había así adquirido firmeza.
En otras palabras, cualquiera sea el ropaje de la pretensión aquí entablada, al tener por fin el cobro del subsidio de referencia, ella debió conducir indefectiblemente a la revisión de la resolución 2.020-1015 que, reitero, no fue tempestivamente cuestionada.
IV.3. En este contexto, no debe perderse de vista que tal como ha resuelto invariablemente esta Suprema Corte, la expedición de actos administrativos definitivos, que operan per se la creación, alteración o extinción de situaciones jurídicas, motoriza cargas impugnativas que han de traducirse necesariamente en una pretensión de contenido anulatorio.
De este modo, si un acto formal adverso a los intereses del particular, emanado de la autoridad con competencia resolutoria final, no es tempestivamente controvertido (tal como aconteció en autos) la pretensión posterior lucirá una falencia estructural que conspira contra su admisibilidad (conf. causa A. 71.051, "Torres", sent. de 27-IV-2016).
En ese sentido, una cosa es postular —con apoyo en los principios de acceso a la jurisdicción y de demandabilidad directa (arts. 15 y 166 in fine , Const. prov.), así como en la lógica de la actual codificación que habilita la articulación de pretensiones de carácter no impugnativo (doctr. causa A. 70.396, "Franchetti", sent. de 19-X-2011)— que existen supuestos en los cuales no resulta necesario el tránsito previo por los canales administrativos para la configuración de un "caso" (doctr. causa B. 56.648, "Galeano Mañay", sent. de 27-V-2015); otra, bien diversa, es sostener que en el enjuiciamiento de una contienda que se presenta encabezada por un acto administrativo denegatorio del derecho invocado, pueda lisa y llanamente prescindirse de su existencia (conf. mi voto en la causa A. 71.051, cit.).
V. Despejada la cuestión anterior, advierto asimismo error de juzgamiento derivado del apartamiento de lo dispuesto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo y de la doctrina legal edificada sobre dicha norma.
V.1. Aquel precepto establece que las pretensiones "de anulación, la resarcitoria vinculada con aquélla, la de restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses tutelados y la de cese de una vía de hecho administrativa, deberán promoverse dentro del plazo perentorio de noventa (90) días, contados de la siguiente manera: a) Si se pretendiere la anulación de actos administrativos de alcance particular, desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa...".
Esta Corte ha señalado desde antiguo que el plazo establecido para demandar por acción contencioso administrativa es de caducidad y, por lo tanto, se ha definido como fatal, improrrogable e insusceptible de suspensión o interrupción (v. "Acuerdos y Sentencias", 1.967-I-775; 1.967-2-28; 1.968-152; 1.976-3-103; B. 50.038, "Joao", sent. de 10-VI-1997; B. 59.319, "Gutiérrez Mazzeo", sent. de 1-III-2006; A. 73.212, "Berison", sent. de 23-VIII-2017 y más recientemente en la causa A. 79.012, "Bueno", sent. de 30-XII-2025).
Asimismo, se ha considerado que tales regulaciones procesales son constitucionalmente válidas (doctr. causas B. 59.319, "Gutiérrez Mazzeo", sent. de 1-II-2006; B. 53.499, "L., R. P. y otro", sent. de 27-III-2008 y A. 69.495, "Bambill", sent. de 21-X-2009). Aspecto este que, de por cierto, en autos ni siquiera se halla controvertido.
V.2. La Corte ha resuelto además que el plazo para impugnar judicialmente el obrar administrativo se ha establecido de manera uniforme. Es decir, todas aquellas acciones interpuestas contra el Estado mediante la acción contencioso administrativa están sujetas al cumplimiento de este recaudo de admisibilidad, sin efectuar distinción alguna en orden al derecho material que se intenta proteger (doctr. causas B. 62.883, "Fiscal de Estado c/ Municipalidad de San Fernando", resol. de 21-XII-2011; A. 70.538, "Covisur", sent. de 4-VII-2012; A. 73.145, "Usuarios y Consumidores Unidos", sent. de 18-X-2017; A. 74.081, "First Data Cono Sur SRL", sent. de 6-XI-2019 y A. 79.012, cit.).
V.3. Tampoco se presentaba aquí un escenario dudoso, donde el principio pro actione hubiese servido —a todo evento— para dirimir la incertidumbre acerca del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda (doctr. causa A. 73.212, cit.).
VI. En el sub examine , ninguna de las razones invocadas por la Cámara servía para sortear el valladar de la admisibilidad, en tanto no resultaron fundamentaciones adecuadas para conmover —sin previa descalificación— las claras reglas procesales que establece el Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, con sus reformas).
Por ende, siendo que la resolución 2.020-1015 fue notificada al actor el día 13 de enero de 2021, la demanda promovida recién el 5 de julio de 2021 resulta extemporánea.
VII. Finalmente, cabe recordar que la limitación temporal establecida por el legislador para demandar en el proceso contencioso administrativo se funda en el propósito de dar estabilidad al acto administrativo, impidiendo que queden expuestos a la eventualidad de revocación o anulación por tiempo indefinido (doctr. causas A. 69.495 y A. 79.012, cits.), ayudando a preservar así el principio de separación de poderes (CSJN Fallos: 316:2454).
VIII. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario, revocar el pronunciamiento atacado y declarar formalmente inadmisible la demanda promovida (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (arts. 51 inc. 2, ley 13.101 —texto según ley 14.437— y 274, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la parte actora vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—, 68 primer párrafo y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del colega que inicia el acuerdo, conforme las consideraciones que efectué al dar mi voto en la causa A. 79.692, "Recalde".
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, se revoca la resolución impugnada y se declara formalmente inadmisible la demanda promovida (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (arts. 51 inc. 2, ley 13.101 —texto según ley 14.437— y 274, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la parte actora vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—, 68 primer párrafo y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2026 08:37:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:34:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 12:42:53 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 11:23:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 12:19:33 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/05/2026 12:38:38 hs. bajo el número RS-46-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia