Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78698 p
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.698, "Pucineri, María Vanesa c/ Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Restablecimiento o Reconoc. de Derechos. Previsión", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmó la resolución de primera instancia que desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la Fiscalía de Estado (v. resol. de 27-IX-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, esta última interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 19-X-2022), el que fue denegado (v. resol. de 30-III-2023), lo que motivó la interposición de la queja pertinente (v. presentación electrónica de 14-IV-2023).
Admitida por este Tribunal, se dispuso el llamamiento de autos para resolver (v. resol. de 21-X-2024).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora María Vanesa Pucineri promovió acción contencioso administrativa de reconocimiento o restablecimiento de derechos contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, procurando el pago del subsidio establecido en el art. 1 de la ley 13.985, con retroactividad, por todos los períodos comprendidos entre el momento en que sufrió la herida y el momento de su retiro. Todo ello, tomando como base de cálculo la remuneración —por todo concepto— de un Teniente Primero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al momento de dictarse sentencia, solicitando a tal fin y con carácter previo la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 2, 3 y 4 inc. "b" del decreto reglamentario 149/10 (v. escrito de 9-VII-2020).
I.1. En lo que aquí concierne, la Fiscalía de Estado opuso excepción de inadmisibilidad de la pretensión con fundamento en la caducidad de la acción, por extemporánea, al haber vencido al momento de su interposición el plazo de noventa días previsto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
Expuso que de las actuaciones administrativas surge que la resolución 1.084/18 —que rechazó el reclamo— se notificó a la interesada en fecha 20 de agosto de 2018, sin que esta hubiera interpuesto recurso administrativo. Mientras que la demanda de autos fue iniciada por la actora casi dos años después, estando ya holgadamente vencido el plazo contemplado en el citado precepto.
I.2. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata desestimó la excepción y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda (conf. art. 36 inc. 1, CCA).
Para así decidir, señaló que de las actuaciones administrativas acompañadas surgía que la actora, el día 9 de noviembre de 2017, con patrocinio letrado, solicitó en sede administrativa el pago del subsidio previsto por la ley 13.985 y constituyó domicilio en la calle Alvarado n° 2016 de la localidad de Mar del Plata.
Ello, no obstante, la referida resolución denegatoria le fue notificada mediante cédula, el día 20 de agosto de 2018, en la Subcomisaría Distrital Casino Mar del Plata, constando en dicho instrumento la rúbrica de la interesada.
Entendió que la aludida constancia de notificación no cumplía con las formalidades legales impuestas, por lo que carecía de validez.
Añadió que no obstaba a lo expuesto el hecho de que la parte actora hubiese tomado conocimiento efectivo de la denegación de su petición, ya que aquella pudo desconocer el procedimiento a seguir ante lo allí resuelto, lo que pudo afectar su derecho de defensa.
Finalmente, con cita del principio in dubio pro actione y el derecho a la tutela judicial efectiva, sostuvo que en el caso debía imponerse una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia. En esos términos, rechazó la excepción.
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata —por mayoría— rechazó el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto fue materia de agravio (arts. 35 inc. 1 "i", 51 inc. 1, 55, 56 y concs., CCA; v. resol. de 27-IX-2022).
A las particulares circunstancias del caso ponderadas por la jueza de primera instancia —esto es, notificación personal a la agente en sede de la comisaría, sin perjuicio de haber constituido domicilio legal a todos los efectos y actuar con patrocinio letrado— agregó que la demanda había sido instada en procura del reconocimiento de un derecho previsto por la ley 13.985 para el personal herido e incapacitado transitoriamente en el acto de servicio y en función de la policía de seguridad.
En ese contexto, coincidió con la magistrada de grado en torno a la existencia de una duda razonable acerca de la posibilidad que tuvo la actora de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, aspecto que, en virtud de los principios in dubio pro actione e interpretación más favorable al trabajador, exigía sortear cualquier interpretación restrictiva que conduzca a cercenar el eventual reconocimiento del subsidio aquí pretendido.
También dijo que, versando la especie sobre materia de empleo público y previsional, cabía evaluar los presupuestos de admisibilidad de la demanda con criterio flexible a fin de no frustrar el acceso a la justicia.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 19-X-2022).
Denuncia errónea interpretación y aplicación de los arts. 63 y 67 del decreto ley 7.647/70.
Invoca violación de los arts. 14, 18 y 35 del Código Contencioso Administrativo; 15 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional. Dice que se trata de un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público.
Finalmente, alega violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte que cita.
II.1. Inicia su embate sosteniendo que la resolución puesta en crisis incurre en un manifiesto apartamiento de la normativa aplicable (arts. 63 y 67, decreto ley 7.647/70), al desconocer la plena validez de la notificación practicada a la señora Pucineri.
En ese sentido, afirma que del expediente administrativo surge de modo inequívoco que la interesada acreditó su identidad ante la entrega de la cédula, fue enterada del contenido íntegro de la resolución 1.084/18 (motivación y parte resolutiva), y suscribió el acta en presencia del funcionario actuante.
Alega que la sentencia prescinde de estos extremos objetivos y concluye, sin sustento normativo ni jurisprudencial, que la notificación no fue válida. Finalmente, cita distintos precedentes de esta Suprema Corte que, a su modo de ver, avalan su posición.
II.2. En el segundo tramo del recurso, alega la violación de los arts. 14, 18 y 35 del Código Contencioso Administrativo.
Se agravia por la inobservancia de las reglas allí contenidas, que establecen los supuestos de admisibilidad de la acción y el plazo de caducidad de noventa días —hábiles judiciales— para la promoción de la pretensión contencioso administrativa, contados desde la notificación del acto.
Sobre esa base, critica lo resuelto por el Tribunal de Alzada en cuanto habilitó la instancia judicial priorizando el reconocimiento del subsidio, pero sin atender a que el acto administrativo previo que lo rechazó debió ser oportunamente anulado, lo cual ya no se podía hacer en función de la expiración de aquel plazo.
II.3. Por otra parte, sostiene que la Cámara violó la doctrina legal de esta Corte en la materia.
Para fundar su posición, tras citar distintos precedentes que reputa aplicables al caso, se explaya sobre lo resuelto en el precedente "Berison", de circunstancias fácticas que —dice— resultan ser análogas al presente y cuya doctrina sería aquí de plena aplicación.
Recuerda también que, en el pasado, este cuerpo avaló la constitucionalidad del art. 18 del Código Contencioso Administrativo, incluso sin distinguir la materia involucrada.
A partir de allí, critica la parcela de la sentencia puesta en crisis que invocó la naturaleza laboral o previsional del conflicto para eximir a la actora del cumplimiento de dicho recaudo.
II.4. En el último tramo del recurso, efectúa consideraciones en torno a lo que entiende resultó ser una aplicación abusiva —a instancias de la Cámara— del principio in dubio pro actione .
Explica que, en el presente, siendo que la situación fáctica y la normativa aplicable eran claras al respecto, no se daría un supuesto de duda que habilite la aplicación del mentado principio.
Recuerda que se trata de normas expresas que ni siquiera fueron tachadas de inconstitucionales.
III. El recurso prospera.
III.1. En relación con el primer agravio, anticipo que es de recibo.
Cabe recordar que los arts. 62 y siguientes del decreto ley 7.647/70 regulan el contenido y la forma de las notificaciones. En esencia, dicha normativa procura que, cualquiera sea el medio de comunicación utilizado por la Administración, se garantice la recepción por el destinatario del acto, incluyendo su motivación y el texto íntegro de la parte resolutiva.
En esa línea se ha expedido este Tribunal al señalar que el medio elegido debe ser idóneo para asegurar que el notificado tome conocimiento cierto, tanto de los fundamentos como de la parte dispositiva del acto administrativo, a fin de garantizar su adecuada defensa (doctr. causa B. 60.411, "Ferraro", sent. de 4-III-2009).
Por su parte, al referirse a la nulidad de la notificación, el art. 67 expresa: "Toda notificación que se hiciere en contravención de las normas prescriptas será nula y el empleado notificador responderá por los perjuicios que cause al interesado o al Administración. Sin embargo, si del expediente resulta en forma indudable que el interesado ha tenido conocimiento de la providencia, la notificación o citación surtirá desde entonces todos sus efectos" (énfasis añadido).
Entiendo que esto último es lo que indefectiblemente ha ocurrido en el caso.
En efecto: del expediente administrativo (v. fs. 45 y vta.) se desprende que la notificación, aunque no se practicó en el domicilio constituido por la actora, cumplió su finalidad al comunicar íntegramente la resolución 1.084/18: la cédula acredita que el 20 de agosto de 2018, a las 8:40 hs., la Sargento María Vanesa Pucineri fue notificada personalmente en la Comisaría del Casino de Mar del Plata de la resolución que rechazaba el beneficio previsto en la ley 13.985, firmando y consignando todos sus datos, sin protesta.
Esto es algo dirimente y que permite distinguir la presente de otras situaciones en las que, razonablemente, cabría poner en duda la validez del acto de anoticiamiento (v. p.ej., causa A. 73.927, "Maiorini", sent. de 23-XII-2020), habilitando prudencialmente el progreso de la acción.
Por ende, en el singular contexto reseñado, toda discusión relativa a la nulidad de la notificación debe considerarse definitivamente superada, conforme a las circunstancias expuestas.
Así incluso lo reflejan las constancias de autos, pues del examen tanto del expediente administrativo como de la demanda no surge cuestionamiento alguno en tal sentido. Asimismo, durante el trámite en sede judicial, la resolución pertinente —conocida por la actora— ni siquiera fue mencionada hasta el momento en que se confirió traslado de la excepción articulada por el Fisco demandado.
Por lo expuesto, la notificación de referencia resulta válida y el plazo debe computarse a partir del día siguiente a dicho acto (conf. art. 67 último párr., cit.).
III.2. Despejado el asunto referido a la validez de la notificación, es menester señalar que el objeto de la presente demanda se limita esencialmente a obtener, mediante una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos, el cobro retroactivo del subsidio establecido en el art. 1 de la ley 13.985.
Ahora bien, cabe destacar que dicho reclamo fue rechazado por la mencionada resolución 1.084/18, dictada el 20 de julio de 2018, que se erige como un acto administrativo formal emanado de la autoridad con competencia resolutoria definitiva, notificado a la interesada el 20 de agosto de 2018 (v. supra pto. III.1.).
Frente a ello, la señora Pucineri pudo interponer recurso de revocatoria —por cierto, potestativo en el sub lite —, o bien acudir directamente a la vía judicial mediante una pretensión de inexorable contenido anulatorio (conf. art. 14 inc. 1 apdo. "a", ley 12.008 —texto según ley 13.101—).
Sin embargo, nada de ello ocurrió, pues las constancias de autos exhiben que la demanda —portadora no de una pretensión impugnativa, sino de una de restablecimiento o reconocimiento de derechos— fue interpuesta recién el 9 de julio de 2020, esto es, transcurridos prácticamente dos años desde el acto notificado, adquiriendo en su hora firmeza.
En otras palabras, cualquiera sea el ropaje de la pretensión aquí entablada, al tener por fin el cobro del subsidio de referencia en el período temporal indicado, ella debió conducir a la revisión de la resolución 1.084/18 que, reitero, no fue cuestionada en término útil.
III.3. En ese contexto, no debe perderse de vista que, tal como ha resuelto invariablemente esta Suprema Corte, la expedición de actos administrativos definitivos, que operan per se la creación, alteración o extinción de situaciones jurídicas, motoriza cargas impugnativas que han de traducirse necesariamente en una pretensión de contenido anulatorio.
De este modo, si un acto formal adverso a los intereses del particular, emanado de la autoridad con competencia resolutoria final, no es tempestivamente controvertido (tal como aconteció en autos) la pretensión posterior lucirá una falencia estructural que conspira contra su admisibilidad (conf. causa A. 71.051, "Torres", sent. de 27-IV-2016).
En ese sentido, una cosa es postular —con apoyo en los principios de acceso a la jurisdicción y de demandabilidad directa (arts. 15 y 166 in fine , Const. prov.), así como en la lógica de la actual codificación que habilita la articulación de pretensiones de carácter no impugnativo (doctr. causa A. 70.396, "Franchetti", sent. de 19-X-2011)— que existen supuestos en los cuales no resulta necesario el tránsito previo por los canales administrativos para la configuración de un "caso" (doctr. causa B. 56.648, "Galeano Mañay", sent. de 27-V-2015); y otra bien diversa es sostener que, en el enjuiciamiento de una contienda que se presenta encabezada por un acto administrativo denegatorio del derecho invocado, pueda lisa y llanamente prescindirse de su existencia (conf. mi voto en la causa A. 71.051, cit.).
IV. Dado lo anterior, se advierte asimismo error de juzgamiento derivado del apartamiento de lo dispuesto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo y de la doctrina legal edificada sobre dicha norma.
IV.1. Aquel precepto establece que las pretensiones "de anulación, la resarcitoria vinculada con aquélla, la de restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses tutelados y la de cese de una vía de hecho administrativa, deberán promoverse dentro del plazo perentorio de noventa (90) días, contados de la siguiente manera: a) Si se pretendiere la anulación de actos administrativos de alcance particular, desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa...".
Esta Corte ha señalado desde antiguo que el plazo establecido para demandar por acción contencioso administrativa es de caducidad y, por lo tanto, se ha definido como fatal, improrrogable e insusceptible de suspensión o interrupción (v. "Acuerdos y Sentencias", 1.967-I-775; 1.967-2-28; 1.968-152; 1.976-3-103; causas B. 50.038, "Joao", sent. de 10-VI-1997; B. 59.319, "Gutiérrez Mazzeo", sent. de 1-III-2006 y A. 73.212, "Berison", sent. de 23-VIII-2017 y más recientemente en la causa A. 79.012, "Bueno", sent. de 30-XII-2025).
Asimismo, se ha considerado que tales regulaciones procesales son constitucionalmente válidas (doctr. causas B. 59.319, "Gutiérrez Mazzeo", sent. de 1-II-2006; B. 53.499, "L., R. P. y otro", sent. de 27-III-2008; A. 69.495, "Bambill", sent. de 21-X-2009). Aspecto este que, de por cierto, en autos ni siquiera se halla controvertido.
IV.2. Se ha resuelto además que el plazo para impugnar judicialmente el obrar administrativo se ha establecido de manera uniforme. Es decir, todas aquellas acciones interpuestas contra el Estado mediante la acción contencioso administrativa están sujetas al cumplimiento de este recaudo de admisibilidad, sin efectuar distinción alguna en orden al derecho material que se intenta proteger (doctr. causas B. 62.883, "Fiscal de Estado c/ Municipalidad de San Fernando", resol. de 21-XII-2011; A. 70.538, "Covisur", sent. de 4-VII-2012; A. 73.145, "Usuarios y Consumidores Unidos", sent. de 18-X-2017; A. 74.081, "First Data Cono Sur SRL", sent. de 6-XI-2019 y A. 79.012, cit.).
IV.3. Tampoco se presentaba un escenario dudoso, donde el principio pro actione hubiese servido —a todo evento— para dirimir la incertidumbre acerca del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda (doctr. causa A. 73.212, cit.).
Aquí, el art. 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo contemplaba una situación exactamente igual a la ocurrida, pues allí se dispone que si el anoticiamiento "resulta en forma indudable" del expediente, la notificación correrá a partir de ese entonces.
IV.4. Finalmente, cabe recordar que la limitación temporal establecida por el legislador para demandar en el proceso contencioso administrativo se funda en el propósito de dar estabilidad al acto administrativo, impidiendo que queden expuestos a la eventualidad de revocación o anulación por tiempo indefinido (doctr. causa A. 69.495, cit.), ayudando a preservar así el principio de separación de poderes (CSJN Fallos: 316:2454).
V. En suma, ninguna de las razones invocadas por la Cámara servía para sortear el valladar de la admisibilidad, en tanto no resultaron fundamentaciones adecuadas para conmover —sin previa descalificación— las claras reglas procesales que establece el Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, con sus reformas) y, en este caso, además, el decreto ley 7.647/70.
Por ende, siendo que la resolución 1.084/18 fue notificada en forma personal a la actora el día 20 de agosto de 2018 mediante acto formal, la demanda promovida recién el 9 de julio de 2020 resulta a todas luces extemporánea.
VI. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario, revocar el pronunciamiento atacado y declarar formalmente inadmisible la demanda promovida (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (arts. 51 inc. 2, ley 13.101 —texto según ley 14.437— y 274, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la parte actora vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—, 68 primer párrafo y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del colega que inicia el acuerdo, conforme las consideraciones que efectué al dar mi voto en la causa A. 79.692, "Recalde".
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose
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