Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78737
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812— y 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.737, "Castro, Alfredo Enrique c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de restablecimiento o reconoc. de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hizo lugar a la pretensión entablada.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el mencionado tribunal.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Alfredo Enrique Castro, reconociendo el derecho del actor al subsidio previsto en el art. 1 de la ley 13.985, desde la fecha en que se produjeron las lesiones por razones del servicio policial.
Asimismo, condenó a la demandada a abonarle las sumas reconocidas y debidas a valores actuales, con intereses del 6% anual calculados desde la fecha del hecho correspondiente (24-II-2014) y hasta el dictado de la sentencia. De allí en más, a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación.
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso deducido por la demandada y confirmó el fallo de grado.
Para así resolver, en lo que aquí interesa:
I.2.a. Hizo mérito de la actual doctrina de esta Suprema Corte, en punto a que la percepción de una indemnización laboral no resulta incompatible con el cobro del subsidio mensual a cargo del Estado para auxiliar los infortunios padecidos en ejercicio de la función de policía de seguridad que disponen los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10 (conf. causa B. 60.833, "Noriega", sent. de 8-IV-2015).
I.2.b. Desestimó los agravios de la recurrente procurando que se liquiden los intereses desde que existió efectivo reclamo en sede administrativa.
I.2.c. Finalmente, rechazó los cuestionamientos referidos a la base de cálculo del subsidio, determinada a valores actuales. Ello, en tanto la pauta adoptada se insertaba dentro de la doctrina legal de esta Suprema Corte en el marco de actos administrativos declarados ilegítimos vinculados con el empleo público (conf. causas B. 60.558, "González", sent. de 6-XI-2019 y A. 74.138, "Gelvez", sent. de 27-XI-2019), criterio que la propia Cámara —recordó— había extendido al ámbito previsional.
Expresó que, más allá de la naturaleza jurídica de la obligación, lo determinante a los efectos de la aplicación del método de valor actual a los haberes debidos era que se trataba del pago de mensualidades no percibidas en su momento, cosa que justificaba la subsunción del caso en los términos de la doctrina legal citada, en tanto eso supone una reparación más cabal del detrimento sufrido por la parte actora.
Derivó, de ello, que tampoco había error de juzgamiento al haberse fijado un interés puro del 6% sobre el capital —calculado a valores actuales— a computar desde el dies a quo de la obligación y hasta el momento del dictado de la sentencia de mérito; para de allí en adelante establecerse la tasa que surge del precedente B. 62.488, "Ubertalli" (sent. de 18-V-2016).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia que la Cámara violó y/o aplicó erróneamente los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10, apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente.
Asimismo, alega que la a quo incurrió en absurdo y violación de doctrina legal, afectando garantías constitucionales.
Dice que se trata de un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y el principio non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.).
Por último, se agravia de la condena estimada a valores actualizados, por considerar que vulnera la prohibición de indexar establecida en la ley 23.928 y su modificatoria 25.561.
II.1. Con relación al primer planteo, entiende que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocer el derecho a percibir un "mal llamado" subsidio policial (el de la ley 13.985), el que —afirma— resulta incompatible con el reclamo de reparación integral efectuado por el actor por el mismo accidente laboral a través de la vía judicial.
Para fundar sus manifestaciones, aduce que el suplemento policial tiene una finalidad compensatoria, tal como surge de los fundamentos de la ley 13.985. Asimismo, plantea que la normativa citada establece que este resulta incompatible con cualquier otro beneficio de idéntica naturaleza que se otorgue por la misma causa, lo cual es reafirmado por el art. 10 del decreto reglamentario 149/10. Insiste en que el único supuesto en que puede reclamarse es cuando no se haya percibido una indemnización laboral por el accidente.
Expresa que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre el término "incompatibilidad". Cita fallos de la Corte federal en donde se entendió que la finalidad de este "subsidio" consiste en indemnizar el accidente laboral sufrido por el agente en un acto de servicio y que tal objetivo resarcitorio resulta plenamente coincidente con el cobro de la indemnización integral que pudiera haberse recibido por la vía civil o laboral. Al haberse permitido las dos cosas, considera que se produjo un enriquecimiento sin causa producto de una doble indemnización no autorizada.
II.2. Por otro lado, se agravia respecto de la condena a abonar a valor actual las retroactividades reconocidas.
Indica que la decisión adoptada en la causa A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019, en la que se apoyó la Cámara, se contrapone con la jurisprudencia de la Corte nacional y que dos de los jueces que conformaron aquella mayoría ya no integran este Tribunal provincial.
Alega que, aun luego de las reformas introducidas por el Código Civil y Comercial, en nuestro ordenamiento sigue rigiendo el nominalismo y la prohibición de indexar las deudas dinerarias o actualizar los créditos, en especial cuando estos resulten tarifados con montos líquidos o fácilmente liquidables. Manifiesta que la deuda discutida en autos es de carácter dinerario y que, como tal, debe aplicársele lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
Sustenta su agravio en la diferencia entre obligaciones de valor y dinerarias, derivada de lo normado por los arts. 765 y 772 del Código Civil y Comercial y de lo explicado por los autores que cita. Se apoya asimismo en jurisprudencia que ha elaborado acerca de semejante distinción.
Remata diciendo que cualquier liquidación por créditos salariales debe practicarse sobre la base de los valores nominales que históricamente hubiera correspondido percibir (doctr. art. 619, Cód. Civ.), resultando improcedente el intento de fomentar una indexación encubierta de la obligación dineraria.
III. El recurso no prospera.
III.1. En cuanto al tema principal en debate, este ha sido objeto de tratamiento por el Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodríguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019 y L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019. Y, más recientemente, en las causas L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020; A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020; A. 75.998, "Rodriguez", sentencia de 19-VIII-2021 y A. 75.840, "Peralta", sentencia de 2-XII-2021, esta Suprema Corte propició la procedencia de la acumulación de ambos beneficios.
En las últimas causas señaladas se reseñó, asimismo, que si bien el art. 10 del decreto 149/10 (reglamentario de la ley provincial 13.985) establece que la percepción del subsidio previsto en dicha norma es "incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente". La mentada previsión —ausente en el antiguo régimen del decreto ley 9.550/80— desarticula los argumentos del recurrente, quien, por otro lado, tampoco aquí ha desplegado ninguna reflexión sobre el pasaje antes transcripto del precepto en cuestión.
Siendo así, corresponde rechazar —sin más— esta parcela del embate (arts. 31 bis, cit. y 279 in fine, CPCC).
III.2. Tampoco prospera el otro aspecto de la queja, consistente en el empleo de una pauta de estimación para el reconocimiento de las retroactividades basada en valores actuales (tomando como referencia el sueldo de un Teniente Primero al momento de sentenciarse) y la aplicación de una tasa de interés puro del 6% anual (v. mi voto en causa A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024).
La crítica revuelve en torno a la prohibición de indexación según los términos de las leyes 23.928 y 25.561 y la supuesta violación de doctrina legal de este Tribunal sobre el tópico.
El apelante reconoce que la Cámara, para confirmar el criterio del juez de primera instancia, se apoyó en precedentes de este Tribunal. Singularmente, en el de la causa A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019. Sin embargo, en este antecedente y en muchos otros he brindado una serie de fundamentos para resistir una crítica como la aquí ensayada —que busca imponer a ultranza la regla del nominalismo— que no son objeto de debida confrontación y que, vale decir, exceden la disquisición teórica entre deudas dinerarias y deudas de valor que aquí marcan el eje de la impugnación (v. mi voto en causa cit., en esp. ptos. V.2.a. y V.2.e.).
Aun cuando las circunstancias en las cuales tales justificaciones fueron ensayadas no sean exactamente las mismas que en el sub examine , la generalidad de algunas de esas proposiciones bien pudo servir para abastecer el decisorio del Tribunal de Alzada a la hora de confirmar la determinación judicial de la reparación económica en el caso concreto (conf. art. 165, CPCC).
Nada de eso es materia de refutación efectiva en la pieza bajo análisis.
En su lugar, ella se ciñe a reclamar por la aplicación de las leyes ya mencionadas e invocar un temperamento sentado en un discreto precedente (causa A. 74.360, "APOC", sent. de 29-XII-2020), cuyo contenido —a modo de una suerte de premisa general— no se condice con otros fallos posteriores a los que, eventualmente, cabría asignarles mayor valor como doctrina legal, en los cuales se fijó la indemnización debida a valores actuales (v. por ej., causas B. 65.203, "Pérez", sent. de 31-VIII-2021; B. 76.049, "Gardinetti", sent. de 9-X-2023; B. 57.667, "Roqueiro", sent. de 23-VI-2023 y B. 67.498, "A., J.", sent. de 31-X-2023; entre muchas otras). Y que de ser eso así, serían tales los precedentes a los que cabría mirar a la hora de sentenciar y no aquellos que pudieron existir a la hora de interponerse el recurso (doctr. causas C. 110.372, "Juárez", sent. de 5-III-2014; C. 102.534, "C., A.", sent. de 10-VIII-2016; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016; C. 122.303, "Dadario", sent. de 25-II-2021; e.o.).
En esas condiciones, cabe recordar que a criterio de esta Corte resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarla con su propia interpretación, dejando incólumes afirmaciones que, más allá de su acierto o error, le dan sustento bastante (doctr. causa A. 74.300, "Hernández", sent. de 14-II-2024).
Asimismo, que no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar un planteo de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos centrales del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; e.o.).
IV. Por todo ello, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—; 60 inc. 1, CCA y 279 in fine y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero al punto III.1. del voto del colega que inicia el acuerdo y por idéntico sustento considero que corresponde rechazar —sin más— esa parcela del embate (arts. 31 bis, cit. y 279 in fine, CPCC).
II. Asimismo adhiero al punto III.2. en cuanto señala específicamente la insuficiencia técnica del recurso (conf. mi voto en la causa A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024).
Por lo expuesto, doy mi voto también por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa.
La señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812— y 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/12/2024 11:13:13 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2024 13:57:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/12/2024 14:03:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2024 13:50:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2024 14:36:18 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/12/2024 15:05:29 hs. bajo el número RS-103-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia