Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77539
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.539, "Posedente, Gabriel Alejandro c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Restablecimiento o Reconoc. de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte demandada en cuanto al cómputo de los intereses, confirmando en lo demás la sentencia de primera instancia que hiciera lugar a la pretensión de la parte actora.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1.a. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Gabriel Alejandro Posedente, reconociendo su derecho al subsidio mensual previsto en el art. 1 de la ley 13.985, a cuyo efecto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 inc. "b" del decreto 149/10.
Asimismo condenó a la demandada a abonarle dicho beneficio teniendo en cuenta los haberes percibidos por un Teniente Primero del Subescalafón General, desde el día 16 de mayo de 2010 (fecha del siniestro) en adelante; con más intereses a partir de la fecha en que acaecieron las lesiones y hasta el momento del efectivo pago, calculado a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a treinta días. Con costas a la vencida.
I.1.b. Disconforme con dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso de apelación. Sus agravios se estructuraron, en lo que aquí interesa, en la inexistencia de exceso reglamentario del decreto 149/10, la violación del principio de igualdad, la razonabilidad de los requisitos exigidos para el otorgamiento del beneficio en cuestión, la falta de acreditación de complementación horaria (horas Cores y Polad) con fecha anterior al accidente y la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad por ser esta la ultima ratio .
I.1.c. Solicitó que en caso de que se le reconozca el derecho al actor, que este debería ser el previsto en el art. 1 primer párrafo de la ley 13.985 (subsidio por incapacidad transitoria), limitado al período que usufructuó RAT (cincuenta y ocho días a partir del 16 de mayo de 2010).
Asimismo, para el caso de que se le reconozca por incapacidad permanente, que debería devengarse desde la fecha en que se dispuso su pase a situación de actividad limitada (mediante resol. 421 de 20-II-2017), ya que considera que es desde ese momento en que se estaría cumpliendo el requisito relativo a la situación de revista contemplado en el art. 1 párrafo segundo de la ley 13.985.
Se agravió además de la forma en que se dispuso el cálculo de los intereses, los que a su entender deben computarse desde que cada mensualidad se devengó y no como lo ordenara el juez de primera instancia.
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia en lo concerniente al dies a quo de los intereses, considerando que debían computarse desde que cada una de las prestaciones mensuales se devengó y no desde la fecha del siniestro. Confirmó, en lo demás, la sentencia de primera instancia.
Dado el acogimiento parcial del recurso de apelación, decidió imponer las costas en un 80% a cargo de la demandada vencida y en un 20% en el orden causado (conf. arts. 51 incs. 1 y 2 y 77 inc. 1, CCA —texto según ley 14.437— y 68 y 71, CPCC).
Para así resolver, en lo que aquí interesa:
I.2.a. Tuvo por no controvertidas las circunstancias fácticas sustanciales, es decir, que el actor presenta una incapacidad parcial y permanente del 18,3%, con motivo de las lesiones ocurridas en un acto de servicio el día 16 de mayo de 2010, razón por la cual la Junta Médica dictaminó que el señor Posedente perdió la aptitud definitiva para realizar tareas de tipo operativas, pudiendo realizar tareas no operativas (TNO) por treinta horas semanales, evitando esfuerzos físicos y bipedestación prolongada (situación de actividad limitada). Más adelante agregó que a la incapacidad del actor que le impide realizar tareas adicionales se le suma que no puede contar con el arma reglamentaria y, por ende, cumplir prestaciones especiales de seguridad.
Ante ese marco fáctico, entendió que el tema en debate debía limitarse a la interpretación de la normativa aplicable, es decir la ley 13.985 y el decreto 149/10, a fin de determinar si corresponde se liquide el subsidio al actor.
En ese contexto, recordó que la ley 13.985 (promulgación: decreto 481/09 de 8-IV-2009; publicación: B.O. 26.115 de 27-IV-2009) dispone en su art. 1: "Establecer para el personal policial herido e incapacitado transitoriamente en el acto de servicio y en función de policía de seguridad un subsidio mensual a cargo del Estado Provincial equivalente al haber que por todo concepto percibe un Teniente Primero del régimen de la Ley 13.201 de las Policías de la Provincia de Buenos Aires mientras dure la incapacidad y en las condiciones que determine la reglamentación. Para el supuesto de resultar permanente la incapacidad y acordado que fuera el retiro por dicha circunstancia o el pase a situación de actividad limitada, el personal seguirá percibiendo el mismo. Dicho subsidio tendrá carácter móvil, y no será absorbido por ascensos extraordinarios o aumentos salariales, y será incompatible con cualquier otro beneficio de la misma naturaleza que se otorgue por la misma causa".
Consignó que con posterioridad se dictó el decreto 149/10 (promulgación: de 8-III-2010; publicación: B.O. 26.336 de 14-IV-2010) que derogó el decreto 861/99 y dispuso otra forma de liquidar el subsidio bajo análisis extendiendo, asimismo, su reglamentación.
Refirió que dicho decreto dispone que: "para la obtención del beneficio se deberá acreditar que el infortunio se produjo como consecuencia de un acto de servicio y en función de policía de seguridad (art.1)", y, su art. 2: "En los casos contemplados en el artículo 1°, párrafo primero de la ley 13.985, el subsidio será acordado cualquiera sea el grado de incapacidad del agente en la medida que lo imposibilite en forma transitoria y por más de treinta (30) días para prestar servicio habitual y mientras dure tal situación, e incluirá a todo el personal que cuente con estado policial. Para los casos contemplados en el párrafo segundo del artículo 1° de la ley 13.985, la incapacidad permanente que dé origen al pase a situación de retiro o de actividad limitada originada en el acto de servicio deberá ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de la incapacidad total laboral...".
Refirió que el art. 4 regula la duración del beneficio : "El subsidio será liquidado en forma mensual. En los casos del primer párrafo del artículo 2° del presente, el subsidio continuará siempre y cuando se mantengan las siguientes situaciones [...] b) El beneficiario reciba el alta médica con pase a situación de actividad limitada en Tareas No Operativas, siempre que tal situación sea consecuencia directa de las lesiones en acto de servicio, de conformidad con el artículo 2°, segundo párrafo del presente..." .
Sostuvo que —en lo que interesa para resolver la cuestión— se reconoce el derecho a un subsidio mensual para los policías heridos e incapacitados como consecuencia de actos propios del servicio mediante una normativa sometida a todas las técnicas de aplicación y recaudos de accesibilidad de la seguridad social .
Dedujo que lo expuesto surge de los propios fundamentos de la ley en la cual se ha expuesto que: "Debe considerarse que el funcionamiento policial, con el objeto de preservar las garantías individuales de los miembros de la sociedad, sacrifica y ofrenda su vida, diferenciando por ende de cualquier otro supuesto.
En atención a ello, el Estado provincial debe resguardar la integridad afectiva y económica del personal policial y el de su grupo familiar, tal como lo manda la Constitución de la Provincia en su artículo 36, al establecer como derecho social la protección de aquel núcleo, sin que deba perder de vista la delicada tarea que la comunidad le asigna.
Asimismo, debe considerarse que el personal policial herido en acto de servicio, resulta perjudicado no solo a partir de la disminución de sus ingresos, toda vez que durante el estado de imposibilidad laboral aquel ve frustrado toda posibilidad de complementación horario de servicios por cualquier régimen, sino que además ve frustrada su carrera policial, no pudiendo alcanzar por ende otros grados superiores; siendo del mismo modo cuando se produce el fallecimiento por tal circunstancia respecto de su familia".
I.2.b. Estimó que para analizar el agravio central de la Fiscalía contra la declaración de inconstitucionalidad del decreto 149/10, debía tenerse en cuenta el contexto normativo y en especial, el espíritu de la ley 13.985.
Entendió que del confronte del decreto 149/10 con la ley 13.985 y las normas de mayor jerarquía que le anteceden surge que la reglamentación resulta arbitraria al exceder las bases que se establecieron en la ley.
Apuntó que en virtud de lo que desprendía de las circunstancias fácticas, existe una manifiesta irrazonabilidad en la limitación que determinó el decreto 149/10, ya que mientras que la ley 13.985 le otorga al herido e incapacitado de forma transitoria o permanente en el acto de servicio, un subsidio equivalente al haber que por todo concepto percibe un teniente primero de la ley 13.201, al momento de reglamentarlo el Poder Ejecutivo excedió sus facultades reglamentarias, incorporando limitaciones que se muestran contrarias al espíritu de la ley 13.985.
De este modo, adujo, las personas con incapacidad laboral parcial y permanente quedan en un área gris en la cual se ven gravemente perjudicadas en tanto no pueden realizar adicionales, pero tampoco pueden cobrar el subsidio.
Puntualizó que la reglamentación que exige el 50% de incapacidad física permanente para acceder al beneficio aun cuando se encuentre en situación de actividad limitada resulta irrazonable por cuanto, con un 5%, 10% o 18% ya es suficiente para que el herido no pueda complementar su sueldo con adicionales y sufra el perjuicio económico que el legislador quiso compensar.
Concluyó de todo lo expuesto que los arts. 2 y 4 inc. " b " del decreto 149/10 exceden el ejercicio de las facultades conferidas legalmente en tanto se ha producido una modificación del texto de la ley a través de una norma de rango inferior, incurriendo en el vicio de exceso de la potestad reglamentaria y, por tanto, constituye un procedimiento inadmisible que torna sin valor aquella reglamentación (cita causas "Melgarejo" y "Abraham" de la propia Cámara).
Adicionó que en el caso debe tenerse en cuenta el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, ya que, en materia de seguridad social, para el caso de duda, rige el principio de interpretación a favor del trabajador.
Detalló sobre el cometido de la seguridad social y la necesidad de una aplicación equitativa de la ley en donde se deben valorar las circunstancias particulares del caso como así también la prudencia que se debe analizarlos (cita doctrina de esta Corte y de la Cámara).
Estimó que aquí rigen principios de raigambre constitucional tales como el de justicia social, irrenunciabilidad, indemnidad e interpretación a favor del beneficiario en caso de duda (cfr. art. 75 inc. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.), los cuales, a su vez, tienen una directa relación con el derecho a la dignidad del ser humano, implícitamente reconocido en la Constitución nacional anterior a la reforma del año 1994 en su art. 33. Citó doctrina de autores.
Finalmente entendió que debía confirmarse la sentencia de primera instancia en cuanto los arts. 2 y 4 del decreto 149/10 no superan, ante la situación presentada en el sub lite , el test de constitucionalidad y convencionalidad.
I.2.c. Respecto al planteo eventual de la demandada sobre el dies a quo y la aplicación de intereses, advirtió que si bien el derecho al subsidio nació desde el momento en que se produjo el accidente (el acto en servicio), los intereses correspondientes debían calcularse sobre la suma devengada en cada período y hasta el momento de su efectivo pago (arts. 622 y concs., Cód. Civ., ley 340 y 768 y concs., ley 26.994, Cód. Civ. y Com. de la Nación) y que solo en ese aspecto correspondía hacer lugar al recurso entablado (arts. 622 y concs., Cód. Civ., ley 340 y 768 y concs., ley 26.944, Cód. Civ. y Com., conforme doctrina de la propia Cámara).
I.2.d. Por último, en atención a que solo prosperó el planteo subsidiario sobre al dies a quo en materia de intereses, distribuyó las costas, en un 80% a cargo de la demandada recurrente vencida, y en un 20% en el orden causado (conf. arts. 51 incs. 1 y 2 y 77 inc. 1, CCA —texto según ley 14.437— y 68 y 71, CPCC).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denuncia que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente los arts. 1 de la ley 13.985; 2 y 4 del decreto 149/10; 14, 16, 19, 28, 31 y 75 inc. 19 de la Constitución nacional y 39 de la Constitución provincial. Invoca absurdo y violación del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial. Solicita se fije doctrina legal en el tema, plantea un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público.
II.1. Sostiene que no existe exceso reglamentario y que el requisito previsto en el decreto 149/10 de una incapacidad permanente del 50% para dar derecho al subsidio de la ley 13.985 es una limitación razonable por lo cual no corresponde su tacha de inconstitucional. Por lo demás aduce que es la misma ley la que señala que el subsidio que por ella se crea se gozará "en las condiciones que determine la reglamentación...". Cita fallos de la Corte Suprema y transcribe doctrina de autores sobre reglamentos delegados.
Entiende que la normativa en cuestión se atiene al texto y espíritu de la ley que le sirve de base pues la intención del legislador fue reservar el beneficio únicamente para aquellos casos de mayor gravedad, ya sea que deriven en el fallecimiento del agente o que le ocasionen un alto grado de incapacidad, circunstancias estas que no se verifican en autos pues la actora registra un porcentaje limitado de incapacidad del 18,3% del total laboral.
Refiere que la Cámara ha dejado de lado lo previsto por la Constitución provincial en sus arts. 103 inc. 2, 157 y 192 inc. 5 y la ley de Administración Financiera 13.767 en sus arts. 14, 28 y 38; normativa relacionada con el incremento del presupuesto de gastos y su financiamiento.
Plantea que no procede la tacha de inconstitucionalidad con argumentos relacionados al espíritu de la ley y la cita retórica de principios generales vinculados con la justicia social, in dubio pro tutela (art. 39, Const. prov.) y derechos económicos y sociales. Infiere que derogar el umbral del 50% de incapacidad previsto por el decreto, provocaría la sobrecarga de reclamos con colapso del sistema. De ello deduce que lo decidido por el Tribunal de Alzada resulta un absurdo.
Aduce que el beneficio en cuestión no es de naturaleza asistencial sino de carácter indemnizatorio y por ende no acumulable con otras prestaciones, tal como lo ha resuelto la Corte de la Nación mediante diferentes fallos que cita.
Denuncia la violación del principio de igualdad de tratamiento (art. 16, Const. nac.), con respecto a los otros beneficiarios, toda vez que, de confirmarse el fallo del a quo se estaría equiparando a quienes padecen severas consecuencias en su salud (con incapacidades iguales o superiores al 50%), con aquellos que presentan sólo secuelas menores (18,3%). Aduce que la decisión de la Cámara en ese sentido es irrazonable, desproporcionada e inconstitucional, incurriendo en absurdo. Cita doctrina de esta Corte.
A su vez, entiende que no se acreditó en autos que la demandante haya realizado o tuviera derecho a cobrar una determinada cantidad de horas CORES O POLAD antes del accidente, ni tampoco que tuviera el derecho adquirido a lograr una determinada categoría en el desarrollo de su carrera, como para tener derecho a percibir de por vida la categoría de teniente. Para más, agrega, dichos adicionales no poseen carácter remunerativo. Descarta en el caso la aplicación del art. 39 de la Constitución provincial.
Por otra parte expresa que la declaración de inconstitucionalidad es la ultim a ratio del orden jurídico, la cual no se verifica en autos.
II.2. A todo evento, para el caso de que no prosperen sus planteos principales, plantea absurdo en la forma en que la Cámara resolvió el modo de computarse los intereses. Entiende que la discusión en el Tribunal de Alzada giraba en torno a si los intereses se devengaban desde el momento del accidente, 16 de mayo de 2010, o desde que se le asignaron al actor tareas no operativas, 20 de febrero de 2017, como lo pretendía la Fiscalía.
Sin embargo, infiere, dicho Tribunal cayó en ambigüedades y contradicciones con su decisión en tanto que el juez del primer voto señaló, a su turno, que los intereses debían ser calculados desde cada devengamiento mensual a partir de la fecha del accidente y hasta el efectivo pago mientras que el juez que votó en último término (doctor de Santis) dijo que debía reconocerse el subsidio a partir de la fecha en que se le asignaron tareas no operativas.
Solicita, en consecuencia, que tal como lo solicitó en su apelación, argumentos que infiere reeditados, se case esa contradicción e inconsistencia y que los intereses se computen desde que al actor se le asignaran tareas no operativas y no desde la fecha del accidente.
Por último, solicita que la condena no sea a valores actualizados.
III. El recurso articulado ante esta Sede tiene dos compartimentos nítidamente diferenciables. El primero de ellos aborda el tema sustancial del debate, esto es la constitucionalidad del decreto 149/10 y, en definitiva, la procedencia del cobro del subsidio. La otra parcela analiza lo referido al cómputo de intereses.
Adelanto que el recurso sólo prospera en este último punto, pues por los fundamentos que brindaré al final de este voto, lo decidido en punto al dies a quo fijado para el cómputo de intereses, no se ajusta a derecho y debe ser revocado.
Respecto del tema principal de la pretensión de autos, entiendo que deben ser convalidadas las decisiones de las instancias anteriores, aunque con matices argumentales que transitan por sendas diferentes de las propuestas en dichos pronunciamientos. Lo explico.
III.1.a. Como primera cuestión, habré de recordar de acuerdo a lo señalado en oportunidades anteriores, que el brocardo iura novit curia habilita a los magistrados a enmarcar jurídicamente los hechos, o bien los reclamos o defensas articulados, con abstracción de la denominación legal que las partes les hubiesen dado. Ello cuidando de no infringir el principio de congruencia, cuyo fundamento reposa en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional. Como sostiene desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al dirimir los conflictos según el derecho vigente, el
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