Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78432
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.432, "Zelarayan, Cecilia Carina c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión Restablecimiento o Reconoc. de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Mancini .
La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada, confirmando de ese modo la sentencia de primera instancia que hiciera lugar a la pretensión de la parte actora.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1.a. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por la señora Cecilia Carina Zelarayan, reconociendo su derecho al subsidio mensual previsto en el art. 1 de la ley 13.985, a cuyo efecto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 inc. "b" del decreto 149/10.
Asimismo condenó a la demandada a abonarle dicho beneficio, a partir de la fecha en que se le terminara de pagar conforme la resolución ministerial 250/17 (26 de abril de 2013), declarando la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 inc. "b" del decreto 149/10. Ello con más intereses y hasta el momento de su efectivo pago, calculados a la tasa pasiva más alta, vigente en cada período de aplicación, que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a treinta días. Impuso las costas a la vencida.
I.1.b. Disconforme con dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso de apelación. Sus agravios se estructuraron, en lo que aquí interesa, en la inexistencia de exceso reglamentario del decreto 149/10, la violación del principio de igualdad, la razonabilidad de los requisitos exigidos para el otorgamiento del beneficio en cuestión, la falta de acreditación de complementación horaria (horas Cores y Polad) con fecha anterior al accidente y la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad por ser esta la ultima ratio .
Alegó que la jueza de grado se ha desentendido de la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte federal, en relación a la no aplicación de límites normativamente establecidos para acceder a un beneficio.
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia, con costas a la demandada en su condición de vencida.
Para así resolver, en lo que aquí interesa:
Analizó la plataforma fáctica y jurídica del caso y estimó, que a los fines de resolver la impugnación, procedía aplicar el criterio adoptado por el Tribunal de Alzada en antecedentes de análoga configuración cuyos fundamentos estimó aplicables (v. causas CCALP N 24.718, "Posedente" y 24.761, "Navarro", sents. de 22-IV-2021), ello dejando a salvo el criterio plasmado en anteriores precedentes por sus particulares circunstancias.
Tuvo por no controvertido que como consecuencia de las lesiones graves sufridas por la agente en fecha 25 de abril de 2010, la Administración le ha reconocido a la actora el subsidio previsto en la ley 13.985, que establece para el personal herido o incapacitado en acto de servicio un ingreso mensual a cargo del Estado provincial, como asimismo que el referido beneficio ha sido percibido mensualmente, desde el día en que ocurrió el incidente (25-IV-2010) hasta el 25 de abril de 2013, fecha en la que se otorgaron los plazos máximos de disponibilidad por enfermedad, habiéndose determinado una incapacidad parcial y permanente del 15% de la total laboral.
Estimó que en ese contexto la línea de queja de la Fiscalía, dirigida a sostener que no se advierte un exceso reglamentario en las previsiones del decreto 149/10, no logra desvirtuar las consideraciones expuestas por la magistrada de la instancia anterior, en relación a que el porcentaje de incapacidad permanente exigido por la reglamentación se muestra contrario al espíritu de la ley 13.985.
Aseveró que la limitación establecida por su decreto reglamentario, vinculada a la exigencia de un porcentaje mínimo del 50% de incapacidad para acceder al beneficio se halla en pugna con las previsiones de la propia ley, que expresamente dispone que para el supuesto de resultar permanente la incapacidad y acordado que fuera el retiro por dicha circunstancia o el pase a situación de actividad limitada, el personal seguirá percibiendo el subsidio (art. 1 segundo párrafo, ley 13.985).
Agregó que de los fundamentos de la citada ley surge que "...el Estado provincial debe resguardar la integridad afectiva y económica del personal policial y el de su grupo familiar, tal como lo manda la Constitución de la Provincia en su artículo 36, al establecer como derecho social la protección de aquel núcleo, sin que deba perder de vista la delicada tarea que la comunidad le asigna.
Asimismo, debe considerarse que el personal policial herido en acto de servicio, resulta perjudicado no solo a partir de la disminución de sus ingresos, toda vez que durante el estado de imposibilidad laboral aquel ve frustrada toda posibilidad de complementación del horario de servicios por cualquier régimen, sino que, además, en el caso de pasar a situación de retiro por incapacidad, ve frustrada su carrera policial, no pudiendo alcanzar por ende otros grados superiores; siendo del mismo modo cuando se produce el fallecimiento por tal circunstancia respecto de su familia".
Concluyó que ante la acreditación de que se ha dispuesto el pase de la actora a situación de actividad limitada con una incapacidad parcial y permanente del 15%, y que las lesiones acaecidas en acto de servicio le impiden desarrollar tareas operativas en forma definitiva pudiendo efectuar tareas de tipo no operativas (TNO), sin uso de armas ni uniforme, sin reducción horaria (48 horas semanales), carecen de asidero los agravios de la demandada relacionados con que la actora no ha demostrado la privación de la prestación de tareas adicionales.
Citó el criterio de esta Suprema Corte en la causa B. 60.833, "Noriega", sentencia de 8-IV-2015 y su doctrina en referencia a la naturaleza del beneficio en tratamiento.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denuncia que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente los arts. 1 de la ley 13.985; 2 y 4 del decreto 149/10; 14, 16, 19, 28, 31, 75 inc. 19 de la Constitución nacional y 39 de la Constitución provincial. Invoca absurdo y violación del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial. Solicita se fije doctrina legal en el tema, plantea un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público.
Sostiene que no existe exceso reglamentario y que el requisito previsto en el decreto 149/10 de una incapacidad permanente del 50% para dar derecho al subsidio de la ley 13.985 es una limitación razonable por lo cual no corresponde su tacha de inconstitucional. Por lo demás aduce que es la misma ley la que señala que el subsidio que por ella se crea se gozará "en las condiciones que determine la reglamentación...". Cita fallos de la Corte Suprema y transcribe doctrina de autores sobre reglamentos delegados.
Entiende que la normativa en cuestión se atiene al texto y espíritu de la ley que le sirve de base pues la intención del legislador fue reservar el beneficio únicamente para aquellos casos de mayor gravedad, ya sea que deriven en el fallecimiento del agente o que le ocasionen un alto grado de incapacidad, circunstancias estas que no se verifican en autos pues la actora registra un porcentaje limitado de incapacidad.
Refiere que la Cámara ha dejado de lado lo previsto por la Constitución provincial en sus arts. 103 inc. 2, 157 y 192 inc. 5 y la ley de Administración Financiera 13.767 en sus arts. 14, 28 y 38; normativa relacionada con el incremento del presupuesto de gastos y su financiamiento.
Plantea que no procede la tacha de inconstitucionalidad con argumentos relacionados al espíritu de la ley y la cita retórica de principios generales vinculados con la justicia social, in dubio pro tutela (art. 39, Const. prov.) y derechos económicos y sociales. Infiere que derogar el umbral del 50% de incapacidad previsto por el decreto, provocaría la sobrecarga de reclamos con colapso del sistema. De ello deduce que lo decidido por el Tribunal de Alzada resulta un absurdo.
Aduce que el beneficio en cuestión no es de naturaleza asistencial sino de carácter indemnizatorio y por ende no acumulable con otras prestaciones, tal como lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diferentes fallos que cita.
Denuncia la violación del principio de igualdad de tratamiento (art. 16, Const. nac.), con respecto a los otros beneficiarios, toda vez que, de confirmarse el fallo del a quo se estaría equiparando a quienes padecen severas consecuencias en su salud (con incapacidades iguales o superiores al 50%), con aquellos que presentan solo secuelas menores a dicho porcentaje. Aduce que la decisión de la Cámara en ese sentido es irrazonable, desproporcionada e inconstitucional, incurriendo en absurdo. Cita doctrina de esta Corte.
A su vez, entiende que no se acreditó en autos que la demandante haya realizado o tuviera derecho a cobrar una determinada cantidad de horas Cores o Polad antes del accidente, ni tampoco que tuviera el derecho adquirido a lograr una determinada categoría en el desarrollo de su carrera, como para tener derecho a percibir de por vida la categoría de teniente. Para más, agrega, dichos adicionales no poseen carácter remunerativo. Descarta en el caso la aplicación del art. 39 de la Constitución provincial.
Por otra parte expresa que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio del orden jurídico, la cual no se verifica en autos.
III. Adelanto que el recurso no prospera.
Respecto del tema debatido en autos, entiendo que deben ser convalidadas las decisiones de las instancias anteriores, aunque con matices argumentales que transitan por sendas diferentes de las propuestas en dichos pronunciamientos. Lo explico.
III.1.a. Como primera cuestión, habré de recordar de acuerdo a lo señalado en oportunidades anteriores, que el brocardo iura novit curia habilita a los magistrados a enmarcar jurídicamente los hechos, o bien los reclamos o defensas articulados, con abstracción de la denominación legal que las partes les hubiesen dado. Ello cuidando de no infringir el principio de congruencia, cuyo fundamento reposa en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional. Como sostiene desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al dirimir los conflictos según el derecho vigente, el juez califica la realidad fáctica subsumiéndola en la norma que la aprehende, sin sujeción a los argumentos o fundamentos jurídicos invocados por las partes (CSJN Fallos: 322:1100; 324:1590; 324:2946; 326:3050; 333:828; 334:53; 344:5 y A. 79.952, sent. de 14-XII-2022; entre muchos). Cabe indicar además que son los jueces quienes efectúan, en definitiva, el encuadramiento legal adecuado con independencia del derecho que hubieren invocado las partes (doctr. causas A. 70.584, "Plez", sent. de 29-VI-2011; L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011; L. 104.344, "Machado", sent. de 5-X-2011; C. 105.159, "Villar", sent. de 14-IX-2011; e.o.). De allí que esta Suprema Corte tenga dicho que no incumbe a ellas escoger las normas que regulan la controversia planteada, siendo el juez quien, en ejercicio del principio iura novit curia , debe proceder a la aplicación de normas de carácter imperativo (doctr. causas C. 85.692, "G., E. O.", sent. de 9-VI-2010; C. 109.902, "Frontera", sent. de 27-VI-2012 y A. 71.112, "Club Náutico Gral. Don José de San Martín", sent. de 30-III-2016).
En el caso, más allá de que la norma seleccionada por los litigantes y los magistrados de las instancias de grado es efectivamente aquella en la que se subsumen los hechos, es decir no hay un yerro en la selección del precepto; lo cierto es que su exégesis y la determinación de su alcance deben ser realizados por este Tribunal con prescindencia del modo en que se haya interpretado dicho dispositivo a lo largo del proceso.
Bajo esta idea medular cabe recordar que la ley dispone en el primer párrafo del artículo primero lo siguiente: "Establecer para el personal policial herido e incapacitado transitoriamente en el acto de servicio y en función de policía de seguridad un subsidio mensual a cargo del Estado Provincial equivalente al haber que por todo concepto percibe un Teniente Primero del régimen de la Ley 13.201 de las Policías de la Provincia de Buenos Aires mientras dure la incapacidad y en las condiciones que determine la reglamentación". Esto claramente está referido al "personal policial herido e incapacitado transitoriamente".
El segundo párrafo de dicho artículo, que aborda la situación relacionada a la incapacidad permanente establece que: "Para el supuesto de resultar permanente la incapacidad y acordado que fuera el retiro por dicha circunstancia o el pase a situación de actividad limitada, el personal seguirá percibiendo el mismo".
De ello se sigue que la sujeción dispuesta por el precepto en cuestión, en cuanto expresa "en las condiciones que determine la reglamentación", no parece estar referida al supuesto de incapacidad permanente (abordado en el segundo párrafo), sino antes bien solo a la situación de transitoriedad prevista en el párrafo primero.
Ambas partes, y también los magistrados de las instancias anteriores, discuten acerca de si la habilitación legislativa prevista en la última frase del primer párrafo, en cuanto expresa "en las condiciones que determine la reglamentación", ha sido quebrantada por el decreto reglamentario, en la medida que agregó exigencias para el cobro del subsidio que van más allá de la letra de la ley.
Repárese que el segundo párrafo, que a diferencia del primero trata la incapacidad permanente y no la transitoria, no contiene una previsión o variable de este tipo. El legislador, al preceptuar la incapacidad permanente y ubicarla en un párrafo distinto al de la transitoria, no ha dispuesto una remisión a la reglamentación para la obtención del beneficio. Tal remisión solo ha sido prevista para la incapacidad transitoria.
Muestra de ello es que se ha trazado una distinción entre ambas situaciones, cuando bastaba acuñar la locución (v.gr.) "incapacidad permanente o transitoria" para dar un mismo tratamiento.
Siendo ello así, y dado que la situación de la actora encuadra claramente en el segundo párrafo del precepto, el acceso al beneficio no podría verse condicionado por el valladar fijado en la norma reglamentaria.
De esto se sigue que la potestad reglamentaria de la Administración, se encontraba inhabilitada para restringir un estándar fijado por el legislador; este pues, no habilitó que la incapacidad permanente fuera alterada por vía de un decreto. La inexistencia de tal deferencia, es lo que torna ilegítima la normativa en crisis.
Con un matiz distinto a lo expresado en las instancias de grado, respecto a que la anomalía se configura en un exceso reglamentario por incrementar la rigurosidad de la ley para acceder al pago del subsidio; la ilegalidad del decreto 149/10 radica en que este no debió legislar más allá de la permisión de la norma, sino limitarse a hacer efectivo el pago de la prestación en los términos en que esta lo dispusiere.
III.1.b. Esta interpretación, además de guardar coherencia con las palabras de la ley, surge de su espíritu. Es claro que el dispositivo tiene por objeto acordar una suma de dinero para paliar una situación de desventaja —entre otras cosas de naturaleza patrimonial— que padece quien ha sido víctima de una situación de incapacidad permanente.
De los fundamentos de la ley surge lo siguiente: Asimismo, debe considerarse que el personal policial herido en acto de servicio, resulta perjudicado no solo a partir de la disminución de sus ingresos, toda vez que durante el estado de imposibilidad laboral aquel ve frustrado toda posibilidad de complementación horario de servicios por cual régimen, sino que además en el caso de pasar a situación de retiro por incapacidad, ve frustrada su carrera policial, no pudiendo alcanzar por ende otros grados superiores; siendo del mismo modo cuando se produce el fallecimiento por tal circunstancia respecto de su familia.
Es claro que el mecanismo compensatorio previsto en la ley, ha ponderado la merma de ingresos, que en el caso de la actora será permanente.
III.2.a. Lo anterior es un argumento suficiente para desestimar la pretensión de la recurrente, y consecuentemente rechazar la defensa fiscal. No obstante ello, a todo evento y aun para el supuesto que se sostuviera que la remisión a la reglamentación también fuese aplicable a la incapacidad permanente (del mismo modo que a la transitoria), el resultado no habría de variar; aunque claro está por otras razones.
En tal sentido, y dada la naturaleza tuitiva que debe primar en este tipo de asuntos, la reglamentación no puede válidamente imponer restricciones más gravosas para el acceso al beneficio, que las que el legislador ha diseñado. Donde la ley no ha puesto obstáculos, mal podría la Administración hacerlo por vía reglamentaria.
Abonando esta línea, y contrariamente a lo que se sostiene en el recurso de la demandada, el hecho que la norma disponga "en las condiciones que determine la reglamentación", no parece ser una delegación legislativa abierta o ilimitada que vaya más allá de la previsión legal, sino una deferencia en pos de una mejor organización para que se implemente el subsidio por parte del Poder Ejecutivo.
En tal sentido, se ha señalado con reiteración que en materia previsional debe procurarse la aplicación racional de las normas que la integran, evitando así la adopción de soluciones injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, en tanto en materia de seguridad social se requiere un máximo de prudencia en casos en que su inteligencia pueda llevar a la pérdida de un derecho a aquellos a quienes las leyes han querido proteger (conf. doctr. causas B. 58.671, "Osella", sent. de 8-III-2000; B. 59.632, "Vázquez", sent. de 18-VI-2008; B. 61.591, "Corbella", sent. de 29-XII-2014; Q. 71.783, "Orellano", sent. de 15-VII-2015; A. 71.314, "Teplizky Jutorán", sent. de 11-II-2016; B. 74.591, "Tedesco", sent. de 8-V-2019; B. 72.600, "Bagnera", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
Este mecanismo de interpretación, que debe ser el norte a tener en cuenta en la materia, evidencia el desacierto reglamentario que, de conformidad con lo que se viene sosteniendo en las instancias anteriores, debe ser corregido.
III.2.b. Por otra parte, y siguiendo con la hipótesis de que la remisión a la reglamentación sea igualmente aplicable tanto a la incapacidad permanente como transitoria, tampoco puede tener acogida favorable la defensa fiscal expresada en el recurso.
Así, a todo evento, cabe señalar que el legislador ha querido que el órgano encargado de hacer efectivo el beneficio, organice e implemente su ejecución, pues será este quien deba, no solo hacer frente a la erogación, sino además viabilizar su pago a los eventuales beneficiarios. Lejos está ello, tal como lo sostiene la defensa fiscal, de ce
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