Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 19368
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de reposición interpuesto.
II. A la apelación en subsidio: Habiendo contestado el traslado del recurso la Municipalidad demandada dentro del plazo correspondiente, remítase sin más tramite a la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín para el examen de admisibilidad (arts.53, 58 y ccts. CPCA).
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
Atento lo expuesto en el escrito electrónico de fecha 1/12/2019 y la contestación del traslado ordenado presentado por la Municipalidad demandada (no habiendo realizado presentación alguna la Cooperativa de Servicios de Rivadavia) he de analizar nuevamente la situación planteada a la luz de las críticas que mereciera a la parte recurrente.
La parte actora se agravia por cuanto entiende que el suscripto no respetó lo dispuesto por el CPCC para computar el plazo de caducidad, toda vez que, sostiene, se habrían soslayado actos impulsorios existentes en el expediente, tales como la recepción del oficio de prueba producida en el Juzgado de Paz de Rivadavia, la comunicación de la nueva matrícula del perito ingeniero agrónomo interviniente y el anticipo de gastos realizado al perito químico.
Deberá entonces establecerse qué se considera acto impulsorio para, por defecto, descartar todo otro acto que no sea apto para conducir a la sentencia requerida desde el momento en que se inicia un proceso ante la sede jurisdiccional.
Así, calificada doctrina ha sostenido que "La existencia de actividad procesal no es suficiente para mantener vivo el proceso, pues es necesario que aquella haga avanzar la causa cumpliendo los diferentes estadios que integran su contenido para que adquiera su completo desarrollo" ("Comentario al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Leyes Complementarias", Tomo I, Enrique M. Falcón, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998).
En definitiva, será impulsorio aquel acto que tenga capacidad de hacer progresar el proceso hacia la sentencia, sin importar el sujeto que lo realizó, admitiéndose incluso terceros incorporados y los auxiliares como impulsores del procedimiento.
Luego entonces, y poniendo en consideración aquellos actos que a criterio de la actora habrían sido soslayados, pueden ser atendidos los argumentos de la actora en cuanto a que la recepción del oficio de prueba producida en el Juzgado de Paz de Rivadavia tiene un efecto interruptivo de la caducidad.
Ello por cuanto, aún cuando no haya sido a instancia de la parte interesada sino una actuación de oficio del Juzgado de Paz interviniente, la remisión tiene por objeto allegar al suscripto piezas que hacen a la prueba testimonial admitida y en proceso de producción con miras a la obtención del pronunciamiento jurisdiccional definitivo sobre la cuestión litigiosa ventilada. Puesto bajo la lupa restrictiva que exige el instituto en cuestión, puede considerárselo como acto impulsorio idóneo e interruptivo de la caducidad de instancia.
Sin embargo, a poco que se repare en la fecha de recepción de tal oficio, la de su proveído agregándolo a las presentes actuaciones (ambos del 26/04/2019), y la solicitud de caducidad de instancia realizada por la Municipalidad demandada (del 15/11/2019), podrá constatarse que el plazo de 6 meses establecido por el código de rito se encontraba cumplido, razón por la que procede el dictado de caducidad de instancia.
Puesto a analizar ahora el segundo acto que se habría soslayado y tendría capacidad impulsoria del proceso, esto es la comunicación de la nueva matrícula del perito agrónomo interviniente, realizada por tal profesional interviniente con fecha 30/09/2019, es decir, un mes y quince días antes del pedido de caducidad de instancia realizado.
Como tal, el acto informativo del perito interviniente, no puede ser adjetivado como impulsorio, por lo que no puede dársele capacidad interruptiva o suspensiva de la caducidad de instancia.
Ello por cuanto el acto propiamente impulsorio realizado oportunamente por el profesional interviniente, la presentación de la pericia realizada con fecha 14/03/2017, sus explicaciones y ampliaciones de fecha 13/05/2017, no se encontraban sujetos a condición ulterior alguna como podría haber sido el matricularse en el colegio profesional creado por la ley 15.030, máxime teniendo en cuenta que al momento de aquella pericia y explicaciones tal colegio no existía, y el profesional interviniente estaba debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.
Luego entonces, la posterior matriculación en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires no tiene un efecto revalidatorio de la pericia practicada ni, por ende, podrá dársele un efecto impulsorio del proceso ni aún de la prueba. Interpretarlo de la manera propuesta por la actora implicaría caer en el absurdo de exigir al profesional interviniente revalidar cada actuación durante su vida profesional para que las mismas tuvieran eficacia.
Finalmente, y en lo que hace al pago del anticipo para gastos materializado el 01/10/2019 por la actora que solicitara el perito químico con fecha 11/02/2019, se ha sostenido que "Para que un acto procesal merezca ser calificado como interruptivo de la caducidad necesita tratarse de una diligencia judicial, además de ser de notoria entidad como para servir para impulsar el proceso y ser compatible con el estado del litigio. Es decir, que la actuación de la parte instando el procedimiento debe constar en el proceso y así ha sido descartada, al menos en principio, la actividad extrajudicial por no tratarse de constancias del expediente." (CC0102 LP 235969 RSD-102-00 S 13/07/2000).
Así, hubiese correspondido tener por impulsorio el acto por el cual se realizó el adelanto de gastos solicitado por el perito si del mismo se hubiera dado noticia en el expediente. "Corresponde dejar sin efecto la caducidad de la instancia declarada (art. 21, CPCA), si de la diligencia extrajudicial que se invoca se dejó constancia escrita en los autos antes de cumplido el plazo legal (art. 20 CPCA)" (SCBA LP B 52848 I 11/02/1992).
Breve mención conviene realizar en relación al argumento de la recurrente en cuanto a que el suscripto omitió bilateralizar el pedido de caducidad realizado por la Municipalidad demandada, para remitirse a lo prescripto por el último párrafo del art. 315 del CPCC, el cual expresamente dispone que "en el supuesto de que la parte intimada activare el proceso ante solicitud de caducidad, y posteriormente a ello transcurra igual plazo sin actividad procesal útil de su parte (...) se tendrá por decretada la caducidad de instancia" y, frente a la claridad del texto legal que no prevé traslado alguno en esta oportunidad procesal, exime de mayores apreciaciones al respecto.
Es por todo ello que no asiste a la actora razón en sus dichos, en orden a que el resolutorio cuestionado no exhibe un error de juzgamiento y/o de procedimiento.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 53 inc. 1°, 54, 77 inc 1° del CPCA, arts. 238, 239, 240 y 241 del CPCC;
I. Rechazar el recurso de reposición interpuesto.
II. A la apelación en subsidio: Habiendo contestado el traslado del recurso la Municipalidad demandada dentro del plazo correspondiente, remítase sin más tramite a la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín para el examen de admisibilidad (arts.53, 58 y ccts. CPCA).
Hágase saber a la parte actora que conforme a lo previsto en el art. 56 inc. 4° del CPCA deberá constituir domicilio en el radio de jurisdicción de la Cámara interviniente.
REGISTRESE- NOTIFIQUESE
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia Interlocutoria registrada bajo el N° ............../2020.-
Fin de la sentencia