Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78834
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.834, "Natali, Yesica Ivana c/ Provincia de Buenos Aires —Fisco Provincial— s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derecho. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan, Maidana, Violini, Natiello.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso interpuesto por la actora. En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia, declaró su derecho a ser reincorporada en su puesto de trabajo y condenó a la demandada a abonarle una indemnización (v. sent. de 7-II-2023).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-III-2023, 20:10:31 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 9-v-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata desestimó la demanda contencioso administrativa promovida por la señora Yesica Ivana Natali, mediante la cual pretendió: i) la nulidad de la resolución 2019-39-GDEBA-MSALGP dictada por el Ministerio de Salud el día 26 de diciembre de 2019, que dispuso la sanción de cesantía por abandono del cargo en los términos del art. 85 de la ley 10.430 y el decreto 4.161/96; ii) la restitución en el empleo; iii) el abono de los salarios caídos hasta su efectiva reincorporación, con más los intereses adeudados y iv) el pago de la asignación por nacimiento de hijo.
Para rechazar la acción, reputó insuficientes los certificados médicos acompañados a fin de justificar las ausencias durante los días que dieron lugar al procedimiento por abandono del cargo. Además, tuvo en consideración que la actora no cumplió con su obligación de mantener actualizado el domicilio en su legajo personal a los efectos de ser anoticiada de las decisiones administrativas que se fueron gestando durante el trámite del sumario (v. sent. de 13-VII-2022).
II. Recurrido el pronunciamiento, la Cámara del fuero con asiento en la ciudad de Mar del Plata revocó la sentencia de primera instancia, anulando el acto administrativo al declarar el derecho de la actora a ser reincorporada en su puesto de trabajo. Luego, condenó al pago de una indemnización en concepto de salarios caídos y daño moral, más intereses (v. sent. de 7-II-2023).
II.1. Tras repasar los argumentos esgrimidos por la actora y la prueba recolectada, el Tribunal de Alzada afirmó que existieron en el procedimiento de abandono del cargo irregularidades con entidad suficiente como para colocar en situación de indefensión a la agente.
En ese sentido, ponderó:
II.1.a. Que con fecha 12 de junio de 2019 la actora presentó el "Formulario Único de Licencias Médicas"; que en el mismo cumplió con la obligación de denunciar el domicilio respectivo; que dicho instrumento no mereció objeción alguna de la contraria en cuanto a su existencia y validez, sino que ella misma ha reconocido —en ocasión de contestar la demanda— que "...la actora habría tenido una licencia por enfermedad hasta el día 20/06/2019..." (contestación de la demanda de 14-V-2021, apdo. V.1.C. párr. tercero).
A partir de allí, el a quo entendió que se había cumplido con el deber previsto en el art. 51 de la ley 10.430, en cuanto compele al agente a "...dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas...". Y, en paralelo, reputó que quedaba al desnudo la inactividad de la Administración frente a la obligación de "designar facultativo para someter al agente a control" (art. cit., in fine ).
Destacó también que la demandada no acreditó en el expediente "el trámite y resultado" del pedido de licencia al que se viene haciendo referencia. Y dado que había constancia de la concurrencia de la actora a la Clínica del Niño con posterior orden de reposo por setenta y dos horas a partir del día 20 de junio de 2019 (tratándose de una licencia por cuidado de su hijo enfermo), consideró que los días por los cuales se instó el procedimiento de destitución (los tres subsiguientes a dicha fecha), estaban prima facie justificados.
II.1.b. Por otro lado, estimó que la notificación que se le cursó a la actora el día 24 de junio de 2019 al domicilio de la calle Moreno n° 2292 (mediante la que se la intimó en los términos del art. 85 de la ley 10.430 y su reglamento) había sido inválida. Esto mismo, al considerar que su domicilio actual de la calle Gaboto n° 4461 —aunque no denunciado en su legajo— era efectivamente conocido por la demandada. Justamente, porque había sido consignado al momento de presentar la licencia médica por cuidado de familiar (v. planilla obrante a fs. 35 de autos) y dado que a esa misma dirección fue dirigida la carta documento del día 5 de noviembre de 2019 (v. fs. 22). Añadió que existía evidencia de que el nosocomio en el que se desempeñaba la señora Natali tenía conocimiento de su domicilio verdadero.
Siendo eso así, dijo que en la especie cabía acudir a una solución excepcional y prescindir del domicilio que constaba en la ficha de la agente. Lo expresado, por cuanto lo actuado no solo importó el desconocimiento del principio de informalismo atenuado, sino que además se tradujo directamente en el avasallamiento del derecho de defensa de la accionante, sobre todo teniendo en cuenta la brevedad que caracteriza al procedimiento del art. 85 de la Ley de Empleo Público.
A mayor abundamiento, señaló que incluso algunas notificaciones fueron "prematuras", en tanto antecedieron el dictado y notificación del decreto que dispuso la segregación (notificado recién el 29-I-2020), todo lo cual sumaba a un escenario de irregularidad.
II.1.c. Sobre la base de lo expuesto, consideró nula la cesantía por abandono de cargo.
II.2. Seguidamente, se abocó al tratamiento de la procedencia y cuantificación de la indemnización peticionada.
II.2.a. En ese orden, al margen de su denominación como "salarios caídos", consideró viable el pago de una indemnización por el daño material derivado de la cesantía ilegítima, con sostén en la doctrina de esta Suprema Corte que se cita.
En la misma línea, para la estimación del quantum distinguió dos segmentos temporales ( i.e., aquel que va entre el acto de cese y el agotamiento de la vía administrativa; y el que transcurre entre el acto de gravamen firme y el dictado de la sentencia estimatoria de la pretensión anulatoria), fijando la indemnización en el equivalente al 40% de los salarios dejados de percibir por la accionante, calculado conforme el sueldo actual de la categoría que ocupaba al momento de su cese, con más la tasa de interés del 6% anual, desde el momento de la efectivización de la cesantía (24-VI-2019) y hasta el momento del dictado de la sentencia de grado. De allí en más, aplicó la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II.2.b. En lo concerniente al daño moral, lo consideró procedente dada la presunción de intranquilidad y sufrimientos que genera en el agente estatal una baja ilegítima. Lo fijó en la suma de $75.000, con intereses a la tasa pasiva más alta a partir del día 12 de septiembre de 2019 (fecha de la primera intimación).
III. Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-III-2023, 20:10:31 hs.).
Denuncia que el fallo atacado padece de los siguientes vicios: a) violación de los arts. 51 y 78 inc. "o" de la ley 10.430 y 49 y 85 del decreto reglamentario 4.161/96; b) vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada con relación a la citada normativa; c) absurdo en la valoración de la prueba; d) improcedencia en la condena indemnizatoria a valores actuales y e) falta de elementos para la condena de daño moral.
III.1. En primer lugar, manifiesta que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada incurre en error, al reconocer como cumplido por parte de la actora el deber del art. 51 de la ley 10.430. Señala que ella sabía cómo solicitar una licencia médica porque así lo había hecho previamente, la que se le había otorgado hasta el día 20 de junio de 2019. Pero la Cámara la dispensa a pesar de no haber repetido el mismo procedimiento para extender la licencia los días 21, 22 y 23 de dicho mes y año.
Dice que se violó la doctrina legal aplicable, al haberse invertido las consecuencias de una carga que pesa exclusivamente sobre el empleado público.
III.2. Paralelamente, aduce que la Cámara incurre en otros yerros.
Afirma que se aparta del texto expreso del art. 78 inc. "o" de la ley 10.430 y del art. 85 del decreto reglamentario 4.161/96, que ponen en cabeza del agente el deber de mantener actualizado su legajo personal con el domicilio actual. Y recalca que esto no es baladí, puesto que la intimación a reincorporarse a realizar tareas en caso de ausencias injustificadas debe dirigirse a ese domicilio, denunciado por el propio empleado.
En este aspecto, propone la configuración de absurdo en la valoración de la prueba cuando la Cámara concluye que la autoridad administrativa sabía —en definitiva— que la actora vivía en el domicilio de la calle Gaboto n° 4461.
III.3. En cuanto a la reparación, asegura que la indemnización no puede válidamente fijarse a valores actuales, pues esto esconde una actualización o indexación vedada por el ordenamiento legal.
Cita también jurisprudencia en lo concerniente a la improcedencia del pago de remuneraciones cuando no existe prestación de servicio efectiva.
III.4. Finalmente, se agravia de la condena de daño moral al no haber prueba capaz de acreditar su configuración.
IV. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
IV.1.a. Para que sea efectivo el intento ante la casación, el apelante debe poder refutar todos los fundamentos o pilares sobre los cuales se estructura la sentencia apelada (doctr. causas A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018; A. 76.982, "Ricci", sent. de 4-VIII-2023; A. 78.114, "Ortega", sent. de 9-X-2023; mi voto en causa A. 76.742, "Sánz Ortíz", sent. de 24-V-2024; e.o.). Esto es así, puesto que la insuficiencia recursiva sobre cualquiera de ellos es capaz de dejar incólumes afirmaciones que, más allá de su acierto o error, le dan sustento bastante al pronunciamiento impugnado (doctr. causas A. 76.307, "Lista", sent. de 11-XI-2021; A. 76.804, "Leone", sent. de 8-IV-2024; A. 75.429, "Aluar Aluminio Argentino SAIC", sent. de 30-V-2024; e.o.).
IV.1.b. Bajo esa reiterada premisa, con independencia de la inteligencia formulada por la Cámara en torno al procedimiento previsto en el art. 51 de la ley 10.430 (particularmente, de si en ese contexto pesaba o no algún deber adicional a cargo del organismo sumariante), el recurso extraordinario no logra desarticular aquello otro que se concluye en torno a la validez de la notificación cursada (y que se correlaciona con el agravio ligado con la supuesta violación de los arts. 78 inc. "o" de la misma ley y 85 del decreto reglamentario). Esto es algo que operó como un motivo paralelo para la anulación, en tanto que un debido anoticiamiento pudo presumiblemente haber conducido a la presentación inmediata en el puesto de trabajo (dada la severidad del apercibimiento), o de lo contrario compelido la adjunción de la certificación médica que abarcaba los días 21, 22 y 23 de junio de 2019, con la virtualidad de justificar las ausencias de la actora y así evitar el desenlace al que finalmente se llegó.
IV.1.c. Al respecto, el a quo señaló que la notificación que se le remitió el día 24 de junio de 2019 (mediante la cual se la intimó a reincorporarse a las tareas en el plazo de cuarenta y ocho horas) fue inválida. Esto, pues al margen del domicilio que efectivamente constaba en su legajo (Moreno n° 2292) y la existencia del deber de mantenerlo actualizado —que nadie discute—, era innegable que la Administración sabía del domicilio real de la calle Gaboto n° 4461, entre otras cosas, puesto que tal fue la dirección que se hizo constar expresamente en el formulario de licencia (12-VI-2019), que fue allí donde se cursó alguna que otra notificación a propósito del sumario (carta documento de 5-XI-2019), sin descontar —según la Cámara— que el personal del nosocomio sabía dónde hallarla.
Todas estas apreciaciones, que los jueces tomaron para concluir en la violación del principio de formalismo atenuado y del derecho de defensa, se presentan en la especie como cuestiones de hecho y prueba, las que solo pueden ser revisadas en casación ante el excepcional supuesto de absurdo (conf. doctr. causas A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016; A. 74.556, "Descalzi", sent. de 20-XI-2019; e.o.).
La Fiscalía de Estado, bien que plantea la queja en tales términos, no logra demostrar que el raciocinio efectuado haya sido constitutivo del error palmario o garrafal que caracteriza a dicho vicio —superando lo meramente opinable para ingresar en el terreno de lo inconcebible— (doctr. causa A. 77.904, "Carreño", sent. de 6-VI-2023 y sus citas), pues ciertamente la Cámara se basó en una serie de elementos que dejaron entrever un posible conocimiento fehaciente acerca del verdadero domicilio de la actora y el aparente uso selectivo que pudo haberse hecho del mismo para notificar ciertas decisiones y no otras.
IV.1.d. Siendo así, advierto que la sentencia se sostiene en un aspecto medular, que no logra ser rebatido por la impugnante.
IV.2. En otro orden de ideas, aunque ligado con lo anterior, no es de recibo el agravio referido a la violación de doctrina legal que la recurrente intenta fundar con la transcripción de sumarios jurisprudenciales proveniente de fallos de esta Suprema Corte.
Si bien algunos de ellos refieren a la materia que constituye el objeto de esta impugnación, recayeron en causas con distinta plataforma fáctica a la que conforma el caso sub examine (art. 279, CPCC; conf. doctr. causas A. 70.133, "Pueblas", sent. de 15-XII-2010; A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; e.o.).
IV.3. Sentado lo principal, los agravios dirigidos a cuestionar la indemnización otorgada por la Cámara en concepto de daño material y moral no merecen acogimiento.
IV.3.a. Tiene dicho esta Corte que determinar si está o no acreditada la existencia del daño constituye una cuestión de hecho y, como tal, al igual que la cuantificación de las reparaciones debidas, resulta una tarea propia de los jueces de las instancias de mérito. Por ende, sólo puede ser objeto de revisión cuando se ponga en evidencia que es el resultado de un razonamiento absurdo, vicio lógico que —para esta parcela del pronunciamiento— únicamente ha sido alegado para cuestionar la fijación del daño moral —no así el material— (doctr. causas A. 71.574, "Bellomo" sent. de 8-VII-2014; A. 71.160, "Martire de Abeijon", sent. de 19-X-2016; A. 74.054, "Baigorria", sent. de 21-XI-2018; A. 76.000, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2021; mi voto en causa A. 73.927, "Maiorini", sent. de 23-XII-2020; e.o.).
IV.3.b. Aclarado aquello, es útil señalar que si bien este Tribunal, en numerosos precedentes, ha decidido que no corresponde el pago de los salarios caídos durante el tiempo que el agente público permaneció separado de su cargo por una cesantía ilegítima, ello no implica, conforme doctrina mayoritaria, que el reclamo de las remuneraciones devengadas no constituya un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado, puesto que la falta de prestación en definitiva no le resulta achacable (v. por ej., causas B. 58.622, "Marín", sent. de 31-X-2016; B. 65.702, "Gallo", sent. de 24-X-2018; B. 61.895, "Schiffelbein", sent. de 16-XII-2020; B. 64.394, "Lazzati", sent. de 31-VIII-2021; B. 64.669, "Rocha", sent. de 26-II-2024; e.o.).
A la vez que ha estimado que, cuando se trata de la privación del empleo público estable, el daño moral se presume in re ipsa (v. por todas, doctr. causa B. 59.931, "Chiabaut Morales", sent. de 2-III-2023; e.o.). Esto es algo que, naturalmente, desarticula la denuncia de absurdo probatorio en este tramo.
Por ende, el temperamento seguido por la Cámara, tanto para determinar la naturaleza jurídica de la reparación como la fórmula o método para justipreciarla, están contestes con los lineamientos de este Tribunal y no merecen reproche alguno (v. mi voto en causa A. 78.418, "Farías", sent. de 11-VIII-2023).
IV.3.c. Finalmente, en lo tocante a la estimación de la indemnización a valores actuales y la queja de que esto importaría una actualización prohibida, más allá de lo manifiestamente insuficiente del desarrollo, cabe remitirse a lo resuelto en precedentes análogos donde esta Corte ha dado respuesta a un planteo similar de la recurrente, descartando la ocurrencia de aquello que aquí denuncia (art. 31 bis primer párr., ley 5.827; v. causa A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024).
V. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas (arts. 60 inc. 1, CCA; 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Con relación a los agravios con los que se cuestiona la decidida ilegalidad del acto, respecto de los que el recurrente alega violación de la normativa, de la doctrina legal y denuncia el vicio de absurdo, he de adherir al voto del doctor Soria en cuanto pone en evidencia la insuficiencia del intento revisor (art. 279, CPCC).
En ese sentido, coincido también con mi colega en la respuesta que da al planteo efectuado en relación con la concedida indemnización en concepto de daño material.
A todo evento, agrego que en casos similares al presente, la mayoría de este Tribunal ha resuelto, repetidamente, que la petición de las remuneraciones devengadas constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado por el cese ilegítimo y ha concluido en que el daño se presume ante la ilegitimidad del acto. No obstante, ha indicado que dicha presunción no puede alcanzar en su magnitud a la totalidad de los haberes que pretenden, correspondiendo al Tribunal fijar su cuantificación prudencialmente, y atendiendo a las circunstancias de las causas (doctr. causas B. 64.956, "Lara", sent. de 8-VI-2020; A. 73.927, "Maiorani", sent. de 23-XII-2020; B. 65.512, "Venturino" y B. 60.042, "Peralta", sents. de 12-II-2021; B. 65.621, "Sheridan" y B. 62.942, "Vilche", sents. de 23-II-2021; B. 65.203, "Pérez", sent. de 31-VIII-2021; B. 57.535, "Balderrama", sent. de 1-VII-2022; e.o.).
Y si bien, en todos esos supuestos he postulado, en minoría, que cuando una cesantía es declarada ilegítima, correspondía abonar todos los salarios devengados durante el tiempo en que haya durado la suspensión del empleado, o desde la separación del cargo hasta su reincorporación a valor histórico(y/o jubilación, etc.), considerando por un lado que la opinión mayoritaria de esta Corte —arriba referida— resulta doctrina consolidada y, por otro, las circunstancias relativas al contexto económico exhaustivamente desarrolladas por el doctor Soria en la causa "Barrios" (C. 124.096, sent. de 17-IV-2024), a cuyo voto presté mi adhesión, estimo corresponde que por razones de brevedad, seguridad jurídica y economía procesal modificar mi posición para acompaña
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