Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75544
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata para continuar interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CPCA).
B.75.544 “VALDERREY ABEL ORIBE C/ MINIST.DE ECONOMIA (REGISTRO DE LA PROPIEDAD) S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
La Plata, 19 de diciembre de 2018.
I. Abel Oribe Valderrey promovió una acción preventiva en los términos del art. 1711 del Código Civil y Comercial contra la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble, con el objeto de que se le ordene a este organismo "...hallar, recuperar o en su defecto, reconstruir el folio real..." correspondiente al lote ubicado en la calle Daprotis 4482 de la ciudad de Mar del Plata. Lo anterior, en atención a que pretende enajenarlo y dicha autoridad no habría logrado informar el estado de dominio de esa parcela a la escribana designada para la operación, supuestamente haciéndole saber de forma verbal que la matrícula no podía ser encontrada (fs. 39/44 vta.).
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyo titular se declaró incompetente en la inteligencia de que la controversia se enmarcaba en los términos de la cláusula general del contencioso administrativo (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 inc. 1, CPCA), en tanto la acción tenía su origen en una omisión en el ejercicio de la función administrativa a cargo de la entidad demandada (fs. 44/46).
Confirmado tal pronunciamiento por la cámara de apelaciones en lo civil y comercial departamental (fs. 56/58), los obrados pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2. Interesa señalar que este magistrado tuvo por recibidas las actuaciones y, previo a expedirse sobre su admisibilidad, mandó a adecuar la postulación según el art. 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo (fs. 60). Esto último fue cumplido por el actor, que encauzó su reclamo como una pretensión de restablecimiento de derechos (art. 12 inc. 2, CPCA).
Así las cosas, el juez en lo contencioso administrativo tuvo al peticionante por presentado y solicitó el envío de los antecedentes administrativos relevantes (fs. 103). Recibidos que fueran, dio vista de ellos por el término de 15 días (fs. 507). Mas luego, advirtiendo que un proveído firmado el 30 de agosto de 2018 no había sido agregado al expediente, procedió a reiterarlo: "Que, atento al estado de autos, resulta necesario examinar la competencia del suscripto para intervenir en el sub lite ". Y en esa dirección, afirmó que la pretensión incoada se hallaba regida primariamente por normas de derecho privado vinculadas a los modos y formas de adquisición, modificación o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, alcanzada por la regla de exclusión prevista en el art. 4 inc. 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
Consecuentemente, se declaró incompetente y dio por configurada la contienda negativa, sometiéndola ante esta Suprema Corte con arreglo a lo normado en el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Este Tribunal ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017; B. 74.717, "Municipalidad de San Vicente", resol. de 14-IV-2017 y B. 74.806, "Lewin", resol. de 6-IX-2017).
En la especie, permitir que la causa cambie de fuero cuando el juez en lo contencioso administrativo tuvo por readecuada la demanda (fs. 103) y, recibidas las actuaciones administrativas, no ejerció la posibilidad de expedirse sobre la competencia sino que confirió vista de ellas -cuyo estudio derivó en el pedido de medidas cautelares por parte de la actora- (fs. 507/511), conspira contra la observancia de los aludidos principios y de normas procesales específicas, por lo que cabe concluir que la declaración a la que se hace referencia a fs. 512 fue intempestiva (cfr. art. 31 inc. 2, CPCA; doctr. causas B. 72.279, "Reficco", resol. de 13-III-2013; B. 75.025, "Barreyro", resol. de 29-VIII-2018 y B. 74.960, "Lolli", resol. de 17-X-2018).
IV. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que continúe interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CPCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata para continuar interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CPCA).
Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 departamental, lo que aquí se decidió.
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 699
Fin de la sentencia